Ruben Rivera Altamirano

Expediente 630/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 25 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
630/2020
Año
2020
Actuaciones
1
Última actuación
25/11/2020

Partes del expediente

  • Ruben Rivera Altamirano

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por Ruben Rivera Altamirano, por derecho propio, contra actos del Delegado Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en esta ciudad y de otras autoridades responsables. Regístrese en el libro de gobierno con el número 630/2020, y fórmese expediente. ADMISIÓN Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la referida demanda. SUSPENSIÓN DE PLANO Y DE OFICIO Ahora, tomando en consideración que los actos reclamados comprenden la falta por parte de las autoridades responsables de brindar al quejoso la atención médica respectiva y, que podría constituir un trato o pena cruel, inhumana o degradante a éste; por lo tanto con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE DICHOS ACTOS, para el efecto de que se le proporcione la atención requerida, en los siguientes términos: Los médicos de la Institución responsable, de inmediato, deben revisar la solicitud del promovente y certificar si el medicamento recetado es el de mayor eficacia terapéutica, seguridad y eficiencia para el padecimiento del quejoso, comparado con otras alternativas que sí están incluidas en el Cuadro Básico o Compendio Nacional de Insumos para la Salud o en sus propios catálogos institucionales, y si la conclusión de ese análisis es que el medicamento solicitado es el mejor tratamiento para el paciente quejoso, la Institución debe otorgarlo de inmediato, y para ello debe realizar los trámites correspondientes; de no ser así, comunicará su dictamen al paciente para que éste decida, de manera informada, sobre su tratamiento. Tiene aplicación a este caso la tesis I.18º.A.33 K (10a.) del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2160, libro 68, tomo III, Julio de 2019, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBE DECRETARSE DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA SALUD Y PRECISARSE CON EXACTITUD SUS EFECTOS, LOS CUALES DEBEN INCLUIR LA ATENCIÓN MÉDICA DEBIDA Y URGENTE REQUERIDA. El derecho mencionado, tutelado por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conlleva, entre otras, la obligación del Estado de brindar los servicios y prestaciones para garantizar el más alto nivel de protección a la salud de las personas (mediante atención médica, tratamiento, medicamentos, rehabilitación, otorgamiento de licencias médicas, etcétera). Por tanto, cuando en el amparo indirecto se reclame la omisión de otorgar los servicios médicos para el tratamiento de una enfermedad que pone en peligro la vida del quejoso, debe decretarse la suspensión de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y los efectos de esa medida deben precisarse con claridad, a fin de vincular a la autoridad a proporcionar la atención médica debida y urgente requerida, así como al seguimiento y comunicación exacta de los procedimientos que se deben aplicar, junto con los medicamentos y tratamiento necesarios e, incluso, las licencias médicas que legalmente procedan, para garantizar plenamente el derecho a la salud. Lo anterior a fin de salvaguardar los derechos humanos a la vida y de acceso a la protección a la salud del quejoso. En el entendido de que la desobediencia a esta determinación puede ser constitutiva de un ilícito que se sanciona en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Para verificar el cumplimiento a esta determinación, las autoridades responsables deberán informar dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir del siguiente minuto en que les surta efectos la notificación del presente proveído (el cual correrá de momento a momento), sobre el cumplimiento de esta resolución, precisando además el padecimiento que en concreto se le ha diagnosticado al quejoso y cuál es el tratamiento y/o asistencia médica que debe administrársele para ello, incluyendo la pertinencia de los estudios de laboratorio que refiere le fueron recomendados, apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país, en términos del artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. ACUMULACIÓN Por otro lado, vista la certificación de cuenta, se advierte que ante este juzgado se encuentra radicado el diverso juicio de amparo 614/2020, promovido por el aquí quejoso por Rubén Rivera Altamirano, por su propio derecho, contra actos de las también aquí autoridades responsables Delegado Regional, Jefe del Departamento de Atención Médica, Director de la Unidad Médica "Hospital General Acapulco" y Coordinador de Servicios de Atención al Derechohabiente, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residentes en esta ciudad, en el que el acto reclamado se hizo consistir en la falta por parte de las referidas autoridades de brindar al quejoso la atención médica derivado de los dolores en el estómago que presenta en razón de que sufre de gastritis, así como las secuelas de la enfermedad del covid-19, consistentes en la falta de aire en sus pulmones, dificultad para respirar; mismo que se encuentra vinculado con el acto que se reclama en la demanda que se recibe, consistente en la falta por parte de las autoridades responsables de brindar al quejoso la atención médica con motivo del padecimiento de faringitis aguda que presenta debido a que sufre de alergia. En torno al tema que rige el sentido de esta determinación, es conveniente anticipar que a raíz de la reforma que sufrió la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente, fueron derogados los numerales 57 a 65, que regulaban la figura de la acumulación de autos consistente en la reunión material de un expediente reciente a los autos de otro más antiguo y que se encuentran en trámite en poder del mismo Juez, a fin de continuar su sustanciación conjunta, con el objetivo primordial de respetar el principio de economía procesal, traducido éste en que en una sola audiencia se resuelvan dos o más juicios de amparo promovidos contra el mismo acto y autoridad responsable, aunque los quejosos sean diversos, a fin de evitar que se dicten sentencias contradictorias en tratándose de asuntos vinculados o relacionados. Aspectos que observó el Constituyente al emitir la reforma a la Ley de Amparo, ya que basta remitirse a la exposición de motivos respectiva, para advertir que el juicio de amparo debe ser más ágil, con el fin de que se resuelva de la manera más rápida, pues en el capítulo de incidentes se estableció lo siguiente: "En materia de incidentes los cambios propuestos consisten, en lo fundamental, en establecer una tramitación genérica para dar claridad y evitar remisiones inútiles y confusas a la ley supletoria. Asimismo, permitirá al órgano jurisdiccional de amparo que determine la forma en que debe ser resuelto. Para ello deberá atender a las características del asunto y definir si lo resuelve de plano, si el mismo requiere de un especial pronunciamiento o si reserva su resolución para el momento de fallar el fondo. Esta solución permite, por una parte, mantener ciertos procedimientos específicos o formas de resolución para aquellos incidentes a los que la ley les confiera un trámite especial pero, por la otra, posibilita que el juzgador decida cómo proceder dadas las situaciones particulares que concurran al caso sometido a su resolución." Lo antes destacado, revela que la intención del legislador estribó en dotar de amplias facultades al Juez de amparo para resolver los aspectos accidentales que surgieran durante el trámite del juicio, lo cual va desde establecer si debe resolverse de plano o en su defecto requiere de un trámite especial o ha de resolverse al fallar el fondo del asunto, hasta determinar la forma en que habrá de proceder en las situaciones particulares que encierre el caso puesto bajo su consideración, con la finalidad de dar mayor celeridad a los asuntos de su competencia, a fin de cumplir con el postulado de justicia pronta que impone el numeral 17, de la Carta Magna. En vinculación con lo anterior, el artículo 66 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia." La interpretación literal del citado ordinal, permite establecer que la facultad ahí contenida debe ejercerse de manera unilateral, con potestad plena y sin tramitación alguna. En esas condiciones, y al señalarse en ambos asuntos actos reclamados que tienen vinculación entre sí pues en ambos se reclama la falta de atención médica sólo que con motivo de dos padecimientos diversos, a fin de evitar se emitan sentencias contradictorias, dadas las facultades que otorga el numeral 66 de la Ley de Amparo, como se destacó, se decreta de plano la acumulación del juicio de amparo 630/2020 al diverso 614/2020, por ser este último el más antiguo; sin necesidad de abrir y tramitar el incidente respectivo, ya que en esta hipótesis este órgano jurisdiccional considera que no se trata de una cuestión incidental, sino de una determinación de autoridad jurisdiccional al encontrase ambos juicios radicados en este órgano de control constitucional. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En el entendido de que para la celebración de la audiencia constitucional subsiste la fecha señalada en el diverso juicio de amparo 614/2020, la cual se fijó para las QUINCE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación, en el cual expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; según sea el caso, remitirán copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo y deberán informar sí con anterioridad el quejoso promovió algún juicio relacionado con los actos aquí reclamados, y en caso afirmativo remitirán las constancias que apoyen ese informe, salvo que se trate de un juicio radicado en este juzgado. Si no se rinde informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Asimismo, se informa a las autoridades responsables que las notificaciones se les practicaran por lista, salvo las que por su trascendencia se les deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTOS Igualmente, se les informa que el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, otorga la facultad para imponerles una multa que va de cien a mil unidades de medida y actualización vigente en el país, en caso de que no rindan su informe justificado, o lo hagan sin remitir copia certificada de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Por otra parte, se comunica a las partes que en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, están obligadas a informar de inmediato a este juzgado federal cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento del quejoso, una vez que tengan conocimiento de ese hecho; apercibidas que en caso de incumplimiento se harán acreedoras a una multa, para el primer caso de treinta a trescientas unidades de medida y actualización vigente en el país, conforme lo establece el diverso numeral 251 y para el segundo de cincuenta a quinientas unidades, de conformidad con el arábigo 242, ambas disposiciones de la ley de la materia. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la radicación del juicio con copia simple de la demanda. PRUEBAS Asimismo, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como pruebas del quejoso las documentales que adjunta a su demanda de amparo, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. INFORMACIÓN GENERAL Se exhorta a las partes de conformidad con los artículos 22, fracción I, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a que de ser posible y tomando en consideración los avances tecnológicos, continúen con la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea". En la inteligencia que para ello, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este órgano jurisdiccional debe autorizar, para lo cual proporcionarán el nombre de usuario para el uso del sistema de los servicios en línea. Asimismo, se informa a las partes que de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del mencionado Acuerdo General 21/2020, tratándose de comunicaciones no procesales se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, por lo que se les invita para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrase y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. A su vez, se comunica a las autoridades que el correo electrónico oficial de este juzgado es el 8jdo21cto@correo.cjf.gob.mx, y que el número de teléfono es 744 435 19 00 extensión 1001, en un horario de las trece horas con quince minutos a las diecinueve horas con quince minutos de lunes a viernes, hasta en tanto se encuentre vigente el diverso Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Del mismo modo, se informa a las partes que acorde al numeral 3 del mencionado acuerdo general 21/2020, para la consulta del expediente de manera física previamente deberán generar una cita, para lo cual habrán de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema les proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita. En el entendido de que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No obstante lo anterior, en la entrada de la sede en que se encuentra este órgano jurisdiccional se habilitara una Oficialía de Partes Común para la recepción de promociones presentadas físicamente para el público en general y para quien carece de una cita, ello de conformidad con el artículo 12 del citado acuerdo general 21/2020. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en callejón de la Guinea, número 743, colonia Centro, en esta ciudad; y como su autorizado en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Armando Martínez Ayala, cuya cédula se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como profesional del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Franco Pantoja Lucero, por no cumplir con el requisito anterior, quedando a salvo su derecho para hacerlo con posterioridad. Asimismo, téngasele proporcionando el correo electrónico que señala, para los efectos del artículo 5, fracción I, en relación con el 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, para comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. SOLICITUD DE COPIA CERTIFICADA Como lo solicita el quejoso, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada del presente acuerdo, previa razón de recibido que obre para constancia legal, haciéndole la indicación que para ello deberá generar la cita correspondiente, en términos del numeral 3 del mencionado acuerdo general 21/2020. TRANSPARENCIA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese.

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