Rubén Solís Maldonado

Expediente 435/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
435/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
09/03/2021

Partes del expediente

  • Rubén Solís Maldonado
  • No Existe

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió para las partes el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que pudieran interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada el diecisiete de febrero último, en la que se sobreseyó en ese juicio; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la misma causa ejecutoria; agréguese el original del incidente de suspensión relativo. Ahora bien, toda vez que no existe actuación alguna por cumplimentar, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otro lado, se hace la precisión de que este expediente al igual que el original del cuaderno incidental relativo, son susceptibles de destrucción, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en los supuestos previstos en el incisos a) y c) del artículo 21, Capitulo Octavo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que en este asunto se decretó el sobreseimiento; y al prudente arbitrio de este juzgador se considera que no tienen relevancia documental; asimismo, en el cuaderno incidental se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el inciso a), fracción II, del artículo veinte, Capítulo Octavo del acuerdo general citado en el párrafo que antecede, se ordena la destrucción del duplicado del incidente de suspensión relativo a este juicio, una vez que transcurran seis meses posteriores a su archivo.

  2. Principal

    ÚNICO. Se sobresee en el juicio de derechos fundamentales indirecto 435/2020,

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, de los cuales se advierte que el informe justificado que rindió el Director General de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, con sede en la capital estatal, no se recibió con la debida anticipación; esto es, al menos ocho días antes de llevar a cabo la audiencia constitucional. Por tanto, a fin de no transgredir las normas del procedimiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y para que tenga verificativo se fijan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintiuno.

  4. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a las nueve horas con veinticinco minutos del veintidós de enero de dos mil veintiuno, se procede a llevar a cabo la audiencia en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 435/2020-VII, promovido por Rubén Solís Maldonado, por lo que estando en audiencia pública la licenciada Alma Karina González Carrillo, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular de este órgano jurisdiccional, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial en sesión de siete de diciembre de dos mil veinte, notificado mediante oficio CCJ/ST/3185/2020; asistida por el licenciado Fernando Javier Miranda Marín, secretario que autoriza y da fe de lo actuado; declaró abierta la audiencia en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo del que deriva este incidente, sin contar con la asistencia de las partes, situación que no le depara perjuicio a las mismas, ya que si bien de conformidad con los numerales 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establece el uso del método electrónico de videoconferencia para el desahogo de audiencias; sin embargo, a fin no retardar la pronta impartición de justicia se considera procedente la celebración de esta manera, toda vez que no fueron ofrecidos medios de prueba que ameriten la presencia de las partes en la presente audiencia; además de realizarse de manera remota ocasionaría la dilación en su resolución, aunado a que no depara ninguna afectación a éstas, toda vez que pudieron alegar en forma escrita, pues fueron oportunamente notificadas de la fecha y hora en que habría de verificarse. Enseguida, el secretario da lectura a la demanda, auto de quince de octubre del año próximo pasado, con que inició este incidente y se proveyó sobre la suspensión provisional, informes de las autoridades responsables y acuerdos en los que se proveyó lo conducente. A continuación, la encargada del despacho acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales que en derecho correspondan. Abierto el período de pruebas, se tiene por presentadas las documentales exhibidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, cuyo cotejo se ordenó en auto de quince de octubre de dos mil veinte; asimismo, se hace constar que las demás partes no ejercieron ese derecho. Acto seguido, la encargada del despacho acuerda: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas señaladas en el párrafo que antecede, mismas que se tomarán en consideración al dictar la interlocutoria que en derecho corresponda. Abierta la etapa de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. A lo que la encargada del despacho acuerda: En razón de lo hecho constar por el secretario, se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Al no haber diligencia pendiente de desahogar, se procede al dictado de la suspensión definitiva en los términos siguientes: Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 435/2020-VII, promovido por Rubén Solís Maldonado, por propio derecho, respecto a los actos reclamados al Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Chihuahua, con sede en la capital estatal; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito recibido en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, Rubén Solís Maldonado, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, reclamando de las autoridades señaladas como responsables lo siguiente: "Del H. CONGRESO DEL ESTADO CHIHUAHUA 1. Los artículos 77, 78, 83, 86, 91, 93, 95, 107, 108, fracción IX, 109, 120, 150 fracción II, de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, por ser de carácter privativo y retroactivo, al regular aspectos de concesiones otorgadas con anterioridad a su entrada en vigor en perjuicio de los concesionarios de transporte OMITIENDO un régimen transitorio de aplicación de la Ley abrogada. Ley que fue aprobada mediante decreto No. LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 el 21 de marzo de 2020, artículos que establecen en el mismo orden lo siguiente: 2. Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua aprobada mediante decreto No. LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., el cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 el 21 de marzo de 2020, que establece lo siguiente; (.)" B) DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, reclamo lo siguiente: 1. La publicación del decreto No. LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., el cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 el 21 de marzo de 2020, relativo Ley de Transporte del Estado de Chihuahua y su aplicación". SEGUNDO. El quince de octubre de dos mil veinte, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo, se solicitó informe previo a las responsables y se señaló hora y fecha para llevar a cabo la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es competente para conocer y resolver este incidente, con fundamento en los artículos 107, fracciones VII y X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 35, 37, 125 y 146 de la Ley de Amparo; por derivar de un juicio de amparo promovido contra actos de autoridades cuya ejecución tendría lugar en el ámbito territorial en que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Al rendir su informe previo el Titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado y el Director General de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, residentes en la capital estatal, convinieron en la existencia de los actos reclamados, lo que resulta suficiente para tener por acreditada su existencia. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que se impidan los efectos y consecuencias de las normas impugnadas en su esfera jurídica, es decir, que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran. Al respecto, resulta improcedente otorgar la medida suspensiva solicitada por Rubén Solís Maldonado, respecto de los actos citados con antelación, puesto que éstos, revisten el carácter de consumados; además de que, dados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, ello, constituye el estudio de la materia del fondo en el amparo, ya que de concederse la medida cautelar, se estaría dando efectos restitutorios, lo cual únicamente es propio de la sentencia que en el expediente principal se dicte, pues si bien es cierto, que con base en la teoría de la apariencia del buen derecho existe la posibilidad de conceder la suspensión de los actos reclamados, cuando es evidente que en relación con el fondo del asunto asiste un derecho a la parte quejosa, que hace posible anticipar con cierto grado de acierto, que obtendrá la protección federal que busca, también lo es que tal posibilidad no llega al extremo de hacer en el incidente de suspensión un estudio que implique profundidad en argumentos de constitucionalidad, pues esto es propio de la sentencia que se emita en el juicio principal. Tiene aplicación, sin oponerse a la nueva Ley de Amparo, la Jurisprudencia VI.3o.A. J/21, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página quinientos ochenta y uno del Tomo: XVI, Diciembre de dos mil dos, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. ALCANCES. Si bien es cierto que con base en la teoría de la apariencia del buen derecho existe la posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado cuando es evidente que en relación con el fondo del asunto asiste un derecho al quejoso que hace posible anticipar con cierto grado de acierto que obtendrá la protección federal que busca, tal posibilidad no llega al extremo de hacer en el incidente de suspensión un estudio que implique profundidad en argumentos de constitucionalidad, pues esto es propio de la sentencia que se emita en el juicio principal. Así pues, si en el caso de que se trate no es tan claro preestablecer con sólo "echar un vistazo" a la apariencia del buen derecho si la actuación de la autoridad está apegada a la ley, o bien, si es el peticionario de garantías quien tienen razón en cuanto la tilda de inconstitucional, no cobra aplicación la teoría en comento." Ahora bien, por la naturaleza jurídica de los actos reclamados -normas impugnadas- en este asunto, no queda duda de la improcedencia de la suspensión relativa, pues, debe tenerse presente que, en los juicios de amparo contra leyes, la materia de la suspensión es la ejecución o su aplicación, pero no éstas en sí, ya que su constitucionalidad es materia del fondo del amparo mas no del incidente de suspensión. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia doscientos veintiuno, sustentada por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página tres mil ochocientos cuarenta y ocho del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Cuarta Sección - Suspensión en amparo contra leyes, que dice así: "LEYES, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA EXPEDICIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS. No puede concederse la suspensión contra la promulgación y expedición de las leyes, si aquéllas ya se llevaron acabo." Asimismo, cabe mencionar que las normas jurídicas que nos ocupan, por su naturaleza y efectos, son de orden y utilidad pública e interés social, por lo cual, de otorgarse la suspensión en los términos pedidos por la parte quejosa, se causa perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, básicamente ya que la ley reclamada emerge con la finalidad de regular y mejorar el transporte público en el Estado de Chihuahua, y toda la sociedad está interesada a que se realicen las regulaciones y mejoras. Lo anterior, para que el servicio (transporte) se preste en condiciones óptimas que dignifiquen a los usuarios. Por tanto, es improcedente conceder la suspensión solicitada, toda vez que, de hacerlo, se afectaría el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, pues ello impediría que la colectividad obtenga un desplazamiento seguro, eficiente y de calidad. Esto atendiendo a que la prestación del servicio de transporte se debe desarrollar bajo circunstancias que otorguen seguridad, calidad y eficacia a los usuarios que requieren de ese servicio, pues se debe garantizar la entrada de rutas ya establecidas o de nueva creación, control administrativo consistente en informar quiénes son las personas que prestan el servicio, lo que permite, entre otras cosas, determinar si dichos prestadores se encuentran autorizados para ello (otorgando así seguridad al usuario). Así, en su conjunto permiten satisfacer adecuadamente la necesidad colectiva del transporte, satisfaciendo el interés social y regulando el orden público a que se refiere el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto dicen así: "ORDEN PÚBLICO. Si bien es cierto que la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su resolución. Resulta pues indudable que los Jueces, en casos determinados, pueden calificar y estimar la existencia del orden público con relación a una ley, y no podrían declarar éstos que no siendo ya aplicable una ley en los conceptos que la informaron por cuestión de orden público, conserva aún ese carácter y que subsisten sus finalidades." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Novena Sección - Suspensión del acto reclamado Subsección 1- Reglas generales. Tesis: 921. Página: 1043.) "ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL PARA EFECTOS E LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO ES EVIDENTE Y MANIFIESTA SU AFECTACIÓN, NO SE REQUIERE PRUEBA SOBRE SU EXISTENCIA O INEXISTENCIA. Si bien es cierto que en el incidente de suspensión las partes tienen el derecho de allegar al Juez de Distrito las pruebas que la Ley de Amparo permite para acreditar la existencia del acto reclamado y la afectación o no afectación al orden público y al interés social con motivo de la suspensión del acto reclamado en el amparo, también lo es que los elementos probatorios son innecesarios cuando dicha afectación es evidente y manifiesta, por lo que en tal supuesto si las partes aportan pruebas para acreditar tal extremo y éstas les son desechadas, ninguna afectación les causa tal acto, ya que el juzgador debe atender a la evidente y manifiesta afectación aludida, para denegar la suspensión solicitada." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Novena Sección - Suspensión del acto reclamado Subsección 1 - Reglas generales. Tesis: 922. Página: 1044.) Asimismo, por el criterio que sostienen, las tesis de rubro: "TÍTULOS DE CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE ABSTENGAN DE ASIGNAR Y SUSCRIBIR LOS RELATIVOS A LAS RUTAS TRONCALES O COMPLEMENTARIAS, RESPECTO DE LAS CUALES LOS QUEJOSOS TENGAN CELEBRADOS CONTRATOS DE SUBROGACIÓN A SU NOMBRE." (Décima Época, Registro: 2016207, Tribunales Colegiados de Circuito, Aislada, Tesis: III.5o.A.50 A (10a.), Página: 1568). "TRANSPORTE. DEBE NEGARSE LA SUSPENSIÓN SOLICITADA CONTRA LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 10, 52, 60, 73 BIS, 85 BIS Y 122 BIS DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE PUEBLA QUE TUTELAN LA PRESTACIÓN DE DICHO SERVICIO PÚBLICO BAJO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, CALIDAD Y EFICACIA EN BENEFICIO DEL INTERÉS SOCIAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2005)." (Novena Época, Registro: 174827, Tribunales Colegiados de Circuito, Aislada, Tesis: VI.3o.A.279 A, Página: 1224). Por tanto, se niega la suspensión definitiva solicitada. Por lo expuesto, fundado y motivado, es de resolver y se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Rubén Solís Maldonado, por propio derecho, respecto a los actos reclamados al Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Chihuahua, con sede en la capital de esta entidad federativa, por la razón expuesta en el último considerando de la presente resolución. Se autoriza al secretario firmar los oficios que resulten de esta resolución. Notifíquese.

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