Rubén Reyes Hernández

Expediente 396/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
396/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
21/06/2023

Partes del expediente

  • Rubén Reyes Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; por tanto, se declara que el mismo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción I (Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, ni este juzgador así lo estima, atendiendo a la importancia del asunto; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción; d) Remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase a la Secretaría haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    PREVIO AVISO A LA PARTE QUEJOSA.--San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Autoridad responsable remite constancia. Agréguese el oficio signado por el Jefe del Departamento Jurídico, en representación del Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en proveído de diecinueve de mayo actual, remite copia certificada del escrito presentado por el quejoso ********************, el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, para los efectos legales conducentes. Cesación de efectos. Del análisis de las constancias de autos se desprende la materialización del sobreseimiento en el presente juicio de amparo por las razones que a continuación se precisarán. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que conforme a lo dispuesto por la Ley de Amparo, el legislador previó la posibilidad de que durante la tramitación del juicio de amparo sobreviniera alguna causal de improcedencia de las previstas en la legislación invocada, de manera que cuando una de estas causales sea notoria y manifiesta y que no pueda ser desvirtuada mediante ningún medio probatorio, es posible decretar el sobreseimiento fuera de la fecha señalada para la audiencia constitucional, pues de no hacerlo, retardaría la impartición de la justicia. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia por contradicción 2a. /J. 10/2003, registro 184572 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En la especie, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La cesación de efectos se actualiza cuando el acto de autoridad deja de producir sus consecuencias sin condición alguna y, por ende, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, sea porque la autoridad lo deroga o revoca, restituyendo a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado, como si se hubiera otorgado el amparo. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, con registro 193758, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Para estimar actualizada la causa de improcedencia invocada, es indispensable que concurran los siguientes extremos: a) Un acto u omisión de autoridad que se considere lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; y, b) Que respecto del mismo, se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: 1. Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, que deje insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; 2. Una situación que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados; 3. Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. El primer requisito se encuentra acreditado, pues del estudio integral de la demanda ser advierte que la parte quejosa estima como acto lesivo a sus derechos fundamentales: La omisión de dar respuesta por escrito, de manera fundada, motivada y coherente a cada uno de sus planteamientos formulados en escrito fechado y presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. La omisión de notificar conforme a derecho su escrito de petición. Por lo que hace al segundo de los extremos necesarios para la configuración de la improcedencia que se analiza, se acredita el señalado en la hipótesis número dos, relativa a una situación que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, materia del juicio de amparo. Lo anterior en virtud de que mediante oficio ********************, de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, acordó el escrito de la parte quejosa presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, no obstante el mismo fue notificado el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, como se advierte de la constancia remitida por la autoridad responsable mediante ocurso ******************** -informe justificado-, acordado en proveído de diecinueve de este mes y año. En las relatadas condiciones, al operar la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V y 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio. Sin que el hecho de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo cause agravio al quejoso o lo prive de defensa, ya que, ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causa de improcedencia, con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Ante ello, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinticinco minutos del doce de junio de dos mil veintitrés; háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Autoridad responsable remite constancia. Agréguese el oficio signado por el Jefe del Departamento Jurídico, en representación del Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en proveído de diecinueve de mayo actual, remite copia certificada del escrito presentado por el quejoso ********************, el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, para los efectos legales conducentes. Cesación de efectos. Del análisis de las constancias de autos se desprende la materialización del sobreseimiento en el presente juicio de amparo por las razones que a continuación se precisarán. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que conforme a lo dispuesto por la Ley de Amparo, el legislador previó la posibilidad de que durante la tramitación del juicio de amparo sobreviniera alguna causal de improcedencia de las previstas en la legislación invocada, de manera que cuando una de estas causales sea notoria y manifiesta y que no pueda ser desvirtuada mediante ningún medio probatorio, es posible decretar el sobreseimiento fuera de la fecha señalada para la audiencia constitucional, pues de no hacerlo, retardaría la impartición de la justicia. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia por contradicción 2a. /J. 10/2003, registro 184572 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En la especie, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La cesación de efectos se actualiza cuando el acto de autoridad deja de producir sus consecuencias sin condición alguna y, por ende, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, sea porque la autoridad lo deroga o revoca, restituyendo a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado, como si se hubiera otorgado el amparo. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, con registro 193758, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Para estimar actualizada la causa de improcedencia invocada, es indispensable que concurran los siguientes extremos: a) Un acto u omisión de autoridad que se considere lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; y, b) Que respecto del mismo, se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: 1. Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, que deje insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; 2. Una situación que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados; 3. Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. El primer requisito se encuentra acreditado, pues del estudio integral de la demanda ser advierte que la parte quejosa estima como acto lesivo a sus derechos fundamentales: La omisión de dar respuesta por escrito, de manera fundada, motivada y coherente a cada uno de sus planteamientos formulados en escrito fechado y presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. La omisión de notificar conforme a derecho su escrito de petición. Por lo que hace al segundo de los extremos necesarios para la configuración de la improcedencia que se analiza, se acredita el señalado en la hipótesis número dos, relativa a una situación que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, materia del juicio de amparo. Lo anterior en virtud de que mediante oficio ********************, de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, acordó el escrito de la parte quejosa presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, no obstante el mismo fue notificado el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, como se advierte de la constancia remitida por la autoridad responsable mediante ocurso ******************** -informe justificado-, acordado en proveído de diecinueve de este mes y año. En las relatadas condiciones, al operar la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V y 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio. Sin que el hecho de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo cause agravio al quejoso o lo prive de defensa, ya que, ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causa de improcedencia, con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Ante ello, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinticinco minutos del doce de junio de dos mil veintitrés; háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio que envía el Jefe del Departamento Jurídico, en representación del Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual rinde informe justificado; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Prueba documental. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 del ordenamiento legal citado, téngase como prueba documental la que se acompaña al oficio, misma que en razón de su especial naturaleza se tiene por desahogada, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. Requerimiento. Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación remita copia certificada: 1.- Del escrito presentado por el quejoso Rubén Reyes Hernández, el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, al cual refiere recayó la respuesta emitida mediante oficio IFREO/DJ/605/2021, de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en el que se asienta como fecha de recepción el diecisiete de mayo de este año. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

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