Rubén Valdés Pérez

Expediente 821/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 27 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
821/2016
Año
2016
Actuaciones
27
Última actuación
15/05/2017

Partes del expediente

  • Rubén Valdés Pérez
  • Fiscal Desconcentrado de Investigación en Miguel Hidalgo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    MESA II. Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes no se inconformaron contra el proveído de siete de abril pasado -fojas 238 a 240-, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en el juicio, dentro del plazo legal de quince días, previsto en el artículo 202, de la Ley de Amparo, lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    MESA II. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de tres días otorgado a las partes en proveído de veinticuatro de marzo pasado (foja 234), a efecto de que hicieran las manifestaciones que estimaran pertinentes en torno al cumplimiento del fallo amparador, feneció sin que hubiesen hecho uso de ese derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la referida providencia y este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si la sentencia concesora se encuentra cumplida. ... En tales condiciones, se tiene que en sentencia engrosada el veinte de febrero de dos mil diecisiete (fojas 175 a 191), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ***, para que el Fiscal Desconcentrado de Investigación en Miguel Hidalgo, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, hiciera lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la resolución de veintidós de julio de dos mil dieciséis, dictada en la averiguación previa ***. 2. Dictara otra, en la que siguiendo los lineamientos precisados en la sentencia, determinara que no existen elementos de prueba que acrediten la hipótesis prevista en el artículo 3, fracción XVI, inciso d), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, por tanto, declarara que era improcedente el no ejercicio de la acción penal propuesto por la representación social investigadora; y devolviera la indagatoria al Ministerio Público investigador, con el fin de que ejerciera su facultad constitucional de investigación de los hechos denunciados. Ahora, en auto de catorce de marzo del año en curso, se declaró ejecutoriado el fallo amparador (fojas 202 y 203). En vista de ello, por oficio recibido el veintitrés de marzo del año en curso, el Fiscal Desconcentrado de Investigación en Miguel Hidalgo, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, remitió copia certificada de las resoluciones de seis y diecisiete de marzo de la presente anualidad dictadas en la averiguación previa ***. Del examen de las referidas documentales, las cuales de conformidad con los normativos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se advierte que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria concesora de amparo, la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución de veintidós de julio de dos mil dieciséis, dictada en la averiguación previa *** en la sentencia, determinó que no existen elementos de prueba que acrediten la hipótesis prevista en el artículo 3, fracción XVI, inciso d), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, por tanto, declaró que es improcedente el no ejercicio de la acción penal propuesto por la representación social investigadora; y devolvió la indagatoria al Ministerio Público investigador, con el fin de que ejerza su facultad constitucional de investigación de los hechos denunciados. En consecuencia, es incuestionable que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO, SIN QUE EXISTA EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. En esas condiciones, conforme lo previene el numeral 196, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, procede archivar el presente controvertido constitucional como concluido. Además, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió la protección constitucional solicitada, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años; una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de las partes de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202, del referido ordenamiento legal. Finalmente, se ordena devolver a la autoridad responsable, el Tomo de pruebas que remitió al rendir su informe justificado.

  3. Principal

    MESA II. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE SIETE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:"Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de tres días otorgado a las partes en proveído de veinticuatro de marzo pasado (foja 234), a efecto de que hicieran las manifestaciones que estimaran pertinentes en torno al cumplimiento del fallo amparador, feneció sin que hubiesen hecho uso de ese derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la referida providencia y este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si la sentencia concesora se encuentra cumplida. ... En tales condiciones, se tiene que en sentencia engrosada el veinte de febrero de dos mil diecisiete (fojas 175 a 191), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ***, para que el Fiscal Desconcentrado de Investigación en Miguel Hidalgo, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, hiciera lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la resolución de veintidós de julio de dos mil dieciséis, dictada en la averiguación previa ***. 2. Dictara otra, en la que siguiendo los lineamientos precisados en la sentencia, determinara que no existen elementos de prueba que acrediten la hipótesis prevista en el artículo 3, fracción XVI, inciso d), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, por tanto, declarara que era improcedente el no ejercicio de la acción penal propuesto por la representación social investigadora; y devolviera la indagatoria al Ministerio Público investigador, con el fin de que ejerciera su facultad constitucional de investigación de los hechos denunciados. Ahora, en auto de catorce de marzo del año en curso, se declaró ejecutoriado el fallo amparador (fojas 202 y 203). En vista de ello, por oficio recibido el veintitrés de marzo del año en curso, el Fiscal Desconcentrado de Investigación en Miguel Hidalgo, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, remitió copia certificada de las resoluciones de seis y diecisiete de marzo de la presente anualidad dictadas en la averiguación previa ***. Del examen de las referidas documentales, las cuales de conformidad con los normativos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se advierte que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria concesora de amparo, la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución de veintidós de julio de dos mil dieciséis, dictada en la averiguación previa *** en la sentencia, determinó que no existen elementos de prueba que acrediten la hipótesis prevista en el artículo 3, fracción XVI, inciso d), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, por tanto, declaró que es improcedente el no ejercicio de la acción penal propuesto por la representación social investigadora; y devolvió la indagatoria al Ministerio Público investigador, con el fin de que ejerza su facultad constitucional de investigación de los hechos denunciados. En consecuencia, es incuestionable que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO, SIN QUE EXISTA EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. En esas condiciones, conforme lo previene el numeral 196, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, procede archivar el presente controvertido constitucional como concluido. Además, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió la protección constitucional solicitada, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años; una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de las partes de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202, del referido ordenamiento legal. Finalmente, se ordena devolver a la autoridad responsable, el Tomo de pruebas que remitió al rendir su informe justificado. "

  4. Principal

    MESA II. Agréguese el oficio signado por el Fiscal de Investigación en Miguel Hidalgo y anexo que acompaña, mediante el cual informa el acatamiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, con el oficio y anexo de mérito, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidos que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente.

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