Rubén Temoltzin Moreno
Expediente 589/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 1 actuación registrada, la última del 4 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 589/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 04/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Rubén Temoltzin Moreno
Actuaciones
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con treinta minutos del cuatro de mayo de dos mil veintitrés, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 70/2023-VII, promovido por Patricia Bravo Figueroa, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Artemisa Venus Fernández Ángel, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, la Secretaria certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentra la demanda de amparo presentada por Patricia Bravo Figueroa; auto admisorio de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, e informe justificado rendido por las autoridades responsables Director del Registro Púbico de la Propiedad y del Comercio en el Estado de registro 1855; Síndico y Representante Legal y Tesorera Municipal, ambos del Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, de registros 2863 y 2864; y, Síndico del Ayuntamiento del Municipio de Huamantla, Tlaxcala (en representación del Notificador-Ejecutor), de registro 6363. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se encuentra debidamente emplazado . En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómense en consideración al momento de resolver este expediente los informes rendidos por las autoridades responsables y téngase por emplazado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Abierto el periodo de pruebas, la Secretaria hace constar que las autoridades responsables, acompañaron a sus respectivos informes: Por cuanto al Director del Registro Púbico de la Propiedad y del Comercio en el Estado, exhibió, la siguiente: - Copias certificadas respecto del embargo del inmueble ubicado en Avenida San Antonio número 166, Fracc. San Carlos, Huamantla, inscrito bajo la partida 788- 12, foja 232 vuelta, sección 1, volumen 47 B, de Juárez, de veinte de junio de dos mil dos, inscrito bajo la partida 0015, sección segunda, volumen trece, Distrito de Juárez, documento electrónico RP16YT-83ZK59- FP07A9, de fecha dieciocho de febrero del dos mil trece. Por su parte, la responsable Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, ofreció como prueba: - Copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección para la Presidencia Municipal de Huamantla Tlaxcala, de fecha diez de junio de dos mil veintiuno, con la que acredita su personalidad. - Copia certificada del Acta de Sesión Solemne de Instalación del Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala. - Copia certificada del archivo de concentración que anexo al oficio con el que rindió el informe justificado. Respecto de las pruebas exhibidas por la quejosa Patricia Bravo Figueroa, se tienen las siguientes: 1. Documental. Copia certificada de la escritura pública número (25080) veinticinco mil ochenta, libro (345) trescientos cuarenta y cinco, en la Ciudad de Tlaxco, Tlaxcala, pasada ante la fe del Notario Público número Uno, del Distrito de Morelos, Tlaxcala. 2. Copia simple de la credencia para votar a nombre de Patricia Bravo Figueroa expedida por el Instituto Nacional Electoral (IDMEX1710550010). 3. Impresión del recibo pago ante la Tesorería Municipal de Huamantla, Tlaxcala. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el periodo probatorio. Abierta la fase de alegatos, la Secretaria hace constar que las partes no hicieron valer tal derecho; a lo que la Juez acuerda: en virtud de que no se formularon alegatos se cierra esta etapa; enseguida se cierra esta etapa y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A A la vista, los autos, para resolver en sentencia, el juicio de amparo indirecto número 70/2023, promovido por Patricia Bravo Figueroa, por propio derecho, contra actos del Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, y otras autoridades, R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito recibido el veinte de enero de dos mil veintitrés, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, y turnado el veintitrés siguiente a este Órgano Jurisdiccional Patricia Bravo Figueroa, por propio derecho, demandó en amparo indirecto a las autoridades y por el acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: Ayuntamiento del Municipio de Huamantla, Tlaxcala. Tesorería Municipal de Huamantla, Tlaxcala. Notificador-Ejecutor del Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala. Director del Registro Púbico de la Propiedad y del Comercio en el Estado. ACTO RECLAMADO: Al Ayuntamiento responsable, le reclama la orden de embargo con el número de oficio 12735-01/PAE, por la cantidad de $5,086.00 (cinco mil ochenta y seis pesos, 00/100), por concepto adeudo predial en el transcurso del año 2007 al año 2011. Al Notificador del Ayuntamiento responsable, le reclama el citatorio fijado en la puerta el cinco de noviembre de dos mil doce y posteriormente la realización del mandamiento de ejecución para la reclamación del pago, con fecha seis de noviembre de dos mil doce. Al Director del Registro Público responsable, le reclama la inscripción del embargo en la partida 15, volumen 13, Sección 1, del Distrito de Juárez, con documento electrónico RP16Yt/83ZK59/FPOA9, de fecha dieciocho de febrero de dos mil trece. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, se radicó el referido juicio de amparo indirecto, se admitió a trámite, se requirió el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado es en materia administrativa, que por grado es del conocimiento de un juez de distrito; y, porque las autoridades a quien se les reprochan tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El acto reclamado por la parte promovente consiste en: El indebido emplazamiento en el procedimiento administrativo 12735-01/PAE, del Ayuntamiento de Municipio de Huamantla, que dio origen a la orden de embargo ordenada mediante oficio 12735-01/PAE, fe fecha por la cantidad de $5,086.00 (cinco mil ochenta y seis pesos, 00/100), por concepto adeudo predial en el transcurso del año 2007 al año 2011, así como su ejecución e inscripción en la Dirección de Notarias y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Síndico y Representante Legal, Tesorera Municipal, y Síndico del Ayuntamiento, en representación del Notificador-Ejecutor, todos del Municipio de Huamantla, Tlaxcala y Director del Registro Púbico de la Propiedad y del Comercio en el Estado, al rendir sus respectivos informes justificados, manifestaron que es cierto el acto reclamado, lo que se corrobora con las documentales públicas que adjuntó el Director del Registro Púbico de la Propiedad y del Comercio en el Estado, consistente en las copias certificadas respecto del embargo del inmueble ubicado en Avenida San Antonio número 166, Fracc. San Carlos, Huamantla, inscrito bajo la partida 788- 12, foja 232 vuelta, sección 1, volumen 47 B, de Juárez, de veinte de junio de dos mil dos, inscrito bajo la partida 0015, sección segunda, volumen trece, Distrito de Juárez, documento electrónico RP16YT-83ZK59- FP07A9, de fecha dieciocho de febrero del dos mil trece, ordenadas en el expediente número 12735-01/PAE, del Ayuntamiento de Municipio de Huamantla Tesorería Municipal, por lo cual queda evidenciada la existencia y por tanto certeza del acto reclamado, documentales a las que dada su naturaleza de documentales públicas se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Las partes legitimadas en el presente juicio de amparo no alegan causas de improcedencia, ni la suscrita advierte que se actualice alguna; por lo tanto, se procederá al análisis de los conceptos de violación que formula la parte quejosa, mismos que no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, ya que dicha circunstancia no la deja en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. QUINTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. El único concepto de violación que formula la parte quejosa es fundado y suficiente para otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal, suplido dicho concepto en su queja deficiente. En dicho concepto de violación la parte quejosa aduce que la autoridad responsable, en el trámite y sustanciación del procedimiento administrativo, no se cumplieron con los derechos humanos de debido proceso, dado que no fue efectuada correctamente la notificación de requerimiento de pago, que dio origen al embargo del bien inmueble de su propiedad. Sobre lo anterior, precisa que la responsable, no cumplió con lo ordenado en los numerales 347, fracción I y 348 párrafos primero, segundo y quinto del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala. Como se adelantó, asiste razón jurídica a la parte quejosa. Para sostener lo anterior, se establece en principio que la falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. El emplazamiento es de orden público y los jueces están obligados a investigar de oficio, si el mismo se efectuó legalmente o no. El emplazamiento debe cumplir las formalidades establecidas, respetando en todo momento los principios de audiencia, derecho humano protegido por las garantías consagradas en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa línea, se tiene que, el respeto al derecho de audiencia impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que el juicio que pueda culminar con un acto privativo, se siga ante tribunales previamente establecidos, conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho y que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; ello, para otorgar al posible afectado, oportunidad de defensa. De no cumplirse esas condiciones fundamentales, haría nugatoria la garantía de audiencia, cuya finalidad es evitar la indefensión del afectado. Ahora, respecto a la garantía de audiencia, ha sido criterio reiterado del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las formalidades esenciales del procedimiento son aquéllas que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de autoridad y que de manera genérica se traducen en los siguientes requisitos: Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; Oportunidad de alegar; y Dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen las relativas a la garantía de legalidad contenida en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. De lo anterior se advierte que la primer formalidad esencial del procedimiento y que a su vez lo es un requisito indispensable lo es el emplazamiento, el cual, es un acto destinado a hacer saber a las partes la existencia de un procedimiento que pudiera afectar su esfera de derechos y la posibilidad legal que tienen de plantear su defensa. Y en ese sentido su falta, o su práctica, de manera defectuosa, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades del juicio. La finalidad de dicho acto procesal es que las autoridades jurisdiccionales en un proceso cumplan con la garantía de audiencia de que se trata. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 47/95 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 133, Materias(s): Constitucional, Común, de rubro y texto siguientes: [.] FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado [.]. Precisado lo anterior, debe recordarse que, en el presente asunto el acto reclamado lo es la falta de emplazamiento y notificación al procedimiento administrativo 12735-01/PAE, del Ayuntamiento de Municipio de Huamantla, así como el embargo efectuado el seis de noviembre de dos mil doce y su inscripción en la Dirección del Registro Púbico de la Propiedad y del Comercio en el Estado. En ese sentido la autoridad responsable ordenadora al rendir su informe justificado manifestó que era cierto el acto reclamado, toda vez que fue una acto de la administración pública anterior, presidida por el ex - presidente municipal Carlos Ixtlapale Gómez (2011-2014); sin embargo dicha persona moral no contaba con las constancias reclamadas por la parte quejosa, y para acreditar tal extremo, acompañó copia certificada del archivo de concentración entregado por la anterior administración, presidida por el ex - presidente Jorge Sánchez Jasso (2017-2021), misma que se encuentra glosada a fojas 71 a 85 del expediente de amparo en que se actúa). Sin embargo, el Director del Registro Púbico de la Propiedad y del Comercio en el Estado, al rendir su informe justificado remitió copias certificadas respecto del embargo del inmueble ubicado en Avenida San Antonio número 166, Fracc. San Carlos, Huamantla, inscrito bajo la partida 788- 12, foja 232 vuelta, sección 1, volumen 47 B, de Juárez, de veinte de junio de dos mil dos, inscrito bajo la partida 0015, sección segunda, volumen trece, Distrito de Juárez, documento electrónico RP16YT-83ZK59- FP07A9, de fecha dieciocho de febrero del dos mil trece, ordenadas en el expediente número 12735-01/PAE, del Ayuntamiento de Municipio de Huamantla Tesorería Municipal, por lo cual queda evidenciada la existencia y por tanto certeza del acto reclamado, del que se advierte la existencia del procedimiento administrativo 12735-01/PAE, del Ayuntamiento de Municipio de Huamantla, así como el embargo efectuado el seis de noviembre de dos mil doce y su inscripción en la Dirección del Registro Púbico de la Propiedad y del Comercio en el Estado (fojas 39 a 43 del expediente en que se actúa), iniciado en contra del ahora quejoso y de la cual se advierte que se le impuso y una multa y al requerirle el pago, se embargó el bien inmueble de su propiedad, el cual fue inscrito en el Registro Público. Sin embargo no obstante que obra en el expediente en que se actúa, el acta de requerimiento de pago de fecha seis de noviembre de dos mil doce, en el que se da cumplimiento al mandamiento de ejecución de fecha uno de noviembre de dos mil doce, dictada en el expediente 12735-01, del Ayuntamiento de Tlaxcala, sin embargo, no obra en autos, la totalidad del procedimiento administrativo de ejecución 12735-01, en el que se determinó y notificó el veintidós de mayo de dos mil doce, la resolución con número de folio 12735-01, en el que se le otorgó el plazo de cuarenta y cinco días para efectuar el pago correspondiente del adeudo fiscal que tenía con el referido municipio, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en el término antes señalado, se haría acreedor a una multa por la cantidad de $5,086.00 (cinco mil ochenta y seis pesos, 00/100), por no haberse localizado el expediente administrativo sancionador de origen. En ese sentido, aun cuando lo correcto es que la carga de probar la ilegalidad del emplazamiento recaiga en el peticionario de amparo, ante la imposibilidad de desvirtuar la constitucionalidad del acto reclamado, por su inexistencia material, dado la falta de localización de las constancias del expediente del que deriva el acto destacado, se debe ponderar la prevalencia del derecho fundamental de audiencia. Ahora, si bien se tiene que, la autoridad responsable al rendir su informe justificado manifestó que era cierto el acto reclamado, toda vez que fue una acto de la administración pública anterior, presidida por el ex - presidente municipal Carlos Ixtlapale Gómez (2011-2014); sin embargo dicha persona moral no contaba con las constancias reclamadas por la parte quejosa, y para acreditar tal extremo, acompañó copia certificada del archivo de concentración entregado por la anterior administración, presidida por el ex - presidente Jorge Sánchez Jasso (2017-2021), conforme a ello, debe indicarse que si no existen constancias con las cuales se acredite la existencia del auto de inicio y/o radicación, constancias de emplazamiento, de etapa probatoria del procedimiento administrativo de ejecución 12735-01/PAE, del Ayuntamiento de Municipio de Huamantla, esta Juzgadora Federal considera que la diligencia de embargo de seis de noviembre de dos mil doce, afecta los derechos humanos de seguridad y legalidad de la parte quejosa protegidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, ante la inexistencia de las constancias del emplazamiento reclamado, relativas al procedimiento administrativo de origen, se concluye la falta de llamamiento del quejoso a dicho procedimiento, ello al no haber probado la responsable la constitucionalidad del acto reclamado, con lo cual como se adelantó vulnera las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica en perjuicio de la parte quejosa. Concesión de amparo que debe hacerse extensiva al actuado con posterioridad al llamamiento al procedimiento administrativo, al tener como sustento el acto declarado ilegal; del mismo modo, se hace extensiva a los actos de ejecución, al no reclamarse por vicios propios. En las relatadas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, es procedente conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para que la autoridad responsable, dentro de su ámbito de competencia, efectúe lo siguiente: Efectos: 1) En el término de tres días contado a partir que cause ejecutoria esta resolución, deje insubsistente la diligencia de embargo de fecha seis de noviembre de dos mil doce, en el procedimiento administrativo de ejecución 12735-01/PAE, del Ayuntamiento de Municipio de Huamantla, iniciado en contra de la quejosa Patricia Bravo Figueroa, así como todas las consecuencias jurídicas, debiendo notificar lo anterior al Director del Registro Púbico de la Propiedad y del Comercio en el Estado. 2) Hecho lo anterior, dicte un acuerdo, en el que con libertad de jurisdicción determine: Si ante la inexistencia de las constancias del procedimiento administrativo de referencia, es viable o no, la prosecución del mismo; En caso de determinar que sí es viable, ordene el emplazamiento del impetrante en términos de ley; o, De no ser así, emita un auto en el exima de responsabilidad alguna a la impetrante en el procedimiento administrativo de ejecución. SEXTO. Calificación de la concesión. El análisis realizado para la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, atendió a un estudio de fondo del acto que constituyó la litis en el presente juicio. SÉPTIMO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. OCTAVO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73 y 74 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E LV E: PRIMERO. La Justicia Federal Ampara y Protege a Patricia Bravo Figueroa, por propio derecho, contra el acto de la autoridad responsable indicada en el resultando primero, por las consideraciones precisadas en el considerando quinto del presente fallo. SEGUNDO. Atento a lo expuesto en el considerando octavo de este fallo, se califica que la concesión otorgada atendió a un estudio de fondo. TERCERO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. CUARTO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma, la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, ante Artemisa Venus Fernández Ángel, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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