Rubén Rodríguez Cuevas

Expediente 548/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
548/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
17/07/2017

Partes del expediente

  • Rubén Rodríguez Cuevas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se avoque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, mediante el cual se declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. Finalmente, se instruye al fedatario de la adscripción para que en caso de que la autoridad a la que se libre oficio en vía de notificación se encuentren gozando de su periodo vacacional, una vez que ésta reanude labores, proceda a notificar el oficio correspondiente, así como las demás notificaciones que se ordenen durante su periodo vacacional. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de junio de dos mil diecisiete Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de garantías en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de quince de mayo de dos mil diecisiete; atento a lo narrado, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia, en la que determinó en el primer punto resolutivo determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, informen a este Juzgado sobre el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior. En el entendido de que la sentencia se concedió para los efectos siguientes: "Con libertad de jurisdicción, acuerde la promoción presentada por la parte actora el diez de enero de dos mil diecisiete, con registro 000067, dirigida al juicio 12/01/11". En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario COSME ERNESTO CÁRDENAS GÓMEZ, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRIMERO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE...SEGUNDO.-

  4. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 548/2017-IV-B, promovido por Adrián Román Hernández, como apoderado legal de Rubén Rodríguez Cuevas, contra actos de la Junta Especial Uno Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el cuatro de abril de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelos, turnada ese día y recibida el cinco siguiente, Adrián Román Hernández, en representación legal de Rubén Rodríguez Cuevas, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Uno Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda se previno por auto de seis de abril. Subsanada, se admitió a trámite por acuerdo de dieciocho siguiente; se fijaron las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del quince de mayo de dos mil diecisiete para celebrar la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado y el envío de la constancia que acreditara la calidad ostentada por Adrián Román Hernández y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y la tercera interesada. El carácter de Adrián Román Hernández como apoderado legal del quejoso, fue reconocido por auto de veintiséis de abril del año en curso. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, el cual carece de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, conforme a la lectura integral de la demanda, este es el acto reclamado: La falta de acuerdo de la promoción presentada el diez de enero de dos mil diecisiete, con registro 000067, dirigida al conflicto laboral 12/01/11. No pasa inadvertido que la parte quejosa señaló como acto reclamado, la omisión de la autoridad responsable de dictar de auto de ejecución; empero, la lectura integral de la demanda arroja que la omisión depende de la falta de acuerdo de la promoción 000067, lo que motiva la fijación del acto reclamado. Además, si bien la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la Junta Especial Uno Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; lo cierto es que la omisión reclamada solo atañe al presidente ejecutor, pero la designación de la Junta como autoridad responsable, puede considerarse un mero error que no conduce al sobreseimiento; máxime que el presidente de la Junta, por virtud de sus obligaciones legales, rindió el informe justificado y, por ende, quedó en aptitud de defender la constitucionalidad del acto reclamado. Al respecto, resulta aplicable esta jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 57/95 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 200702 1 de 1 Segunda Sala Tomo II, Octubre de 1995 Pag. 226 Jurisprudencia(Laboral, Común) JUNTA LABORAL Y PRESIDENTE DE LA MISMA. ERROR DEL QUEJOSO AL SEÑALAR COMO RESPONSABLE A AQUELLA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE ESTE. Si bien es cierto que es esencial el correcto señalamiento de la autoridad responsable en la demanda de amparo y que ello es una carga del agraviado, ya que respecto de dichos actos es que versará el juicio y serán motivo de análisis por parte del juzgador; y si bien es cierto, asimismo, que las Juntas laborales y sus presidentes son autoridades distintas, debe considerarse que si en la demanda de amparo el quejoso señala con desacierto como acto reclamado una resolución que atribuye a una Junta como órgano colegiado, cuando ésta fue dictada por el presidente en uso de las atribuciones que le son propias, como la de ordenar la ejecución de un laudo, en estos casos, el error en el señalamiento de la autoridad responsable no da motivo para sobreseer en el juicio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que el imperativo constitucional de dar noticia de la iniciación del juicio de garantías se cumple al solicitarse y rendirse el informe justificado, ya que éste invariablemente deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, por ser una atribución que le confiere la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 617, fracción VII, 618, fracción VI, y, 623, por tanto, ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante de la Junta, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado. TERCERO. Certeza del(los) acto(s) reclamado(s). Es cierto el acto reclamado. Así lo manifestó la presidenta de la Junta al rendir el informe justificado (fojas 33 y 34). CUARTO. Causales de improcedencia. La presidenta de la Junta arguyó que el acto reclamado no obedece a mala fe, sino a la excesiva carga de trabajo; asimismo, que en virtud que el estudio que se realiza en el juicio de amparo debe limitarse al acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en que se sitúe, no es factible considerar como acto de molestia una omisión o dilación en el trámite, como pretende la parte quejosa, ya que el juicio de amparo debe constreñirse al acto reclamado y de ninguna manera a actos subsecuentes, por lo que debe sobreseerse en términos del artículo 63 de la Ley de Amparo. La improcedencia alegada debe desestimarse, en parte, porque está estrechamente relacionada con el fondo del asunto, ya que plantea que el acto reclamado no afecta al quejoso. Además, no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en las fracciones I a IV del invocado artículo 63 y la autoridad no indicó, de acuerdo con la fracción V, qué causa de improcedencia sobrevino y torna improcedente el amparo. Luego, el suscrito está imposibilitado para determinar qué motiva la improcedencia alegada por la autoridad, al no ser de obvia y objetiva constatación, lo que también aplica para el argumento relativo a la carga de trabajo. Las consideraciones de este apartado se apoyan en las siguientes tesis: Tesis: P./J. 135/2001 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 187973 86 de 112 Pleno Tomo XV, Enero de 2002 Pag. 5 Jurisprudencia(Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. Tesis: 2a./J. 137/2006 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 174086 20 de 38 Segunda Sala Tomo XXIV, Octubre de 2006 Pag. 365 Jurisprudencia(Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio. Con independencia de lo anterior, este juzgador no advierte que opere alguna causa de improcedencia. QUINTO. Estudio del(los) concepto(s) de violación. La transcripción de los conceptos de violación es innecesaria para su examen; circunstancia que no infringe los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencia, ni deja a la parte quejosa en estado de indefensión, en tanto no se le priva de la oportunidad de recurrir. Lo anterior se funda en esta jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 58/2010 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 164618 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXXI, Mayo de 2010 Pag. 830 Jurisprudencia(Común) CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Toda vez que el acto reclamado emana de un conflicto laboral en el que el directo quejoso tiene la calidad de "trabajador", en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, procede la suplencia de la queja. El examen de los conceptos de violación se realiza de forma conjunta, dada su vinculación. En suma, la parte quejosa alegó violación a su derecho a la impartición de justicia, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Federal. Suplido en su deficiencia, el concepto es fundado y suficiente para otorgarle el amparo y protección de la justicia federal. La garantía a la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reviste los principios de prontitud, plenitud, imparcialidad y gratuidad y puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Lo argumentado encuentra apoyo en estas tesis: Tesis: 1a./J. 42/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 172759 1 de 1 Primera Sala Tomo XXV, Abril de 2007 Pag. 124 Jurisprudencia(Constitucional) GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos. Tesis: 1a. LXXIV/2013 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2003018 1 de 1 Primera Sala Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1 Pag. 882 Tesis Aislada(Constitucional) DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, como se señaló en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Los derechos antes mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales. El derecho a la pronta impartición de justicia no solo implica que el juicio se dirima de forma ágil, también comprende que el derecho declarado en favor del vencedor por virtud de la sentencia o laudo constituido en cosa juzgada, trascienda a lo fáctico mediante su cumplimiento, ya que el derecho a la impartición de justicia no tendría razón si no se ejecuta el fallo dictado por el tribunal o por la autoridad que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realice funciones materialmente jurisdiccionales. Para cumplir con el principio de justicia pronta, la autoridad encargada de su impartición, debe administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. Antes de continuar, se precisa que los artículos de la Ley Federal del Trabajo que en adelante se invoquen, corresponderán a la ley anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce, vigentes a partir del día siguiente de su publicación, pues el conflicto de origen data de dos mil once. La presidenta de la Junta Especial Uno Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, exhibió como prueba copia certificada de la promoción 000067, recibida el diez de enero de dos mil diecisiete, dirigida al juicio 12/01/11 (fojas 36 a 38); la que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. La documental señalada en el párrafo que antecede, acredita la recepción por la autoridad responsable, de la promoción cuya falta de acuerdo constituye el acto reclamado. Ahora, el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, dispone que la ejecución de los laudos, tratándose de los dictados por las Juntas Especiales, corresponde al presidente, a cuyo fin dictará las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita. El dictado de las medidas necesarias para la pronta y expedita ejecución del laudo, no es una tarea que la autoridad deba ejecutar de oficio, antes, dicha etapa precisa instancia de parte, tanto para su inicio como para su prosecución, sin perjuicio desde luego, de los actos que la autoridad deba desplegar sin necesidad de impulso del vencedor, pues el deber de las partes de impulsar, únicamente opera por disposición de ley o causa legítima. La necesidad de instancia de parte para el inicio y prosecución de la etapa de ejecución de laudo en los juicios regidos por la Ley Federal del Trabajo, constituye criterio jurisprudencial, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J.16/2011 (10a.). La parte quejosa reclamó la falta de acuerdo de una promoción cuya pretensión esencial, es el despacho de auto de ejecución. Esa promoción, como quedó apuntado, fue recibida por la responsable el nueve de enero de dos mil diecisiete. El artículo 950 de la ley laboral, no establece término para que el presidente de la Junta acuerde las promociones tendentes a la ejecución del crédito laboral que presente la parte interesada, únicamente dispone que proveerá a petición de parte. Luego, debe recurrirse al artículo 838 de la propia ley, que se transcribe para mayor ilustración: "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." Conforme al precepto transcrito, la Junta debe resolver las promociones que presenten las partes, por regla general, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su recepción. Las cuarenta y ocho horas para que la autoridad laboral proveyera el escrito 000067, fenecieron el doce siguiente. Entre la conclusión del término para el acuerdo de la promoción y la presentación de la demanda de amparo, ocurrida el cuatro de abril actual, hay 55 días hábiles de demora en la emisión del acuerdo. En el conteo de la demora no se consideran sábados y domingos, ni seis de febrero y veinte de marzo del año en curso, por inhábiles. De acuerdo con la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una dilación u omisión en el procedimiento laboral, no necesariamente afectará de forma material el derecho sustantivo a la impartición de justicia, sino que únicamente lo hará, cuando implique una abierta dilación o su paralización total. La jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), dice a la letra: Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011580 1 de 1 Segunda Sala Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II Pag. 1086 Jurisprudencia(Constitucional, Común) AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Entonces, en atención a la carga de trabajo y la complejidad del asunto, la autoridad pudiera acordar las promociones no necesariamente dentro del término que para tal efecto prevé la ley; pero no puede postergar el cumplimiento de dicha obligación, de forma tal que obstaculice el derecho a la impartición de justicia, lo que ocurre al provocar una abierta dilación del procedimiento, o bien, su paralización total. A juicio del suscrito, la demora de 55 días hábiles en el dictado del acuerdo correspondiente a la promoción 000067, es violatoria del derecho del quejoso a recibir justicia pronta, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con su derecho a la ejecución del fallo, pues implica una paralización total del procedimiento, ya que impide que la pretensión de la parte actora, trascienda al procedimiento de ejecución, sea de forma favorable o desfavorable, a fin que promueva lo que a su interés convenga en aras de incorporar el derecho constituido en su favor por el laudo. Para resarcir la violación, la autoridad responsable debe cumplir lo que la norma exige, esto es, con libertad de jurisdicción, pronunciarse sobre lo planteado por la parte actora a través de la promoción presentada el diez de enero actual, con registro 000067, dirigida al juicio 12/01/11. EFECTO DEL OTORGAMIENTO DEL AMPARO. Ante la violación al derecho sustantivo del quejoso a recibir justicia pronta, en relación con su derecho a la ejecución del fallo, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, procede otorgarle la protección de la justicia federal, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, el presidente de la Junta Especial Uno Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, realice lo siguiente: Con libertad de jurisdicción, acuerde la promoción presentada por la parte actora el diez de enero de dos mil diecisiete, con registro 000067, dirigida al juicio 12/01/11. El efecto y alcance de la sentencia, se fijan en función del acto reclamado y la etapa del procedimiento en que se sitúa. Ya que el acto reclamado consiste en la falta de acuerdo a una promoción, el efecto del fallo es que la autoridad haga cesar, a través del acto positivo de proveerla, la situación de incertidumbre jurídica que el acto reclamado, de naturaleza negativa, genera en el quejoso; de tal suerte que la sentencia no puede ir más allá y sujetar a la autoridad a resolver las pretensiones de la parte quejosa en determinado sentido, pues se vulneraría su libertad de jurisdicción. Tampoco puede extenderse más allá del hecho que la autoridad responda la promoción, pues de ser así, la sentencia se extendería a actos futuros e implicaría declarar que incurrirá en omisiones o dilaciones que deben prevenirse desde ahora, soslayando que dada su sujeción a las leyes, actuará con apego a éstas en el momento oportuno. Sirven de apoyo a tales argumentos, estas tesis: Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2005150 7 de 33 Segunda Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Pag. 732 Tesis Aislada(Común) CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Tesis: IX.1o.17 L (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2008134 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I Pag. 835 Tesis Aislada(Común) OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados. Además, ya que según el sumario, el expediente de origen se encuentra en la etapa de ejecución, la cual, precisa impulso del vencedor, los alcances de la protección federal deben constreñirse al acto reclamado y no abarcar aquellos actos futuros que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Lo dicho en el párrafo que antecede se apoya en estos criterios jurisprudenciales: Tesis: 2a./J. 15/2011 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2000011 8 de 10 Segunda Sala Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4 Pag. 2771 Jurisprudencia(Común) EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Tesis: 2a./J. 16/2011 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2000025 1 de 1 Segunda Sala Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4 Pag. 2772 Jurisprudencia(Laboral) PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo. La falta de oportunidad de las partes de imponerse del informe justificado, no impide la resolución del juicio, esto ante la patente transgresión al derecho sustantivo del quejoso a recibir justicia pronta, de modo que diferir la audiencia redundaría en un mayor retraso en la administración de ese derecho; máxime que ni la sentencia por sí ni el efecto para el que se concede, fincan obligación alguna a la tercera interesada, ni sujetan a la autoridad responsable a hacerlo, antes, su efecto se limita a que con libertad de jurisdicción, la autoridad responsable acuerde una promoción. SEXTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. La justicia de la Unión ampara y protege a Rubén Rodríguez Cuevas, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de este fallo, por las razones y para el efecto indicado en el considerando quinto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe. Doy fe.

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