Rubén Ruiz González
Expediente 716/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 716/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 30/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Rubén Ruiz González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 716/2020-V, promovido por --------------------, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Sexta del Sistema Acusatorio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, de la Unidad de Investigación B-1 y otras autoridades responsables. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el siete de octubre de dos mil veinte, recibido en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, y turnado hasta el trece de octubre del año en curso a este órgano de control constitucional, -------------------- , por su propio derecho, promovió juicio de amparo contra las autoridades y por los actos siguientes: "1.- FISCAL GENERAL DE JUSTICIA. 2.- FISCAL REGIONAL DE TLALNEPANTLA. 3.- TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES B-1 TLALNEPANTLA DE BAZ DE LA FISCALÍA REGIONAL DE TLALNEPANTLA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. 4.- RESPONSABLE DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES B-1 TLALNEPANTLA DE BAZ DE LA FISCALIA REGIONAL DE TLALNEPANTLA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. 5.- RESPONSABLE O TITTULAR DE LA MESA SEXTA DEL SISTEMA ACUSATORIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES "B-1" TLALNEPANTLA DE BAZ DE LA FISCALÍA REGIONAL DE TLALNEPANTLA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. 6.- AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A AL MESA SEXTA DEL SISTEMA ACUSATORIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES "B-1" TLALNEPANTLA DE BAZ DE LA FISCALÍA REGIONAL DE TLALNEPANTLA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. 7.- PERSONAL ENCARGADO DE RECIBIR ESCRITO DEL PÚBLICO EN GENERAL, EN LA OFICIALÍA DE PARTES GENERAL DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES "B-1" TLALNEPANTLA DE BAZ DE LA FISCALÍA REGIONAL DE TLALNEPANTLA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. IV.- ACTO RECLAMADOS: A.-) LA NEGATIVA INJUSTIFICADA, EL ACTO OMISIVO, LA OPACIDAD U OMISIÓN INJUSTIFICADAS DE LAS HOY AUTORIDADES RESPONSABLES, PARA FACILITARME LA CONSULTA DE LAS ACTUACIONES EXISTENTES EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO NUC: --------------------18/09, CON NÚMERO ECONÓMICO ---------------. B) DEMANDO LA ILEGALIDAD -EN SU CASO- DEL CUMPLIMIENTO O EJECUCIÓN EN CONTRA DEL HOY SUSCRITO QUEJOSO, DE ORDEN ALGUNA EMITIDA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES O DE SUS SUPERIORES, QUE LLEVE A LA PRIVACIÓN O DE ALGUNA FORMA EL MENOSCABO DE MI LIBERTAD AMBULATORIA. ESTO ES CUALQUIERA ORDEN DE PRESENTACIÓN, DETENCIÓN Y/O COMPARECENCIA POR LA FUERZA. C) DEMANDO LA ILEGALIDAD DEL POSIBLE ACTO DE JUDICIALIZACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO ----------------------, CON NÚMERO ECONÓMICO ---------- EN COMENTO, HASTA EN TANTO NO SEAN REPUESTAS O SUBSANADAS TODAS Y CADA UNA DE LAS POSIBLES OMISIONES Y/O VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS DURANTE SU INTEGRACIÓN, EN MI PERJUICIO. D) LA NEGATIVA INJUSTIFICADA, DEL ACTO OMISIVO, LA OPACIDAD U OMISIÓN INJUSTIFICADAS DE RECIBIR DE PARTE DEL SUSCRITO O RECEPCIONARME SENDOS ESCRITOS QUE SON PARTE DE MI DEFENSA EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO NUC: --------------------, CON NÚMERO ECONÓMICO -------------------- EN COMENTO." SEGUNDO. La parte quejosa estimó violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expuso el concepto de violación que consideró pertinente. TERCERO. Mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito, registró la demanda de amparo con el número de amparo 716/2020-V, la admitió a trámite, además, se requirió a las autoridades responsables su respectivo informe justificado, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. El seis de noviembre de dos mil veinte, se tuvieron como autoridades responsables al Titular de la Unidad de Investigaciones "B-1" Tlalnepantla de Baz de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; Responsable de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Investigaciones "B-1" Tlalnepantla de Baz de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; y, a la Oficialía de Partes General de la Agencia del Ministerio Público en General de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Investigaciones "B-1" Tlalnepantla de Baz de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede y concluirá con la sentencia respectiva. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107 fracción XII, Constitucionales; 35, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como la fracción II, del dispositivo 4° del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, reformado mediante su similar 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción donde este Juzgado de Distrito ejerce competencia. SEGUNDO. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda y de los presentes autos, a saber: Del Fiscal General de Justicia del Estado de México, Fiscal Regional de Tlalnepantla y el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Sexta del Sistema Acusatorio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, de la Unidad de Investigación B-1, se reclama: La orden de presentación, detención y comparecencia en contra del quejoso, y su ejecución. La negativa para facilitarle al quejoso la consulta de las actuaciones existentes en la carpeta de investigación número NUC: --------------------, con número económico --------------------. La solicitud para judicializar la carpeta de investigación número NUC: ----------------------------------------, con número económico -------------------- Del Personal Encargado de recibir escritos del público en general, en la Oficialía de Partes General de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Investigaciones "B-1" Tlalnepantla de Baz de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México: La omisión de recibir los escritos dirigidos a la carpeta de investigación número NUC: --------------------, con número económico --------------------. TERCERO. El Fiscal General de Justicia del Estado de México, el Fiscal Regional de Tlalnepantla y la Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Sexta del Sistema Acusatorio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, de la Unidad de Investigación B-1, negaron los actos consistentes en orden de presentación, detención y comparecencia en contra del quejoso, y su ejecución. Por tanto, si dichos actos son positivos, era obligación del peticionario probarlos, no así la negativa de hechos realizada por las responsables, porque evidentemente no existe materia que comprobar. Máxime que de la copia certificada de la carpeta de investigación NUC: ----------------------------------------, remitida por la Agente del Ministerio Público responsable, documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que no se aprecia la existencia de dichos actos. Por su parte, el Fiscal General de Justicia del Estado de México negó la existencia del acto reclamado consistente en la solicitud para judicializar la carpeta de investigación número --------------------, con número económico --------------------, por lo que se tiene por inexistente dicho acto, pues dicha carpeta de investigación se encuentra cargo de la Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Sexta del Sistema Acusatorio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, de la Unidad de Investigación B-1, por lo que es a dicha autoridad a quien le corresponde solicitar la judicialización de la carpeta de investigación a través de la formulación de imputación correspondiente. En ese sentido, por cuanto hace al Fiscal Regional de Tlalnepantla, no obstante que no se pronunció respecto a dicho acto, no ha lugar a presumir cierto el acto que se le atribuye, pues como se mencionó, la citada carpeta de investigación número NUC: --------------------, se encuentra a cargo de la Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Sexta del Sistema Acusatorio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, de la Unidad de Investigación B-1, por lo que los actos relativos a la misma son realizados por dicha representación social. Asimismo, Fiscal General de Justicia del Estado de México, el Fiscal Regional de Tlalnepantla y la Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Sexta del Sistema Acusatorio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, de la Unidad de Investigación B-1, negaron el acto consistente en la negativa para facilitarle al quejoso la consulta de las actuaciones existentes en la carpeta de investigación número NUC: --------------------, con número económico --------------------. Al respecto, cabe señalar que en el caso en que se reclame un acto de carácter negativo, si la autoridad responsable niega su existencia, a ésta le corresponderá probar su dicho y no al quejoso probar la existencia del acto, Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 50, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE TIENE EL CARACTER DE NEGATIVO. CARGA DE LA PRUEBA. NO CORRESPONDE AL QUEJOSO SINO A LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE. No es exacta la consideración del Juez de Distrito en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados atribuidos a las responsables por haberlos negado ésta al rendir su informe justificado, consistentes en la falta de resolución a las peticiones del ahora quejoso, puesto que no por el hecho de que autoridad responsable niegue los actos reclamados, esta circunstancia baste para tenerlos por negados, ya que si se atiende a que el acto reclamado tiene la naturaleza de negativo, es a la autoridad responsable a quien corresponde acreditar que no incurrió en la omisión apuntada, motivo por el cual no es suficiente su afirmación en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados, si no demuestra haber dictado el acuerdo respectivo y haberlo hecho del conocimiento del peticionario." No obstante lo anterior, respecto al Fiscal General de Justicia del Estado de México y al Fiscal Regional de Tlalnepantla, no se tienen por ciertos los actos que se les atribuyen, ya que como se mencionó con antelación, es la Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Sexta del Sistema Acusatorio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, de la Unidad de Investigación B-1, quien se encuentra a cargo de la carpeta de investigación número --------------------, con número económico --------------------, por lo que es a la misma a quien le corresponde facilitar al quejoso la consulta de las actuaciones existentes en dicha carpeta; de ahí que se tiene por inexistente dicho acto reclamado a tales autoridades. Por cuanto hace a la Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Sexta del Sistema Acusatorio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, de la Unidad de Investigación B-1, la misma negó dicho acto, y para acreditarlo remitió copia certificada de la carpeta de investigación número --------------------, con número económico --------------------, de la que se advierte lo siguiente: 7. Que el seis de septiembre de dos mil dieciocho, --------------------, presentó denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito, cometidos en su agravio y en contra del aquí quejoso y otros (fojas 2 a 4 del tomo de pruebas). 8. De dicha denuncia correspondió conocer a la Licenciada -------------------- Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Sexta del Sistema Acusatorio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, quien recabó la entrevista del ofendido y ordenó las diligencias pertinentes a fin de integrar la carpeta de investigación que se registró con el número --------------------, con número económico -------------------- (fojas 5 a 20, del tomo de pruebas). 9. Derivado de lo anterior, la Agente del Ministerio Publico antes señalada giró citatorio al aquí quejoso y otros, a fin de que se presentaran a rendir entrevista en relación a los hechos, de lo cual fueron notificados el veintiuno de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 28 y 29, del tomo de pruebas). 10. Ante la incomparecencia del aquí quejoso a la citación que se le había realizado, la Agente del Ministerio Público referida, ordenó de nueva cuenta su citación a fin de rendir entrevista en relación a esos hechos (foja 62 del tomo de pruebas). 11. Posteriormente, el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, compareció ante la autoridad ministerial --------------------, en su carácter de abogado defensor del aquí quejoso y otros, a fin de imponerse de la totalidad de actuaciones que integran esa investigación penal y solicitó se le fijara fecha para presentar a sus defendidos, y en su caso, desahogar un mecanismo alterno de solución a la controversia, a lo que se señalaron las diecisiete horas del diez de abril de dos mil diecinueve (fojas 67 del tomo de pruebas). 12. Finalmente, se aprecia que el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, el aquí quejoso rindió su entrevista ante la representación social, donde se aprecia que le dieron a conocer los derechos fundamentales que le otorga el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quien manifestó haberse enterado de los hechos que se deponen en su contra, y que se le había dado acceso a las diligencias que obraban en la carpeta de investigación, De lo anterior se evidencia que efectivamente no es cierta la negativa que reclama el aquí quejoso, pues ya compareció y consultó la carpeta de investigación de donde derivan los actos reclamados, y ya rindió su entrevista. Sin que sea óbice que menciona que no se le ha permitido consultar las últimas actuaciones, pues no ofreció medio de prueba para acreditar que se ha constituido ante la responsable y que ésta le ha negado el acceso a dicha carpeta, ya que si bien tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una conducta del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última. Lo anterior encuentra sustento en la tesis 2a. CXLI/97de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, visible en la página 366, de rubro y texto siguiente: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." En el caso, el quejoso fue omiso en ofrecer medio de prueba idóneo, como la testimonial, para acreditar que se presentó ante la autoridad responsable, y ésta se negó a permitirle la consulta de dicha carpeta de investigación, siendo que la responsable no se encontraba obligada a acreditar un acto que dependía de la actuación del quejoso, es decir, de que éste se hubiera presentado a solicitar la consulta de la carpeta de investigación, y al no haberse demostrado ello, se tiene por inexistente el acto que se le atribuye a la responsable. Asimismo, respecto al acto reclamado al Personal Encargado de recibir escritos del público en general, en la Oficialía de Partes General de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Investigaciones "B-1" Tlalnepantla de Baz de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, consistente en la omisión de recibir los escritos dirigidos a la carpeta de investigación número NUC: ----------------------------------------, con número económico --------------------, se aprecia en primer término que la parte quejosa no precisó la denominación correcta de dicha autoridad responsable, por lo que en proveído de seis de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por inexistente. Aunado a ello, el quejoso no acreditó que alguna autoridad se hubiera negado a recibirle los escritos que refiere, pues como se mencionó, la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular, en este caso, que el quejoso hubiere intentado presentar los escritos que refiere, siendo que en el presente asunto ello no quedó acreditado. Es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 217-228, Sexta Parte, visible en la página 436, de rubro y texto siguiente: "PETICION, DERECHO DE. FORMA PARTE ESENCIAL RECIBIR LA SOLICITUD RESPECTIVA. En cumplimiento de la garantía consagrada en el artículo 8o. de la Constitución, las autoridades tienen obligación de recibir la solicitud que en los términos de dicho precepto se presente ante ellas; de no ser así, se volvería nugatoria la garantía individual por él consagrada, pues bastaría que las autoridades se negaran a recibir la solicitud, para que el particular no pudiera exigir una respuesta, por lo cual, en el juicio de garantías deben tenerse en cuenta las pruebas que el quejoso rinda para demostrar, contra el dicho de las autoridades, que trató de presentarles su solicitud y ellas se negaron a recibirla." Así como la diversa tesis XXI.2o.P.A.11 A (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, consultable en la página 1386, de rubro y texto siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SI EL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO LO CONSTITUYE LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE A RECIBIR EL ESCRITO RELATIVO, CORRESPONDE AL QUEJOSO ACREDITAR QUE SE CONSTITUYÓ ANTE ÉSTA. Los elementos del denominado derecho de petición son: 1) Debe formularse de manera pacífica y respetuosa; 2) Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada, y 3) El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. En ese sentido, si el acto reclamado en el amparo lo constituye la negativa de la autoridad responsable a recibir el escrito que contiene la petición relativa, corresponde al quejoso acreditar que se constituyó ante ésta, en virtud de que para la existencia de la conducta negativa se requiere, necesaria y previamente, la solicitud del particular." En consecuencia, es claro que en el caso concreto se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que opera cuando de autos apareciere claramente demostrado, que no existen los actos reclamados, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional, lo que obliga a sobreseer en este juicio respecto de los actos precisados en párrafos precedentes. CUARTO. La Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Sexta del Sistema Acusatorio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, de la Unidad de Investigación B-1, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto consistente en la solicitud para judicializar la carpeta de investigación número --------------------, con número económico --------------------; pues adujo que solicitó audiencia de formulación de imputación sin detenido, la cual se programó para el día veinticuatro de marzo de dos mil veinte. Lo que se corrobora con las constancias relativas a la carpeta de investigación número --------------------, con número económico--------------------; documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. La procedencia del juicio de amparo, es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio, antes de analizarse las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, se estima que, respecto al acto consistente en la solicitud para judicializar la carpeta de investigación número --------------------, con número económico --------------------; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, conforme a lo que a continuación se expone: Los numerales citados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial... Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" El primer dispositivo transcrito evidencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en que ésta resulte de lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la propia Ley de Amparo. Por lo que hace al segundo de dichos ordinales, se obtiene que corresponde al Ministerio Público la investigación de los delitos, así como el ejercicio de la acción penal ante los tribunales judiciales, en su caso, la ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. En ese sentido, conviene traer a colación el contenido del artículo 211, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece lo siguiente: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; (.)" Como se aprecia, la etapa de investigación dentro del procedimiento penal comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. En ese orden, la radicación de una indagatoria o carpeta de investigación, así como su integración, comprende, primordialmente, la serie de diligencias practicadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, específicamente del citado artículo 21, cuyo objeto es indagar si existen o no datos de prueba suficientes que permitan establecer, en lo concerniente al sistema penal de oralidad, que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, y determinar quien participó en su comisión. Así, el Ministerio Público es el órgano del Estado a quien se le encomienda la representación de los intereses sociales y cuya actividad fundamental consiste en investigar la comisión de los delitos y provocar el ejercicio de la jurisdicción mediante la judicialización de la carpeta de investigación correspondiente, a fin de que se castigue a los responsables y se subsanen los daños que como consecuencia de diversas conductas haya resentido la sociedad. Por tal motivo, a través de esa facultad indagatoria la fiscalía se hace del material probatorio necesario para sustentar la imputación y acusación que formule ante la autoridad jurisdiccional. Por otra parte, en relación al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En ese orden de ideas, el acto reclamado en esta vía deviene improcedente, pues el ejercicio de las funciones del Ministerio Público es de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a las personas que probablemente intervinieron. Por tanto, el acto relativo a que el Ministerio Público solicite la judicialización de la carpeta de investigación, no causa daño o perjuicio al quejoso, por ser de orden público la integración de una carpeta de investigación y el ejercicio de la acción penal, y ello o implica por sí mismo que se prive de su libertad, posesiones o derechos, es decir, no se afecten derechos sustantivos. Así, si se admitiera la hipótesis de que el quejoso, quien es sujeto a una investigación por parte del representante social, por la probable intervención en un delito, pudiera impugnar a través del juicio de amparo el acto a través del cual el Ministerio público solicite la judicialización de la carpeta de investigación, éste órgano jurisdiccional se sustituiría al Agente del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal, siendo que conforme al artículo 21 constitucional, es el órgano del estado al cual le compete la investigación de los hechos que se consideren ilícitos. Ello, sin soslayar que dentro de la integración de una carpeta de investigación pudieran cometerse actos de autoridad en específico que por sus características o efectos propios y particulares, sean susceptibles de control constitucional, como aquellos que perturban derechos sustantivos de las partes como la vida, la integridad personal, la libertad, entre otros, lo cual podrá combatirse a través del juicio de amparo, empero, en el caso que nos ocupa, no se advierte ello, pues la sola solicitud del Ministerio Público para que se judicialice la carpeta de investigación no afectan derechos sustantivos del promovente, pues se desconoce el resultado de esa solicitud, es decir, la determinación que adopte del Juez de Control. En ese sentido, en el supuesto de que la autoridad responsable resolviera sobre la consignación de la carpeta de investigación y ejercicio de la acción penal, por ese sólo hecho, no se está ante la inminencia de que se afecten derechos sustantivos, pues aún faltaría conocer la decisión del juez ante el que se consignen los hechos, a quien le correspondería resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, sería entonces la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso, contra lo cual sí es procedente el juicio de amparo. Sin que con la anterior determinación se deje en estado de indefensión al quejoso, toda vez que es posible analizar las violaciones al procedimiento cometidas en la fase de la carpeta de investigación, en el juicio biinstancial, cuando en éste se reclame un acto respecto del cual sea procedente el juicio de amparo indirecto (verbigracia, orden de aprehensión o auto de vinculación). Por tanto, la actuación de dicha institución relativa a la solicitud para que se judicialice la carpeta de investigación, no es susceptible de ser reclamada a través del juicio de amparo. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, por lo que en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio respecto al acto analizado. En mérito de lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ---------------- , por su propio derecho, respecto a los actos precisados en el segundo considerando, por los motivos y fundamentos expresados en el tercer y quinto considerando de esta sentencia. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a once de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de cinco de octubre del año en curso, se otorgó el término de ocho días que prevé el artículo 117, de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan del contenido del informe justificado que rindió la autoridad responsable. En tal virtud, de las constancias que obran en autos, se advierte que el término en comento se encuentra transcurriendo, en esa virtud, a fin de dar oportunidad a que transcurra la temporalidad detallada, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DOCE HORAS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su verificativo, hora y día disponibles en la agenda que al efecto se lleva en este Juzgado. Al respecto, con apoyo en el numeral 251, para el efecto de que las partes estimen conveniente estar presente en la audiencia constitucional de manera virtual, es menester que soliciten por escrito su deseo de dicha circunstancia; para lo cual, se les concede el plazo de tres días legalmente computados, de conformidad con el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que manifiesten tal situación, y en caso de no hacerlo, se tendrán por desinteresados y se llevará acabo, sin su asistencia. Ello, sin perjuicio que puedan alegar u ofrecer medios de convicción procedentes antes de la celebración de la audiencia de 1 Artículo 25. Utilización de videoconferencias por regla general. Con independencia de que un asunto se tramite bajo el esquema tradicional, bajo el de juicio en línea, o en una combinación de ambos, las y los titulares procurarán que el desahogo de diligencias, alegatos y audiencias se realice utilizando las videoconferencias como regla general. Se podrán realizar a distancia la protesta del cargo de peritos y la ratificación del correspondiente dictamen pericial, siempre que la persona juzgadora se pueda cerciorar de su identidad. Al respecto, deberán seguirse las reglas previstas en el Acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo (en adelante "AG 12/2020"). Cuando se estime indispensable la comparecencia física de las partes, de testigos, peritos u otros intervinientes, o cuando algunas de estas personas carezcan de herramientas tecnológicas para comparecer por videoconferencia, se practicará la actuación correspondiente garantizando la distancia entre las partes y procurando hacer uso de los equipos de cómputo disponibles en el órgano jurisdiccional para asegurar la sana distancia entre quienes acudan presencialmente. Las partes, o sus representantes y personas autorizadas si asisten en lugar de ellas, podrán hacerlo acompañadas de una sola persona. Si a juicio de la juzgadora o juzgador, es previsible que la dinámica de una comparecencia o audiencia pueda impedir la sana distancia, se solicitará el apoyo de la administración del edificio." Ley, de manera física o en línea. Para el caso de que las partes asistan al desahogo de la audiencia constitucional en forma virtual, es menester que cuenten con la aplicación 'Cisco Webex Meetings', misma que deberán descargar en cualquier dispositivo móvil o computadora personal (PC), y que se encuentran a su disposición en Apple store y google play. Notifíquese por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 212 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Incidental
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a seis de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede y en consideración a que feneció el término de tres días que se otorgó a la parte quejosa, en auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte, para que manifestara las denominaciones correctas y actuales de las autoridades que señaló la parte quejosa como: 1. Titular de la Unidad de Investigaciones "B-1" Tlalnepantla de Baz de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; 2. Responsable de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Investigaciones "B-1" Tlalnepantla de Baz de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; y, 3. Oficialía de Partes General de la Agencia del Ministerio Público en General de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Investigaciones "B-1" Tlalnepantla de Baz de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En virtud de que el quejoso no desahogó dicho requerimiento, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó, y con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se tienen por inexistentes a las autoridades de mérito y, se dejan de tener con el carácter de responsables para efectos del presente juicio de amparo. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 211 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cinco de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Sexta del Sistema Acusatorio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México de la Unidad de Investigación B-1, por medio del cual rinde informe justificado. En consecuencia, de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales remitidas por la autoridad responsable, consistentes en copias certificadas de la carpeta de investigación número NUC. TLA/TLA/TLA/104/190023/18/09, mismas que se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno. Por lo anterior, para un mejor manejo del expediente, fórmese un tomo de pruebas, debiendo constar la certificación respectiva. Asimismo, se tiene por rendido el informe de mérito y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase el contenido del mismo y el anexo que remite a la vista de las partes por el término de ocho días a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 211, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · 7,552 expedientes
- Rubén Gutiérrez Mendoza1180/2021
- Ruben Horacio Pryluk1321/2019
- Rubén Melesio Roa Y Ortega1476/2018
- Rubén Monroy Bautista y Otros.1380/2021
- Rubén Ramírez Luna755/2022
- Rubén Ruiz González351/2019
- Ruben Salazar López1232/2023
- Ruben Salazar Salazar1751/2017
- Rubén Sánchez Méndez1060/2019
- Rubén Soriano Díaz1507/2018
- Rubén Velasco Madrid377/2019
- Rubí Elizabeth Mendoza Hernández1054/2021