Rubén Ramírez Trejo

Expediente 562/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
562/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
22/03/2022

Partes del expediente

  • Rubén Ramírez Trejo

Actuaciones

  1. Principal

    Dada la cuenta que antecede, se advierte que ya transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de queja, sin que hasta este momento se haya hecho valer en contra del proveído de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, que tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por *******; consecuentemente, se declara firme el referido auto. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; precepto que establece que aquéllos expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido, serán susceptibles de destrucción, dentro de los que encontramos, las demandas de amparo que se hayan tenido por no presentadas, las que se hayan desechado, los juicios en los que se haya decretado la incompetencia y en el presente asunto, se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del acuerdo general referido. Así, una vez cumplido el plazo de conservación y transcurrido el diverso de tres años posteriores al de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a su destrucción, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el numeral 21 del acuerdo general en cita. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Dada la cuenta que antecede, de la certificación que antecede, se advierte que el plazo de cinco días que se concedió a la parte promovente del amparo para que desahogara el requerimiento contenido en proveído de veinte de julio de la presente anualidad, feneció el veintitrés al veintinueve de julio del año en curso, sin que a la fecha lo haya realizado. Bien, debe decirse que en el referido auto, se requirió a los inconformes, en los términos siguientes: "Toda vez que el escrito fue presentado por *** quien se ostenta como apoderado de *****; empero, no justifica dicha personalidad, por lo cual deberá exhibir el documento idóneo -copia certificada- con el que compruebe ese carácter, ya que tal requisito tiene que estar satisfecho desde la presentación de la demanda; en el entendido de que deberá aportar copias legibles de la misma, a efecto de correr traslado con ella a todas las partes. En la inteligencia de que las copias fotostáticas simples se consideran insuficientes para acreditar la facultad de representación. Ello se sostiene de ese modo, porque se requiere que compruebe tal carácter en forma fehaciente dado que las circunstancias que llevan al reconocimiento de la personalidad deben acreditarse con documentación actualizada, dada la posibilidad que existe en el cambio de la misma. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia P./J. 23/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, visible a página 7, cuyo rubro es el siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato. " Igualmente, sirve de apoyo a lo anteriormente determinado por las razones que la informa, la jurisprudencia número 2a./J. 124/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo- para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." En razón de que, de la narrativa efectuada, se deduce que los inconformes son parte demandada en el sumario de origen y por ello, pueden tener acceso al mismo, por lo cual deberán manifestar las actuaciones más importantes que han tenido lugar en la fase de remate del sumario natural, particularmente el monto en el que fue aprobado el mismo, las fechas de las resoluciones mediante las cuales en definitiva se ordenó, por primera vez, la escrituración, así como la entrega de dicho bien inmueble, la forma en que le fueron notificadas y la fecha exacta en que ello ocurrió. Además, de especificar si en contra de esas determinaciones interpusieron algún medio de defensa ordinario o un diverso juicio de amparo y, de ser así, señalen ante qué autoridades se tramitaron, así como el sentido de las resoluciones ahí pronunciadas; en el entendido que se abstendrán de volver a realizar esa narrativa en los términos que se encuentran en su escrito inicial de demanda. Indicarán el estado procesal exacto y actual del procedimiento de ejecución en que se encuentra el juicio natural, esto es, cuáles puntos del fallo definitivo ya fueron cumplidos y cuáles se encuentran pendientes de ejecutar. Concomitante con lo anterior, proporcione el nombre, domicilio y carácter que ostentan todas las partes que intervienen en el sumario de origen o bien, manifieste bajo protesta de decir verdad el desconocimiento de ello, en la inteligencia que al menos se estima como tales a la parte actora y a la demandada. En la inteligencia que por cada una de las partes estará obligada a exhibir una copia del escrito inicial y de su aclaratorio, lo anterior para poder correrles traslado. No está por demás hacerle de su conocimiento que ello resulta relevante para que este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de determinar a quién le asiste el carácter de tercero interesado y poder integrarlos a la relación jurídica procesal. Sirve de apoyo por las razones que informa, la tesis cuyo rubro y texto son los siguientes: "TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. DETERMINAR A QUIÉN LE CORRESPONDE DICHO CARÁCTER ES REQUISITO ELEMENTAL DEL ACUERDO ADMISORIO DE LA DEMANDA, POR ENDE, ELLO NO DEBE POSTERGARSE HASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HAGA LLEGAR LAS CONSTANCIAS QUE REMITIÓ EN APOYO A SU INFORME JUSTIFICADO. De los artículos 5o., fracción III y 115 de la Ley de Amparo, se advierten las partes en el juicio constitucional, entre ellas, el tercero interesado y los elementos que debe contener el auto admisorio de la demanda, entre ellos, la orden de correr traslado a éste, con la finalidad de que sea oído en el juicio y le sea respetado su derecho de audiencia. De ahí que, si el acto reclamado deviene de una controversia judicial y el quejoso señala a quién o quiénes considera parte tercero interesada, el Juez de amparo debe tenerlos con ese carácter y llamarlos a juicio, sin que para ello, deba esperar la llegada de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, ya que en su momento, conforme a éstas puede determinar, con argumentos jurídicos, si corresponde o no el carácter de tercero interesado o, en su caso, advertir la existencia de diversos. Así, dicha calidad es una cuestión que debe ser analizada por el Juez de Distrito desde el inicio del juicio, a fin de integrar debidamente la relación procesal y no postergarlo hasta tener a la vista las constancias del juicio de origen. Sin que pase inadvertido el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 67/2009, de rubro: 'TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003).', en el sentido de que sólo el demandado emplazado en el juicio de origen tiene el carácter de tercero interesado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal, lo que implica que el tercero que aún no es emplazado al juicio de origen no ha resentido afectación alguna en su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender en el juicio de amparo." Al tomar en consideración que presentaron ocho copias del escrito inicial de demanda, deberán exhibir cinco juegos más del mismo; lo anterior, para estar en posibilidad de correr traslado con ellas a todas las partes, en atención a que señalaron seis autoridades responsables, cuatro terceros interesados y la respectiva para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como dos más para el incidente de suspensión. Sirve de apoyo por las razones que la informan, la jurisprudencia, 1a./J. 106/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, página 170, con rubro siguiente: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copiasomitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como 'las copias omitidas', 'las copias de ley' u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional." Ahora, el requerimiento que se abstuvo de cumplimentar la parte quejosa, versa directamente sobre el requisito previsto en el artículo 108, fracciones I, II y V, 110, en relación con el diverso numeral 114, fracciones I, II y V, todos de la ley de la materia, cuyo contenido prevén: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: - - - I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; - - - II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; - - - [.] - - -V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; [.]" "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. - - - El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio." "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: - - - I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda - - - II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley - - - [.] - - - V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. - - - Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. - - - En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Así las cosas, al tomar en consideración que la finalidad de una prevención es, por una parte, auxiliar al promovente en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia y, por otra, que el Juez de Distrito esté en posibilidad de admitir la demanda, una vez cumplidos todos los requisitos de forma y contenido de aquélla, con base en los cuales sea dable concluir que los presupuestos procesales de la acción constitucional están satisfechos y que no se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por lo tanto, como el cumplimiento de la prevención es condición para proveer sobre la admisión de la demanda y en la especie ello no aconteció, dado que se reitera, no se desahogó lo solicitado, con fundamento en el artículo 114, en relación con el numeral 108, ambos de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veinte de julio de dos mil veintiuno y se tiene POR NO PRESENTADA la demanda. Máxime que en la citada determinación, se le hizo saber al solicitante del amparo las consecuencias que legalmente podían derivar de su incumplimiento. Cobra sustento a sentido contrario la tesis III.2o.A.22 K, del epígrafe siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE TENERLA POR NO INTERPUESTA, POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS PREVENCIONES FORMULADAS CON BASE EN EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, SI EN EL AUTO DE PREVENCIÓN NO SE HIZO EL APERCIBIMIENTO RESPECTIVO." Notifíquese por lista a la parte quejosa

  3. Principal

    Dada la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, a través del cual informa que mediante resolución de dos de julio del año en curso, el órgano jurisdiccional en mención, determinó remitir la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio y quien se ostenta como apoderado de *** y ***, contra actos del Juez Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, del titular y del actuario, ambos del Juzgado de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, del Secretario y/o Director y de los Policías y/o Seguridad Pública, todos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, en razón del conocimiento previo que tuvo este juzgado federal del juicio de amparo 1005/2016, en el que existe coincidencia en cuanto al juicio de origen, con el diverso 501/2021, del índice de la autoridad oficiante, por lo que remite al efecto los autos originales del citado expediente, así como ocho reproducciones del escrito de demanda. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Al respecto, es menester precisar que el órgano jurisdiccional oficiante tomó la anterior determinación en razón de lo previsto en los artículos 45, fracción II y 46, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y su última reforma y adición publicada en el citado medio de difusión legal el trece de diciembre de dos mil dieciséis, que establecen lo siguiente: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: - - - [.] - - - II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo incule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél." "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: - - - [.] - - - II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos;- - - [.]- - - Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano." En las relatadas consideraciones, se asume el conocimiento del presente asunto y con la finalidad de que se realice la compensación de los juicios de amparo que ingresan a este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 45, fracción II y 46, fracciones II y XIII, párrafos tercero y cuarto, del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que estatuye las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y su última reforma y adición publicada en el citado medio de difusión legal el trece de diciembre de dos mil dieciséis, se ordena remitir copia certificada de la papeleta de registro con la que se formó el juicio de amparo 501/2021 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, a fin de que se sirva realizar la modificación al número de registro que se advierte en la papeleta y una vez hecho esto se turne a este juzgado de distrito, por existir un antecedente previo en este órgano jurisdiccional. Sentado lo precedente, téngase por recibida la demanda de amparo presentada por ***, por derecho propio y quien se ostenta como apoderado de *** y ***, contra actos del Juez Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como del titular y del actuario, ambos del Juzgado de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, del Secretario y/o Director y de los Policías y/o Seguridad Pública, todos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, por violación a sus derechos contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, fórmese expediente -físico y electrónico-, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 562/2021 así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y provéase lo que en derecho corresponda. En principio, debe decirse que el artículo 108 de la ley de la materia, establece los requisitos esenciales de la demanda. Asimismo, el diverso numeral 114 de la legislación en comento, determina la facultad conferida al órgano de control constitucional de requerir a la parte promovente que aclare su escrito inicial y le haga de su conocimiento de forma precisa las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, mismas que, dicho sea de paso, de no ser subsanadas dentro del plazo de cinco días, dará lugar a tenerla por no presentada. Ahora, impuesto este juzgador del contenido de la demanda de amparo de que se trata, de su estudio integral, se advierte que el acto reclamado consiste en el auto de veintiuno de junio del año en curso, dictado en el juicio especial hipotecario, expediente ***, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México promovido por ***, en contra de *** y *** -aquí quejosos-, por medio del cual ordena el lanzamiento del bien inmueble ubicado en ***; por lo cual que mandata librar exhorto a efecto de cumplir con dicha determinación. Sin embargo, los antecedentes aportados por los peticionarios resultan insuficientes para tener claridad en relación con las cuestiones inherentes al sumario de origen; específicamente el monto por el cual se remató el bien inmueble materia de la litis y cuándo fue que se ordenó la escrituración y/o entrega del mismo; además es omiso en acreditar la personalidad con la que acude a la presente instancia constitucional. Bien, como los datos señalados en el párrafo que antecede son necesarios para pronunciarse sobre la probable admisión de la demanda o su desechamiento, con fundamento en los arábigos 108, fracciones I, II y V, 110, así como 114, fracciones I, II y V, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a los inconformes -dentro del plazo de cinco días- para que -bajo protesta de decir verdad- aclaren su demanda respecto de los puntos que se enlistan a continuación. Toda vez que el escrito fue presentado por *** quien se ostenta como apoderado de *** y ***; empero, no justifica dicha personalidad, por lo cual deberá exhibir el documento idóneo -copia certificada- con el que compruebe ese carácter, ya que tal requisito tiene que estar satisfecho desde la presentación de la demanda; en el entendido de que deberá aportar copias legibles de la misma, a efecto de correr traslado con ella a todas las partes. En la inteligencia de que las copias fotostáticas simples se consideran insuficientes para acreditar la facultad de representación. Ello se sostiene de ese modo, porque se requiere que compruebe tal carácter en forma fehaciente dado que las circunstancias que llevan al reconocimiento de la personalidad deben acreditarse con documentación actualizada, dada la posibilidad que existe en el cambio de la misma. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia P./J. 23/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, visible a página 7, cuyo rubro es el siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato. " Igualmente, sirve de apoyo a lo anteriormente determinado por las razones que la informa, la jurisprudencia número 2a./J. 124/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo- para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." En razón de que, de la narrativa efectuada, se deduce que los inconformes son parte demandada en el sumario de origen y por ello, pueden tener acceso al mismo, por lo cual deberán manifestar las actuaciones más importantes que han tenido lugar en la fase de remate del sumario natural, particularmente el monto en el que fue aprobado el mismo, las fechas de las resoluciones mediante las cuales en definitiva se ordenó, por primera vez, la escrituración, así como la entrega de dicho bien inmueble, la forma en que le fueron notificadas y la fecha exacta en que ello ocurrió. Además, de especificar si en contra de esas determinaciones interpusieron algún medio de defensa ordinario o un diverso juicio de amparo y, de ser así, señalen ante qué autoridades se tramitaron, así como el sentido de las resoluciones ahí pronunciadas; en el entendido que se abstendrán de volver a realizar esa narrativa en los términos que se encuentran en su escrito inicial de demanda. Indicarán el estado procesal exacto y actual del procedimiento de ejecución en que se encuentra el juicio natural, esto es, cuáles puntos del fallo definitivo ya fueron cumplidos y cuáles se encuentran pendientes de ejecutar. Concomitante con lo anterior, proporcione el nombre, domicilio y carácter que ostentan todas las partes que intervienen en el sumario de origen o bien, manifieste bajo protesta de decir verdad el desconocimiento de ello, en la inteligencia que al menos se estima como tales a la parte actora y a la demandada. En la inteligencia que por cada una de las partes estará obligada a exhibir una copia del escrito inicial y de su aclaratorio, lo anterior para poder correrles traslado. No está por demás hacerle de su conocimiento que ello resulta relevante para que este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de determinar a quién le asiste el carácter de tercero interesado y poder integrarlos a la relación jurídica procesal. Sirve de apoyo por las razones que informa, la tesis cuyo rubro y texto son los siguientes: "TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. DETERMINAR A QUIÉN LE CORRESPONDE DICHO CARÁCTER ES REQUISITO ELEMENTAL DEL ACUERDO ADMISORIO DE LA DEMANDA, POR ENDE, ELLO NO DEBE POSTERGARSE HASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HAGA LLEGAR LAS CONSTANCIAS QUE REMITIÓ EN APOYO A SU INFORME JUSTIFICADO. De los artículos 5o., fracción III y 115 de la Ley de Amparo, se advierten las partes en el juicio constitucional, entre ellas, el tercero interesado y los elementos que debe contener el auto admisorio de la demanda, entre ellos, la orden de correr traslado a éste, con la finalidad de que sea oído en el juicio y le sea respetado su derecho de audiencia. De ahí que, si el acto reclamado deviene de una controversia judicial y el quejoso señala a quién o quiénes considera parte tercero interesada, el Juez de amparo debe tenerlos con ese carácter y llamarlos a juicio, sin que para ello, deba esperar la llegada de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, ya que en su momento, conforme a éstas puede determinar, con argumentos jurídicos, si corresponde o no el carácter de tercero interesado o, en su caso, advertir la existencia de diversos. Así, dicha calidad es una cuestión que debe ser analizada por el Juez de Distrito desde el inicio del juicio, a fin de integrar debidamente la relación procesal y no postergarlo hasta tener a la vista las constancias del juicio de origen. Sin que pase inadvertido el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 67/2009, de rubro: 'TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003).', en el sentido de que sólo el demandado emplazado en el juicio de origen tiene el carácter de tercero interesado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal, lo que implica que el tercero que aún no es emplazado al juicio de origen no ha resentido afectación alguna en su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender en el juicio de amparo." Al tomar en consideración que presentaron ocho copias del escrito inicial de demanda, deberán exhibir cinco juegos más del mismo; lo anterior, para estar en posibilidad de correr traslado con ellas a todas las partes, en atención a que señalaron seis autoridades responsables, cuatro terceros interesados y la respectiva para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como dos más para el incidente de suspensión. Sirve de apoyo por las razones que la informan, la jurisprudencia, 1a./J. 106/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, página 170, con rubro siguiente: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como 'las copias omitidas', 'las copias de ley' u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional." Se precisa que deberán presentar su escrito aclaratorio de acuerdo con el artículo 110 de la Ley de Amparo, esto es, con las copias correspondientes para cada una de las partes -en los términos señalados en los párrafos anteriores-. Asimismo, se hace del conocimiento de los promoventes que de afirmar hechos falsos u omitir los que les consten, podrán ser sujetos a lo dispuesto en el numeral 261 de la Ley de Amparo, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que pueden hacerse merecedores la parte quejosa, su abogado autorizado o ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, incurren en las conductas anteriores. Y, es que la finalidad de una prevención es que se satisfagan los requisitos de ley -en amparos de estricto derecho como el de la especie- pues con independencia de la calidad que ostenten los agraviados -parte formal, tercero extraño en estricto sentido o en forma equiparada- no están eximidos de cumplirlos, sobre todo porque únicamente con base en su contenido preciso es factible verificar los presupuestos procesales de la acción constitucional y apreciar que no se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este sentido, las exigencias contenidas en el artículo 108 de la legislación de la materia deben ser colmadas por quien se dice agraviado, por lo que este juzgado no puede soslayar que no se satisfagan las formalidades del numeral en comento. Lo anterior, con independencia de que los impetrantes señalen que el acto reclamado debe considerarse como de imposible reparación, pues los requisitos aludidos en el numeral señalado en el párrafo precedente, tiene como finalidad que el órgano de amparo integre debidamente la relación jurídica procesal y así, estar en posibilidad de pedir a las autoridades responsables los informes respectivos, emplazar a los terceros interesados, dar la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para exponer lo que a su derecho convenga, de ahí que la falta de prevención respecto de esos puntos, transgrediría las normas fundamentales del procedimiento de amparo. Por último, recuérdese a los promoventes que la materia de la prevención versa sobre aspectos conformadores de la litis constitucional y exigen declaratoria bajo protesta de decir verdad, lo que implica además que el desahogo de esta prevención debe realizarse forzosamente por quienes promueven la demanda, o bien, por su representante legal. Sirve de apoyo por las razones que informa, la jurisprudencia, que cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." Apercibidos que, de no dar cumplimiento a la prevención, su demanda se tendrá por NO PRESENTADA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la ley de la materia. En diverso aspecto, se tiene por autorizada únicamente para efectos de oír y recibir notificaciones a la persona que indican en el escrito de cuenta. Ahora, dado que los promoventes del amparo señalan como domicilio para y recibir notificaciones las listas de publicación de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, háganseles todas las notificaciones, aun las de carácter personal, por ese medio, hasta en tanto los inconformes realices la designación correspondiente. Además, se exhorta a los promoventes a que, de ser posible y al tomar en consideración el esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus "SARS-CoV-2", causante de la enfermedad conocida como coronavirus "COVID-19", de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, consideren registrarse como usuario de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, obtener su firma electrónica FIREL, soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones personales de manera electrónica, en términos de lo establecido en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos a fin de reproducir las constancias del presente asunto con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de que pueda practicar todas las diligencias ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese por oficio al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México y por lista a los quejosos.

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