Ruben Reyes Hernandez

Expediente 999/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 20 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
999/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
11/10/2022

Partes del expediente

  • Ruben Reyes Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Incidental

    MESA I"... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de la Secretaria, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con fecha diez del mes actual, causó ejecutoria la resolución ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal, asimismo, que no se encuentra pendiente devolver documentos originales. Por tanto, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en términos de lo dispuesto en el capítulo 7.1.1. del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el Artículo 18, fracción a), del citado Acuerdo General y atendiendo a que se concedió tanto la medida cautelar provisional como la definitiva, el cuaderno incidental original es depurable dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el último considerando de la interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. En tales condiciones, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no se encuentra pendiente cumplir determinación judicial ni devolver documentos originales, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 999/2021; promovido por RUBEN REYES HERNÁNDEZ contra actos del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, en la ciudad de Oaxaca. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y recibido por razón de turno en este Juzgado, el veinte siguiente, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la autoridad ya señalada, que hizo consistir en: La omisión de dar respuesta a su escrito presentado ante la autoridad señalada el cinco de marzo de dos mil veintiuno, así como la omisión de efectuar la notificación respectiva. SEGUNDO. En auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado la intervención que legalmente le compete; y, continuando con el juicio, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en sus fases de pruebas y alegatos conforme el veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Inconforme con tal determinación el quejoso interpuso recurso de revisión, mismo que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, quien al resolver revocó la sentencia de que se trata y ordenó reponer el procedimiento para el efecto de darle vista al quejoso con el informe justificado, y pudiera en su caso ampliar la demanda respecto al oficio de contestación y autoridad que lo emitió; seguido el trámite correspondiente se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en sus fases de pruebas y alegatos en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Resulta oportuno precisar en este apartado, el acto reclamado en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama: La omisión de dar respuesta a su escrito de cinco de marzo de 2021. La omisión de notificar conforme a derecho su escrito de petición. En ampliación reclamó de la propia autoridad. 1. El oficio SF/DIR/CTI/3243/2021 de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno y; La omisión de dar respuesta a los cinco puntos solicitados La Falta de elementos probatorios. Sin que se tengan como actos reclamados los numerados como 3 y 4, dado que en su caso son conceptos de violación tendentes a combatir el oficio reclamado. TERCERO. Al rendir su informe justificado, el Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, manifestó que es cierto el acto que se le reclamó. Para cuyo efecto remitió copia certificada de diversas constancias (R.E. 13596 y 14343), a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, e aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al rendir su informe justificado respecto de la ampliación de la demanda, manifestó: ".Es cierto el acto que se reclama consistente en: 1.- Oficio SF/DI/DIR/CTI/3243/2021, de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno." Negó la omisión de contestación a los cinco puntos planteados en el mencionado ocurso y la falta de elementos probatorios que justifiquen la respuesta a cada punto planeado en el escrito de que se trata, los que como ya se dijo no se trata de actos reclamados. CUARTO. Previo al análisis del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público, de estudio preferente, en principio se deben analizar las causas de improcedencia que aleguen las partes o que este tribunal advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia número 814, visible en la página quinientos cincuenta y tres, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, bajo el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, se advierte que, respecto de los actos reclamados consistentes en la OMISIÓN DE DAR RESPUESTA a su escrito de cinco de marzo de dos mil veintiuno, y la OMISIÓN DE NOTIFICAR conforme a derecho su escrito de petición, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, como lo hace valer la autoridad responsable. Es así, porque de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que mediante oficio SF/SI/DIR/CTI/3243/2021 de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se dio respuesta a lo peticionado, efectuándose la notificación a la parte quejosa el trece de octubre de dos mil veintiuno. Bajo ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia invocada porque se destruyeron los efectos de los actos reclamados, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. En ese orden de ideas, sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por lo tanto, dada la actualización de la causa de improcedencia invocada, procede SOBRESEER en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la jurisprudencia número 415, visible en la página trescientos cincuenta y seis, de la primera parte del Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete, dos mil, del tenor literal: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Asimismo, tiene aplicación la tesis número 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia de mérito, lo procedente será sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado consistente en la falta de contestación a su escrito presentado ante la autoridad responsable. Por otra parte, respecto al acto reclamado CONSISTENTE EN SF/DI/DIR/CTI/3243/2021, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA que hace valer la autoridad responsable consistente en que no se señaló como autoridad responsable a la que emitió el acto reclamado -AUTORIDAD NO DESIGNADA-, dicha causa de improcedencia esta prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, por las consideraciones que a continuación se exponen. Tales preceptos legales establecen en lo conducente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.] Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III.- La autoridad o autoridades responsables. [.]." El análisis conjunto de los dispositivos antes trascritos, permite colegir que el juicio de amparo es improcedente en contra de un acto reclamado, siempre que la parte quejosa no señale como autoridad responsable a aquel funcionario que emitió el acto que se considera violatorio de garantías constitucionales. Ahora bien, como se dejó expuesto, el quejoso reclama el oficio SF/DI/DIR/CTI/3243/2021, de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, emitido por la Coordinadora Técnica de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, donde respondió al escrito de cinco de marzo de dos mil veintiuno. Sin embargo, no señaló como responsable a dicha Coordinadora técnica, no obstante que en proveído de trece de junio de dos mil veintidós, se requirió al quejoso para que dentro del plazo de quince días hábiles ampliara su demanda por el oficio y autoridad responsable, en dicho acuerdo se le hizo del conocimiento lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, a saber: "[.] a) Ordene notificar personalmente a la parte quejosa el contenido de los proveídos en los que agregó el informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como el oficio número SF/SI/DIR/CTI/3243/2021 y su constancia de notificación; y, además, la requiera para que manifieste si amplía su demanda contra el acto que se le da a conocer con dicho informe, y autoridad que suscribió dicho oficio. b) Señale nueva fecha para celebrar la audiencia constitucional, en el entendido que entre la notificación de dicho proveído y la de la celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días, como lo dispone el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; y, c) Continúe con la tramitación del procedimiento." Empero, solo amplió la demanda reclamando el oficio de que se trata más no señaló a la autoridad responsable que lo emitió sino volvió a señalar la misma autoridad que había señalado en la demanda inicial. De lo hasta aquí expuesto, se desprende que la autoridad Coordinadora Técnica de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, no fue llamada al juicio de amparo que nos ocupa, porque la parte quejosa fue omisa en designarla como responsable, al omitir cumplir con lo requerido en el aludido proveído. Ahora, es necesario destacar que el artículo 108, fracción III, de Ley de Amparo, dispone que en la demanda de amparo deben expresarse entre otros requisitos, la autoridad o autoridades responsables; en tanto que el artículo 5º, fracción II, de la citada legislación, establece que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. Por tanto, si la parte quejosa no señaló como autoridad responsable a la referida Coordinadora Técnica, es evidente que este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para analizar el acto que por esta vía se reclama, ya que ésta fue la autoridad que emitió el oficio reclamado. Por lo anterior, no es posible estudiar en esta instancia, actos practicados por una autoridad que no tuvo la oportunidad de defender la constitucionalidad de su actuación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a. CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 194684 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Enero de 1999, página 113, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Asimismo, es aplicable el diverso criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, visible en las páginas 113 y 2199, Tomo IX, Enero de 1999 y Tomo XXXII, Agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia: Común, Registro digital: 164185, que dice: "ACTO RECLAMADO EMITIDO CONJUNTAMENTE POR DIVERSAS AUTORIDADES. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO NO SE SEÑALA COMO RESPONSABLE A ALGUNA DE ÉSTAS, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AL SER IMPOSIBLE HACER UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE AQUÉL.- De la interpretación de los artículos 116, fracción III y 11 de la Ley de Amparo, se colige que en la vía constitucional sólo deben estudiarse las actuaciones de los órganos del Estado que dictan, promulgan, publican, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar la ley o el acto reclamado, o bien se les finque un acto de omisión, siempre que en la demanda de garantías se les haya señalado como responsables. Así, tratándose de un acto reclamado emitido conjuntamente por diversas autoridades, la sanción por el incumplimiento del quejoso a dicha obligación, al no señalar como responsable a alguna de éstas a pesar de la prevención correspondiente, es que el juicio de garantías sea improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la señalada ley, en relación con los citados preceptos, toda vez que es imposible hacer un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de un acto emanado de una autoridad no designada como responsable, dado que no fue oída en la contienda en defensa de su actuación. Lo que se justifica con mayor razón, porque el resultado del eventual examen que se realizara al acto reclamado respecto de una sola de las autoridades -que sí fue llamada al proceso- en modo alguno podría hacerse extensivo a otra, dado que sería jurídicamente imposible ordenar a quien no intervino en la contienda constitucional, que dejara insubsistente su acto, cuando no fue parte formal dentro del procedimiento." Es oportuno dejar asentado que, este órgano judicial, oficiosamente no puede llamar a juicio a dicha autoridad no designada, porque la suplencia de la deficiencia de la queja, no llega al grado de que el Juez de Distrito tenga que llamar a juicio a una autoridad que no fue señalada como responsable, porque esa obligación recae en la parte quejosa, de conformidad con el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis XX.46 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 608, del Tomo II, Noviembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro: 203878, que textualmente dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA DE AMPARO. NO LLEGA AL GRADO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO TENGA QUE LLAMAR A JUICIO A UNA AUTORIDAD QUE NO LE FUE SEÑALADA COMO RESPONSABLE, LA. Si bien es cierto que el emplazamiento a juicio es una cuestión de orden público y que como consecuencia los jueces tienen la obligación de analizarlo oficiosamente, porque de efectuarse en forma contraria a las disposiciones legales constituiría la violación procesal de mayor trascendencia; también lo es, que la suplencia de la queja en materia de amparo, no llega al grado de que el juez de Distrito, tenga que llamar a juicio a una autoridad que no le fue señalada como responsable en la demanda de garantías, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos, ya que es a la parte quejosa a quien corresponde hacer ese señalamiento, porque así lo dispone expresamente el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo". En ese orden de ideas, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, por lo que procede de conformidad con el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo. Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, en la demanda de amparo, respecto a los actos reclamados citados, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1028, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 708, del Tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, se: Resuelve: UNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por RUBEN REYES HERNÁNDEZ, contra los actos reclamados precisados en el considerando cuarto de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma electrónicamente Rodolfo Sánchez Zepeda, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante Virginia Francisca Maldonado Peralta, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, específicamente la certificación de cuenta, se advierte que, a la fecha en que se actúa, ha fenecido el plazo concedido a la parte quejosa en proveído de trece de junio del año en curso, para que se pronunciara respecto de la ampliación de la demanda que dio origen a este asunto, en relación con la autoridad que emitió el oficio SF/SI/DIR/CTI/3243/2021. Ello, en atención a que dicha parte procesal fue notificada personalmente del mencionado acuerdo el quince de junio siguiente. Así, por acuerdo de siete del aludido mes, se tuvo al quejoso RUBÉN REYES HERNÁNDEZ, ampliando la demanda, en los términos propuestos es decir; señaló como autoridad responsable a la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca y como actos reclamados: 1. Oficio SF/SI/DIR/CTI/3243/2021 de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, que no contesta todos los planteamientos a que se contrae su escrito de petición presentado ante la autoridad responsable el cinco de marzo de esa anualidad. 2. Omisión de dar contestación a los cinco puntos planteados en el mencionado ocurso. 3. Falta de elementos probatorios que justifiquen la respuesta a cada punto planteado en el escrito de que se trata. De lo que se toma nota, a fin de dictar la resolución que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE.

Quedan 16 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 7,460 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano