Rubén Valenzuela Arguelles

Expediente 1659/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1659/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
  • Rubén Valenzuela Arguelles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Se agrega escrito. Agréguese a los autos el escrito que remite quien se ostenta como apoderado legal de la autoridad vinculada Grúas Bustamante, mediante el cual realiza una serie de manifestaciones respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, dese vista a la parte quejosa con su contenido, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exprese lo que a su interés legal convenga. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, téngase por rendido el informe justificado remitido por el director general de lo Contencioso de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Sonora -en representación del gobernador del Estado-, de esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Domicilio y delegados. En términos de los artículos 28 y 9, de la ley de la materia, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la misiva que se atiende, y por designados como delegados en este asunto, a los profesionistas a que alude el oficiante. Invoca causales. Ahora bien, toda vez que invoca causales de improcedencia, por tanto, habrán de analizarse en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado y anexo presentados por el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa, confesional expresa, presuncional en su triple aspecto legal, lógico y humano así como la instrumental de actuaciones; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Domicilio y delegados. En términos del artículo 9, de la ley de la materia, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la misiva que se atiende, y por designados como delegados en este asunto, a los profesionistas a que alude el oficiante. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Integración de escrito. Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado electrónicamente por el autorizado de la parte tercera interesada; en atención a su contenido, se provee. En el caso, del estado de autos se advierte que mediante resolución incidental emitida el nueve de octubre pasado, se concedió la suspensión definitiva al quejoso, y se condicionó dicho otorgamiento de la citada medida cautelar a la exhibición de garantía por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional). La determinación que antecede fue notificada a la parte quejosa el diez de octubre de la presente anualidad, por lo que ya transcurrió el plazo otorgado para el cumplimiento del requisito de efectividad antes referido. En consecuencia, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, y teniendo en consideración que la parte quejosa no ha cumplido a la fecha, con el requisito impuesto en la sentencia interlocutoria antes mencionada, no obstante de estar debidamente notificada, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la citada resolución y deja de surtir efectos la medida cautelar concedida por incumplimiento al requisito de efectividad; por ello, comuníquese a las autoridades responsables, que se encuentran en libertad de ejecutar el acto reclamado que la parte impetrante hizo valer. Apoya lo anterior, en cuanto a que la suspensión definitiva no puede surtir efecto alguno por haber incumplido el peticionario de amparo con el requisito de efectividad de la misma y que por tanto, las autoridades quedan en posibilidad de actuar conforme a sus atribuciones en contra de él, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito de texto y rubro siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. SI EL JUEZ DE DISTRITO DECLARA QUE LA MEDIDA CONCEDIDA DEJA DE SURTIR SUS EFECTOS POR INCUMPLIMIENTO DEL INTERESADO A LOS REQUISITOS DE EFECTIVIDAD, ELLO NO IMPLICA QUE EXISTA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DE DICHA PROVIDENCIA CAUTELAR. Si se concede al quejoso la suspensión del acto reclamado -de manera provisional o definitiva- y el Juez de Distrito señala que el interesado deberá cumplir ciertos requisitos de efectividad de la providencia concedida, entonces el hecho de que se incumpla con este segundo aspecto y ello traiga como consecuencia que deje de surtir efectos la medida suspensional, no significa que exista una revocación o modificación de la suspensión, sino únicamente una declaración de que ésta no puede surtir efecto alguno y que, por ello, las autoridades quedan en posibilidad de actuar conforme a sus atribuciones en contra del quejoso; lo anterior, porque dichos autos en ningún momento son revocatorios o modificatorios de la suspensión concedida, la cual permanece incólume; en estos supuestos lo que en realidad ocurre es que, como el quejoso no cumplió la obligación impuesta para que surtiera efectos la suspensión, entonces su comportamiento debe ser observado por la Justicia Federal con cierta susceptibilidad ante la potencial utilización de la suspensión como estrategia que aprovecha los efectos de la medida cautelar; por ello, en tales hipótesis lo que se presenta es que, sin revocar la medida de suspensión decretada, el Juez prudentemente declara que ésta deja de surtir sus efectos; no debe confundirse el otorgamiento de la suspensión con el diverso tema del análisis de efectividad de las medidas, pues en este segundo aspecto, si el quejoso compareciera a probar que cumplió las obligaciones impuestas para la efectividad de la providencia, entonces el Juez de Distrito podría ordenar que se restableciera el surtimiento de efectos de la suspensión que, en ningún momento, fue tocada y se encuentra firmemente concedida, al menos hasta el momento en que la sentencia se pronuncie en el amparo principal y cause ejecutoria, pues mientras la suspensión provisional tiene una existencia comprendida entre su otorgamiento y la resolución firme del fallo sobre la suspensión definitiva, esta última tiene existencia procesal desde su decreto y hasta que la sentencia del juicio en lo principal cause ejecutoria, en el entendido de que si el sentido de dicho fallo fuera concesorio de la protección federal, entonces la suspensión se sustituiría como medio de protección constitucional por la sentencia de amparo misma, y si la ejecutoria fuera en sentido denegatorio del amparo, entonces, acreditada la constitucionalidad de los actos reclamados, la suspensión carecería en sí misma de justificación." Posibilidad de exhibir la garantía. En el entendido que el transcurso del plazo otorgado no significa que la parte quejosa pierda el derecho de exhibir la garantía impuesta, sino solamente que la autoridad responsable tiene expedita su jurisdicción para proceder conforme al artículo 136 de la Ley de Amparo, ya que hasta en tanto no exista sentencia ejecutoriada en el amparo del que deriva el presente incidente, o la ejecución del acto reclamado, la parte quejosa está en posibilidad de exhibir la garantía señalada. Resulta aplicable el siguiente criterio que a la letra dice: "SUSPENSIÓN, OPORTUNIDAD PARA OTORGAR LA FIANZA EN LA, CUANDO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO. Si ha transcurrido el término establecido en el artículo 139 de la Ley de Amparo, el agraviado no cumple con el requisito exigido para que opere la medida suspensional y la autoridad no ha ejecutado el acto reclamado, ello no deriva en la preclusión del derecho de otorgar la garantía o llenar los requisitos que se hubieren exigido para suspender la actividad oficial, ya que la omisión relativa sólo implica que la autoridad tiene expedita su jurisdicción para ejecutar la actividad oficial, materia de la cautelar." No se soslaya que en el particular la parte quejosa presentó un medio de impugnación en contra de la determinación relativa a la garantía impuesta en la resolución interlocutoria de nueve de octubre de dos mil veintitrés, en la que se otorgó la suspensión definitiva; sin embargo, se considera que ello no es impedimento para proveer lo establecido con antelación, a solicitud del tercero interesado, pues lo que aquí se determina, corresponde al efecto de la omisión del quejoso en cumplir con el requisito de efectividad impuesto al otorgarle la suspensión definitiva y que se traduce únicamente en informar a las autoridades responsables que transcurrió el plazo decretado para la exhibición de la garantía y que hasta esta data no se ha efectuado, quedando, con lo que este órgano cumple lo establecido en el numeral 136 de la ley de la materia. Hágase del conocimiento de lo anterior a las autoridades por las cuales se concedió la suspensión definitiva en la resolución incidental celebrada el pasado nueve de octubre. Notifíquese; por oficio a las autoridades de referencia y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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