Rubén Romo Villalpando

Expediente 10/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
10/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
18/02/2022

Partes del expediente

  • Tribunal de Arbitraje del Estado de Aguascalientes
  • Rubén Romo Villalpando

Actuaciones

  1. Principal

    La sentencia dictada en el presente juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO. El presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    S E N T E N C I A V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 10/2022-2; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el cinco de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes, ********************, por su propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto contra la autoridad y por el acto que indicó en su demanda. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de seis de enero de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo con el expediente 10/2022-2, se admitió la misma, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Puntos Primero, fracción XXX, Segundo, fracción XXX, sub-apartado 3, y Cuarto, fracción XXX, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en relación al Acuerdo General 18/2017, del Pleno Del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre, así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito, de la entidad federativa y residencia indicados. Ello es así, en virtud de que la parte quejosa pretende se resuelva, por este Juzgado Federal, una controversia de naturaleza laboral suscitada por un acto (omisivo) de autoridad que, aduce, viola derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. Además, la competencia se surte en el caso, toda vez que la demanda de amparo se presentó dentro de la jurisdicción que corresponde a este Juzgado de Distrito, respecto de un acto -omisivo- que no requiere de ejecución material. SEGUNDO. Fijación (precisión) de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia en materia común P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que la sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado, razón por la cual, para cumplir con dicha exigencia, se impone el deber a esta Juzgadora de interpretar el escrito de demanda, en su integridad, armonizando los datos y elementos que lo conforman, a fin de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa, sin cambiar su alcance y contenido. En congruencia con lo anterior, este órgano de control constitucional arriba a la conclusión de que la parte quejosa, de manera destacada y autónoma, reclama del Tribunal de Arbitraje del Estado: La omisión de dictar laudo en los autos del expediente laboral 228/2020 de su índice. TERCERO. Acto cierto. El Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado, reconoció la existencia del acto que se le atribuye, por lo que se tiene por acreditada su existencia. Lo que se corrobora con las copias certificadas del laudo de siete de enero de dos mil veintidós, dictado en los autos del expediente laboral 228/2020, que adjuntó a su informe justificado; a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°; motivo por el cual, se tiene plena certeza de su existencia. Cobra aplicación, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 231, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1971-2000, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causas de improcedencia o motivos directos de sobreseimiento. En virtud de que ha sido determinada la certeza del acto reclamado, procede ahora examinar, respecto de éste, las causas de improcedencia o motivos directos de sobreseimiento, ya sea que se hayan alegado por las partes, o bien, aquellas y/o aquellos que este juzgador advierta, por ser ello una cuestión de orden público, cuyo estudio es oficioso y preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En congruencia con lo anterior, este órgano jurisdiccional analiza, de oficio, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Causa de improcedencia que se actualiza en dos supuestos, a saber: Por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, Por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. Además, para que surta la causa de improcedencia en estudio, atento a lo que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Es de invocarse la tesis en materia común P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, registro 197367, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." También es aplicable la jurisprudencia en materia común 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, junio de 1999, página 38, registro 193758, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, en el particular, el acto reclamado se hizo consistir en la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado, de dictar laudo en los autos del expediente laboral 228/2020 de su índice; asimismo, del informe justificado y de las documentales remitidas por el Presidente de dicha autoridad responsable, se advierte que el siete de enero de dos mil veintidós, el referido tribunal laboral dictó dicha resolución. Dichas documentales que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2o. Es aplicable la jurisprudencia en materia común 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 153, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En consecuencia, si ya fue dictado el laudo cuya omisión fue la materia de esta controversia, resulta inconcuso que ha cesado en todos sus efectos el acto reclamado, pues el siete de enero de dos mil veintidós, la autoridad responsable dictó dicha resolución; por lo que, a partir de la emisión de dicha laudo volvieron las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular. Es aplicable la jurisprudencia en materia común 2a./J. 205/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXIX, enero de 2009, página 605, registro 168189, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la citada ley, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. QUINTO. Supresión de Datos. Con fundamento en los artículos 6 y 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como lo dispuesto por los artículos 67, 68, 97, 110, 113 fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen ejecutoria; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a la información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, así mismo, las partes podrán solicitar la supresión de sus nombres en las listas de notificación que se publiquen en medios electrónicos. Así como, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Lo cierto es, que tal circunstancia no basta para concluir que ante la citada omisión, la sentencia deba publicarse en los términos del requerimiento realizado, toda vez que, el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que causen ejecutoria y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, reformado mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación de ocho de mayo de dos mil quince, se obtienen los términos en que procederá la consulta de los expedientes que tienen en resguardo tanto los órganos jurisdiccionales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Empero, de conformidad con el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares, considerada como confidencial, la cual, debe ser entendida como aquélla cuya difusión, comercialización o distribución requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas titulares de la misma, lo que debe acatar por ser ello un mandato de rango constitucional. En este contexto, al encontrarse obligado este órgano jurisdiccional a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no hayan hecho valer ese derecho, se ordena la publicación de la presente sentencia, con supresión de datos personales. Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, por las consideraciones expuestas en el considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. En términos del décimo considerando de esta sentencia, la publicación respectiva que de este fallo se realice deberá ser con supresión de datos. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Miguel Ángel Ramírez Estévez, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Federación, ante Erika Carrillo Ibarra, diversa Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    SE TIENE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE RINDIENDO SU INFORME JUSTIFICADO; DESE VISTA A LAS PARTES PARA QUE SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO. Ténganse por recibidas las pruebas documentales que se acompañan al oficio de mérito.

  4. Principal

    Se admite la demanda; pídase informe justificado; se señalan las CATORCE HORAS CON DOS MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la audiencia constitucional; dese intervención al ministerio público adscrito, sin que se trámite el incidente de suspensión, por no haber sido solicitado.

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