Ruben Reyes Pérez

Expediente 980/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
980/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
20/06/2023

Partes del expediente

  • Ruben Reyes Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    TÉNGASE POR RECIBIDO EL OFICIO DE CUENTA QUE REMITE VÍA ELECTRÓNICA LA JUEZ Y SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DEL CUAL, INFORMA QUE EL JUZGADO DE SU ADSCRIPCIÓN, SE AVOCÓ AL CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO QUE MOTIVÓ EL JUICIO 882/2021 DEL QUE DERIVA EL PRESENTE CUADERNO DE ANTECEDENTES EN QUE SE ACTÚA. REALÍCENSE ANOTACIONES. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN I, INCISO B), DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA, RESGUARDO Y DESTINO FINAL DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EN EL TÉRMINO DE SEIS MESES. AHORA BIEN, HÁGASE SABER PARA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL MULTICITADO ACUERDO QUE A CRITERIO DE ESTE JUZGADO, EL PRESENTE EXPEDIENTE NO CONTIENE INFORMACIÓN RESERVADA, DE RELEVANCIA DOCUMENTAL E HISTÓRICA. AHORA BIEN, DE LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE, SE ADVIERTE QUE NINGUNA DE LAS PARTES MANIFESTÓ OPOSICIÓN A QUE SUS DATOS PERSONALES SE PUBLIQUEN CON MOTIVO DE LAS CONSULTAS SOLICITADAS POR TERCEROS.

  2. Principal

    V I S T O, para resolver el juicio de amparo indirecto 2162/2019 promovido por Grupo Empresarial Frontal, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas Joel Isaías López Ramírez, contra actos del: Tribunal Unitario Agrario Número Dieciséis; Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Zapopan, Jalisco; Director del Catastro Municipal de Zapopan, Jalisco; Registro Agrario Nacional; Por considerarlos violatorios de las garantías y derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución General de la República; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. En escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, la quejosa aludida solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra los siguientes actos: "A) Tribunal Unitario Agrario número 16: "1.- La Resolución Definitiva de fecha 17 de enero del 2017, emitida en el expediente 580/2012, que califica de legal un convenio conciliatorio, en cuyo juicio no fue parte mi representada la cual afecta de modo irreparable sus derechos de propiedad. "B) Del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Zapopan: "1.- La cancelación de los asientos registrales en folios reales: "a) 2267058 a nombre de Cesar Arturo Velázquez Arellano y Yadira Guadalupe Arredondo Díaz: "b) 2253632 a nombre de Gonzalo Sandoval Salcedo y María de Lourdes Trejo Aguilar; "c) 2253721 a nombre de Gonzalo Sandoval Salcedo y María de Lourdes Trejo Aguilar; "d) 253615 a nombre de Gonzalo Sandoval Salcedo y María de Lourdes Trejo Aguilar. "2.- La inminente cancelación del asiento registral contenido en el folio real 815888 del cual es titular mi representada Grupo Empresarial Frontal S.A de C.V. "C) De la Dirección de Catastro Municipal de Zapopan, Jalisco: "1.- La cancelación de las siguientes cuentas prediales: "a) número 2889 a nombre de Gonzalo Sandoval Salcedo; "b) número 291639 a nombre de Jorge Alcaraz y/o Jorge Alejandro González Alcaraz; "c) número 291640 a nombre de David González Alcaraz y/o Adolfo David González Alcaraz; "d) número 291641 a nombre de Dolores Alcaraz y/o María Dolores Alcaraz. "2.- La inminente cancelación de la clave catastral 12024H1-300- 0005-0000 de la cual es titular mi representada Grupo Empresarial Frontal S.A de C.V. "D) Del Registro Agrario Nacional: "1.- La incorporación de tierras al ejido San Juan de Ocotán, polígono 13, con superficie de 29-27-25.651 has, según anexo técnico del acta de asamblea general de ejidatarios de 14 de noviembre de 2016, así como la asignación de la clave única catastral F13D65DI029A. "2.- La expedición de los certificados parcelarios siguientes: "a).- Parcela No. 454 "Titular: Sandoval Salcedo Gonzalo "Certificado parcelario: 000001031123 "Hectáreas: 3-87-15.976 "Folio: 14120005118041928R "Fecha de Acta de Asamblea: 14 de noviembre del 2016 "Fecha de expedición: 6 de julio de 2017. "b).- Parcela No. 455 "Titular: Wonchee Sandoval Xitlalitl "Certificado parcelario: 000001031124 "Hectáreas: 3-96-62.987 "Folio: 14120005118041928R "Fecha de Acta de Asamblea: 14 de noviembre del 2016 "Fecha de expedición: 6 de julio de 2017. "c).- Parcela No. 456 "Titular: Huerta Ramos Sabas "Certificado parcelario: 000001035317 "Hectáreas: 7-31-46.138 "Folio: 14120005118041928R "Fecha de Acta de Asamblea: 19 de octubre de 2017 "Fecha de expedición: 20 de diciembre de 2017. "d).- Parcela No. 457 "Titular: Miramontes Meza Alejandro "Certificado parcelario: 000001035318 "Hectáreas: 7-30-75.785 "Folio: 14120005118041928R "Fecha de Acta de Asamblea: 19 de octubre de 2017 "Fecha de expedición: 20 de diciembre de 2017. "e).- Parcela No. 458 "Titular: Avelar del Toro Carmen Alejandra "Certificado parcelario: 000001031125 "Hectáreas: 0-26-47.809 "Folio: 14120005118041928R "Fecha de Acta de Asamblea: 14 de noviembre de 2016 "Fecha de expedición: 28 de junio de 2017. "f).- Parcela No. 459 "Titular: Tena Meza Delia Esther "Certificado parcelario: 000001031126 "Hectáreas: 1-33-86.153 "Folio: 14120005118041928R "Fecha de Acta de Asamblea: 14 de noviembre de 2016 "Fecha de expedición: 28 de junio de 2017. "g).- Parcela No. 460 "Titular: Valdez Martínez Mariana "Certificado parcelario: 000001031127 "Hectáreas: 1-33-86.153 "Folio: 14120005118041928R "Fecha de Acta de Asamblea: 14 de noviembre de 2016 "Fecha de expedición: 28 de junio de 2017. "h).- Parcela No. 461 "Titular: Trejo Aguilar María de Lourdes Gloria "Certificado parcelario: 000001031129 "Hectáreas: 3-87-15.981 "Folio: 14120005118041928R "Fecha de Acta de Asamblea: 14 de noviembre de 2016 "Fecha de expedición: 28 de junio de 2019." SEGUNDO. Turnada que fue la demanda a este órgano jurisdiccional, previo desahogo de prevención, se admitió en auto de catorce de octubre dos mil diecinueve, a la cual le fue asignado el registro 2162/2019; las autoridades señaladas como responsables rindieron su informe con justificación; se dio intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; TERCERO. Por escrito presentado el dieciséis de diciembre siguiente, la quejosa presentó ampliación de demanda en la que señaló: "III.- Autoridades responsables "A. Registro Agrario Nacional. "B. Director del Catastro Municipal de Zapopan. "C. Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Zapopan. "IV.- Actos Reclamados: "A. Del Registro Agrario Nacional, la expedición de los títulos de dominio pleno siguientes: "a. Título de dominio pleno 1002498 otorgado a Carmen Alejandra Avelar del Toro, sobre la parcela 458; "b. Título de dominio pleno 1002497 otorgado a Delia Esther Tena Meza, sobre la parcela 459; "c. Título de dominio pleno 1002552 otorgado a Mariana Valdés Martínez, sobre la parcela 460; "d. Título de dominio pleno 1002551 otorgado a María de Lourdes Gloria Trejo Aguilar, sobre la parcela 461; "e. Título de dominio pleno 1002550 otorgado a Gonzalo Sandoval Salcedo, sobre la parcela 454; "f. Título de dominio pleno 1002554 otorgado a Xitlalitl Wonche Sandoval, sobre la parcela 455. "B. Del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Zapopan: "A. La inscripción de los títulos de dominio pleno descritos en los incisos "a" al "f" actos reclamados la autoridad responsable "A. Registro Agrario Nacional". "C. De la Dirección de Catastro Municipal de Zapopan, Jalisco: A. la asignación de cuenta predial e inscripción de clave catastral de los Títulos de Dominio Pleno descritos en los incisos "a" al "f" actos reclamados la autoridad responsable "A. Registro Agrario Nacional". CUARTO. Mediante auto de veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, el entonces Juez de Distrito sobreseyó fuera de audiencia. Inconforme Joel Isaías López Ramírez, como representante legal de la quejosa, interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien al resolver la revisión principal 71/2020, en sesión de quince de enero de dos mil veintiuno, determinó revocar la resolución que sobreseyó fuera de audiencia, y continuar con la secuencia del procedimiento en el juicio de amparo. QUINTO. En cumplimiento a lo ordenado, en proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó continua con la secuela procesal de este asunto. SEXTO. En auto de once de agosto de dos mil veintiuno, se hizo de conocimiento de las partes el cambio de adscripción del Titular este órgano jurisdiccional al licenciado Carlos Calderón Espíndola. SÉPTIMO. Finalmente, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se celebró en los términos a que se contrae el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es competente para conocer del presente juicio, conforme a los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 37 y 107 fracción I, ambos de la Ley de Amparo y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de un amparo en materia civil ejecutado por autoridades residentes en la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito, de conformidad al artículo 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. A fin de colmar los extremos previstos por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a identificar el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, el cual se obtiene de un estudio minucioso a la demanda de amparo y sus anexos, pues es necesario analizar, interpretar y valorar todo lo expuesto por el peticionario de la acción de amparo, a efecto de obtener lo que el quejoso dijo o quiso decir, no solo lo que en apariencia manifestó por lo que deben armonizarse los datos que se deriven, inclusive, del informe con justificación; ello, se insiste, con la finalidad de determinar cuál es el acto que incide en la esfera jurídica del particular y que fundan el reclamo constitucional. Ello, tal como se obtiene de la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el registro digital 181810, Materias Común, Novena Época, Tomo: Tomo XIX, Abril de 2004, Página 255, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En esa medida, del análisis integral de los datos que derivan de la demanda y del sumario en que se actúa, se desprende que el acto que materializa el perjuicio jurídico que el impetrante hace valer en sede constitucional, consiste en: Del Tribunal Unitario Agrario número 16: La resolución definitiva de fecha diecisiete de enero del diecisiete, emitida en el expediente 580/2012, que califica de legal un convenio conciliatorio. Del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Zapopan: La cancelación de los asientos registrales en folios reales: a) 2267058 a nombre de Cesar Arturo Velázquez Arellano y Yadira Guadalupe Arredondo Díaz: b) 2253632 a nombre de Gonzalo Sandoval Salcedo y María de Lourdes Trejo Aguilar; c) 2253721 a nombre de Gonzalo Sandoval Salcedo y María de Lourdes Trejo Aguilar; d) 253615 a nombre de Gonzalo Sandoval Salcedo y María de Lourdes Trejo Aguilar. e) La inminente cancelación del asiento registral contenido en el folio real 815888 del cual es titular Grupo Empresarial Frontal, sociedad anónima de capital variable. f) La inscripción de los títulos de dominio pleno 1002498, 1002497, 1002552, 1002551, 1002550 y 1002554. De la Dirección de Catastro Municipal de Zapopan, Jalisco: La cancelación de las siguientes cuentas prediales: f) número 2889 a nombre de Gonzalo Sandoval Salcedo; g) número 291639 a nombre de Jorge Alcaraz y/o Jorge Alejandro González Alcaraz; h) número 291640 a nombre de David González Alcaraz y/o Adolfo David González Alcaraz; i) número 291641 a nombre de Dolores Alcaraz y/o María Dolores Alcaraz. j) La inminente cancelación de la clave catastral 12024H1-300- 0005-0000 del cual es titular Grupo Empresarial Frontal, sociedad anónima de capital variable. k) La asignación de cuenta predial e inscripción de clave catastral de los Títulos de Dominio Pleno 1002498, 1002497, 1002552, 1002551, 1002550 y 1002554. Del Registro Agrario Nacional: l) La incorporación de tierras al ejido San Juan de Ocotán, polígono 13, con superficie de 29-27-25.651 hectáreas, así como la asignación de la clave única catastral F13D65DI029A. m) La expedición de los certificados parcelarios siguientes: 000001031123, 000001031124, 000001035317, 000001035318, 000001031125, 000001031126, 00000103112, 000001031129 n) La expedición de los títulos de dominio pleno siguientes: a. Título de dominio pleno 1002498 otorgado a Carmen Alejandra Avelar del Toro, sobre la parcela 458; b. Título de dominio pleno 1002497 otorgado a Delia Esther Tena Meza, sobre la parcela 459; c. Título de dominio pleno 1002552 otorgado a Mariana Valdés Martínez, sobre la parcela 460; d. Título de dominio pleno 1002551 otorgado a María de Lourdes Gloria Trejo Aguilar, sobre la parcela 461; e. Título de dominio pleno 1002550 otorgado a Gonzalo Sandoval Salcedo, sobre la parcela 454; f. Título de dominio pleno 1002554 otorgado a Xitlalitl Wonche Sandoval, sobre la parcela 455. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados al Tribunal Unitario Agrario Número Dieciséis, Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Jalisco, Director del Catastro Municipal de Zapopan, Jalisco, y Registro Agrario Nacional; así lo manifestaron al rendir sus informes con justificación. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 231 del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1971-2000, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." La existencia de los actos reclamados a las precitadas autoridades se corrobora con las constancias allegadas al presente juicio por las autoridades en apoyo a su informe, las cuales se les reconoce pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2° de la Ley de Amparo, dado que ostentan el sello y la firma de una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Para una mejor comprensión del asunto, se considera necesario destacar los siguientes antecedentes: Por escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil doce, los Integrantes del Comisariado Ejidal del Poblado de San Juan de Ocotàn, municipio de Zapopan, demando de César Arturo Velázquez Arrellano, Yadira Guadalupe Arredondo Díaz, Gonzalo Sandoval Salcedo y María de Lourdes Trejo Aguilar, la restitución de dos fracciones de terreno ejidal que se ubica al oriente del poblado de San Juan de Ocotàn, la primera denominada "La Mesa del Guayabo", con superficie registral aproximada de 17-39-63 diecisiete hectáreas, treinta y nueve áreas y sesenta y tres centiáreas, y la segunda integrada de tres fracciones aproximadas de 1-68-00 una hectáreas, sesenta y ocho áreas y cero centiáreas cada una, del predio denominado "El Prado", una superficie registral aproximada en su conjunto de 5-04-00 cinco hectáreas, cuatro áreas, cero centiáreas; conforme a las medidas y colindancias que se establecen en las escrituras publicadas número 4075, 6707, 6708, 6709, la primera de fecha veinticuatro de julio de dos mil nueve, y las tres restantes de veintiséis de diciembre de dos mil siete. La citada demanda fue admitida en proveído de veintisiete de febrero de dos mil doce, por el Tribunal Agrario de Distrito 15, quien la registró bajo el número de expediente 94/15/2012. En cumplimiento al acuerdo del Tribunal Superior Agrario, el citado expediente fue remitido al Tribunal Agrario de Distrito 16, quien se avocó al conocimiento de la misma y la registró bajo el número de expediente 580/16/2013. Seguido el juicio, el ocho de mayo de dos mil trece, se desahogó la audiencia prevista en el numeral 185 de la Ley Agraria, en la cual la parte actora ratificó su demanda, por su parte los demandados reconvinieron en contra del ejido actor, opusieron sus excepciones y ofrecieron las pruebas. En acuerdo dictado el doce de diciembre de dos mil dieciséis, las partes celebraron convenio conciliatorio. Por resolucion de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, se calificó y aprobó de legal el convenio suscrito por la asamblea general de ejidatarios del poblado de San Juan de Ocotàn, municipio de Zapopan, y su contraparte César Arturo Velázquez Arrellano, Yadira Guadalupe Arredondo Díaz, Gonzalo Sandoval Salcedo y María de Lourdes Trejo Aguilar, se elevó a categoría de sentencia ejecutoriada y se ordenó al Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, la cancelación de los folios real número 2267058 a nombre de César Arturo Velázquez Arrellano y Yadira Guadalupe Arredondo Díaz; 2253632 a nombre de Gonzalo Sandoval Salcedo y María de Lourdes Trejo Aguilar; 2253721 abierto a nombre de Gonzalo Sandoval Salcedo y María de Lourdes Trejo Aguilar; así como el 253615 a nombre de Gonzalo Sandoval Salcedo y María de Lourdes Trejo Aguilar. De igual forma, se ordenó a la Dirección de Catastro Municipal de Zapopan, Jalisco, la cancelación de la cuenta predial 28889 a nombre de Gonzalo Sandoval Salcedo, así como las diversas 291639 a nombre de Jorge González Alcaraz y/o Jorge Alejandro González Alcaraz, 291640 a nombre de David González Alcaraz y/o Adolfo David González Alcaraz, la cuenta predial 291641 a nombre de Dolores Alcaraz Frausto y/o María Dolores Alcaraz Frausto. Así, del documento se desprende que las partes convinieron lo siguiente: Los demandados César Arturo Velázquez Arrellano, Yadira Guadalupe Arredondo Díaz, Gonzalo Sandoval Salcedo y María de Lourdes Trejo Aguilar, reconocieron que la superficie reclamada se encuentra dentro del perímetro ejidal del núcleo actor, por lo que entregaron de forma voluntaria la posesión material y legal de la superficie de 29-27-37.376 hectáreas reclamadas en dicho asunto, y a su vez el comisariado ejidal en representación de la asamblea general de ejidatarios recibió dicha posesión. QUINTO. No se analizará el fondo del juicio por actualizarse de oficio una causal de improcedencia cuyo estudio es preferente por ser de orden público por así establecerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la Jurisprudencia cuyo texto señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Se debe sobreseer en el juicio de garantías con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, puesto que se actualiza la hipótesis de improcedencia que prevé el arábigo 61, fracción XII, en relación con el 5°, ambos de la invocada ley de la materia, en virtud de que según se expondrá, los elementos de convicción aportados por la parte quejosa en su carácter de tercero extraño al procedimiento del que derivan los actos reclamados, son insuficientes para justificar el derecho a poseer a título de propietario que aduce tener. 1. La quejosa reclama en su carácter de tercero extraño al juicio de origen, la resolución definitiva de fecha diecisiete de enero del diecisiete, emitida en el expediente 580/2012, del índice del Tribunal Unitario Agrario número 16, que califica de legal un convenio conciliatorio, en cuyo juicio no fue parte, así como sus consecuencias jurídicas. En efecto, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Asimismo, el artículo 5 de la Ley de Amparo, en su fracción I, dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De la transcripción anterior, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º, de la Ley de Amparo, y contra normas generales que por su sola entrada en vigor no afecten los intereses apuntados, sino que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Sobre estos conceptos, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: Ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad -interés jurídico-; o, En caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución establece la posibilidad de aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. El interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Asimismo, el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Por ello, el Alto Tribunal determinó que para demostrar el interés legítimo se requiere la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Además, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal. Lo antes expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, de noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página 60, cuyo epígrafe y sinopsis son los siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas.". En la especie, la parte quejosa estima violadas en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en su carácter de tercera extraña al procedimiento, reclama, en esencia, el hecho de que en el juicio natural del cual derivan los actos reclamados, se le está privando del derecho de propiedad y posesión que ejerce sobre el predio con una superficie de 10,000 m2 diez mil metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias "AL NORTE: en 100.00 metros con resto del inmueble del que se desprende la fracción vendida; AL SUR: en 100.00 con propiedad particular; AL ORIENTE: en 100.00 con propiedad particular y camino de por medio; AL PONIENTE: en 100.00 con propiedad particular.", con clave catastral 12024H1-300-0005-0000, sin haberla llamado a dicho procedimiento. Ahora bien, el procedimiento agrario 580/16/2013 del índice del Tribunal Agrario de Distrito 16, fue promovido por los Integrantes del Comisariado Ejidal del Poblado de San Juan de Ocotàn, contra de César Arturo Velázquez Arrellano, Yadira Guadalupe Arredondo Díaz, Gonzalo Sandoval Salcedo y María de Lourdes Trejo Aguilar, en el cual se reclamó la restitución de dos fracciones de terreno ejidal que se ubica al oriente del poblado de San Juan de Ocotàn, la primera denominada "La Mesa del Guayabo", con superficie registral aproximada de 17-39-63 diecisiete hectáreas, treinta y nueve áreas y sesenta y tres centiáreas, y la segunda integrada de tres fracciones aproximadas de 1-68-00 una hectáreas, sesenta y ocho áreas y cero centiáreas cada una, del predio denominado "El Prado", una superficie registral aproximada en su conjunto de 5-04-00 cinco hectáreas, cuatro áreas, cero centiáreas. En ese sentido, al no haber sido señalada la moral quejosa como parte demandada en el juicio natural, ni seguirse la litis en su contra, por haberse demandado y seguido en contra de César Arturo Velázquez Arrellano, Yadira Guadalupe Arredondo Díaz, Gonzalo Sandoval Salcedo y María de Lourdes Trejo Aguilar, que es quien se encuentra legitimada para defender los intereses que en dicho juicio se dirimieron, es que se actualiza la hipótesis de improcedencia en estudio; pues las partes en ese juicio, según quedó precisado con antelación, son las únicas facultadas, cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos por la actuación de la autoridad, para acudir ante el órgano jurisdiccional federal demandando el cese de esa violación. Cobra aplicación por las razones jurídicas que la ilustran, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, agosto de 2005, página 1513, de rubro y texto: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo". Consecuentemente, al actualizarse, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. 2. Por otra parte, respecto del acto reclamado en el cual la quejosa refiere que el predio de su propiedad con una superficie de 10,000 m2 diez mil metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias "AL NORTE: en 100.00 metros con resto del inmueble del que se desprende la fracción vendida; AL SUR: en 100.00 con propiedad particular; AL ORIENTE: en 100.00 con propiedad particular y camino de por medio; AL PONIENTE: en 100.00 con propiedad particular.", con clave catastral 12024H1-300-0005-0000, se encuentra dentro de la parcela 457, y del polígono 13 del ejido San Juan de Ocotán, el cual, menciona fue afectado con la resolucion dictada en el juicio agrario 580/16/2013 del índice del Tribunal Agrario de Distrito 16, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, esto, en atención a que el quejoso carece de interés jurídico para reclamar los actos reclamados, por las siguientes razones. Precisado lo anterior, es importante establecer que para efectos del juicio de amparo existen dos tipos de terceros extraños, esto es, en estricto sentido y por equiparación. En ese orden, el tercero extraño a juicio en estricto sentido - supuesto en el que se encuentra el quejoso-, es la persona física o moral que no figura en el juicio o en el procedimiento (del que emana el acto reclamado) como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa, por desconocer totalmente las actuaciones relativas. Mientras que el tercero extraño a juicio por equiparación, es la persona que promueve juicio de amparo por no haber sido emplazada al juicio en el que debió ser parte, o en virtud de que fue citada al mismo en forma distinta de la prevenida en la ley, lo que ocasiona el desconocimiento total del juicio. Así, dicho tercero es el sujeto que, formando parte de la controversia de la que emana el acto reclamado, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado, y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Apoya al tema la tesis jurisprudencial: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación". (Época: Novena Época. Registro: 177771. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Julio de 2005. Materia(s): Común. Tesis: VII.2o.C. J/21. Página: 1305). Ahora bien, a efecto de acreditar que el predio que la quejosa defiende como de su propiedad, se encuentra dentro de la parcela 457, mismos que a su vezrefiere se encuentran dentro del polígono 13 del ejido de San Juan de Ocotàn, ofreció como medio probatorio la prueba pericial en materia de topografía. Cabe precisar que la prueba idónea para acreditar el elemento identidad de un bien inmueble, es la pericial en materia topográfica, pues es la ideal para determinar si el predio controvertido se encuentra dentro de la superficie manifestada por la contraparte y así poder precisar cuál es esa área. La citada prueba fue admitida en proveído de dieciocho de enero de dos mil veintidós, posteriormente, en auto de veintiséis de enero de ese mismo año, se tuvo a la tercera interesada Xitlalitl Wonchee Sandoval, ampliando el cuestionario propuesto por la parte quejosa y manifestando que se adhiere a la pericial que en su oportunidad emita el perito oficial. Por auto de once de marzo de dos mil veintidós, el perito de la parte quejosa David Sánchez Peña, emitió su respectivo dictamen, mismo que ratificó el veintidós de marzo siguiente. Por su parte, en auto de treinta y uno de enero de dos mil vientres, el perito oficial José Refugio Oliden Tornero, emitió y ratificó el dictamen que le fue encomendado. Luego, como cuestión previa a dilucidar en el presente juicio de protección de derechos fundamentales, lo que procede es verificar lo relativo a los dictámenes periciales rendidos por el perito de la parte quejosa, así como el diverso emitido por el perito oficial. El artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo prevé: "La sentencia debe contener: [.] III. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio; [.].". Por su parte, el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en materia de amparo, establece: "El valor de la prueba pericial quedará a la prudente apreciación del tribunal." Énfasis añadido. En torno a la valoración de la pericial los tribunales de amparo han sido consistentes en el criterio de que si bien es cierto se trata de un medio de prueba que no está sujeto al método legal o tasado, sino que es de libre apreciación por parte del juzgador, tal apreciación debe estar regida por la sana critica, es decir, el juez debe ejercer un prudente arbitrio, ya que no está exento de exponer las razones del por qué el resultado de la pericial le produce o no convicción respecto del tema debatido, pues debe respetar el principio de legalidad mediante la exposición de los argumentos que lo conduzcan a una u otra conclusión, con independencia de que las partes objeten o no los dictámenes. Ese criterio se sostiene en, entre otras, las siguientes jurisprudencias: "PRUEBA PERICIAL. SU VALORACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 151, párrafo último, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, establece que la prueba pericial será calificada por el Juez según prudente estimación, lo que significa que, para su valoración, no está sujeto a un método legal o tasado, sino que es libre, lo que no implica que la que lleve a cabo esté exenta de una exposición razonada que desarrolle las conclusiones a las que arribe, porque ese ejercicio de razonabilidad, que involucra la valoración de una prueba pericial según su prudente estimación, también exige el respeto al principio de legalidad que obliga, en el ejercicio jurisdiccional, a motivar las conclusiones que expliquen por qué el dictamen pericial provoca convicción para el dictado de la sentencia, por lo que sólo llevando a cabo el ejercicio que se indica podrá calificarse como debidamente valorada una prueba pericial en el juicio de amparo". "DICTÁMENES PERICIALES NO OBJETADOS. SU VALORACIÓN. En relación con la facultad de los Jueces para apreciar las pruebas, la legislación mexicana adopta un sistema mixto de valoración, pues si bien concede arbitrio judicial al juzgador para apreciar ciertos medios probatorios (testimoniales, periciales o presuntivos), dicho arbitrio no es absoluto, sino restringido por determinadas reglas. En tal virtud, el hecho de que no se objete algún dictamen pericial exhibido en autos, no implica que éste necesariamente tenga valor probatorio pleno, pues conforme al principio de valoración de las pruebas, el juzgador debe analizar dicha probanza para establecer si contiene los razonamientos en los cuales el perito basó su opinión, así como las operaciones, estudios o experimentos propios de su arte que lo llevaron a emitir su dictamen, apreciándolo conjuntamente con los medios de convicción aportados, admitidos y desahogados en autos, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo los fundamentos de su valoración y de su decisión. Por tanto, la falta de impugnación de un dictamen pericial no impide al Juez de la causa estudiar los razonamientos técnicos propuestos en él, para estar en posibilidad de establecer cuál peritaje merece mayor credibilidad y pronunciarse respecto de la cuestión debatida, determinando según su particular apreciación, la eficacia probatoria del aludido dictamen". Para ejercer en forma prudencial y con base en la sana crítica la valoración de la pericial, es decir, para realizar la prudente apreciación a que se refiere el numeral 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el juzgador debe atender las reglas que se precisan en la jurisprudencia I.3o.C. J/33, que este Tribunal comparte, la cual dice: "PRUEBA PERICIAL, VALORACIÓN DE LA. SISTEMAS. En la valoración de las pruebas existen los sistemas tasados o legales y pruebas libres, o de libre convicción. Las pruebas legales son aquellas a las que la ley señala por anticipado la eficacia probatoria que el juzgador debe atribuirles. Así, el Código de Comercio en sus artículos 1287, 1291 a 1294, 1296, 1298 a 1300, 1304 y 1305, dispone que la confesión judicial y extrajudicial, los instrumentos públicos, el reconocimiento o inspección judicial y el testimonio singular, hacen prueba plena satisfechos diversos requisitos; que las actuaciones judiciales, los avalúos y las presunciones legales hacen prueba plena, y que el documento que un litigante presenta, prueba plenamente en su contra. Por otra parte, las pruebas de libre convicción son las que se fundan en la sana crítica, y que constituyen las reglas del correcto entendimiento humano. En éstas interfieren las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del Juez, que contribuyen a que pueda analizar la prueba con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. Esos principios se encuentran previstos en el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al establecer que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica y de su decisión. De modo que salvo en aquellos casos en que la ley otorga el valor probatorio a una prueba, el Juez debe decidir con arreglo a la sana crítica, esto es, sin razonar a voluntad, discrecionalmente o arbitrariamente. Las reglas de la sana crítica consisten en su sentido formal en una operación lógica. Las máximas de experiencia contribuyen tanto como los principios lógicos a la valoración de la prueba. En efecto, el Juez es quien toma conocimiento del mundo que le rodea y le conoce a través de sus procesos sensibles e intelectuales. La sana crítica es, además de la aplicación de la lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia de que todo hombre se sirve en la vida. Luego, es necesario considerar en la valoración de la prueba el carácter forzosamente variable de la experiencia humana, tanto como la necesidad de mantener con el rigor posible los principios de la lógica en que el derecho se apoya. Por otra parte, el peritaje es una actividad humana de carácter procesal, desarrollada en virtud de encargo judicial por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por su experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o científicos y mediante la cual se suministran al Juez argumentos y razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos, también especiales, cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente y requieren esa capacidad particular para su adecuada percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus causas y de sus efectos o, simplemente, para su apreciación e interpretación. Luego, la peritación cumple con una doble función, que es, por una parte, verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común del Juez y de la gente, sus causas y sus efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos, para formar la convicción del Juez sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. Por otra parte, en materia civil o mercantil el valor probatorio del peritaje radica en una presunción concreta, para el caso particular de que el perito es sincero, veraz y posiblemente acertado, cuando es una persona honesta, imparcial, capaz, experta en la materia de que forma parte el hecho sobre el cual dictamina que, además, ha estudiado cuidadosamente el problema sometido a su consideración, ha realizado sus percepciones de los hechos o del material probatorio del proceso con eficacia y ha emitido su concepto sobre tales percepciones y las deducciones que de ellas se concluyen, gracias a las reglas técnicas, científicas o artísticas de la experiencia que conoce y aplica para esos fines, en forma explicada, motivada, fundada y conveniente. Esto es, el valor probatorio de un peritaje depende de si está debidamente fundado. La claridad en las conclusiones es indispensable para que aparezcan exactas y el Juez pueda adoptarlas; su firmeza o la ausencia de vacilaciones es necesaria para que sean convincentes; la lógica relación entre ellas y los fundamentos que las respaldan debe existir siempre, para que merezcan absoluta credibilidad. Si unos buenos fundamentos van acompañados de unas malas conclusiones o si no existe armonía entre aquéllos y éstas o si el perito no parece seguro de sus conceptos, el dictamen no puede tener eficacia probatoria. Al Juez le corresponde apreciar estos aspectos intrínsecos de la prueba. No obstante ser una crítica menos difícil que la de sus fundamentos, puede ocurrir también que el Juez no se encuentre en condiciones de apreciar sus defectos, en cuyo caso tendrá que aceptarla, pero si considera que las conclusiones de los peritos contrarían normas generales de la experiencia o hechos notorios o una presunción de derecho o una cosa juzgada o reglas elementales de lógica, o que son contradictorias o evidentemente exageradas o inverosímiles, o que no encuentran respaldo suficiente en los fundamentos del dictamen o que están desvirtuadas por otras pruebas de mayor credibilidad, puede rechazarlo, aunque emane de dos peritos en perfecto acuerdo. Por otra parte, no basta que las conclusiones de los peritos sean claras y firmes, como consecuencia lógica de sus fundamentos o motivaciones, porque el perito puede exponer con claridad, firmeza y lógica tesis equivocadas. Si a pesar de esta apariencia el Juez considera que los hechos afirmados en las conclusiones son improbables, de acuerdo con las reglas generales de la experiencia y con la crítica lógica del dictamen, éste no será conveniente, ni podrá otorgarle la certeza indispensable para que lo adopte como fundamento exclusivo de su decisión, pero si existen en el proceso otros medios de prueba que lo corroboren, en conjunto podrán darle esa certeza. Cuando el Juez considere que esos hechos son absurdos o imposibles, debe negarse a aceptar las conclusiones del dictamen". Énfasis añadido. De las jurisprudencias citadas se desprenden las siguientes premisas respecto de la prueba pericial: i).Se trata de una prueba de libre convicción, pues la ley no tasa su rango probatorio, por lo que en su análisis debe imperar la sana crítica, la lógica y las reglas de la experiencia del juzgador, lo cual descarta que éste acoja en forma automática las conclusiones de los peritos y que atienda necesariamente a si existe coincidencia en esas conclusiones por la mayoría de los diestros, pues lo que debe hacer es examinar cada dictamen en función de sus propios méritos, es decir, de los argumentos y razones que cada perito exponga y que objetivamente le generen convicción. ii). Para que un dictamen pericial pueda ser estimado por el juez, debe ser auténticamente ilustrativo, de manera que constituya un auxilio eficaz en su función de resolver fundada y motivadamente sobre el hecho debatido. iii). Para que produzca efectos legales, debe cumplir con los requisitos que la normatividad aplicable establezca, de lo contrario será una prueba imperfecta. iv). El valor probatorio de un peritaje depende, también, de que esté debidamente fundado. v). La claridad en las conclusiones es indispensable para que aparezcan exactas ante el juez y pueda adoptarlas para sí; su firmeza o la ausencia de vacilaciones permite que sean convincentes; la lógica, su relación entre las conclusiones y los fundamentos que las respaldan deben existir siempre, para que merezcan absoluta credibilidad. Ahora bien, en el presente asunto, los dictámenes rendidos por el perito de la parte quejosa así como el diverso rendido por el perito oficial, presentan conclusiones no coincidentes, pues mientras el primero ubicó gráficamente el bien inmueble del cual la parte quejosa ostenta propiedad, el segundo refirió que no le fue posible su localización. Así, a efecto de atender el imperativo que deriva del marco jurídico invocado, y analizar las opiniones de los peritos en mención, en la parte que interesa, se procede hacer el siguiente análisis: Pregunta 1. "1. Determine la ubicación geográfica del inmueble consistente en: Fracción central del predio rustico (anteriormente), urbano (actualmente), denominado "" ubicado a inmediaciones del poblado de San Juan de Ocotán municipio de Mesa del Guayabo Zapopan, Jalisco, con superficie aproximada de 10,000 m2, Propiedad de Grupo Empresarial Frontal S.A. de C.V. Con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 100.00 metros con resto del inmueble del que se desprende la fracción vendida; AL SUR: en 100.00 con propiedad particular; AL ORIENTE: en 100.00 con propiedad particular y camino de por medio; AL PONIENTE: en 100.00 con propiedad particular. Cuya clave catastral es la 12024H1-300-0005-0000, de la cuenta 2114011038, del Catastro Municipal de Zapopan, Jalisco, registrado ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Zapopan, con el folio real 815888. " Perito de la quejosa David Sánchez Peña Perito oficial José Refugio Oliden Tornero RESPUESTA.- Con fecha 5 de marzo del presente año, me presenté en el predio denominado "Mesa del Guayabo" Cuya clave catastral es la 12024hl-300-0005-0000, de la cuenta 2114011038, del Catastro Municipal de Zapopan, Jalisco, registrado ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Zapopan, con el folio 815888. El cual, en su parte norte y oeste, está delimitado por una barda perimetral de material pétreo iniciando la medición a partir de la unión de las dos bardas perimetrales, que se encuentra precisamente aliado Norte-Oeste del predio numerando el vértice como "1" uno, partiendo de ahí hacia el este en una distancia de 120.144 metros, siguiendo la barda norte, hasta llegar donde inicia una malla ciclónica donde se ubicó el vértice número 2, de este punto partimos hacia el sur, siguiendo la malla ciclónica hasta una distancia de 100.502 metros enumerando el vértice como número "3" tres, de ahí hacia el este siguiendo la malla ciclónica, en una distancia de 113.736 metros hasta el vértice número "4" cuatro, para finalmente recorrer la distancia de 99.881 metros hacia el norte por barda perimetral hasta encontrar el vértice número "1" uno. El cual forma un cuadrado de aproximadamente 11,710.229 m'. RESPUESTA. A la cuestión que nos ocupa, manifiesto que, con elementos técnicos de identificación, como lo son, su extensión superficial aproximada de 10,000 m2 diez mil metros cuadrados, con las medidas y linderos descritos en la presente pregunta, no es posible ubicar geográficamente el inmueble nombrado como: Fracción central del predio rustico (anteriormente), urbano (actualmente), denominado "Mesa del Guayabo" ubicado a inmediaciones del poblado de San Juan de Ocotán municipio de Zapopan, Jalisco, esto es así, ya que no se conoce el resto de la propiedad, tal y como lo señala su viento norte al ludir que linda con el "resto del inmueble del que se desprende la fracción vendida"; aunado que por sus otros vientos (sur y poniente), aluden lindar con "propiedad particular ", y el viento oriente alude lindar con " propiedad particular y camino de por medio ", con camino de por medio el viento oriente. Ahora bien, suponiendo sin conceder que dicho inmueble, (sin que el suscrito con ello afirme que es el que ampara la escritura pública número 13,292 trece mil doscientos noventa y dos, de fecha 30 treinta de diciembre de 2014 dos mil catorce, ante la fe del Licenciado Ernesto Negrete Páez, Notario Público Número 11 once de la municipalidad de Zapopan, Jalisco, que contienen la PROTOCOLIZACIÓN del Acta levantada con motivo de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada "GRUPO EMPRESARIAL FRONTAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en el que se estipuló la aportación en especie que hizo Erick Ávalos Valencia, respecto del inmueble descrito en la presente pregunta, así como su antecedente la Escritura Pública número 91,749 noventa y un mil setecientos cuarenta y nueve, de fecha 31 treinta y uno de diciembre de 2012 dos mil doce, otorgada ante la de fe del Licenciado Sergio Alejandro López Rivera, notario público titular de la notaría número 64 sesenta y cuatro de Guadalajara, Jalisco).es decir: la Fracción central del predio rustico (anteriormente), urbano (actualmente), denominado "Mesa del Guayabo" ubicado a inmediaciones del poblado de San Juan de Ocotán municipio de Zapopan, Jalisco, con superficie aproximada de 10,000 m2, lo fuera el que tienen en posesión, y el que fue objeto de levantamiento topográfico y que se señala en el dictamen del perito designado por la parte quejosa en el presente juicio, conforme al plano de levantamiento topográfico, cuya poligonal presento ilustrada en color AZUL en el plano que elaboré a escala 1: 1,500 sobre imagen satelital de la zona, en el que señalo medidas y colindancias, así como su respectivo cuadro de construcción, en el que señalo los puntos o vértices, rumbos, distancias y coordenadas en el sistema Universal de Transversa de Mercator, mejor conocidas por sus siglas UTM, en el Datúm de proyección geodésico ITRF, a continuación adjunto imagen del plano que elaboré: IMAGEN Ahora bien, es importante aclarar y así lo aclaro, que, conforme al oficio número ST/0601/2019 de fecha 28 de octubre de 2019, que suscribe la Lic. María de los Ángeles Ponce Magos encargada de la Delegación Oficio GJ/701/2019, dirigido a Grupo Empresarial Frontal S. A de V. V, fue localizado por el Ingeniero Roque Bejines Sevilla, del Área de Catastro Rural y Asistencia Técnica de la Delegación del Registro Agrario Nacional, quien tal y como se desprende de su informe, sólo ingresó las coordenadas insertas en el cuadro de construcción contenido en el plano topográfico que le fue proporcionado por el interesado GRUPO EMPRESARIAL FRONTAL SA DE CV, en el mosaico de ejidos y comunidades regularizados, sin que ello constituya una identificación plena del inmueble denominado "Mesa del Guayabo", ni mucho menos que se esté determinando con dicho informe de dicho diestro, que el predio que localizó en el mosaico y del cual anexa un croquis sin escala, sea el que se refiere y que ampara las escrituras públicas 13,292 y 91,749 exhibidas en autos. En atención a su similar con número 14190018789 de fecha 25 de octubre del año en curso, por medio del cual solicita información, respecto al predio rústico "MESA DEL GUAYABO", localizado en el municipio de Zapopan, Jalisco , al respecto le informo que se instruyó al Ingeniero Roque Bejines Sevilla del Área de Catastro Rural y Asistencia Técnica de esta delegación, a mi cargo, para que realizar a la Investigación correspondiente, adjuntando al presente oficio signado por el profesionista en donde detalla lo concerniente al predio en comento". Entonces también tuve a la vista el informe de dicho profesionista ingeniero Roque Bejines Sevilla, de fecha 28 de octubre de 2019, mismo que dirige a la Lic. María de los Ángeles Ponce Magos, Encargada de la Delegación por Oficio DJ/701/2019, en el que señala lo siguiente: "Por este conducto y en atención a sus instrucciones respecto a dar contestación a la solicitud con número 14190018789 de fecha 25 de octubre del año en curso, signa do por el GRUPO EMPRESARIAL FRONTAL SA DE CV, por medio del cual solicita información respecto al predio rústico denominado "MESA DEL GUAYABO", localizado en el municipio de Zapopan, Jalisco, al respecto le informo: De acuerdo a la información proporcionada por el interesado, inserté las coordenadas UTM contenidas en el cuadro de construcción del plano topográfico motivo de la presente constancia, en el mosaico de ejidos y comunidades regularizados en el marco del artículo 56 de la ley agraria y encontré que dicho predio se localiza DENTRO de las tierras del ejido "SAN JUAN DE OCOTÁN", municipio de Zapopan, Jalisco, particularmente dentro del polígono 13 , parcela número 457, de la cual se expidió certificado parcelario número 1035318, en favor de Alejandro Miramontes Meza , como se puede apreciar en el anexo topográfico sin escala que adjunto." (SIC) A continuación, insertó imágenes de dicho oficio que incluye el informe del ingeniero Roque Bejines Sevilla y croquis adjunto. IMAGEN Pregunta 2. Determine la ubicación geográfica de la parcela 457 del Ejido San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco. Perito de la quejosa Perito oficial RESPUESTA. - Acto seguido, después de identificar, mediante coordenadas UTM el predio "Mesa del Guayabo", se procedió a identificar la parcela 457 mediante plano proporcionado por el REGISTRO AGRARIO NACIONAL, donde se procedió, con un equipo de GPS RTK, a localizar cada uno de los vértices contenidos en el CUADRO DE CONSTRUCCIÓN de dicho plano; el predio se observa baldío con dos grandes barrancas que lo atraviesan de noreste a sureste con una planicie en donde se asienta el predio "mesa del guayabo" y no tiene ningún cercado de por medio en su parte Este. ANEXO 2 RESPUESTA. A fin de dar respuesta a la presente cuestión, expreso que me avoqué al estudio y análisis del plano individual exhibido por el encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, al requerimiento hecho por este órgano de control constitucional, plano que contiene tanto su figura geométrica, como sus medidas y colindancias, además de su respectivo cuadro de distribución de superficies y su construcción de construcción en el que se señalan números de lados, azimuts, distancias, coordenadas UTM, y convergencia y factor de esc. Lineal, coordenadas que inserté en un archivo de diseño asistido por computadora, obteniendo puntos, mismos que uní pata así formar el polígono relativo a la parcela número 457 del Ejido San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, la cual se me solicita ubicar geográficamente, localización que hice y cuya poligonal de la parcela 457 que presento ilustrada en color ROJO en el plano que elaboré a escala 1:5,000 sobre imagen satelital de la zona, cuya imagen del plano agrego a continuación para ilustración: Pregunta 3. Determine si existe traslape de los inmuebles descritos en los numerales "1" y "2" de este cuestionario. Perito de la quejosa Perito oficial RESPUESTA. - Mediante plano de la parcela 457 proporcionado por El REGISTROAGRARIO NACIONAL se determinó la ubicación de la parcela 457 determinando que existe traslape en el predio denominado "Mesa del Guayabo", ya que el vértice 270 de la parcela 457, es el mismo vértice número uno del predio "MESA Del GUAYABO", donde hace esquina de dos bardas que también sirven de limite en su lado Norte-Oeste Y en su lado Sur-Este, está delimitado, el predio del GRUPO EMPRESARIAL FRONTAL, por una malla ciclónica que data del año del registro del predio, mientras que el predio numerado con el 457, no cuenta con ningún cerco en su viento Este, esto dá clara señal que cuando dividieron el polígono 13, se dieron cuenta que ahí había un predio más que no fue tomado en cuenta en el juicio que determinó la incorporación de tierras al ejido SAN JUAN DE OCOTAN. ANEXO 3 RESPUESTA. A la presente pregunta, respondo que conforme a las respuestas que di a las cuestiones que anteceden, dictamino que sí existe traslape entre el bien inmueble que señalan como de su propiedad la parte quejosa, descrito en la primer pregunta de este cuestionario (conforme a la localización que hace su perito y al levantamiento topográfico del mismo, cuya poligonal presento de manera achurada e ilustrada en color AZUL), y la parcela 457 cuyo polígono presento ilustrado en color ROJO, conforme a su cuadro de construcción inserto en su plano individual de la parcela, remitido por el encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, imagen de dicho gráfico que adjunto a continuación para ilustración, en el que se aprecia la zona en la que se sobreponen. Ahora bien, de las respuestas otorgadas por el perito oficial en su dictamen rendido, se desprende que con las medidas y colindancias proporcionadas por el quejoso, a saber "AL NORTE: en 100.00 metros con resto del inmueble del que se desprende la fracción vendida; AL SUR: en 100.00 con propiedad particular; AL ORIENTE: en 100.00 con propiedad particular y camino de por medio; AL PONIENTE: en 100.00 con propiedad particular." no logró identificar geográficamente la ubicación de la fracción central del predio rustico denominado "Mesa del Guayabo" ubicado a inmediaciones del poblado de San Juan de Ocotán municipio de Zapopan, de la cual ostenta propiedad la parte quejosa, pues al efecto refirió que no conoce el resto de la propiedad, tal y como lo señala su viento norte al referir que linda con el "resto del inmueble del que se desprende la fracción vendida"; aunado que por sus otros vientos (sur y poniente), alude lindar con "propiedad particular", y el viento oriente alude lindar con "propiedad particular y camino de por medio ", con camino de por medio el viento oriente. Por otra parte el perito de la parte quejosa, al dar contestación al mismo cuestionamiento, consistente en determinar geográficamente el bien inmueble con las colindancias "AL NORTE: en 100.00 metros con resto del inmueble del que se desprende la fracción vendida; AL SUR: en 100.00 con propiedad particular; AL ORIENTE: en 100.00 con propiedad particular y camino de por medio; AL PONIENTE: en 100.00 con propiedad particular", refirió que una vez presentado en dicho predio denominado "Mesa del Guayabo" el cual en su parte norte y oeste se encuentra delimitado por una barda perimetral de material pétreo, en el que inició la medición a partir de la unión de las dos bardas perimetrales, que se encuentra aliada Norte-Oeste del predio numerado el vértice como "1" uno, partiendo de ahí hacia el este en una distancia de 120.144 metros, siguiendo la barda norte, hasta llegar donde inicia una malla ciclónica donde se ubicó el vértice número 2, de este punto partió al sur, siguiendo la malla ciclónica hasta una distancia de 100.502 metros enumerando el vértice como número "3" tres, de ahí hacia el este siguiendo la malla ciclónica, en una distancia de 113.736 metros hasta el vértice número "4" cuatro, finalmente recorrió la distancia de 99.881 metros hacia el norte por barda perimetral hasta encontrar el vértice número "1" uno. El cual forma un cuadrado de aproximadamente 11,710.229 m'. Esto es, a su decir, sí identificó geográficamente el bien inmueble materia de este juicio. Sin embargo, el perito de la parte quejosa fue omiso en explicar cómo fue que identificó los linderos "AL NORTE: en 100.00 metros con resto del inmueble del que se desprende la fracción vendida; AL SUR: en 100.00 con propiedad particular; AL ORIENTE: en 100.00 con propiedad particular y camino de por medio; AL PONIENTE: en 100.00 con propiedad particular", pues al respecto, al contestar dicha pregunta solo refirió que estando constituido en el predio denominado "Mesa del Guayabo", éste se encuentra delimitado por una barda perimetral de material pétreo, realizando para tal efecto las mediciones a partir de la unión de las dos bardas perimetrales, partiendo de ahí hacia el este en una distancia de 120.144 metros, siguiendo la barda norte, hasta llegar donde inicia una malla ciclónica, continuando hacia el sur, siguiendo la malla ciclónica hasta una distancia de 100.502 metros, de ahí hacia el este siguiendo la malla ciclónica, en una distancia de 113.736 metros, para finalmente recorrer la distancia de 99.881 metros hacia el norte por barda perimetral hasta encontrar el vértice número "1" uno. En efecto, se estima que el perito de la parte quejosa en respuesta a la pregunta 1, de su cuestionario, no estableció cómo ubicó geográficamente el inmueble, ello tomando en cuenta las colindancias otorgadas por la propia promovente del amparo, pues solo se avocó a referir con qué se encontraba delimitado el predio en el cual se constituyó así como la distancia perimetral que existe entre un vértice y el otro; sin embargo, del contenido íntegro de su dictamen, no se aprecia cuáles elementos técnicos de identificación utilizó para corroborar que efectivamente el predio en el cual se encontraba corresponde al descrito por la parte quejosa, mismo que tiene las siguientes medidas y colindancias "AL NORTE: en 100.00 metros con resto del inmueble del que se desprende la fracción vendida; AL SUR: en 100.00 con propiedad particular; AL ORIENTE: en 100.00 con propiedad particular y camino de por medio; AL PONIENTE: en 100.00 con propiedad particular". Es decir, este juzgador no tiene la certeza de que el predio sobre el cual el perito de la quejosa realizó su dictamen es el mismo respecto del que la promovente defiende su posesión, si bien como elementos de identificación cita las medidas y la posible extensión superficial, cierto es que no refiere nada respecto de los linderos del referido predio, los cuales se estiman sumamente necesarios, pues precisamente son esas líneas divisorias que separan dos predios o más las cuales se necesitan identificar para de ahí poder acreditar el elemento identidad del bien inmueble. Por su parte, el perito oficial designado por este juzgador, al emitir su opinión, refirió que con base a los elementos técnicos de identificación, como lo son, su extensión superficial, medidas y linderos descritos en la pregunta 1, no es posible ubicar geográficamente el inmueble nombrado como "Mesa del Guayabo", ya que no conoce el resto de la propiedad, dado que la promovente señala que el norte linda con el "resto del inmueble del que se desprende la fracción vendida"; sur con "propiedad particular"; oriente "propiedad particular y camino de por medio"; poniente con "propiedad particular", esto es, al perito oficial le fue imposible ubicar geográficamente el bien inmueble materia del amparo dado que las propiedades con las que se dice que linda no son identificables pues al respecto únicamente se refirió: norte "resto del inmueble del que se desprende la fracción vendida"; sur "propiedad particular"; oriente "propiedad particular y camino de por medio"; poniente con "propiedad particular". Sin que se soslaye que en respuesta a la pregunta número tres, el perito oficial refiera que sí existe traslape entre el bien inmueble que señala la quejosa como de su propiedad con la parcela 457; sin embargo, en la citada repuesta el propio perito oficial refiere que responde a dicha pregunta conforme a las diversas respuestas que otorgó en los cuestionamientos uno y dos, esto es, conforme a la localización del predio que hizo el perito de la quejosa, es decir, toda vez que el perito oficial no pudo ubicar geográficamente el predio del cual ostenta propiedad la parte promovente denominado "Mesa del Guayabo", procedió a dar contestación al resto de las preguntas con base al levantamiento topográfico realizado por el perito de la quejosa, cuya poligonal presento de manera achurada, empero, en todas sus respuestas el perito oficial es determinante y reiterativo al referir que no es posible, con los elementos técnicos de identidad como lo son superficie, medidas y linderos descritos en la pregunta uno, identificar el bien inmueble que refiere la quejosa es de su propiedad. Por otra parte, respecto de las adiciones formuladas por la tercera interesada al cuestionario de la citada prueba pericial, se desprende que se solicita a los peritos tener a la vista los siguientes documentos: a). - PLANO CORRESPONDIENTE AL POLÍGONO 13, correspondiente al ejido de SAN JUAN DE OCOTÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. b). - EL PLANO INDIVIDUAL DE LA PARCELA 455 Z1 P13 DEL EJIDO SAN JUAN DE OCOTÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. c). - EL PLANO INDIVIDUAL DE LA PARCELA 457 Z1 P13 DEL EJIDO SAN JUAN DE OCOTÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. d). - La escritura pública número 91749, de fecha 31 de diciembre de 2012. Donde supuestamente adquirió Erik y/o Erick Avalos Valencia, adquirió el inmueble de 10,000 m2 materia del acto reclamado, y sus antecedentes registrales. e). - La escritura pública 13292 de fecha 30 de Diciembre de 2014 pasada ante la fe del notario Público número 11 de Zapopan, Jalisco, donde se protocoliza el aumento de capital social de la empresa aquí quejosa. f).- El Oficio ST/0601/2019 de fecha 28 de octubre del 2019 signado por la encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional Lic. María de los Ángeles Ponce Magos, dirigido a la empresa aquí quejosa y sus anexos, así como El levantamiento Topográfico con cuadro de construcción Elaborado por el Ingeniero David Sánchez Peña, en la cual se contempla y plasma una superficie de 9,997.893 m2, 0-99-97.893 has, en la que se desprende propiedad de GRUPO EMPRESARIAL FRONTAL SOCIEDAD ANÒNIMA DE CAPITAL VARIALE Documentos fueron aportados por el representante legal de la empresa aquí quejosa con fecha 15 de enero de 2020. Cabe precisar que la parte quejosa defiende la propiedad de bien inmueble en cuestión, con las escrituras públicas 91,749, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil doce, donde se refiere que Erik y/o Erick Avalos Valencia, adquirió el inmueble de 10,000 m2, denominado "Mesa del Guayabo", asimismo, con la escritura 13,292 de fecha treinta de diciembre de dos mil catorce, pasada ante la fe del notario Público número once de Zapopan, Jalisco, en la cual se protocolizó el acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la empresa quejosa Grupo Empresarial Frontal, sociedad anónima de capital variable, efectuada el veintidós de agosto de dos mil catorce, en la que, entre otros acuerdos se tomó el de aumentar el capital de la empresa quejosa mediante la aportación en especie que hizo Erik Avalos Valencia, del inmueble "FRACCION CENTRAL DE UN PREDIO RUSTICO (ANTERIORMENTE URBANO) (ACTUALMENTE) DENOMINADO LA MESA DEL GUAYABO UBICADO A INEDIACIONES DEL POBLADO DE SAN JUAN DE OCOTAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, DENTRO DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, CON SUPERFICIE APROXIMADA DE 10,000.00 DIEZ MIL METROS CUADRADOS y las siguientes medidas y linderos AL NORTE: en 100.00 metros, con resto del inmueble del que se desprende la fracción vendida; AL SUR: en 100.00, con propiedad particular; AL ORIENTE: en 100.00 con propiedad particular y camino de por medio; AL PONIENTE: en 100.00 con propiedad particular." Precisado lo anterior, es dable imponernos de la pregunta 4 de las adiciones: "4. Una vez analizados los documentos señalados en la pregunta anterior, que el perito determine lo siguiente: a). - Si la superficie que se señala en los documentos descritos en los incisos d, e y f, y que es materia del acto reclamado, Se traslapa o sobrepone dentro de la superficie a que se refiere el PLANO CORRESPONDIENTE AL POLÍGONO 13, correspondiente al ejido de SAN JUAN DE OCOTÁN, ZAPOPAN, JALISCO. " Perito de la quejosa Perito oficial RESPUESTA a. - Se realizó la sobreposición de los planos individuales en el polígono 13, según plano expedido por el Registro Agrario Nacional de la superficie de terreno de 29-27-25.651 hectáreas, donde se aprecia que en la parcela 457 se encuentra el predio con superficie analítica, ya medida con equipo de GPS, de 1-17-10.229 hectáreas donde el vértice 270 corresponde al polígono 13 y también al polígono 457, y al vértice UNO del predio de propiedad del GRUPO EMPRESARIAL FRONTAL, que corresponde a la coordenada (x=662687 .877, y=2289893.280), que es coordenada de los tres polígonos en comento, así como de la barda perimetral que une al vértice trino entre los tres polígonos, ANEXO 4 RESPUESTA. A este inciso respondo que no es posible, con los elementos técnicos de identidad como lo son superficie, medidas y linderos descritos en las escrituras públicas citadas en los incisos "d" y "e", identificar el bien inmueble a que se refieren los testimonios públicos 91,749, de fecha 31 de diciembre de 2012 y 13292 de fecha 30 de Diciembre de 2014 pasada ante la fe del notario Público número 11 de Zapopan, Jalisco, es decir la Fracción central del predio rustico (anteriormente), urbano (actualmente), denominado "Mesa del Guayabo" ubicado a inmediaciones del poblado de San Juan de Ocotán municipio de Zapopan, Jalisco, esto es así, ya que no se conoce el resto de la propiedad, tal y como lo señala su viento norte al ludir que linda con el " resto del inmueble del que se desprende la fracción vendida"; aunado que por sus otros vientos (sur y poniente), aluden lindar con "propiedad particular", y el viento oriente alude lindar con " propiedad particular y camino de por medio ", con camino de por medio el viento oriente. De lo anterior señalado, se desprende que en contestación a la referida pregunta formulada por la tercera interesada en las adiciones del cuestionario, consistente en señalar si la superficie que se describe en los documentos precisados en los incisos d), e) y f), se traslapa o sobrepone dentro de la superficie a que se refiere el plano correspondiente al polígono 13, correspondiente al ejido de San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco. Al efecto el perito de la parte quejosa refirió que al realizar la sobreposición de los planos individuales en el polígono 13, según plano expedido por el Registro Agrario Nacional de la superficie, del cual aprecia que en la parcela 457 se encuentra el predio con superficie analítica, donde el vértice 270 corresponde al polígono 13 y también al polígono 457, y al vértice uno del predio de propiedad del Grupo Empresarial Frontal, esto es que, tanto la parcela 457 como el predio del cual la quejosa ostenta la propiedad se encuentran dentro del polígono 13 del ejido San Juan de Ocotán. Por otra parte, al responder dicho cuestionamiento, el perito oficial reiteró que no es posible, con los elementos técnicos de identidad como lo son superficie, medidas y linderos descritos en las escrituras públicas citadas en los incisos "d" y "e", identificar el bien inmueble a que se refieren los testimonios públicos 91,749, y 13292, es decir la fracción central del predio rustico (anteriormente), urbano (actualmente), denominado "Mesa del Guayabo" ubicado a inmediaciones del poblado de San Juan de Ocotán municipio de Zapopan, Jalisco, esto es así, ya que no conoce el resto de la propiedad, tal y como lo señala su viento norte al ludir que linda con el "resto del inmueble del que se desprende la fracción vendida"; aunado que por sus otros vientos (sur y poniente), aluden lindar con "propiedad particular", y el viento oriente alude lindar con " propiedad particular y camino de por medio ", con camino de por medio el viento oriente. No obstante hizo la precisión y aclaró que lo informado a través del oficio ST/0601/2019 de fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, dirigido a la empresa aquí quejosa, el cual contiene un levantamiento topográfico con cuadro de construcción, con una superficie de 9,997.893 m2, 0-99-97.893 hectareas, en el que se refiere propiedad de Grupo Empresarial Frontal sociedad anónima capital variable, predio localizado por el Ingeniero Roque Bejines Sevilla, del Área de Catastro Rural y Asistencia Técnica de la Delegación del Registro Agrario Nacional, en el cual sólo ingresó las coordenadas insertas en el cuadro de construcción contenido en el plano topográfico que le fue proporcionado por el interesado en el mosaico de ejidos y comunidades regularizados, no constituye una identificación plena del inmueble denominado "Mesa del Guayabo", ni mucho menos que se esté determinando con dicho informe que el predio que localizó en el mosaico y del cual anexa un croquis sin escala, sea el que se refiere y que ampara las escrituras públicas 13,292 y 91,749 exhibidas en autos. De lo anterior se desprende que los peritos David Sánchez Peña, diestro señalado por la parte quejosa, y José Refugio Oliden Torneo, designado por este Juzgado de Distrito, no fueron coincidentes, pues mientras el primero refirió que sí localizó geográficamente el inmueble denominado "Mesa del Guayabo", con las medidas y colindancias "AL NORTE: en 100.00 metros con resto del inmueble del que se desprende la fracción vendida; AL SUR: en 100.00 con propiedad particular; AL ORIENTE: en 100.00 con propiedad particular y camino de por medio; AL PONIENTE: en 100.00 con propiedad particular", el cual ampara las escrituras públicas 13,292 y 91,749, del cual refiere que sí existe traslape con la parcela 457, dado que el vértice 270 de la parcela 457, es el mismo vértice número uno del predio "MESA Del GUAYABO"; en cambio, el diestro oficial determinó que con base a los elementos técnicos de identificación, como lo son, su extensión superficial, medidas y linderos descritos en la pregunta 1 del cuestionario, no es posible ubicar geográficamente el inmueble nombrado como "Mesa del Guayabo", ya que no conoce el resto de la propiedad. Sin embargo, el diestro de la parte quejosa en su dictamen no explicó cómo ubicó los linderos del predio y por ende, cómo se cercioró de que efectivamente el inmueble en el cual se constituyó era el que refiere la quejosa como de su propiedad, pues basta imponerse de los linderos proporcionados por la parte impetrante los cuales coinciden con los amparados en las escrituras públicas 13,292 y 91,749, mismos que refieren: "AL NORTE: en 100.00 metros con resto del inmueble del que se desprende la fracción vendida; AL SUR: en 100.00 con propiedad particular; AL ORIENTE: en 100.00 con propiedad particular y camino de por medio; AL PONIENTE: en 100.00 con propiedad particular.", los cuales este operador jurídico estima son ambiguos para efecto de ubicar geográficamente el bien inmueble. Por su parte, el perito oficial refirió que el anexo que contiene el oficio ST/0601/2019 de fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, dirigido a la empresa aquí quejosa, consistente en el informe rendido por el ingeniero Roque Bejines Sevilla, por el cual menciona que una vez insertadas las coordenadas UTM contenidas en el cuadro de construcción del plano topográfico que motivo dicha constancia, en el mosaico de ejidos, se localiza dentro de las tierras del ejido San Juan de Ocotàn, particularmente dentro del polígono 13, parcela 457, como se aprecia en el anexo topográfico, no constituye una identificación plena del inmueble denominado "Mesa del Guayabo", ni mucho menos que se esté determinando con ese informe que el predio que localizó en el mosaico y del cual anexa un croquis sin escala, sea el que se refiere y que ampara las escrituras públicas 13,292 y 91,749 exhibidas en autos. Por ende, este operador jurídico concluye que el dictamen rendido por el perito oficial es auténticamente ilustrativo, de manera que constituye un auxilio eficaz para resolver fundada y motivadamente sobre el hecho aquí cuestionado, además se encuentra debidamente fundado, pues al efecto el diestro explicó por qué no le fue posible localizar geográficamente los linderos del predio respecto del cual la parte quejosa ostenta propiedad, en cambio, el diverso emitido por el perito de la quejosa, adolece de vacilaciones lo cual conlleva a que el mismo no sea convincente, pues no explicó cómo superó la ambigüedad de los linderos del predio proporcionados, para de ahí proceder identificar el bien inmueble materia del amparo y con ello concluir si se localiza dentro de la parcela 457, así como del polígono 13. Es decir, el dictamen rendido por el perito oficial en mención, se estima que se encuentra detallado y pormenorizado, además se desprende que emitió sus conclusiones de manera clara e indubitable, razones que crean convicción en este juzgador para efecto de ser tomado en cuenta para resolver. Por su parte, cabe señalar que si bien, en el dictamen emitido por el diestro de la parte quejosa éste también realizó un estudio amplio y detallado, fue impreciso en referir como corroboró que el predio en el cual se constituyó era el mismo respecto del cual la quejosa refirió en su pregunta 1 del cuestionario propuesto, pues al efecto, no explicó cómo supero la ambigüedad de sus linderos. De ahí que resulte procedente concederle valor probatorio pleno al dictamen rendido por el perito oficial. Robustece lo anterior, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Informe 1974, parte II, página 38, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA PERICIAL, VALOR DE LA. El artículo 151 de la Ley de Amparo establece que la prueba pericial será calificada por el juzgador según su prudente estimación, y como en la especie, el dictamen del perito se apoya en documentos públicos que obran en el propio expediente del juicio de garantías y dicho dictamen contiene razonamientos y datos que producen convicción, ello es bastante para otorgarle valor probatorio." Asimismo, le resulta cita a la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, octubre de 1992, página 404, que dice: "PRUEBA PERICIAL, OPINIÓN TÉCNICA NORMATIVA DEL CRITERIO DEL JUZGADOR. En tratándose de la prueba pericial, es obvio que si el juzgador se auxilia de un experto en determinada materia, gozando además de libertad de criterio para otorgarle el valor convictivo que merezca, lo verdaderamente importante al analizar el dictamen, será la opinión técnica concreta y no la extensión, ampliación o detalle de todos y cada uno de los sistemas, métodos, procedimientos y demás movimientos y pasos seguidos por el perito, pues al fin de cuentas, dicha opinión técnica concreta, es lo que resulta real y legalmente comprensible para el juzgador, no conocedor de la materia motivo del dictamen." Ahora bien, la parte quejosa refiere que es propietaria de un predio con una superficie de 10,000 m2 diez mil metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias "AL NORTE: en 100.00 metros con resto del inmueble del que se desprende la fracción vendida; AL SUR: en 100.00 con propiedad particular; AL ORIENTE: en 100.00 con propiedad particular y camino de por medio; AL PONIENTE: en 100.00 con propiedad particular.", con clave catastral 12024H1-300-0005-0000, el cual refiere se encuentra dentro de la parcela 457, y del polígono 13 del ejido San Juan de Ocotán, mismo que se vio afectado con los actos de autoridad. En ese orden, para demostrar su interés jurídico, en la parte que interesa, obran como medios de convicción los siguientes: 1. Copia certificada de las escrituras públicas 91749, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil doce, así como la diversa 13292 de fecha treinta de diciembre de dos mil catorce pasada ante la fe del notario Público número 11 de Zapopan, Jalisco. 2. Oficio ST/0601/2019 de fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, dirigido a la empresa aquí quejosa, consistente en el informe rendido por el ingeniero Roque Bejines Sevilla. Luego, a efecto de determinar que el predio respecto del cual la parte quejosa ostenta propiedad, mismo que refiere se encuentra dentro de la parcela 457, ofreció la prueba pericial en materia topográfica, ello para acreditar el elemento identidad del bien inmueble que defiende, a fin de que se determinare si el predio controvertido se encuentra dentro de la superficie de la parcela 457, así como de las hectáreas que fueron materia del convenio celebrado en expediente 580/2012, del índice del Tribunal Unitario Agrario número 16. Prueba que este operador jurídico determina es la ideal para lograr lo fines pretendidos de la parte quejosa; sin embargo, en el dictamen rendido por el perito oficial, se determinó que no fue posible, con los elementos técnicos de identidad como lo son superficie, medidas y linderos descritos en las escrituras públicas con las cuales pretende la quejosa acreditar su propiedad, identificar el bien inmueble que defiende, es decir la fracción central del predio rustico (anteriormente), urbano (actualmente), denominado "Mesa del Guayabo" ubicado a inmediaciones del poblado de San Juan de Ocotán municipio de Zapopan, Jalisco, esto es así, ya que el perito oficial concluyó que no conoce el resto de la propiedad, tal y como lo señala su viento norte al ludir que linda con el "resto del inmueble del que se desprende la fracción vendida"; aunado que por sus otros vientos (sur y poniente), aluden lindar con "propiedad particular", y el viento oriente alude lindar con " propiedad particular y camino de por medio ", con camino de por medio el viento oriente. Además de lo anterior, también determinó que el oficio ST/0601/2019 de fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, dirigido a la empresa aquí quejosa, consistente en el informe rendido por el ingeniero Roque Bejines Sevilla, por el cual menciona que una vez insertadas las coordenadas UTM contenidas en el cuadro de construcción del plano topográfico que motivo dicha constancia, en el mosaico de ejidos, se localiza dentro de las tierras del ejido San Juan de Ocotàn, particularmente dentro del polígono 13, parcela 457, como se aprecia en el anexo topográfico, no constituye una identificación plena del inmueble denominado "Mesa del Guayabo", ni mucho menos que se esté determinando con ese informe que el predio que localizó en el mosaico y del cual anexa un croquis sin escala, sea el que se refiere y que ampara las escrituras públicas 13,292 y 91,749 exhibidas en autos. En ese sentido, claro está que la quejosa si bien ofreció la prueba pericial en materia topográfica, la cual se considera idónea para declarar la identidad de un bien inmueble, cierto es que en la misma no se pudo determinar la localización geográfica del bien inmueble que defiende, además no existe diversa prueba con la cual se pueda establecer que se invada o afecte ya sea parcial o total de manera alguna el predio que ostenta ser de su propiedad. De ahí que, como se anticipó, las pruebas ofertadas por la parte quejosa resultan ineficaces para acreditar la afectación en su esfera individual de derechos con motivo de la tramitación del expediente original así como con la emisión de la resolución respectiva y, por ende, no demuestra su interés jurídico para promover el presente juicio de amparo, pues estaba constreñida a probar, que el inmueble que defiende es de su propiedad y posesión se encuentra afectado en su delimitación, por la resolución dictada el diecisiete de enero del diecisiete, en los autos del expediente 580/2012, del índice del Tribunal Unitario Agrario número 16, tomando en cuenta que la identidad, extensión y ubicación del bien no se deriva claramente de algún medio de prueba eficaz que obre en autos. Cabe apuntar, que este juzgador federal carece de los conocimientos técnicos suficientes en materia topográfica, para llegar a determinar si con la declaratoria emitida en el expediente 580/2012, del índice del Tribunal Unitario Agrario número 16, se encuentra afectado parcial o totalmente en su delimitación y superficie sólo tomando en consideración las documentales que obran en autos. Apoya lo anterior, por identidad jurídica, la tesis 3a. XXV/93, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, de mayo de mil novecientos noventa y tres, página 52, cuyo epígrafe y sinopsis textuales son los siguientes: "PRUEBA PERICIAL. SU IDONEIDAD PARA ACREDITAR INTERESES JURIDICOS AFECTADOS POR DECRETOS DE EXPROPIACION POR POLIGONOS. La expropiación por razones de urbanismo supone la previa calificación de determinadas superficies territoriales como susceptibles de ser destinadas a los fines de la medida. Cuando tal determinación no se contrae a la particularización individual o genérica de los bienes de terceros ubicados en la superficie considerada, porque ninguno de ellos, valorado aisladamente, resulta apto para satisfacer el interés público que preside la mencionada calificación, se da la necesidad, por razones de precisión, de establecer los límites del área respectiva aplicando la topografía, la fotogrametría o determinadas técnicas científicas de medición de terrenos. Consecuentemente, una de las formas de fijar los límites de la superficie expropiada es la de establecer los polígonos que la componen. Ahora bien, decretada la expropiación en tales términos, la prueba idónea de que un determinado bien particular queda comprendido en el área expropiada y, por ende, que se afecta un interés jurídico de la parte quejosa, máxime cuando no se admite así por las responsables ni se deriva claramente de algún otro medio de prueba eficaz, no puede ser otra que la pericial pues, conforme a los artículos 143 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicables supletoriamente a la materia del amparo, compete a quien tiene conocimientos técnicos o científicos en las disciplinas de medición de terrenos, ilustrar al juzgador sobre tal hecho pues, en principio, los otros elementos de convicción que ofreciera el interesado, podrían carecer de eficacia probatoria suficiente frente a la información de carácter estrictamente técnico que, en su caso, surgiera de la prueba pericial respectiva.". Por tanto, es dable concluir que la sola manifestación expresa de la parte quejosa en su demanda de amparo, en el sentido de que el predio que defiende se afectó en su delimitación y superficie por los actos reclamados, es insuficiente para que acreditara fehacientemente su interés jurídico, en tanto que resultaba necesario que esa declaración, se encuentre corroborada con algún medio de convicción idóneo que permita demostrar la afectación que refiere del inmueble que defiende, sin que la prueba pericial ofrecida en autos, haya logrado ese cometido, pues como se dijo, no se logró ubicar geográficamente el bien de la quejosa que defiende. Es aplicable a lo antes considerado por analogía, la jurisprudencia 851, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 580 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario indica lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA DESPOSESIÓN DE UN PREDIO DEBE ACREDITARSE SU IDENTIDAD, PARA QUE SE DEMUESTRE EL. El artículo 4º de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado o la ley que se reclama; es presupuesto, por consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados en su caso, en un juicio de garantías, causen un perjuicio al quejoso; por lo que si en autos no está demostrada la identidad entre el predio a que se refiere la quejosa cuya propiedad y posesión dice ostentar con el que se va a ejecutar la orden desposesoria reclamada, Surge en la especie la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, la que se refiere a la titularidad que a la quejosa corresponde en relación con los derechos o posesiones que alega les son conculcadas por la autoridad responsable.". También sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 558, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Apéndice 2000, Tomo IV, Civil, Novena Época, que dice: "POSESIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL BIEN RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMA LA PRIVACIÓN. Si el quejoso como tercero extraño en el juicio natural, no demuestra la identidad del inmueble materia del juicio de usucapión de donde deriva el acto reclamado, con la del inmueble cuya posesión ostenta, es evidente que no puede afirmarse que dicho acto le cause perjuicio y, por ende, cabe concluir que el mismo no afecta su interés jurídico, razón por la que resulta literalmente aplicable la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo lo cual conduce al sobreseimiento del juicio de garantía." Luego, al no ser posible establecer que el bien inmueble respecto del cual la quejosa aduce ser propietaria, fue materia de la sentencia resolucion se emitió en el expediente agrario, no puede concluirse válidamente que se transgredió su interés jurídico con el acto que reclama, toda vez que ésta debe probarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones. Corrobora lo expuesto, la tesis III.1°A.25 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 401 del Tomo VI, Julio de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente que el acto que se reclama afecta su interés jurídico, pues éste no debe inferirse ni tenerse por cierto a base de presunciones, ya que ningún precepto de la Ley de Amparo establece que la sola presentación de la demanda de garantías y la relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción". En esa tesitura, se concluye que los actos reclamados, no ocasionan a la moral quejosa, el agravio personal y directo a que se refiere el artículo 5º de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio constitucional. Por ello, válidamente se concluye que no ha recibido afectación alguna que determine la lesión a sus intereses, porque no se demuestra perjuicio a su esfera jurídica en virtud de un agravio real y directo causado. Consecuentemente, el principio de parte agraviada que debe colmarse para demostrar la legitimación para promover el presente juicio de amparo, es el que se refiere al interés jurídico y, por ende, la parte quejosa para ejercer la acción constitucional debió demostrar la titularidad de la propiedad (derecho subjetivo), así como la afectación de manera directa que el acto de autoridad provoca en esa clase de derechos. De suerte que no se tendrá por actualizado ese supuesto fundamental de procedencia si se carece de alguna de esas prerrogativas protegidas por un ordenamiento legal, o bien, si no se resiente daño alguno por el aseguramiento impugnado. Entonces, para que sea procedente la acción constitucional no basta que se manifieste o, en su caso, se acredite algún interés simple, sino que es necesario que esté apoyado en derechos reconocidos por la ley, en los cuales se funda el interés jurídico para promover el juicio constitucional. Al respecto, se trae a colación la jurisprudencia 293 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, publicada en el tomo II, Procesal Constitucional 1, Común 1a. Parte-Suprema Corte de Justicia de la Nación Segunda Sección- Improcedencia y sobreseimiento, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiebre 2011, que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En mérito de lo anterior, es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de garantías porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1028, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 708, Apéndice de 1995, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". En las relacionadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada procede sobreseer en el juicio, acorde con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XII y 5°, fracción I, todos de la Ley de Amparo. En el entendido de que las causas de improcedencia y de sobreseimiento contenidas en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, consultable en la página mil ciento sesenta y siete, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 251 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías." El anterior sobreseimiento se hace extensivo a los actos atribuidos a las restantes autoridades responsables ejecutoras, conforme a la jurisprudencia 647, visible en la página 434 del Tomo VI, Materia Común del penúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución.". Finalmente, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por los terceros interesados Ejido de San Juan de Ocotàn y Gonzalo Sandoval Salcedo, y la propia quejosa, porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia P./J. 26/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe establece: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA." Captura de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÙNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por **********, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Número Dieciséis; Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Zapopan, Jalisco; Director del Catastro Municipal de Zapopan, Jalisco; y, Registro Agrario Nacional; por los motivos expuestos en el considerando quinto y sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Carlos Calderón Espíndola, juez Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien actúa en unión de Jackeline Huerta Castañeda, secretaria que autoriza y da fe, hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado lo permitieron. La secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, certifico: Que la presente actuación se encuentra incorporada al expediente electrónico respectivo, en términos del artículo 3°, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Doy fe. Jackeline Huerta Castañeda.

  3. Principal

    SE RECIBE EL OFICIO DE CUENTA QUE FIRMA EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HOSPITAL REGIONAL DR. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, A TRAVÉS DEL CUAL INFORMA QUE EL QUEJOSO NECESITA DE UN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO DE RODILLA (ARTROSCOPIA) PARA REALIZAR LIMPIEZA ARTICULAR, ASÍ COMO REMODELACIÓN MENISCAL, LA CUAL ESTÁ PROGRAMADA PARA EL DIEZ DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, POR CONDUCTO DE SU MÉDICO TRATANTE. AHORA BIEN, LA FECHA QUE SEÑALA (DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS) PARA LA CIRUGÍA DE MÉRITO A FIN DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO A *** (QUEJOSO) ES CONSIDERABLEMENTE LEJANA, PUES DENTRO DE LOS EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO SE ESTABLECIÓ QUE EN CASO DE REQUERIR UN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO DEBERÍA SER SIN DEMORA ALGUNA. POR CONSIGUIENTE, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, REQUIÉRASE A LA AUTORIDAD HOSPITAL REGIONAL VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES, PARA QUE SEÑALE UNA NUEVA FECHA DENTRO DE UN TÉRMINO PRUDENTE PARA LA CIRUGÍA DE RODILLA (ARTROSCOPIA) PARA REALIZAR LIMPIEZA ARTICULAR, ASÍ COMO REMODELACIÓN MENISCAL E INFORME AL RESPECTO. EN EL ENTENDIDO DE QUE SUBSISTE EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN AUTO DE VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. POR OTRO LADO, SE RECIBE EL OFICIO DE CUENTA QUE FIRMA EL SECRETARIO DEL JUZGADO DECIMOSÉPTIMO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO, ATENTO A LO QUE SOLICITA, SE ORDENA HACER DISPONIBLE EL PRESENTE EXPEDIENTE PARA SU CONSULTA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES, TAL COMO SE ADVIERTE DE LA IMPRESIÓN DE PANTALLA QUE SE INSERTA PARA CONSTANCIA.

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