Rubén Sáchez Munguia

Expediente 2509/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2509/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Rubén Sáchez Munguia

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta, se tiene a la Secretaria de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, informando que por auto de trece de noviembre de dos mil veintitrés, el órgano jurisdiccional de su adscripción aceptó el returno planteado por el diverso Tribunal Colegiado, el que se registró con el número 63/2023; de lo que se toma conocimiento y se ordena agregar a los presentes autos para que obre como corresponda. Téngase por recibida la boleta que remite la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, a través de la cual se identifica el Tribunal Colegiado al que le fue turnado el recurso de revisión interpuesto en autos. Por tanto, con apoyo en los artículos 89 de la Ley de Amparo, gírese atento oficio por medio de interconexión al tribunal que le correspondió conocer del recurso de revisión, para hacerle del conocimiento que se envía de forma electrónica el expediente electrónico en que se actúa, el cual se encuentra habilitado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Luego, tomando en consideración que por auto se reservó proveer lo relativo al recurso de revisión adhesiva interpuesto en autos, hasta en tanto se remitiera la revisión incidental al Tribunal Colegiado correspondiente y como lo anterior ya aconteció. En consecuencia, remítase dicho medio de impugnación al Tribunal Colegiado oficiante, para que provea conforme a derecho corresponda. Finalmente, visto el escrito signado por ********************, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, exhibe el billete de depósito N ********************, valioso por la cantidad de $********************), a fin de garantizar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la parte tercera interesada en caso de no obtener sentencia favorable en el juicio de amparo del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa. Lo anterior, hágase del conocimiento a las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar. De igual manera, regístrese el billete de depósito con el número de orden que le corresponda y guárdese el original en la caja de valores de este juzgado federal. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la cuenta que antecede, y como está ordenado en el cuaderno principal relativo al juicio de amparo 1442/2023, con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, fórmese por cuerda separada el incidente de suspensión. AUDIENCIA INCIDENTAL En términos del artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. SOLICITUD DE INFORME PREVIO Con fundamento en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, solicítese a la autoridad responsable su informe previo, el cual deberá rendir dentro del plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS, por tanto, acompáñese en la notificación correspondiente copia de la demanda y escrito aclaratorio y anexos que se estimen pertinentes. NOTIFICACIONES POR MEDIO DE INTERCONEXIÓN Con fundamento en los artículos 20, 65, 71, 72 y 76 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo y en cumplimiento a la CIRCULAR SECNO/27/2021 de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, en la que la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, exhorta a los órganos jurisdiccionales a utilizar la vía de interconexión; por tanto, se conmina al Actuario Judicial que corresponda, para que realice las notificaciones por medio de interconexión con aquellas autoridades que tengan Convenio de Colaboración para la Interconexión entre los Sistemas Tecnológicos de Gestión Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Por otro lado, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, infórmese a la autoridad responsable que las notificaciones en el presente juicio de amparo e incidente de suspensión; entre ellas, el auto que tenga por recibido los informes previos y justificados, el acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, se notificaran por lista; salvo aquellas que se estime deban efectuarse en forma personal, las cuales se harán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./.176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo II, página mil doscientos cincuenta y tres, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". ESTUDIO DE LA SUSPENSIÓN Ahora, del análisis de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se desprende que el acto reclamado lo hace consistir en: El acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio testamentario 2174/2022, en el que se desechó de plano el recurso de revocación que se promovió en contra del diverso auto de 27 de febrero de 2023, en el que no se le dio intervención en el juicio sucesorio a la parte quejosa con motivo de que el testamento que exhibió es de fecha anterior al que motivó la radicación de la testamentaria. Luego, solicitó la suspensión de los actos reclamados en los siguientes términos: ". para que las cosas se queden en el estado que se encuentran tanto de hecho como de derecho." Con base en lo anterior, este Juzgado de Distrito se pronunciará sobre la suspensión de los actos reclamados que se solicita atendiendo a las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que, en su caso, se conceda la medida cautelar, sin importar que para ello el suscrito se pueda apartar de los efectos propuestos por la parte quejosa en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, en tanto se refieran a los actos reclamados, pues lo que interesa es conservar la materia del juicio de amparo y no limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por la parte quejosa. Requisitos de procedencia de la suspensión: Ahora bien, la suspensión en el juicio de amparo a petición de parte únicamente procede cuando se cumplen los siguientes requisitos que establece la Constitución y la Ley de Amparo: Que la solicite el quejoso. Que los actos reclamados cuya paralización se solicita sean ciertos. Que la naturaleza de los actos reclamados permita su suspensión. Que la suspensión no vulnere disposiciones de orden público ni contravenga el interés social, análisis que debe realizarse de modo ponderado con la apariencia del buen derecho. Los presupuestos para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados son las razones por las cuales se justifica que en un proceso se pueda afectar a la parte demandada sin haberse dictado sentencia, conciliando la eficacia (tutela efectiva) y el debido proceso legal. La doctrina y la jurisprudencia han adoptado de manera uniforme que los presupuestos de las medidas cautelares son el peligro en la demora (periculum in mora) y la apariencia del buen derecho (fumus boni iuris). La Suprema Corte de Justicia de la Nación define al peligro en la demora como la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo, aunque ésta fuere en sentido favorable. La apariencia del buen derecho se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Tal presupuesto es una valoración positiva, jurídicamente aceptable, de la posición del solicitante de la medida, constituye una estimación prima facie del derecho del promovente que no prejuzga sobre el fondo del asunto; cuando resulta evidente, es una valoración rápida y no pormenorizada de que éste tiene derecho a que se le otorgue la medida cautelar; se trata de una apariencia lo suficientemente consistente para otorgar en el proceso cautelar la protección definitiva solicitada en relación con ese derecho, hay por tanto un juicio de probabilidad y verosimilitud. Análisis de los requisitos de procedencia de la suspensión. Solicitud de suspensión. El primero de los requisitos para conceder la suspensión se encuentra satisfecho, en razón de que existe petición expresa de la parte promovente en el sentido de que se provea respecto de la medida cautelar. Certeza de los actos reclamados. El segundo requisito se actualiza, ya que para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. De manera que este órgano jurisdiccional toma en consideración las manifestaciones de la parte quejosa hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, pues son los elementos con que se cuenta para resolver sobre la suspensión provisional. Naturaleza de los actos reclamados. Al quedar satisfecha la condición de procedencia indicada en el punto 2, corresponde analizar la siguiente, esto es, analizar si la naturaleza de los actos reclamados permite su paralización. En el caso, la parte quejosa reclama el auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio testamentario 2174/2022, en el que se desechó de plano el recurso de revocación que se promovió en contra del diverso auto de 27 de febrero de 2023, en el que no se le dio intervención en el juicio sucesorio a la parte quejosa con motivo de que el testamento que exhibió es de fecha anterior al que motivó la radicación de la testamentaria, lo cual atento a su naturaleza es un acto positivo de ejecución de tracto sucesivo. 4. Análisis para determinar si se vulneran disposiciones de orden público o si se contraviene el interés social, ponderando la apariencia del buen derecho. En relación con el cuarto requisito, sí se satisface, respecto de la solicitud del acto reclamado por lo que hace al efecto precisado en el párrafo que antecede, toda vez que con la concesión de la medida suspensional no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo, dado que ninguna de las hipótesis enlistadas en dicho numeral al respecto se actualiza. En virtud de lo anterior, cabe destacar que el quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los siguientes antecedentes: Que José Luis y Carlos Guillermo de apellidos Villegas Guerrero, promovieron juicio sucesorio testamentario a bienes de José María Villegas Ávila, el cual fue turnado al Juzgado Decimotercero de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, y registrado bajo el número de expediente 2174/2022. En el presente caso, la quejosa MARTHA EUGENIA GUERRERO RAMIREZ y el fallecido señor JOSE MARIA VILLEGAS AVILA, desde el 23 de febrero de 1957, contrajeron matrimonio civil bajo el régimen económico de sociedad legal. Ahora bien, en la especie, a efecto de justificar lo anterior, el solicitante de la medida aportó entre otras, las siguientes pruebas: Copia certificada del acta de matrimonio de MARTHA EUGENIA GUERRERO RAMIREZ y el fallecido señor JOSE MARIA VILLEGAS AVILA, del que se advierte que contrajeron matrimonio civil bajo el régimen de sociedad legal. Asimismo copia del auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de origen 2174/2022, en el que se advierte que corresponde a la sucesión testamentaria a bienes de JOSE MARIA VILLEGAS AVILA. Del análisis de las documentales en mención, en lo que interesa resaltar, se advierte que MARTHA EUGENIA GUERRERO RAMIREZ, aquí quejosa, contrajo matrimonio con el fallecido JOSE MARIA VILLEGAS AVILA, bajo el régimen de sociedad legal. Así, las documentales anteriores acreditan de momento, de manera indiciaria la apariencia del buen derecho, pues justifican, al menos presuntivamente, que la quejosa tiene un derecho sucesorio, que por tanto, es susceptible de ser protegido constitucionalmente. Mientras que el peligro en la demora se actualiza con base en la presupuesta existencia de ese derecho real a favor del promovente a fin de evitar su frustración durante el lapso que tarde el dictado de la resolución de fondo. Finalmente, de las pruebas recién sintetizadas, así como de los demás elementos con los que se cuenta hasta este momento, no se advierte ningún impedimento jurídico ni material que impida la concesión de la medida suspensional. Máxime que de acuerdo con la información proporcionada en la demanda, la ahora parte quejosa no es parte en el juicio en el que se emitió el acto que reclama, pues no se le reconoció el carácter de cónyuge supérstite. Lo que corrobora la afectación que generan los actos reclamados en el derecho que, de momento, justifican que la parte quejosa no ha sido oída ni vencida en el juicio sucesorio de origen. Por tanto, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, resulta jurídica y materialmente posible la restitución provisional a la parte quejosa en el goce del derecho que se estima violado mientras se resuelve sobre la suspensión definitiva. Por tanto, con apoyo en el artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que se satisfacen los requisitos que establece el precepto citado, esto es, la solicitó la parte agraviada, con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y, en caso de ejecutarse los actos reclamados, serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se ocasionarían al peticionario de garantías; bajo los principios de la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, de conformidad con el arábigo 147 del ordenamiento legal en cita, SE CONCEDE la suspensión provisional a la quejosa MARTHA EUGENIA GUERRERO RAMIREZ, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, se continúe con el procedimiento en el juicio sucesorio de origen, sin que al efecto se dicte la resolución definitiva en la etapa procesal en que se encuentre el citado juicio sucesorio, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva el incidente en que se actúa. Resulta aplicable, al caso, por el criterio que sostiene, la jurisprudencia PC.I.C. J/61 K (10a.), sustentada por los Plenos de circuito, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 50, Enero de 2018, Tomo III, página 1595, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO DE MEDIDAS CAUTELARES. EL HECHO DE QUE SU CONCESIÓN TENGA EFECTOS RESTITUTORIOS NO ES UNA RAZÓN PARA NEGARLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO ANTERIOR A LA ADICIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016).Conforme al actual sistema derivado de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, así como con la expedición de la actual Ley de Amparo publicada en el medio de difusión oficial indicado el 2 de abril de 2013, el Juez de amparo al resolver sobre la suspensión, además de decretar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, puede ordenar que se restablezca de forma provisional al gobernado en el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo, si ello resulta jurídica y materialmente posible, o en caso de la suspensión provisional, en tanto se dicte la resolución que decida lo relativo a la suspensión definitiva. Por tanto, no puede afirmarse que en ningún caso procede conceder la suspensión provisional contra medidas cautelares, sobre la base de que ello tendría efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo, pues corresponderá al juzgador analizar las particularidades del caso concreto para determinar si ésta procede o no." Es preciso enfatizar que, en caso de que los actos reclamados obedezcan a antecedentes diversos a los narrados en la demanda de amparo, o si dichos actos provienen de autoridades distintas a las señaladas como responsables, en consecuencia, la suspensión otorgada no surtirá sus efectos legales. Con fundamento en los artículos 132 y 136 de la ley de la materia, la medida cautelar decretada surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte peticionaria no exhibe dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, garantía a satisfacción de este juzgado en cualquiera de las formas legales, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), que se fija de manera discrecional, acorde con lo dispuesto por el artículo 132 de la ley de la materia, teniendo en consideración la naturaleza del acto reclamado y el efecto para el cual se concede la medida cautelar decretada. En el entendido que, en caso de que opte por billete de depósito, éste deberá ser expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI); asimismo, requiérase a la parte quejosa para que de exhibir dicho billete, en éste deberá incluirse la autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la administración de Justicia dependiente del Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos; no obstante lo anterior, dicha garantía deberá presentarse en cualquiera de las formas establecidas en la ley y cumpliendo además con lo dispuesto en los artículos 879 y 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo; que a la letra dicen: "Artículo 879. La institución depositaria deberá emitir documento en el que conste, cuando menos, el monto de la cantidad depositada, que el referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante y cualquier otro dato que se convenga con la institución depositaria". "Artículo 883. Las personas que constituyan los depósitos ante los Órganos Jurisdiccionales, en el mismo instrumento de depósito otorgarán autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos. --- En el certificado de depósito se deberá incluir una leyenda que comprenda la autorización a que se refiere el párrafo anterior". Con la observación de que si la garantía es presentada en billete de depósito, éste deberá ser constituido por la parte quejosa como depositante y si se garantiza mediante póliza de fianza, la compañía afianzadora que la expida se someterá de manera expresa a la jurisdicción de este juzgado; el texto deberá ser el siguiente: "para garantizar la reparación del daño e indemnizar los perjuicios que pudieran causarse con motivo de la suspensión provisional dictada en el incidente de suspensión 1442/2023". Caución que se fija para garantizar el pago de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercera interesada, con el otorgamiento de la medida cautelar decretada, en caso de que la parte quejosa no obtuviere sentencia favorable a sus intereses. Se apercibe a la parte quejosa que en el supuesto de que la póliza de fianza o billete de depósito que allegare, no cumpla con los requerimientos que le fueron indicados, no se tendrá como exhibida la garantía de que se trata. TERCERO INTERESADO Ahora, toda vez que la medida cautelar ha sido concedida, se ordena notificar personalmente a las partes terceras interesadas José Luis Villegas Guerrero y Carlos Guillermo Villegas Guerrero. AUTORIZADOS Se tienen como autorizados de la parte quejosa en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Eduardo Hernández Pérez, por contar con cédula profesional de abogado registrada en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; y exclusivamente para oír notificaciones, aún las de carácter personal, e imponerse de autos, a Luz Angélica Rodríguez Mejía, Jaime Galaviz Cuevas y José Emiliano López Pérez, por no contar con dicho registro. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para el desahogo de todas las diligencias que deriven del presente juicio de amparo, lo anterior, para su adecuado despacho. DOMICILIO En términos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con apoyo en el artículo 3 de la ley de la materia, se acuerda favorable la consulta del expediente electrónico a la quejosa y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, y se ordena que el Secretario del Juzgado habilite la vía electrónica de acuerdo con las condiciones que la misma requiera. Indíquese al Secretario encargado del trámite de este asunto que deberá velar por la debida integración del expediente electrónico y su exacta coincidencia con este expediente físico. Se conmina a los actuarios judiciales, para que las notificaciones sean capturadas oportunamente en el SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes) a fin de integrar debidamente este juicio de amparo. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Luego, respecto a la solicitud de recibir notificaciones de manera electrónica, dígasele que con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza recibir las notificaciones por vía electrónica, a través del usuario eduardohp. Se ordena al Actuario Judicial que corresponda, realizar las notificaciones de carácter personal, por dicha vía. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 a 3, 9, 11, fracción VI, 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional protegerá la información que exhiban que se clasifique como reservada o confidencial, por lo que no será objeto de publicación en las versiones públicas de las resoluciones que genere este órgano jurisdiccional, salvo el consentimiento expreso de la parte correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la citada ley, y en los casos de excepción previstos en dicho numeral; asimismo, se hace del conocimiento de las partes que al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, tienen derecho a manifestar de forma expresa si ésta contiene información reservada o confidencial, señalando el fundamento de dicha clasificación, a efecto de que este juzgado tome las medidas adecuadas de protección. Asimismo, se informa que en términos de los artículos 1, 16 y 80 a 82 y demás aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en el tratamiento de datos personales y en el uso de las bases de datos para su almacenamiento, este juzgado federal observará los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad y garantizará, en el ámbito de su competencia, la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, con el fin de protegerla contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otra parte, con apoyo en el artículo 17 Constitucional en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y los numerales 22, segundo párrafo, y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, indíquese a las partes que cuando tengan la necesidad de copias de las constancias que integran el presente expediente (escrito inicial de demanda, promociones, autos, resoluciones y/o sentencias), podrán descargarlas desde su equipo de cómputo en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, toda vez que incluyen la evidencia criptográfica y son consideradas como copias certificadas electrónicamente. De manera excepcional, las personas autorizadas para acceder al presente juicio de amparo y que no hayan solicitado la modalidad de acceso al expediente electrónico, podrán acudir presencialmente al órgano jurisdiccional, dónde podrán descargar las constancias que estimen pertinentes desde un equipo de cómputo y transmitirlas a algún dispositivo de almacenamiento móvil (USB) que traigan consigo; asimismo, se autoriza la expedición física de copias únicamente de las constancias que no obren digitalizadas en el expediente electrónico. De igual forma, y en atención a la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, dígasele a las partes que no existe inconveniente para que las personas autorizadas en el presente juicio de amparo, se impongan del contenido de los acuerdos, mediante el uso de aparatos electrónicos, previa constancia que se deje en autos de la reproducción obtenida. En el entendido de que las partes serán responsables del uso que le den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con lo ordenado en los artículos 252 y 253, primer párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el presente acuerdo y los subsecuentes, no serán impresos, por tanto, no obrarán anexos al expediente físico del que deriven, ya que los mismos se encuentran agregados al expediente electrónico, donde podrán ser consultados por las partes. Notifíquese; y, personalmente al tercero interesado, en términos del artículo 26, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de cinco de octubre pasado, se requirió a la autoridad responsable a efecto de que manifestara lo que a su derecho legal convenga, en relación con las manifestaciones realizadas por el perito oficial; por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.

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