Rubén Vázquez Román

Expediente 217/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
217/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
20/04/2023

Partes del expediente

  • Rubén Vázquez Román

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos en los que se actúa, así como el contenido de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa ********************, haya interpuesto recurso alguno en contra del auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme el citado auto para todos los efectos legales procedentes.********************En tales condiciones, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y de conformidad con lo estipulado en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se archiva el expediente como asunto total y definitivamente concluido.********************Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso b) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente.********************Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente.********************Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la cuenta que antecede, téngase a Rubén Vázquez Román, solicitando el amparo y la protección de la justicia federal contra actos de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 1°, 8°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, fórmese el cuaderno correspondiente; regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 217/2023. Ahora, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace la promovente en el escrito de la demanda de amparo y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el presente asunto la parte quejosa hace consistir como acto reclamado lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO. La ilegal determinación contenida en el oficio DGRH/DRL/DJCA/099-XV/2023, en la cual de manera unilateral y violatorio de mis derechos individuales la responsable determina dejar sin efectos la asignación de la plaza N°18458 nivel 110, puesto Auxiliar Administrativo, categoría AA Sindicato, con adscripción en la Secretaría de Bienestar Social, a favor del quejoso, a partir del 16 de febrero de 2023." Luego, de lo antes precisado se advierte que el quejoso reclama la determinación contenida en el oficio DGRH/DRL/DJCA/099-XV/2023, en la que se procedió a dejar sin efecto la asignación de la plaza N°18458, nivel 110, puesto Auxiliar Administrativo, categoría AA Sindicato, con adscripción en la Secretaría de Bienestar Social a favor del quejoso, a partir del dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Bajo tal precisión, se advierte existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo promovido por la quejosa pues se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo en relación con el artículo 1° y 5, fracción II que disponen lo siguiente: Los dispositivos en comento, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los numerales previstos se puede establecer que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se reclama un acto realizado por un ente, público o privado, que por sus características no puede considerarse como autoridad responsable, por encontrarse desprovisto de obligatoriedad y coercitividad, elementos necesarios, para que sus resoluciones (actos u omisiones) puedan trascender a la esfera fundamental del justiciable. Luego, por autoridad para efectos del juicio de amparo, debe entenderse a aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares; o bien, omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En otras palabras, por autoridad responsable debe considerarse a las personas (de hecho o de derecho) que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales (o bien omitirlos) a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En principio, el concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de los Tribunales Federales, en esa medida, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, emitió la tesis P.XXVII/97, visible en la página 118, Tomo V, Febrero de 1997, Materia Común, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones plasmadas en esa ejecutoria, estimó que una autoridad para efectos del amparo es la que, teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí situaciones jurídicas. Concluyéndose que las características de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, son: que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. I. Que tenga características de órgano público, II. Que las normas Jurídicas le otorguen potestad para actuar, III. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera Jurídica de los gobernados; y, IV. Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo. Institución que se encuentra plasmada en la tesis 2a./J.164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; que se transcribe: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En ese orden de ideas, se establece que las relaciones jurídicas se pueden clasificar, desde el punto en el que se encuentre el justiciable en referencia al ente o persona con el que se da el acto o hecho jurídico, en relaciones de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, las cuales deben atenderse a fin de determinar si un acto pudiera reputarse de autoridad. Es importante apuntar, con fines ilustrativos, que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías constitucionales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales (coercitividad). Así que, en términos de lo que importa al juicio de derechos fundamentales, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las nominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Por última, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, como las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que prevé el artículo 105, fracciones I y II, constitucional. Ahora bien, para determinar si un acto proviene de una autoridad para los efectos del juicio de amparo es necesario distinguir la relación jurídica de donde derivó y examinar si la que se somete al escrutinio constitucional se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. En tal virtud, si la parte quejosa reclama la determinación contenida en el oficio DGRH/DRL/DJCA/099-XV/2023, en la que se procedió a dejar sin efecto la asignación de la plaza N°18458, nivel 110, puesto Auxiliar Administrativo, categoría AA Sindicato, con adscripción en la Secretaría de Bienestar Social a favor del quejoso, a partir del dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, acto atribuido a la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Tamaulipas; de ahí que, es evidente que ésta no es autoridad para efectos del juicio de amparo. Para tener una mejor compresión, de la causa de improcedencia que se analiza en el presente asunto, cabe mencionar los artículos 100 fracción I, 100 bis fracción I y 101 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, que disponen: Artículo 100.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios residirá en la capital del Estado y será competente para: I.- Conocer los conflictos individuales que se susciten entre el Gobierno del Estado o los Ayuntamientos y sus trabajadores, buscando en todo momento proponer la solución, a través de la conciliación de las partes; Artículo 100 Bis.- La Sala del Estado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, conocerá de los siguientes asuntos: I.- Los conflictos individuales que se susciten entre las instituciones públicas, entes gubernamentales y poderes del Estado, y sus trabajadores, buscando en todo momento proponer la solución, a través de la conciliación de las partes; Artículo 101.- El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios iniciará la presentación de la demanda respectiva, que deberá hacerse por escrito; a la respuesta que en igual forma se dé a la demanda y a una sola audiencia en la que se presentarán pruebas y alegatos de las partes. El Tribunal pronunciará resolución dentro del término de diez días hábiles siguientes a la audiencia, a menos que, a su juicio, se requiera la práctica de audiencia y diligencias posteriores, en cuyo caso ordenará que se lleven a cabo. De los preceptos legales trascritos, se advierte que las controversias que existan entre el funcionario de una unidad burocrática con sus trabajadores serán dirimidas ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, en atención a que la relación jurídica que une al Estado con sus trabajadores no lo hace con su potestad de autoridad sino como patrón, efectivamente, el acto a combatir en el presente asunto tiene su origen en la existencia de un vínculo laboral, ya que todo aquel que se encuentre vinculado a otra persona, de manera permanente o eventual, por una relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón debe ser sujeto de controversia ante un Tribunal de Conciliación y Arbitraje. En virtud de lo anteriormente expuesto, el acto consistente en la determinación contenida en el oficio DGRH/DRL/DJCA/099-XV/2023, no es susceptible de reclamarse por esta vía de control constitucional al carecer de la potestad e imperio de los actos provenientes de las autoridades dentro de una relación de supra a subordinación, sino que sólo se trata de actos entre particulares, al devenir de una relación laboral, el cual es susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente, ante la autoridad de esa misma naturaleza. Se corrobora la existencia de una relación laboral, con lo manifestado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, pues en lo que interesa el promovente de mérito manifestó lo siguiente: ".PRIMERO. - El suscrito labora para el Gobierno del Estado de Tamaulipas, desempeñando mis funciones con apego a las Condiciones Generales de Trabajo.", lo cual hace prueba plena de su confesión en términos de los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo numeral. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 14/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 4389, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuya transcripción dice: "ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LAS DETERMINACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, DERIVADAS DE UN CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ASCENSO A UN NIVEL O CATEGORÍA SUPERIOR PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO, CONSISTENTES EN LA NEGATIVA A OTORGAR UNA PLAZA AL QUEJOSO Y SU ENTREGA A UN TERCERO. De conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, y con diversos precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los requisitos que deben satisfacerse para considerar que un acto es de autoridad para efectos del juicio de amparo, consiste en que exista un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. Ahora bien, las determinaciones de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, derivadas de un concurso de oposición para la promoción de ascenso a un nivel o categoría superior para los trabajadores de la educación del Estado, consistentes en la negativa a otorgar una plaza al quejoso y su entrega a un tercero, no tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación entre dicha Secretaría y los docentes o servidores de la educación que aspiran a ser promovidos o ascendidos a un nivel más alto dentro de la misma estructura educativa estatal es de coordinación y no de supra a subordinación, pues: a) Deriva de una relación laboral-burocrática entre el Estado como patrón (no como autoridad o ente superior) y el servidor público como trabajador; y, b) Del artículo 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente abrogada, se advierte que las diferencias en las relaciones de trabajo que surjan entre el personal al que se refiere la propia ley y las autoridades educativas y organismos descentralizados, se rigen por la legislación laboral aplicable y, en consecuencia, serán dirimidas ante los órganos jurisdiccionales competentes en esa materia, característica propia de las relaciones de coordinación, por lo que si el quejoso no está de acuerdo con el resultado del concurso de oposición o con sus consecuencias, puede impugnarlo por la vía laboral." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 5 fracción II de la misma legislación, con apoyo en el artículo 113 del mismo ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA, respecto de los quejosos citados con antelación. Lo anterior, sin que pase inadvertido que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a/J.54/2012, determinó que el auto inicial de trámite del juicio no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos de su promoción. Sin embargo, excepcionalmente dicho auto puede constituir la actuación ideal para analizar si los actos son de autoridad para efectos de la instancia constitucional cuando, a su vez, exista jurisprudencia en que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación haya definido criterio respecto de un acto determinado. Dicho criterio se ve reflejado en la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L, emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, localizable en la página 1224, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Apoya también a lo anterior, por su contenido, la Jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia. Como lo solicita la quejosa, se tiene como autorizado en términos de la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jesús Gustavo García Meza, Grecia Samantha García Rodríguez, Edgar Uriel González Zúñiga y/o Lidia Yanette Cepeda Rodríguez, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, por así solicitarlo expresamente el quejoso. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE LA FECHA EN CITA POR EL CUAL: "... En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 5 fracción II de la misma legislación, con apoyo en el artículo 113 del mismo ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA, respecto de los quejosos citados con antelación. Lo anterior, sin que pase inadvertido que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a/J.54/2012, determinó que el auto inicial de trámite del juicio no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos de su promoción. Sin embargo, excepcionalmente dicho auto puede constituir la actuación ideal para analizar si los actos son de autoridad para efectos de la instancia constitucional cuando, a su vez, exista jurisprudencia en que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación haya definido criterio respecto de un acto determinado. Dicho criterio se ve reflejado en la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L, emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, localizable en la página 1224, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Apoya también a lo anterior, por su contenido, la Jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia. Como lo solicita la quejosa, se tiene como autorizado en términos de la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jesús Gustavo García Meza, Grecia Samantha García Rodríguez, Edgar Uriel González Zúñiga y/o Lidia Yanette Cepeda Rodríguez, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, por así solicitarlo expresamente el quejoso. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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