Rubén Vazques Sánchez

Expediente 286/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
286/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
10/07/2019

Partes del expediente

  • Rubén Vazques Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, diez de julio de dos mil diecinueve. Visto que no fue impugnado en legal término el auto que desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Asimismo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Notifíquese. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario Juan José Bocanegra García.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, téngase al quejoso Rubén Vázquez Sánchez ratificando el escrito de catorce de junio de dos mil diecinueve, por el que cumple la prevención formulada el tres de junio actual; en consecuencia, se provee: 1. ACTOS RECLAMADOS. Del análisis integral de la demanda y escrito aclaratorio, se aprecia que el quejoso reclama la omisión de analizar y decretar la caducidad de la instancia en el juicio ejecutivo mercantil 19/2017, la omisión de pronunciarse respecto de la totalidad de los demandados en la sentencia dictada en dicho juicio y el auto de tres de mayo de dos mil diecinueve, a través del cual, se le requirió el cumplimiento voluntario de dicha sentencia. 3. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Ahora, con relación a los citados actos combatidos el suscrito estima que, en la especie, se actualizan las causas de improcedencia siguientes: 3.1. Respecto de las omisiones consistentes en analizar y decretar la caducidad de la instancia en el juicio ejecutivo mercantil 19/2017 y pronunciarse respecto de la totalidad de los demandados en la sentencia dictada en dicho juicio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción IV del artículo 107, del mismo ordenamiento legal, este último en sentido contrario. Ahora, de una interpretación integral de las disposiciones citadas, se concluye que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio, por tanto será improcedente el amparo indirecto promovido por actos que ocurrieron dentro del procedimiento, esto es, previamente al dictado de la sentencia definitiva. En el caso concreto, el quejoso reclama las omisiones consistentes en analizar y decretar la caducidad de la instancia en el juicio ejecutivo mercantil 19/2017 y pronunciarse respecto de la totalidad de los demandados en la sentencia dictada en dicho juicio; ello, durante la tramitación del juicio en comento. En efecto, se sostiene que contra las omisiones reclamadas la presente instancia es improcedente; en virtud de que, éstas se cometieron durante la tramitación del juicio de origen que ya concluyó y dentro del cual el peticionario al ser parte formal en el mismo, compareció deducir sus derechos y promovió el recurso de apelación contra la sentencia, así como el amparo directo, momento procesal en el que estuvo en aptitud de impugnar esas omisiones cometidas durante el trámite del juicio natural; de ahí que, los actos combatidos no sean de aquellos realizados fuera de juicio, contra los cuales procede el juicio de amparo indirecto, lo anterior sin que pasen inadvertidas las manifestaciones el quejoso en el sentido de que omitió reclamarlas en la vía directa pues dicha omisión o descuido en su derecho de defensa no da lugar a la procedencia del juicio biinstancial. 3.2. Por otra parte, con relación al acto consistente en el auto de tres de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el ejecutivo mercantil 19/2017, a través del cual, se requirió al quejoso para que cumpliera voluntariamente con la sentencia, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista por el citado artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, en concordancia con la fracción IV del artículo 107 la referida ley. De los citados artículos se advierte que el amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales administrativos, agrarios o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido; sin embargo, tratándose del procedimiento de remate, el amparo procederá únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Bajo ese contexto legal, el acto reclamado no tiene el carácter de última resolución en el procedimiento de remate, pues únicamente tiene como finalidad que se lleve a cabo el procedimiento de remate respecto del bien embargado en el juicio ejecutivo mercantil 19/2017. Por tanto, no ha ocurrido el supuesto para que proceda el juicio de amparo indirecto en el periodo de remate, en la medida en que, como ya se dijo, sólo cabe contra la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados De ahí que no pueda estimarse que el acto reclamado satisfaga las características establecidas en la Ley de Amparo, para considerarlo como la última resolución dictada en el procedimiento de remate, pues será hasta entonces que la parte afectada podrá acudir al juicio de amparo indirecto a hacer valer las violaciones cometidas durante dicho procedimiento. Resulta exactamente aplicable al caso, la Jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. Así como, la diversa la tesis P./J.32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." La diversa jurisprudencia 1a./J. 36/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." No es óbice a lo anotado, el hecho de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia firme estableció, que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Dicho criterio lo sostuvo el más Alto Tribunal del País en la jurisprudencia P./J. 108/2010, visible en la página 6, Tomo: XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Pues tal criterio no es aplicable al caso, ya que el referido acto reclamado, no es de aquéllos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, contra los cuales sí es procedente el juicio de amparo en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, sin embargo, en el caso, el acto reclamado sí está relacionado con la cosa juzgada, es decir, con la sentencia ejecutoriada que resolvió el juicio del que deriva el acto reclamado, pues el quejoso es parte dentro del procedimiento de remate en el juicio ejecutivo de origen, por lo que, es evidente que no es ajeno a la cosa juzgada, de ahí la improcedencia de la demanda de amparo. Máxime, que en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no seria posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de suerte tal, que los informes justificados que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que aporten las partes, no son necesarios para configurar dicha improcedencia, ni pudieran desvirtuar su contenido. En ese tenor, de conformidad con lo expuesto, es patente la actualización de las causas de improcedencia precisadas, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR la demanda de amparo, respecto los actos precisados. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe la Secretaria Nubia Miranda Ramírez.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, del escrito al parecer signado por el quejoso Rubén Vázquez Sánchez, del cual se aprecia que la firma que lo calza difiere de la estampada de su escrito inicial de demanda; por tanto, previo acordar en cuanto a su contenido requiérasele, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este Juzgado, con identificación oficial fehaciente, a fin de que manifieste sí reconoce como suya la firma estampada en dicho ocurso; apercibida que de no hacerlo dentro del plazo indicado, se tendrá por no presentado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 3a. 24, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 385, Tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, Octava Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas". Se apercibe al promovente, que de no cumplir con la prevención que antecede en el plazo concedido para hacerlo, se tendrá por no presentada su demanda, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe la Secretaria Nubia Miranda Ramírez.

  4. Principal

    r. Visto lo de cuenta, del escrito al parecer signado por el quejoso Rubén Vázquez Sánchez, del cual se aprecia que la firma que lo calza difiere de la estampada de su escrito inicial de demanda; por tanto, previo acordar en cuanto a su contenido requiérasele, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este Juzgado, con identificación oficial fehaciente, a fin de que manifieste sí reconoce como suya la firma estampada en dicho ocurso; apercibida que de no hacerlo dentro del plazo indicado, se tendrá por no presentado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 3a. 24, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 385, Tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, Octava Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas". Se apercibe al promovente, que de no cumplir con la prevención que antecede en el plazo concedido para hacerlo, se tendrá por no presentada su demanda, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

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