Rubén Ramírez Hernández

Expediente 1887/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1887/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Rubén Ramírez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio 8305/2023 signado electrónicamente por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, se le tiene informando que dentro del incidente de inejecución de sentencia ********************/2023, se declinó competencia a su homólogo del Primer Tribunal Colegiado de este circuito, por las razones expuestas en el mismo y, para tal efecto, ordenó remitir las constancias que integran el presente juicio de amparo, con la finalidad de que determine si acepta o no el conocimiento del asunto; circunstancia de la cual queda enterado este Órgano de Control Constitucional. Por otra parte, se solicita de la manera más atenta a la autoridad oficiante para que una vez que tenga conocimiento si el PrimerTribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito con residencia en esta ciudad, aceptó la competencia que le fue declinada, lo comunique a este órgano de control constitucional; lo anterior, para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    (5) A las nueve horas del día de hoy se tiene por legalmente notificada a la parte quejosa..., del acuerdo de treinta de octubre de dos mil veintitrés, toda vez que no se presentó a notificarse ante este Juzgado Federal, del propio auto, como se le comunicó en aviso de seis de noviembre de dos mil veintitrés, lo anterior, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo. "auto de treinta de octubre de dos mil veintitrés "...Visto el escrito signado por quien dice ser la quejosa ******************** mediante el cual, en atención a la vista que le fue otorgada en proveído de cinco de octubre actual, aduce ampliar su demanda de amparo respecto de la siguiente autoridad: Autoridad responsable: Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad. Acto reclamado: La inscripción que le fue ordenada por la autoridad ordenadora respecto del inmueble ubicado en ********************. En consecuencia, resulta procedente la ampliación de la demanda respecto del acto y autoridad ya precisados, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo. 1. Autoridad (es) responsable (s). a. Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se requiere a la autoridad responsable Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad para que en el plazo de quince días rinda(n) su informe con justificación, apercibida(s) que de no hacerlo se presumirán como ciertos el(los) acto(s) reclamado(s) y se le(s) impondrá multa por el equivalente a cien veces el importe de la unidad de medida y actualización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley citada, que asciende a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional. Ello, en el entendido que si las autoridades responsables no consideran necesario remitir constancias, los informes justificados correspondientes deberán enviarse ÚNICAMENTE por correo electrónico a la dirección 2jdo29cto@correo.cjf.gob.mx. b. Informe vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. A fin de agilizar la integración del expediente, en caso de haberlas, remítase vía interconexión el(los) oficio(s) correspondiente(s) a la(s) autoridad(es) que constituye(n) órgano(s) jurisdiccional(es) del Poder Judicial de la Federación, o bien, a la(s) autoridad(es) con la(s) que el Consejo de la Judicatura Federal ha celebrado convenio(s) respectivos, solicitándose atentamente que el informe que rinda(n) se envíe por la misma vía, a excepción de los casos en que deban remitir constancias que deban exhibirse forzosamente en forma física (discos compactos, etcétera), conforme a lo ordenado en este apartado. Finalmente, en caso que los actuarios adscritos cuenten con el correo electrónico oficial de la(s) autoridad(es) responsable(s), se les instruye para que remitan el(los) oficio(s) derivado(s) de este acuerdo por tal vía, siempre y cuando puedan constatar, por cualquier medio, su recepción. c. Multa por no recibir oficios. Con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, apercíbase a la(s) autoridad(es) responsable(s) que si se niega(n) a recibir los oficios librados en el presente juicio, se le(s) impondrá multa por el equivalente de cien unidades de medida y actualización, conforme al diverso segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, que asciende a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional. De igual forma, hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s), que de conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, está(n) obligada(s) a recibir el(los) oficio(s) que con motivo de este juicio se le(s) dirija(n), por lo que en caso de negarse a recibirlo(s), con excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial (verbigracia, por tratarse de encargado y no titular, o viceversa; o bien por no estar completa la denominación) si no existe duda y resulta evidente la existencia de la(s) autoridad(es), sobre todo, en caso que no exista organigrama o directorio que tanto este juzgador como las partes puedan consultar en línea para determinar con precisión el nombre del cargo), se tendrá(n) por hecha(s) la(s) notificación(es) y será(n) responsable(s) de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que el(los) propio(s) oficio(s) contenga(n); en el entendido que podrá(n) hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación, e incluso el domicilio correcto, al rendir su respectivo informe o en su defecto mediante oficio; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, con la razón actuarial que se levante, o bien lo que informe el funcionario de correos o telégrafos, se dictará el acuerdo correspondiente, sin perjuicio que se les imponga una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme al último de los numerales invocados, que asciende a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional. d. Informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que en caso que tenga(n) conocimiento o con su conducta provoque(n) la actualización de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, o bien, si sabe(n) que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo que pueda tener relación con el presente asunto y en qué órgano jurisdiccional se radicó, lo comunique(n) de inmediato a este Juzgado de Distrito en cualquier estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumple con esa obligación, se le(s) impondrá una multa equivalente a treinta unidades de actualización y medida, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 251 del ordenamiento legal en cita, que asciende a tres mil ciento doce pesos, veinte centavos, moneda nacional. e. Requerimiento de expediente generador y constancias relacionadas con el asunto. Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que remita(n) en el plazo de quince días, contados desde el momento en que le(s) sea notificado el presente acuerdo, las constancias que integran el expediente generador del(los) acto(s) reclamado(s) o que sirvieron de apoyo para emitirlo(s), así como aquéllas que en su caso tuvieran relación con el presente asunto (en forma completa y legible, debidamente foliadas, rubricadas, entreselladas y signadas por funcionario público facultado para dicho cotejo), toda vez que resulta necesario para resolver el presente juicio, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del término señalado o de no informar las causas legales o materiales que se lo impidan, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional. 3. Incidente de suspensión. Con copias del escrito de ampliación de la demanda de amparo, provéase respecto de la suspensión que solicita. 3. Certificación secretarial. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el contenido del oficio 34/2023 de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, signado por el Coordinador de Magistradas y Magistrados de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Noveno Circuito, Coordinador de Juezas y Jueces de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo y Centro de Justicia Penal Federal, y Coordinador de Juezas y Jueces del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca, se declararon inhábiles los días del veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, periodo en el que se ordenó suspender los plazos y términos procesales en los órganos jurisdiccionales del Vigésimo Noveno Circuito, salvo el Tercer Tribunal Colegiado de este circuito judicial. En consecuencia, toda vez que del estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encontraban señaladas las diez horas con trece minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, a efecto de que tuviera verificativo la celebración de la audiencia constitucional, en atención a lo precisado en el párrafo que precede se señala como nueva fecha para su celebración las diez horas con doce minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés.

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el fallo dictado en este expediente no fue recurrido dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la mencionada ley, se declara que la sentencia terminada de engrosar el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 138 a 156), en la que por una parte se sobreseyó, y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a María Teresa González González, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro respectivo.****************************************Ahora, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Presidente de la República, Subdelegada de Prestaciones y a la Jefa del Departamento de Pensiones, ambas de la Delegación Estatal en Hidalgo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que den cumplimiento a la sentencia en los siguientes términos:****************************************". para efecto de que el numeral declarado inconstitucional, es decir, el artículo 12, fracción II, inciso c) del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no se le aplique en el presente y futuro, hasta que se modifique o reforme.********************Es decir, no se le restrinja el derecho a percibir la pensión de viudez al encontrase como trabajadora en activo."****************************************Con apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se le impondrá a una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en turno para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación; lo anterior, con apoyo en los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo.****************************************Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal.****************************************De igual forma, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se informa a la autoridad responsable que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales.****************************************En el entendido que la responsabilidad a que se hace referencia en líneas precedentes, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que establece:****************************************"Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir."****************************************Asimismo, se comunica a la autoridad responsable que no obstante llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución del fallo protector, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo.****************************************Apoya lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son:****************************************"Época: Décima Época ********************Registro: 2007918 ********************Instancia: Pleno ********************Tipo de Tesis: Jurisprudencia ********************Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación ********************Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I ********************Materia(s): Común ********************Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) ********************Página: 19 ********************PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

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