Rubén Rodrigo Hernández Medina

Expediente 588/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
588/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
31/05/2022

Partes del expediente

  • Rubén Rodrigo Hernández Medina

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de once de mayo de dos mil veintidós, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 21 del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 24 del multicitado Acuerdo, se proceda a su destrucción. Finalmente, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, once de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; a través del cual, la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, hace del conocimiento que, de acuerdo al oficio SECNO/STCCNO/397/2022, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos de Consejo de la Judicatura Federal, el amparo en revisión RT. 15/2022, de su índice, será remido al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz; circunstancia de la que se toma conocimiento.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, la Secretaria del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, remite testimonio de la ejecutoria dictada en treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en el conflicto competencial derivado del juicio de amparo 41/2022 del índice de este juzgado; asimismo, se advierte que el citado Tribunal, determinó que el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer del presente asunto; circunstancia de la que se toma conocimiento. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por lo tanto, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente cuaderno es destruible y que no existen documentos originales exhibidos por las partes, en términos del artículo 21 inciso j) de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, será destruido el presente expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el artículo 21 de tal ordenamiento; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta; mediante el cual Salvador Bernal Acosta, autorizado en términos amplios de la quejosa Antonia Araceli Vargas Mendoza, solicita se declare que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior y vista la certificación de cuenta, se advierte que las partes no recurrieron dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia dictada el uno de abril de dos mil veintidós, por la cual se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese tenor, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente del Comité de Pensiones y al Comité de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, remitan las constancias que demuestren el cumplimiento al fallo protector; apercibidos que de no hacerlo, sin causa justificada, se les impondrá, en lo individual, una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 258, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; así como, se remitirá el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para que siga el trámite de inejecución de sentencia que podrá terminar en la separación de su cargo y su consignación. Es aplicable, por analogía jurídica la Jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), publicada en la página 19, del Libro 12, Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2014, Decima Época, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

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