Rubén Vargas Burgos

Expediente 892/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
892/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
19/12/2022

Partes del expediente

  • Rubén Vargas Burgos

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos oficio que remite la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por el cual remite: Los autos originales del amparo directo 389/2022, la resolución de trece de octubre del presente año, dictada en el recurso de reclamación 48/2022, derivado del amparo directo en mención. cuatro copias de traslado de la demanda amparo promovida por Rubén Vargas Burgos. Por tanto, acúsese recibo a la superioridad. Ahora, de la resolución emitida en el recurso de reclamación 48/2022, se aprecia que el Tribunal oficiante resolvió: "ÚNICO.- Es fundado el recurso de reclamación." Al respecto, en la aludida resolución resolvió que el dicho Tribunal Colegiado carece de competencia legal para conocer la demanda de amparo promovida por Rubén Vargas Burgos, contra el proveído de uno de julio de dos mil veintidós, dictada en el juicio administrativo 378/2022, del índice de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; por lo que devolvió las constancias respectivas a fin de que este Juzgado de Distrito continúe con el conocimiento del asunto por la vía de amparo indirecto. Luego, de autos se aprecia que el juicio de amparo indirecto 892/2022-VI, se encuentra concluido debido a que en auto de veintiuno de septiembre de este año, se ordenó su archivo definitivo, una vez que la superioridad informó que aceptó la competencia para conocer de ese asunto. Por tanto, lo conducente es remitir las constancias allegadas junto con sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, para que lo registre como nuevo asunto y lo turne a este Juzgado, a fin de que estar en posibilidad de dar el trámite respectivo a la demanda de amparo indirecto; en atención a dos aspectos: a) El propio Tribunal Colegiado ordenó remitir el expediente DA 389/2022, de su índice, a este órgano jurisdiccional, a través de la Oficina de Correspondencia Común; y, b) El hecho de haberse ordenado el archivo del expediente 892/2022, del índice de este juzgado, impide "reaperturar" un aspecto de competencia que previamente había quedado definido. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de julio de dos mil veintidós. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por Rubén Vargas Burgos, por propio derecho, fórmese y regístrese el expediente con el número 892/2022-VI, y realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el libro de gobierno de este juzgado. ACTO RECLAMADO Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: 1. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. La declinación de competencia del juicio laboral 653/2021 promovido por el quejoso, por considerar que debía conocer de dicho asunto -despido injustificado de servidor público adscrito a los Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México- el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, remitiendo el expediente a dicho tribunal. 2. Tercera de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de México. El auto de uno de julio de dos mil veintidós, por el cual desecha la demanda del quejoso, misma que registró bajo el expediente 378/2022, por considerar carecer de competencia para conocer de la misma, dada la naturaleza laboral del asunto, sin pronunciarse sobre el conflicto competencial o devolver los autos al que estimara competente. DESECHAMIENTO En principio, respecto del acto reclamado número uno que se le atribuye al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. I. RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EL QUE DECLINA LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO LABORAL 653/2021 En la especie se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V1 , ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario. Esto es así ya que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dictados en juicio, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra 1 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) su fin último en la obtención de una resolución favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Esto es así, partiendo de la premisa de que tales actos, en el momento de que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo, sino que tan solo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la determinación respectiva para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas de la parte quejosa y trasciendan al resultado del fallo adverso. Este criterio se plasmó en varias tesis, destacando entre ellas la jurisprudencia P./J. 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En ese orden, se evidencia que el acto reclamado consistente en la resolución por la cual el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, declina su competencia para conocer del juicio laboral 653/2021 promovido por el quejoso, por considerar que debía conocer de dicho asunto -despido injustificado de servidor público adscrito a los Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de Méxicoel Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, únicamente implica violaciones a derechos adjetivos, es decir, no constituye un acto de autoridad que produzca en el gobernado una afectación personal y directa a la esfera de sus derechos sustantivos, pues, en el caso, al tratarse de una incompetencia por declinatoria, tal efecto lo tendrá, en su caso, la resolución en la que la autoridad a favor de la cual se declina competencia, la acepte, lo que en ese acto no sucede. Lo anterior en virtud que la decisión de una autoridad de declararse incompetente no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, sino en el caso de que aquélla determinación se torne definitiva, es decir, cuando el órgano a quien se haya declinado la competencia la acepte. Al respecto, de la interpretación de los artículos artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, se advierte que el juicio de amparo es procedente contra actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, en el entendido que deben entenderse como tales a aquéllos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta, (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), por ser ese el momento cuando se producen todas las consecuencias del acto reclamado y, cuando, en todo caso, se afectaría personal y directamente la esfera de derechos del interesado, y no antes. De tal manera que la procedencia prevista en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, requiere que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia produzca una afectación real y actual a la esfera del interesado, lo que sólo sucede cuando el acto es definitivo; es decir, que no exista 13/01/24 19:21:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.2c ERANDI PAULINA FUENTES CHAVEZ posibilidad de que con la emisión de un acto posterior se deje sin efectos la supuesta afectación a derechos del promovente. Máxime que debe resaltarse que atendiendo a la naturaleza de la resolución reclamada, la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte quejosa, se interpretará cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado, es decir, la decisión del órgano de declararse incompetente, no puede considerarse una determinación que justifique la procedencia del amparo indirecto, pues ello sucederá hasta que el órgano jurisdiccional declinado, acepte la competencia propuesta, hipótesis que se insiste, en el caso sujeto a estudio no se actualiza. Sustenta lo anterior la jurisprudencia la jurisprudencia P/./J. 17/2015, DEL Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 2009721, tomo I, de Agosto de 2015, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la 13/01/24 19:21:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.2c ERANDI PAULINA FUENTES CHAVEZ competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia aludidas, se desecha la demanda de amparo, únicamente por lo que hace acto reclamado identificado con el número uno. INCOMPETENCIA II. RESOLUCIÓN DE LA TERCERA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO, DICTADA EL UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, POR EL CUAL DESECHA LA DEMANDA DEL QUEJOSO (EXPEDIENTE 378/2022) POR CONSIDERAR QUE CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA MISMA. Este juzgador considera carece de competencia legal para conocer del acto reclamado consistente en la resolución de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de México, dictada el uno de julio de dos mil veintidós, por el cual desecha la demanda del quejoso (expediente 378/2022) por considerar que carece de competencia para conocer de la misma; pues se estima que es el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, el legalmente competente para conocer y resolver del acto tildado de inconstitucional, salvo su mejor consideración. Efectivamente, del numeral 1702 de la Ley de Amparo, se desprenden dos tipos de actos dictados por tribunales judiciales, 2 Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, 13/01/24 19:21:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.2c ERANDI PAULINA FUENTES CHAVEZ administrativos o del trabajo, contra los que procede el amparo en la vía directa, a saber: 1. Sentencias definitivas o laudos; y, 2. Resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. De conformidad con el citado artículo, se está en presencia de una sentencia definitiva cuando ésta resuelve el juicio en lo principal, independientemente de que proceda, o no, algún recurso ordinario en su contra por el cual pueda ser revocada o modificada, o cuando habiendo sido dictada en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, las partes hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios procedentes. En tanto que una resolución que pone fin al juicio, es aquella que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido, siempre que en su contra tampoco proceda algún medio ordinario de defensa a través del cual pueda modificarse o revocarse. En el caso concreto, la parte quejosa reclama de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de México, la resolución de uno de julio de dos mil veintidós, por la cual desecha la demanda del quejoso (expediente 378/2022) por considerar carecer de competencia para conocer de la misma. administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; 13/01/24 19:21:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.2c ERANDI PAULINA FUENTES CHAVEZ Bajo esa óptica, la resolución combatida se trata de una resolución que pone fin al juicio por haberse desechado la demanda propuesta, de manera que el conocimiento del presente asunto, salvo la mejor opinión de la Superioridad, es competencia del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, como lo establecen los artículos 107, fracción V, inciso a), Constitucional y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, al ser procedente, en su contra, el juicio de amparo directo. No se soslaya que contra el auto que se combate proceda el recurso recurso de revisión contemplado en el artículo 285, fracción I 3 , del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, pues promover el juicio de amparo en contra de una determinación de esa naturaleza, torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una resolución que pone fin al juicio y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito quien, cuenta con la facultad para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción, o no, del principio de definitividad. Sustenta a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 17, abril de 2015, tomo I, página 95, cuyo rubro y texto es el siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las 3 Artículo 285.- Procede el recurso de revisión en contra de: I. Los acuerdos que desechen la demanda; 13/01/24 19:21:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.2c ERANDI PAULINA FUENTES CHAVEZ que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad." También resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 97/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 24, de registro digital 2015687, que dice: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE DESECHA O NO ADMITE UNA DEMANDA O POR LA QUE SE NIEGA A CONOCERLA Y LA DEVUELVE AL ACTOR, POR ESTIMAR QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL, SIN DECLINARLA EN FAVOR DE OTRO ÓRGANO JURISDICCIONAL, AL TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ahora bien, para que se actualice este supuesto, en relación con la resolución por la que el a quo no admite o se niega a conocer de una demanda, por estimar que carece de competencia legal para ello, es necesario que se decline la competencia en favor de otro órgano, ya que este supuesto produce los mismos efectos que la excepción de incompetencia por declinatoria, pues quedará supeditada a que el juez declinado acepte o rechace la competencia declinada, cuya decisión (con la que adquiere carácter de definitiva) será determinante para combatir la resolución de aceptación de la declinación de competencia, a través del amparo indirecto, previa observancia del principio de definitividad. Sin embargo, la resolución del juez que desecha o no 13/01/24 19:21:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.2c ERANDI PAULINA FUENTES CHAVEZ admite una demanda o por la que se niega a conocerla y la devuelve al actor, por estimar que carece de competencia legal, sin que decline su competencia en favor de algún órgano jurisdiccional, constituye una resolución que pone fin al juicio, pues sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo da por concluido; de ahí que contra dicha decisión proceda el amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, sujetándose igualmente al principio de definitividad." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Rubén Vargas Burgos; por lo que, previa formación del cuaderno de antecedentes, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, la presente demanda de amparo y copias de traslado, por ser, salvo su mejor opinión, el competente para conocer de la demanda de mérito, respecto del acto reclamado identificado con el número 2. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En relación a que se le practique las notificaciones vía electrónica, y de forma personal en el domicilio que señalo fuera de la jurisdicción de este juzgado (Ciudad de México); con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones vía electrónica, por conducto del primer usuario que refiere (EDGAR-SS); en el entendido que el promovente queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Ténganse como autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír notificaciones e imponerse de autos. 13/01/24 19:21:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.2c ERANDI PAULINA FUENTES CHAVEZ Con relación a los correos electrónicos, se tienen designados a fin de que por ese conducto, este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario, sin que constituyan un medio de notificación, por no estar previstos como tal en la Ley de Amparo. CONSULTA VÍA INTERNET Como lo solicita, con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio de garantías a los usuarios "EDGAR-SS y ELI-CESA"; y, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LINEA" erdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese vía electrónica al promovente.

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