Ruben Romero Ramos
Expediente 435/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 435/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/09/2021
Partes del expediente
- Ruben Romero Ramos
Actuaciones
- Principal
agréguese a los autos para los efectos legales procedentes y como lo solicita, se tiene como autorizada de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a --, por ser el presente asunto de naturaleza laboral, que es una excepción a la regla contenida en el propio precepto legal; de ahí que los autorizados de que se trata se tengan como tal, en los amplios términos del numeral que se invoca, Asimismo, con fundamento en los artículos 108, fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como nuevo domicilio procesal el ubicado en calle por lo que dígasele al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional que las subsecuentes notificaciones se realicen en el domicilio indicado.
- Principal
se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destrucción, Asimismo, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante. Finalmente, en acatamiento al punto Décimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General Conjunto, se previene al promovente del amparo, para que acuda a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, dentro del plazo de noventa días a solicitar la devolución del documento exhibido en este asunto, apercibido que de no cumplir con lo anterior, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente.
- Principal
Visto el escrito que suscribe---, apoderado especial de la parte quejosa, mediante el cual solicita se le autorice la consultar del expediente electrónico con el usuario "Rubenromero69"; a lo que se provee: agréguese a los autos para los efectos legales procedentes y toda vez que el usuario que proporciona se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se autoriza la consulta del juicio de amparo en que se actúa a través de la modalidad del expediente electrónico, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. Ahora bien, téngase al ocursante señalando como correo electrónico "licrubenromeroramos@gmailcom", así como el número de celular que señala; únicamente como datos de contacto, para los efectos legales a que haya lugar." Por otra parte, del estado de autos se advierte que a la fecha no obra en autos la constancia de notificación a la parte quejosa del proveído de once de agosto de dos mil veinte, consecuentemente, a fin de evitar mayores dilaciones procesales se ordena llevar a cabo dicha notificación por medio de lista en virtud de lo ordenado el diez de marzo del año en curso. Visto el escrito de cuenta, signado por Rubén Romero Ramos mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de cuatro de marzo de esta anualidad; al respecto, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, y por ende, se ordena dejar sin efectos el apercibimiento contenido en el acuerdo de referencia. Ahora bien, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por --- quien se ostenta como apoderado especial de los actores del juicio de origen 21/2003, señalados en el escrito aclaratorio, contra actos del Presidente de la Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales tutelados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, a continuación se procede analizar si de conformidad con lo establecido por el precepto legal invocado, se encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, dicho precepto legal indica: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Por lo que de conformidad con lo dispuesto por el precepto invocado, la demanda de amparo debe desecharse de plano, cuando se encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113 de la Ley de la Materia, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En torno con lo expresado, cobra aplicación por el criterio que lo conforma, la jurisprudencia I.6o. C. J/19, que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se puede leer en la página setecientos treinta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, que dice: En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. De la lectura de la demanda de garantías, se observa que la parte quejosa promueve juicio de amparo indirecto en contra actos del Presidente de la Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, consistentes en el acuerdo dictado el diecisiete de enero de dos mil veinte, en el expediente laboral 21/2003, y sus consecuencias, como sería la cancelación y levantamiento del embargo trabado en los autos del juicio de origen. Por tanto, en el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza de manera notoria e indubitable una causa de inejercibilidad y por ello procede el desechamiento de la solicitud de garantías en comentario, con fundamento en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el que establece lo siguiente: En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo [.]" El precepto y fracción de la Ley de Amparo transcritos, ponen de manifiesto que el juicio de garantías es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Los recursos, dice Eduardo Pallares, son los medios de impugnación que otorga la ley a las partes y a los terceros para que obtengan, mediante ellos, la revocación o modificación de una resolución judicial, sea esta auto o decreto. Excepcionalmente, el recurso tiene por objeto nulificar la resolución o la instancia misma (Diccionario de Derecho Procesal Civil, decimoquinta edición, Editorial Porrúa, página 681). Asimismo, la Suprema Corte de Justicia del País, ha sostenido que un recurso es un medio de defensa instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada, mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada. Al respecto, como lo señala el artículo 8491 de la Ley Federal del Trabajo, aún vigente al momento de emitirse el acto reclamado, establece, que contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión laboral. En la especie, del análisis de la demanda de garantías, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de diecisiete de enero de dos mil veinte, dictada por el Presidente Especial de la Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, en el juicio laboral 21/2003, por medio del cual la autoridad responsable decreto la prescripción de la ejecución del laudo. De lo anterior, resulta indiscutible que el promovente, antes de acudir a esta instancia constitucional, debió agotar el medio de defensa ordinario procedente, contra el acto reclamado, es decir, el recurso de revisión de los actos de ejecución, pues el juicio de amparo es improcedente cuando no se hacen valer previamente a su interposición, los medios ordinarios de defensa que establezca la ley que rija el acto, ya que entre los principios fundamentales en que se sustenta el 1 "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." juicio constitucional se encuentra el de definitividad, que hace al juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, pues sólo es procedente cuando se hayan agotado previamente los medios ordinarios que la ley haya instituido precisamente para la impugnación del acto que, en su caso, el gobernado estime ilegal, salvo los casos de excepción que la Constitución Federal, la Ley de Amparo y la jurisprudencia establezcan, actualizándose la hipótesis prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que la existencia de dicho juicio deja plena certidumbre y convicción de la existencia de la causa de improcedencia que se invoca, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de las pruebas que pudieran allegar las partes, y en tal virtud, debe desecharse la demanda, de conformidad con el artículo 133 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Asimismo, cabe decir que, si bien es cierto que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria en consulta, establece que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa en los siguientes casos: a)Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b)Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; y d)Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Sin embargo, en el presente caso, no se actualiza alguna de dichas excepciones. En tales condiciones, debe concluirse que en la especie no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues el acto que se reclama no tiene carácter de definitivo, ya que es susceptible de modificarse, revocarse o nulificarse a través del medio de defensa precisado con antelación, por lo que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la mencionada ley, se desecha de plano la demanda de garantías que nos ocupa.
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