Rubén Rodríguez Luna

Expediente 735/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
735/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
18/01/2021

Partes del expediente

  • Rubén Rodríguez Luna

Actuaciones

  1. Principal

    Vista, la circular SECNO/1/2021, de ocho de enero del año en curso, signada por la Secretaria Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos, en la que se aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 12 de al 18 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", con las salvedades que se precisan en las mismas y lapsos durante los cuales se suspendieron plazos y términos. Asimismo, se estableció que derivado de ello, se continuara en el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020). Con base en lo anterior, cabe mencionar que el doce de junio de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; cuyo artículo 1º fracción I, párrafo segundo, dispone que cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes"; en consecuencia, este juzgador considera que este asunto está dentro de esos supuestos y se continúa con su trámite. Asimismo, vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veinte; en consecuencia, se declara que dicha determinación en la que se desechó la demanda de amparo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Tómese nota de que este asunto se considera susceptible de ser destruible, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.

  2. Principal

    M-V. Vista la demanda de amparo promovida por el quejoso, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 735/2020-V, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Atento a lo anterior, del análisis integral de la demanda, este juzgado de Distrito estima que resulta notoriamente improcedente, por las siguientes razones y fundamentos legales: Artículo 113: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, de conformidad con el artículo antes mencionado, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el entendido que lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda de amparo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que en su caso se hayan anexado a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ello es así, toda vez que la parte quejosa, reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: El auto de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, dictado en el expediente 781/2015, en el que niega la cancelación de la pensión alimenticia que se decretó en contra del quejoso y a favor del incapaz Oscar Axel Rodríguez Quiroz. De lo anterior, se estima que, en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo para ser procedente, deben agotarse antes de promoverlo, los recursos ordinarios o medios de defensa que señale la ley que rija el acto que se reclame (principio de definitividad), salvo las excepciones que la misma ley establece. Al respecto, el citado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ( Del dispositivo trascrito se infiere que los elementos con los cuales se integra la causa de improcedencia en comento son los siguientes: El acto reclamado debe emanar de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; Contra ese acto debe proceder algún medio ordinario de defensa legal; Que, por ese medio de defensa, el acto reclamado sea susceptible de modificación o revocación. Que el acto reclamado, no sea uno de los que prevé como prohibidos el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni privativo de la libertad como orden de aprehensión, reaprehensión, vinculación a proceso, arresto y que el medio de defensa no sea de interpretación adicional. A efecto de demostrar lo anterior, conviene destacar los antecedentes que el propio quejoso bajo protesta de decir verdad manifestó: 1. En el dos mil nueve, el ahora quejoso y la señora Rocío Quiroz Vélez registraron al incapaz de iniciales O. A. R. Q. 2. En dos mil quince Roció Quiroz Vélez en representación del incapaz, demandó pensión alimentaria al ahora quejoso, la cual se radicó en el Juzgado Primero Familiar de Nezahualcóyotl, Estado de México, con el número 781/2015. 3. El veinte de agosto de dos mil veinte, el ahora quejoso promovió ante el Juez Primero Familiar de Nezahualcóyotl, Estado de México, la cancelación de la pensión alimentaria decretada en el juicio 781/2015, sosteniendo básicamente que el incapaz es hijo y él es quien debería cubrir la pensión alimentaria. 4. El veinticuatro de agosto de dos mil veinte, el juez responsable le negó la petición al quejoso. De la anterior transcripción se evidencia que, en contra de la determinación aquí combatida, la parte quejosa debió interponer recurso de revocación, el cual se encuentra contemplado en los artículos 1.360 a 1.365, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que establecen: Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." Artículo 1.363.- La revocación se interpondrá, expresando agravios, al día siguiente de notificado el recurrente." Artículo 1.364.- Interpuesta la revocación se dará vista a la parte contraria, por tres días y transcurridos, el Juez resolverá dentro del tercer día." Artículo 1.365.- La resolución que decida la revocación no admite recurso." Lo anterior es así, pues del primero de los numerales se advierte el supuesto de procedencia de dicho recurso, esto es, cuando los autos no sean apelables, mientras que, en el segundo de los artículos indicados, se advierte el término para la interposición de dicho recurso; luego entonces, a través de ese medio de defensa legal, la parte promovente puede lograr la modificación, revocación o anulación de la determinación que tacha de inconstitucional en este momento. Por tanto, debe estimarse que se materializa en el presente caso, la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, por colmarse los siguientes supuestos: a) El acto reclamado fue emitido por una autoridad judicial, a saber, el Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México. El auto reclamado es susceptible de ser impugnado por medio del recurso de revocación que prevén los artículos citados del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Con la interposición del citado medio de defensa, la determinación del Juez puede verse revocada o nulificada, en razón que ese es su único objetivo, revisar la legalidad de las determinaciones que se formulen dentro del juicio, y que no admiten apelación. Es así, que el auto por el cual no se negó la cancelación de la pensión alimenticia que se le impuso al ahora quejoso en el juicio 781/2015, con estricto apego al numeral 1.362, del Código Procesal Civil de la entidad, es recurrible en revocación, de ahí que, para que el juicio de amparo sea procedente, es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela constitucional, agote el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, conforme al principio de definitividad, pues en caso de no hacerlo así, será improcedente el juicio de garantías. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, novena época, tomo: XV, mayo de 2002, página 902, de rubro: «AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.» Por tanto, si el acto reclamado en esta vía constitucional consiste en el proveído de veinticuatro de agosto del año en curso, que proveyó de manera negativa la solicitud del promovente en el sentido de cancelar la pensión alimentaria decretada en su contra y en favor del incapaz de iniciales O.A.R.Q., es que se llega a la convicción de que, previamente debió interponer el recurso de revocación, dado que, a través de ese medio de defensa legal puede lograr la modificación, revocación o nulificación de la determinación que combate. Ahora bien, de la interpretación de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos; por lo que, es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción en que la ley de la materia, así lo permita, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los Órganos del Poder Judicial de la Federación. En las relatadas condiciones, no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que incluso, aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es necesario que se agoten los recursos ordinarios procedentes. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. Época, Tomo XVI, Agosto de 2002, página. 1272, en la tesis número I.3o.C.44 K, cuyo rubro y contenido dicen: DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." En ese tenor, al no encontrarse el acto reclamado dentro de los supuestos de excepción para promover el juicio de amparo sin agotar el recurso ordinario, es evidente que como ya se dijo, el quejoso debió promover el recurso en cita, previsto en la ley adjetiva de la materia, dado que a través de ese medio de defensa legal puede lograr la modificación, revocación o nulificación de la determinación que combate. En mérito de lo expuesto, con apoyo en lo establecido en los artículos 61, fracción XVIII, y 113, ambos de la Ley de Amparo, resulta procedente desechar la demanda de amparo promovida, contra la determinación precisada. No pasa inadvertido para este juzgador, que la causal de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de garantías; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia, que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Es aplicable, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página trescientos dieciséis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo X, correspondiente al mes de octubre, de rubro: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA." Además, la particular circunstancia de que se deseche la presente demanda de garantías al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Toda vez que señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal, háganse esta y las subsecuentes aún las de carácter personal por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, cuyo rubro dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. (pág. 1067, Tomo VIII, Diciembre de 1998, del SJF)" Téngase por autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Cruz Espinosa Esparza, la cual acredita tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y solo para los efectos restringidos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a las demás personas que designó, por no demostrar contar con cédula profesional. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República y 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo en vigor. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · 9,026 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano