Rubén Sánchez Paredes
Expediente 591/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 591/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 29/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rubén Sánchez Paredes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Incidental
SE NOTIFICA A LAS PARTES LA RESOLUCION QUE DICE: Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo 591/2021-III del que deriva el presente asunto, archívese el presente incidente como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente incidente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, punto 3, relativo al 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el original de este incidente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el Artículo 21, inciso c) del citado acuerdo, pues se negó la suspensión definitiva. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a esta fecha de archivo como asunto concluido en términos del artículo 21 antes invocado, procédase a la destrucción del original del expediente dentro de los treinta días siguientes y deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
SE NOTIFICA A LAS PARTES LA RESOLUCION QUE DICE; Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que transcurrió el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido la resolución de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, a través del cual se sobreseyó el juicio de amparo promovido por Rubén Sánchez Paredes; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2º ibídem, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION QUE DICE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rubén Sánchez Paredes, contra el acto precisado en el considerando segundo, reclamados a las autoridades responsables delimitadas en el considerando cuarto, por los motivos y fundamentos expuestos en el último punto considerativo de la presente sentencia.
- Principal
SE NOTIFICA A LAS PARTES, CON EXCEPCION DE LAS QUE SON DE MANERA PERSONAL Y/O ELECTRONICA, LA RESOLUCION QUE DICE: Boca del Río, Veracruz, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. VISTOS, para resolver, los autos que integran el juicio de amparo indirecto 591/2021-III, promovido por Rubén Sánchez Paredes, contra actos del Fiscal Trece, con sede en Veracruz, Veracruz, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintisiete de julio de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, recibida por razón de turno en este Juzgado el veintiocho siguiente, Rubén Sánchez Paredes, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades responsables que denominó como Fiscal Trece y Encargado de las Grúas B&B, ambos con sede en Veracruz, Veracruz, por el acto siguiente: ".DE LA AUTORIDAD ORDENADORA RECLAMO, LA ORDEN DE DETENCIÓN DEL VEHÍCULO EN LA CARPETA 43/21 DE LA AUTORIDAD ORDENADORA SEÑALADA MARCA NISSAN MODELO TSURU 2012 PLACAS A699XCC EN SU MODALIDAD DE TAXI NÚMERO ECONÓMICO 997 DE ESTA CIUDAD DE VERACRUZ, Y QUE EL DÍA 16 DE JULIO DE LA PRESENTE SE ACREDITÓ LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO ANTES MENCIONADO Y NO LO QUISO ENTREGAR, VIOLANDO CON ELLO MIS GARANTÍAS INDIVIDUALES CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE NUESTRA CARTA MAGNA" SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados; expuso los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Prevención, admisión de demanda y señalamiento de audiencia constitucional. Mediante auto de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se radicó la demanda en este órgano jurisdiccional bajo el número 591/2021-III, y se previno a la parte quejosa a efecto de que aclarara su demanda de amparo en los términos ahí precisados. Desahogada que fue la prevención en comento, por acuerdo de tres de agosto de dos mil veintiuno se admitió en sus términos el libelo constitucional, se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 16 a 18). La audiencia constitucional (foja 27), tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, sin que hasta esa fecha obre constancia en el sentido de que las partes se hubieran opuesto a la publicación de sus datos personales; y, CUARTO. Pruebas Supervenientes. El Fiscal Décimo Tercero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, en Veracruz, por oficio 2642, recibido en este Juzgado el treinta de septiembre del año en curso, remitió copia certificada constantes de veintiocho fojas útiles de las actuaciones deducidas de la carpeta de investigación UIPJ/DXVII/FXIII/4312/2021 del índice de la Fiscalía responsable (fojas 3 a 15 del cuaderno de antecedentes formado por encontrarse el juicio de amparo con audiencia constitucional celebrada). Mismas documentales que se glosan al juicio de amparo en que se actúa, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 25/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1279, correspondiente al mes de mayo de 2012, Libro VIII, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia". C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este órgano de control constitucional es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV constitucionales; 1°, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto cuarto, fracción VII, segundo párrafo del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un acto que tiene ejecución en el lugar en el que ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Por ello, debe indicarse que, de la lectura integral de la demanda de amparo y de las constancias de autos, se advierte que el acto reclamado en el presente asunto es: ? La orden de aseguramiento de dieciséis de julio de la presente anualidad, con número de referencia 30040119316072021, relativa al vehículo marca Nissan, modelo Tsuru 2012, placas A699XCC, color blanco con rojo, en su modalidad de taxi económico 997, emitida por el Fiscal Trece en Veracruz, Veracruz -el cual aduce es de su propiedad-; emitida en los autos de la carpeta de investigación UIPJ/DXVII/F-XIII/4312/2021, del índice de la Fiscalía Décimo Tercera de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Séptimo Distrito Judicial. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, correspondiente al mes de abril de 2000, Tomo XI, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. Oportunidad de la demanda. La demanda de amparo fue promovida en tiempo, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que el aquí quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado el propio dieciséis de julio de la presente anualidad, surtió efectos el diecinueve de julio siguiente; y el término para promover la demanda de amparo transcurrió del veinte de julio al nueve de agosto de dos mil veintiuno, sin contar los días veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de julio, así como uno, siete y ocho de agosto de este año, por ser inhábiles conforme a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, si el escrito de demanda constitucional se presentó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad el veintisiete de julio de dos mil veintiuno, como se aprecia del sello estampado en la demanda (foja 2), y de la boleta expedida por dicha Oficina de Correspondencia (foja 1), es evidente que fue dentro del plazo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Encargado de las Grúas B&B, Veracruz, Veracruz, fue omisa en rendir su correspondiente informe con justificación, a pesar de que se encontraba debidamente notificada de su obligación de exhibirlo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, cuarto párrafo de la ley de la materia, se presume como cierto el acto que se le reprocha. En otro aspecto, es cierto el acto reclamado al Fiscal Décimo Tercero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Séptimo Distrito Judicial, como se desprende de la lectura integral de su informe justificado (foja 25); así también, de las copias certificadas remitidas como justificación de sus actos. Al caso, es de citarse la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Causas de improcedencia. Por ser de estudio preferente y constituir un presupuesto procesal que debe analizarse por el juzgador, deviene oficioso el examen de las mismas en términos de lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Así, en la especie, el suscrito juzgador advierte que se configura la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 de la normatividad de la materia, porque el quejoso pretende combatir la orden de aseguramiento precisada, al defender la propiedad que dice tener del vehículo automotor hecho mención en párrafos que preceden; empero, con las constancias que obran en autos no se acreditó la afectación a su interés jurídico. A fin de dotar de claridad la afirmación anterior, deviene necesario puntualizar los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las constancias que remitió el Fiscal Décimo Tercero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Séptimo Distrito Judicial, con su informe de ley, y son: 1. El dieciséis de julio de dos mil veintiuno se recibió en la Fiscalía responsable el informe policial homologado 30OA01193160720211300, signado por elemento de la policía naval Rubén Álvarez Avendaño, por el que dejó a disposición de la Fiscalía Décimo Tercera de este Distrito Judicial el vehículo multicitado en la presente sentencia. 2. En esa propia fecha, se registró la carpeta de investigación UIPJ/DXVII/F-XIII/4312/2021 en la estadística de dicha Fiscalía y se entrevistó a Rubén Sánchez Paredes, aquí quejoso, quien manifestó, en lo que interesa, lo siguiente: ".Que el día 15 de julio del presente año, mi trabajador el C. Natanael Hernández Juárez, traía el vehículo antes mencionado, ya que él lo trabaja como chofer de taxi, y lo dejó estacionado en la avenida 20 de noviembre enfrente del parque ecológico, ya que iba a jugar beisbol playero dentro de dicho parque, que lo que me comentó, que estuvo jugando, como una hora aproximadamente es decir él llegó como a las 15:40 horas a dicho lugar saliendo como a las 17:00 horas del parque, y cuando fue al carro este ya no se encontraba. 2.- enseguida, el C. Natanel, me habló por celular, y me contó lo sucedido y le hablé al del seguro para que tuviera conocimiento de los hechos, así también le hablé a (sic) policía de seguridad pública y llegó la patrulla número 23-2897, comandada por el maestre David Cortez, el cual tuvo conocimiento de los hechos dando aviso a todas las unidades de esa corporación, que como a las seis de la tarde, un amigo de Natanael le dijo, que había visto el carro por el núcleo deportivo, que fuimos a ver esa zona pero no encontramos mi carro, es por esto que solicito se gire oficio a la librería acuario ubicada en la avenida 20 de noviembre, enfrente del parque ecológico, ya que dicha librería cuenta con cámaras de seguridad, para que proporcione los videos del día 15 de julio del presente año, de las 15:40 horas a las 17:00 ya que en ese lapso se robaron mi carro, así también en este acto presento la factura original así como el pago de derecho vehicular, INE y mi comprobante de domicilio. Que solicito se proceda conforme a derecho y se boletine mi carro.quiero hacer mención que el día de hoy el oficial rayero de la policía naval en la patrulla 9-3260 placas 007595, encontré mi vehículo en las calles de Álvaro Obregón entre Palma Sola y Fernando López Arias, Colonia López Arias en esta ciudad de Veracruz, sin las ruedas delantera y trasera del lado del copiloto, así como la batería del carro solicitando la devolución de ni unidad, por ser el dueño del mismo y me reservo mi derecho de seguir declarando. Así como también solicito la devolución de mi vehículo, por el momento es todo lo que tengo que manifestar." [Énfasis añadido] 3. Como se narró en párrafos que preceden, mediante oficio 2642 el Fiscal Décimo Tercero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, en Veracruz, remitió copia certificada constantes de veintiocho fojas útiles de las actuaciones deducidas de la carpeta de investigación UIPJ/DXVII/FXIII/4312/2021 del índice de la Fiscalía señalada como responsable, de las que se advierten diversas documentales, a saber: 3.1 Escrito recibido el dieciséis de julio de este año en la Fiscalía responsable, signado por Rubén Sánchez Paredes, aquí quejoso, a través del cual, denunció el robo del vehículo materia del presente juicio. 3.2 Copia simple de la factura 22213, que ampara el importe de $121, 000.00 (ciento veintiún mil pesos 00/100 m.n.) la unidad 4 PTS Estándar Tsuru GSI Millón M, color blanco, marca Nissan, modelo 2012, motor GA16851328Y, serie 3N1EB31S1CK326018, expedida a nombre de Marcial Sánchez Paredes. 3.3. Copia simple de la tarjeta de circulación expedida el tres de enero de dos mil dieciocho a nombre de Marcial Sánchez Paredes, relativo al vehículo con los datos supracitados. 3.4 Copia simple del recibo de ingresos, emitido por Secretaría de Finanzas y Planeación, del automóvil con datos de identificación previamente mencionados. 3.5 Copia simple del recibo de luz, emitido por Comisión Federal de Electricidad, a nombre de Raúl Sánchez Paredes. 3.6 Copia simple de la credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral en favor de Rubén Sánchez Paredes. 3.7 Copia simple de la cédula profesional 10677032, emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, a nombre de Víctor Luis Cruz Guzmán. Todo lo anterior, se itera, ofrecido por el amparista ante la Fiscalía responsable como anexos del ocurso por el que, por un lado, denunció ante esa instancia el robo del vehículo automotor que aduce es de su propiedad, y por otro, solicitó la devolución del mismo. Ahora bien, a efecto de evidenciar la improcedencia del juicio intentado por la parte quejosa, deviene relevante acotar que el juicio de amparo es un medio para el examen de la regularidad de los actos de las autoridades, conforme a los parámetros de control aplicables, que de conformidad con lo establecido en la fracción I, del numeral 107, Constitucional, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y en cuanto a los actos de tribunales judiciales la parte quejosa debe demostrar su interés jurídico, como se cita a continuación: "Artículo 107. (.) El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." Por su parte, el precepto 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". [Énfasis añadido]. En ese orden, la titularidad de un derecho subjetivo afectado de manera personal y directa que se encuentra previsto en los artículos referidos, se traduce en el interés jurídico que debe acreditar quien acude al juicio de amparo a defender derechos que vio vulnerados por actos de tribunales judiciales. Entonces, es a través del ejercicio de la acción constitucional que el promovente de amparo obtendrá la tutela de los derechos fundamentales que considera infringidos por las autoridades que emitieron los actos reclamados. Así las cosas, quien solicita la protección de los tribunales federales debe demostrar ser titular del derecho que aduce ha sido violentado por las autoridades y que le causa agravio, pues solo quien resiente ese perjuicio puede acudir al juicio de amparo. Se estima así, atendiendo a que, en caso de no acreditarse dicha titularidad, se actualiza la causa de improcedencia ya mencionada, que se encuentra prevista en el diverso 61, fracción XII, de la legislación de la materia y que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." De la disposición normativa indicada y en atención a la multiplicidad de casos que pueden darse en la práctica del juicio de amparo, existe la posibilidad de que se presenten diversos supuestos, como son: a) Que el quejoso carezca de interés jurídico, es decir, que no tenga incorporado en su patrimonio legal ningún derecho sustantivo que pueda verse afectado por un acto de imperio de la autoridad. b) Que lo tenga, pero no lo acredite, esto es, que pertenezca a su esfera de derechos algún interés jurídicamente tutelado por la norma, pero no demuestre tal circunstancia. c) Que, justificado tal interés, el acto reclamado no lo afecte o no le irrogue agravio alguno, esto es, una vez cumplida la carga procesal que al respecto se impone, se concluya que el acto de autoridad no irroga afectación alguna. A lo expuesto cobra aplicación la jurisprudencia 168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 225, tomo XXVII, enero de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". En ese orden, si no se tiene interés jurídico; si teniéndolo no se demuestra; o si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe motivo real para entablar el juicio constitucional, y por ende, el juicio intentado resultará improcedente. De este modo, resulta necesario que el quejoso acredite en forma fehaciente la titularidad del derecho que considera afectado por el acto de autoridad; es decir, que resienta el agravio de manera directa y personal, pues en caso contrario, como ya se dijo, no contaría con interés jurídico para instar la acción constitucional. Es importante precisar que a partir de la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, así como de las disposiciones de la Ley de Amparo, se prevé la posibilidad de acudir al juicio de amparo a partir de la titularidad de un interés legítimo, entendido como aquél con el que cuenta una persona que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución y con ello afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de la especial situación que guarda frente al orden jurídico. No obstante, en el caso, el parámetro de agravio lo constituye el relativo al interés jurídico, toda vez que lo que se reclama es una afectación sobre la titularidad de un derecho vinculado con el vehículo del cual el quejoso aduce ser propietario, y respecto del que aduce una violación directa a su esfera de derechos pues el mismo se mantiene bajo resguardo de la Fiscalía señalada como responsable. De ahí que, necesariamente, es menester acreditar una lesión actual y directa sobre su esfera de derechos, lo que no hizo, como se explicará a continuación. Como se estableció, en este asunto se reclama la orden de aseguramiento de dieciséis de julio de la presente anualidad, con número de referencia 30040119316072021, relativa al vehículo marca Nissan, modelo Tsuru 2012, placas A699XCC, color blanco con rojo, en su modalidad de taxi económico 997, emitida por el Fiscal Trece en Veracruz, Veracruz -el cual aduce es de su propiedad-; emitida en los autos de la carpeta de investigación UIPJ/DXVII/F-XIII/4312/2021, del índice de la Fiscalía Décimo Tercera de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Séptimo Distrito Judicial, con motivo de la denuncia de robo del automóvil de mérito, tal como se advierte de las constancias que exhibió dicha autoridad con su informe justificado. De lo anterior se hace depender el diverso motivo de reproche consistente en la negativa de la autoridad responsable de hacer entrega al amparista del automóvil del cual se ostenta como propietario; sin embargo, con el objeto de acreditar la afectación que se le irroga, no ofreció medio de convicción alguno, ni al momento de presentar su demanda, ni en el trámite del juicio de amparo que se resuelve. En efecto, de la detenida revisión a las actuaciones que integran el sumario que se resuelve, se llega a la conclusión de que el interés jurídico del impetrante no fue demostrado, ya que éste no acreditó plenamente la titularidad del derecho que invoca, esto es, que él efectivamente es el propietario del vehículo asegurado. Ello es así, porque tal como se destacó al relacionar los antecedentes del acto motivo de reproche, el quejoso presentó ante la Fiscalía responsable las documentales que se detallaron, no obstante, en su totalidad fueron exhibidas en copia simple, y por tanto, carentes de valor probatorio para acreditar lo pretendido. De ahí que al ser documentos en copia simple, no se les pueda otorgar el valor de indicio en el presente juicio de amparo, al no poder presumir la certeza de su existencia, por no hallarse adminiculado con otros medios de prueba para justificar su dicho. Es aplicable la jurisprudencia 193, de la Tercera Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 132, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 19171995, que dice: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer". Asimismo, como se precisó en líneas que anteceden, en la substanciación del presente juicio de amparo tampoco se presentó documento alguno tendiente a probar tal extremo. Máxime que de los documentos que obran en copia simple, se advierte que el propietario de dicho vehículo es Marcial Sánchez Paredes, por ser el nombre antes estampado en la factura de que se trata, que según el dicho del quejoso, fue endosada a su nombre. Sin embargo, en relación con lo antes establecido, únicamente se advierte, en una hoja independiente a la copia simple de la factura, dos leyendas que dicen: "Cedo los derechos a Rubén Sánchez Paredes"; "Recibo los derechos de auto Nissan Rubén Sánchez Paredes 15.diciembre.2020". Así, tanto de las documentales en copia simple como de lo manifestado por la Fiscalía responsable en su informe justificado, únicamente se evidencia la existencia del acto reclamado, no así el interés jurídico del quejoso para controvertirlo. Lo anterior es así, pues dicho documento genera conocimiento sobre la existencia del acto reclamado, no así el interés jurídico que corresponde al quejoso acreditar; esto es, que efectivamente es propietario del vehículo el cual cuenta con reporte de robo y se encuentra asegurado por parte de la fiscal responsable. Más aún que si se impugna un acto de autoridad que el gobernado estime violatorio de sus derechos humanos, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de amparo, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite también que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia número I. 1o. A. J/3, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 923, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso". En efecto, la certeza de los actos reclamados, no exime a la parte quejosa de acreditar el interés jurídico, atento al criterio contenido en la tesis número II.2o.C.T.5 K, visible en la página 379, Tomo XV, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación correspondiente al mes de Febrero de mil novecientos noventa y cuatro, cuya sinopsis es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, DEBE PROBARSE INDEPENDIENTEMENTE DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.- La existencia del acto reclamado no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que se afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo, el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Así, partiendo de la consideración que la parte quejosa acudió a esta instancia constitucional ostentándose como propietario del vehículo materia de la litis, se arriba a la convicción de que debió acreditarlo plenamente, al resultar necesario para hacer valer el derecho legítimamente tutelado que se reclama en este juicio, es decir, su interés jurídico para acudir a combatir los actos de las autoridades, pues como se advierte, no demostró de manera fehaciente los mismos, al no aportar medio de convicción eficaz que demostrara que los actos reclamados a las citadas autoridades responsables le afecten en su esfera jurídica, pues omitió exhibir el documento en el que conste la transmisión en su favor del referido vehículo para acreditar su propiedad y, por ende, su interés jurídico. Consecuentemente, como la parte quejosa no acreditó el interés jurídico que dice tener respecto del acto que atribuye a la autoridad responsable, pues no demostró ser propietario del vehículo a que se hace referencia; con ello, evidentemente se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo; por tanto, lo que procede en lo particular es sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del precepto 63 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia XX. J/14, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Enero de 1996, página: 148, en la que se lee: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ACREDITARSE EN FORMA FEHACIENTE EL. En el juicio de amparo, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no tratar de demostrarlo a base de presunciones". En las apuntadas condiciones, si Rubén Sánchez Paredes, no acreditó detentar derecho alguno sobre el bien mueble materia de controversia, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y debe sobreseerse en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del artículo 63 del citado ordenamiento. En virtud de lo resuelto en el presente juicio de amparo, el suscrito juzgador está impedido para analizar los conceptos de violación expuestos por el quejoso en relación con el fondo del asunto, pues la consecuencia principal del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada página 49, volumen 24, Tercera Parte, Séptima Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de voz: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rubén Sánchez Paredes, contra el acto precisado en el considerando segundo, reclamados a las autoridades responsables delimitadas en el considerando cuarto, por los motivos y fundamentos expuestos en el último punto considerativo de la presente sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio tanto a las autoridades responsables como a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito. Así lo sentenció y firma electrónicamente Vicente Salazar López, Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Boca del Río, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2, fracción XVI, 3, fracción I, 5 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y los numerales 13, 14, fracción VIII y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; hasta el día de hoy, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, fecha en que lo permitieron las labores de este Juzgado, ante Pedro Pablo Díaz Cassou, Secretario que autoriza y da fe, quien queda facultado para firmar electrónicamente los oficios respectivos. Doy fe.
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