Ruben Romero Tlaczani
Expediente 1045/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1045/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/07/2019
Partes del expediente
- Ruben Romero Tlaczani
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que no se interpuso recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia, se provee lo siguiente, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa, el auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve, en virtud que no atendió al citatorio de cinco de julio de dos mil diecinueve, que en lo sustancial establece: Agréguense a los autos el oficio y anexo enviado por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, a través de quien lo representa, rindiendo su informe justificado y anexa copias certificadas de diversas constancias que integran el expediente 1487/2010, y por recibidas las constancias. En atención a la voluminosidad de las constancias remitidas la autoridad responsable, y para mejor manejo del expediente, fórmese el anexo I. Ahora bien, del estado procesal que guardan los autos en especial de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que ante la inexistencia de los actos reclamados precisados, procede sobreseer en el juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintinueve de julio de dos mil diecinueve.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días otorgado a la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil de Cholula, Puebla, a fin de que rinda su informe justificado; en consecuencia, se provee: Se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en atención a lo manifestado en el párrafo que antecede. Se fijan, de nueva cuenta, para su celebración las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintinueve de julio de dos mil diecinueve
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. Visto el escrito presentado por el quejoso José Arturo Pérez Soriano, con el que pretende ampliar su demanda de amparo respecto al primer párrafo del artículo 2 y el diverso 6 fracción I, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículo 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve, al respecto se provee: Desechamiento de la ampliación de demanda Del análisis del escrito de ampliación de demanda se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia cuyo estudio es preferente, oficioso y de orden público, en términos de lo establecido en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo. No se soslaya el estado procesal que guardan los autos a virtud del impedimento planteado en auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, el cual se encuentra pendiente de resolver. Lo anterior, porque resultaría ocioso reservar un escrito de ampliación de demanda, y atender sobre la solicitud de suspensión del acto reclamado, a pesar de la improcedencia. En efecto, el promovente del amparo amplía su demanda respecto del acto reclamado consistente en el primer párrafo del artículo 2 y el diverso 6 fracción I, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículo 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve, el cual se atribuye al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Decreto que, como lo aduce el propio quejoso, se publicó el doce de abril de dos mil diecinueve, según se advierte de la página oficial del Diario Oficial de la Federación. Ahora bien, el artículo 111, fracción II de la Ley de Amparo establece que cuando el promovente tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, podrá ampliar su demanda dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda. Lo anterior resulta relevante en amparo contra leyes, al permitirse al particular que amplíe su demanda cuando tenga conocimiento de los actos de aplicación que se materialicen durante la sustanciación del juicio, pues ello guarda congruencia con el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción en su modalidad de protección judicial de derechos humanos, al brindarse la posibilidad real de alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida. No obstante lo anterior, la ponderación del citado derecho fundamental, no permite al promovente inobservar los requisitos de procedencia del juicio de amparo, específicamente en relación a la temporalidad. Ello, porque las reglas de oportunidad del juicio de amparo son de observancia obligatoria, como así lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Castañeda Gutman vs. México, al establecer lo siguiente: "Para la Corte el requisito de que la decisión sea razonada, no es equivalente a que haya un análisis sobre el fondo del asunto, estudio que no es imprescindible para determinar la efectividad del recurso. La existencia y aplicación de causales de admisibilidad de un recurso resulta compatible con la Convención Americana 'Al respecto la Corte ha dicho: '[.] Por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal manera, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado' (énfasis agregado). Cfr. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros), supra nota 13, párr. 126.' y la efectividad del recurso implica que, potencialmente, cuando se cumplan dichos requisitos, el órgano judicial evalúe sus méritos.".En efecto, la Corte Interamericana reconoció que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o un medio de impugnación resulta perfectamente compatible con el texto de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el entendido de que la efectividad del recurso intentado se predica cuando una vez cumplidos los requisitos de procediblidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y entonces sí analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada ante su potestad. En ese orden de ideas, la Suprema Corte ha señalado que el hecho de que en el orden jurídico interno se prevean requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes, no constituye en sí mismo, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo. Por tanto, la circunstancia de que el juicio de amparo sea improcedente porque la demanda o escrito de ampliación se presentó fuera de los plazos establecidos por el legislador, ello no implica una infracción al mandato convencional citado, en tanto la Ley de Amparo, estableció reglas de oportunidad para dar seguridad jurídica a las partes involucradas. Lo anterior encuentra sustento en las jurisprudencias de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." [Registro 2005917], y "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." [Registro: 2010984]. Precisado lo anterior, en relación a los preceptos impugnados se actualiza la causa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17, 18 y 111, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo [...]" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando:[.] II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda.".De la interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo o su ampliación dentro del término de quince días. También se advierte que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días, para la promoción del juicio de amparo o su ampliación, el cual comienza desde el día siguiente al en que: 1. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o, 2. El quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; o, 3. El quejoso se haya ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, acorde al criterio jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)" [Registro 165582]. Debe indicarse que los supuestos establecidos en el referido numeral son excluyentes entre sí, por ello, en el caso concreto cobra aplicación la segunda hipótesis para iniciar el cómputo de los quince días que establece el diverso numeral 17, en relación con el 111, fracción II, de la ley de la materia; es decir, el término para la presentación de la ampliación de demanda se debe computar a partir del día siguiente a aquél en que el quejoso tuvo conocimiento por cualquier medio de nuevos actos o nuevas autoridades responsables, que tengan estrecha vinculación con los reclamados inicialmente. En ese tenor, el Decreto por el cual se reformó el primer párrafo del artículo 2 y el diverso 6 fracción I, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículo 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se publicó el doce de abril de dos mil diecinueve, circunstancia que reconoció expresamente el quejoso por escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, al ampliar su demanda de amparo en relación al artículo 1 de la referida Ley, señalando que ese precepto se reformó "por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve". Por tanto, si el promovente del amparo tenía pleno conocimiento de la fecha en que se publicaron las reformas a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, incluyendo los artículos 2 y 6 fracción I, lo que aconteció el doce de abril de dos mil diecinueve, entonces es esa fecha que sirve de base para el conocimiento del acto reclamado, pues desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación el quejoso estuvo en aptitud de conocer el contenido de las normas, e impugnar aquellas que le generaban perjuicio, como oportunamente lo hizo por escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, en relación al artículo 1, párrafo segundo de la invocada Ley de Remuneraciones, pues resulta inverosímil que haya tenido conocimiento de ciertas porciones normativas y de otras no. En tal virtud, el cómputo para la presentación de la ampliación de la demanda de amparo inició a partir del día siguiente al en que el particular tuvo conocimiento de la publicación de las disposiciones reclamadas, esto es, el quince de abril de dos mil diecinueve, en términos de los artículos 17, 18 y 111 fracción II de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto por la idea jurídica que contiene, el criterio de rubro y texto siguientes: Época: Quinta Época Registro: 370682 Instancia: Cuarta Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XCV Materia(s): Laboral Tesis: Página: 1533 TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUÁNDO DEBE EMPEZARSE A CONTAR. Ni literal ni lógica ni jurídicamente puede estimarse, que en el caso de que el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, deba tomarse necesariamente como punto de partida, para hacer el cómputo del término para la interposición del amparo, la notificación del propio acto, en primer lugar porque la interpretación gramatical no permite hacer esa distinción, y en segundo, porque no existe precepto alguno en la ley que lo autorice. Por el contrario, es lógico admitir que el legislador estimó que el elemento principal a tomarse en cuenta, es el de que el afectado tenga conocimiento de los actos, de hecho, pues esto está de acuerdo con la teoría jurídica de los actos de autoridad, que si por una parte deben tener firmeza, por la otra, tienen la presunción de legalidad, mientras no se demuestre lo contrario, mediante el juicio constitucional y ello, dentro del término perentorio de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, no siendo otro el principio en que descansa el motivo de improcedencia que se contiene en la fracción XII del artículo 73 del propio ordenamiento, y cuya consecuencia es la de que no siendo combatidos en tiempo los actos de autoridad, queden éstos firmes y su legalidad no puede ser objeto de discusión. En tal virtud, debe concluirse que no es la naturaleza del procedimiento del que emana el acto reclamado, la que debe servir de base para determinar el momento a partir del cual debe empezarse a computar el término aludido, sino simplemente el hecho de que el quejoso conozca el acto y de esta manera esté en posibilidad de atacarlo, surgiendo esta posibilidad desde el momento mismo en que se entere del acto o legalmente se le tenga por enterado mediante una notificación, independientemente de la naturaleza del procedimiento del que se haya derivado. En ese sentido, el plazo de quince días con que contaba el quejoso para la oportuna presentación de su ampliación de demanda, contra el acto reclamado en mención, comenzó a transcurrir a partir del quince de abril del año en curso, y concluyó el nueve de mayo del año en curso; descontándose los días diecisiete, dieciocho y diecinueve con motivo de la "Semana Santa", atento a la circular 25/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la cual se informó que en sesión ordinaria de veintisiete de marzo del año en curso, se determinó declarar como días no laborables los antes indicados; así como veinte, veintiuno, veintisiete, veintiocho de abril, cuatro y cinco de mayo por ser sábados y domingos, y uno de mayo, los cuales se consideran inhábiles en términos del numeral 19 de la ley en consulta. Lo anterior, como se ejemplifica a continuación: Abril 2019 L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Publicación 13 14 15 Inicio 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mayo 2019 L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Concluye plazo 10 11 12 13 14 15 Presentación demanda 16 17 18 19 De ahí que, si el quejoso presentó su ampliación de demanda hasta el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, es claro que transcurrió en exceso el plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 111, fracción II; por lo que, su presentación es extemporánea y debe tenerse como tácitamente consentido el acto que ahora pretende reclamar, razón por la cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el que la parte quejosa afirma que la promoción del juicio de amparo en contra de las normas reclamadas se debió a que en sesión de catorce de mayo de dos mil diecinueve, la Suprema corte de Justicia de la Nación dentro de la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018 decidió sobreseer el estudio con relación a diversos preceptos de la ley impugnada, entre los cuales se encuentran los señalados por el quejoso en el juicio de amparo, por lo que ante la posibilidad de que ".su jurisdicción determine tomar como propio dicho criterio, es que tomo la decisión de ampliar la demanda". Ello, porque de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Amparo, basta que el pormovente haya tenido conocimiento por cualquier medio de las hipótesis normativas reclamadas para que esté en posibilidad de ampliar su demanda en relación a ellas. Por lo que, asumir que el plazo para ampliar la demanda debe computarse a partir de las decisiones adoptadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo pretende el quejoso, traería consigo alterar el contenido del citado precepto legal al adicionar hipótesis no contempladas por el legislador y permitir la proliferación de ampliaciones de demanda derivadas de las decisiones que adoptadas por la referida Suprema Corte, a pesar de que esos actos se encuentran consentidos por el particular. En ese orden de ideas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17, 18 y 111, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano, por manifiesta y notoria improcedencia, la ampliación de demanda que se analiza. Notifíquese personalmente al quejoso.
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