Rubén Ramírez Chávez
Expediente 137/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 137/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 18/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rubén Ramírez Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Rubén Ramírez Chávez, sin que hayan hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; por tanto, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgador este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en donde la demanda se desechó de plano y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Por otra parte, en términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger los documentos originales que hubiera exhibido en el juicio; apercibida que de no hacerlo, será destruido junto con el expediente. En otro orden de ideas, hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, funge como titular de este órgano jurisdiccional el licenciado Alberto Roldán Olvera, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/304/2021, de veintidós de abril del año en curso, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar Digitalización. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; asimismo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
Cumplimiento a prevención. Visto el escrito signado por el quejoso Rubén Ramírez Chávez; en atención a su contenido, se advierte que éste desahoga la prevención formulada en auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, de la que se advierte que ésta fue la siguiente: 3) Informe, bajo protesta de decir verdad, si el juicio agrario subyacente 182/2012, se encuentra en etapa de ejecución. Al respecto, la parte quejosa manifestó, en lo que interesa, lo siguiente: "a).- .manifiesto como lo indique anteriormente y que efectivamente hasta este momento tengo conocimiento de que el juicio agrario 182/2012 se encuentra en etapa de ejecución tal y como lo acredito con las copias certificadas expedidas por este Juzgado, en donde el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario 36, rindió informe dentro del juicio de amparo indirecto 120/2021 Mesa VI, del índice de éste H. Juzgado, con lo que doy cumplimiento al acta manifestado en protesta y surta los efectos legales correspondientes. Así mismo y en este momento realizo ampliación a mi demanda de amparo respecto del incidente de nulidad-de actuaciones, lo cual realizo de la siguiente manera: AMPLIACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO RUBÉN RAMÍREZ CHÁVEZ, en cuanto quejoso, carácter que tengo legalmente reconocido dentro de los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 120/2021, ante Usted, con debido respeto, comparezco a exponer: Por la omisión por parte de la autoridad responsable para emitir respuesta y seguimiento al incidente de nulidad de actuaciones presentando en contra del emplazamiento de fecha 16 de agosto del año 2019, dos mil diecinueve, presentado dentro del expediente 182/2012 ante el H. Tribunal Unitario Agrario 36. (sic) En consecuencia, téngase a la parte quejosa dando cumplimiento a la prevención formulada en auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno. Ahora, debe decirse que la parte quejosa señaló como autoridades responsables las siguientes: Autoridad ordenadora: Tribunal Unitario Agrario 36. Autoridad ejecutora: Actuario del Tribunal Unitario Agrario 36 De quienes reclama el acto consistente en: "La violación de mis garantías individuales, derivado de la comparecencia de la Licenciada Rebeca López Flores, quien menciono ser Actuaria del Tribunal Unitario Agrario 36, y en orden del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario 36 comparecía a realizar actos de destrucción y desalojo en mi parcela 502 Z-1/2 con una superficie de 2-00-00.47 hectáreas, ubicada en el ejido Quiringuicharo, municipio de Ecuandureo, Michoacán y derivado del juicio agrario 182/2012. (sic) Consideraciones previas El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. De igual modo, el artículo 113 en mención señala que el desechamiento de plano de una demanda de amparo requiere, necesariamente, un motivo de improcedencia del juicio constitucional. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Apoyan lo expuesto, las jurisprudencias I.13°.A. J/6 y I.60.C. J/19, emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa1 y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil2 , ambos pertenecientes al del Primer Circuito, cuyos rubros son:"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." y "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Análisis de demanda Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 , cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Ahora, previo a fijar el acto reclamado, conviene realizar una breve síntesis de los antecedentes de aquél, los cuales servirán de contexto para emitir el pronunciamiento respectivo. Antecedentes Que el veinticuatro de febrero de dos mil doce, José Chávez Ramírez entabló en contra del quejoso Rubén Ramírez Chávez, el juicio agrario 182/2012, del índice del tribunal unitario agrario 36, por la acción de controversia por la posesión, con efecto restituidos de la parcela 502, de una superficie de 2-00-00.00 hectáreas, ubicada en el ejido de Quiringuicharo, municipio de Ecuandureo. En seis de julio de dos mil doce, el quejoso dio contestación a la demanda, ejercitando en esa misma fecha acción reconvencional en contra de José Chávez Ramírez, de la sucesión de José Ramírez Casillas, de los integrantes del comisariado Ejidal y de los colindantes de la parcela número 422 con superficie de 5-04-79.99 hectáreas. Que en veintitrés de enero de dos mil trece, se dictó sentencia en el que se declaró improcedente la reconvención que dedujo el quejoso Rubén Ramírez Chávez. Contra la resolución antes señalada se presentó demanda de amparo directo, el cual le correspondió el amparo número 366/2013, mismo que se concedió para el efecto de que se reponga el procedimiento para que aclare su demanda reconvencional. Con fecha veintinueve de enero de dos mil catorce, se dictó acuerdo por parte de la autoridad responsable en el que dejo insubsistente la sentencia dictada el veintiséis de enero de dos mil trece, señalándose nueva fecha para la audiencia de ley, con el objeto de subsanar el juicio agrario y reponer el procedimiento. En doce de agosto de dos mil dieciséis, se declaró improcedente la acción de prescripción adquisitiva demandada por Rubén Ramírez Chávez, para lo cual se presentó nuevamente demanda de amparo directo, recayendo el juicio número 190/2017, tocando por turno conocer al Segundo Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, el cual concedió la protección constitucional en sentencia de siete de julio de dos mil diecisiete, en la que se resolvió que el quejoso si acreditó la causa generadora de su posesión. Se dejó insubsistente la sentencia dictada, emitiendo de nueva cuenta sentencia el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, la que resultó favorable a favor del quejoso, por lo que el demandado en reconvención José Chávez Ramírez, promovió de nueva cuenta ampro directo, registrado bajo el número 137/2019, misma que le fue concedida en catorce de junio de dos mil diecinueve. Que la última sentencia dictada dentro de dicho juicio es la emitida el cinco de julio de dos mil diecinueve, resolución del tenor siguiente: PUTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO.- La presente y nueva sentencia se emite en los términos decretados en la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de garantías 137/2019, del índice de segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito del catorce de junio de dos mil diecinueve. Razón por la cual en términos del artículo 193 y 196 de la Ley de Amparo, se instruye remitir mediante oficio copia certificada de esta resolución a dicho órgano de control constitucional informando que con la presente sentencia esta autoridad señalada como responsable, considera haber dado favor cumplimiento a dicho fallo protector.. SEGUNDO. El reconvencionista RUBEN RAMÍREZ CHÁVEZ, no acredito los extremos de su acción de prescripción adquisitiva; mientras que el demandado JOSÉ CHÁVEZ RAMÍREZ probó sus excepciones y defensas; con base en los razonamientos y fundamentos legales expuestos en la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO. En la reconvención, por las consideraciones de hecho y de derecho plasmadas en este fallo, se declara que al demandado reconvencionista RUBÉN RAMÍREZ CHÁVEZ, no le asiste el derecho para obtener por prescripción adquisitiva los derechos sobre la parcela 502 Z-1 P2/3 con superficie de 2-00-00.47 hectáreas del ejido de "Quiringuicharo", Municipio de Ecuandureo, estado de Michoacán de Ocampo. CUARTO.- En la acción principal, el actor JOSÉ CHÁVEZ RAMÍREZ acredito tener mejor derecho para poseer la parcela en conflicto, al haber quedado plenamente acreditado los elementos de la acción plenaria de posesión de la parcela 502 Z-1 P2/3 3 con superficie de 2-00-00.47 hectáreas del ejido de "Quiringuicharo", Municipio de Ecuandureo, estado de Michoacán de Ocampo, sin que el demandado RUBÉN RAMIREZ CHÁVEZ lograra demostrar un mejor derecho para poseer las mismas, ya que dicha posesión resulto ilegal. Por tanto, se condena a RUBEN RAMÍREZ CHÁVEZ para que realice la desocupación, restitución y entrega real de la parcela 502 Z-1 P2/3 con superficie de 2-00-00.47 hectáreas, a favor de su titular JOSÉ CHÁVEZ RAMÍREZ concediéndole para ello a RUBEN RAMÍREZ CHÁVEZ un plazo de quince días contados a partir de que se le notifique el presente fallo, con el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá en términos del artículo 191 de la Ley Agraria su ejecución forzosa y aun con el auxilio de la fuerza pública entrega que deberá hacerse con sus frutos y accesiones.. QUINTO.- En términos decretados en la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de garantías 137/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito del catorce de junio del dos mil diecinueve, se reiteran las cuestiones que no fueron motivo de concesión. SEXTO.- En cumplimiento en lo dispuesto por los artículos 1°, 2°, 5° y 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dígasele a las partes que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, estará a disposición del público para su consulta cuando así lo solicite, haciéndole saber también que el derecho que les asiste para manifestar dentro del término de tres días contados a partir de que cause ejecutoria, su oposición para que aparezcan sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que aparezcan-sin supresión-de - datos. SEPTIMO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE LA PRESENTE SENTENCIA A LAS PARTES, ENTREGÁNDOLES COPIA CERTIFRICADA; ANOTESE EN EL LIBRO DE GOBIERNO QUE SE LLEVA EN ESTE TRIBUNAL, PUBLIQUE SE EN LA PAGIAN ELECTRONICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTOS DE EXPEDIENTES AGRARIOS (SISEA), Y UNA VEZ QUE CAUSE EJECUTORIA LA PRESENTE SENTENCIA, EJECUTESE Y EN SU OPORTUNIDAD, ARCHIVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO Y CUMPLASE Finalmente, como se advierte de párrafos que anteceden, el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el juicio agrario 182/2012, se encuentra en etapa de ejecución. Fijación del acto reclamado El análisis integral de su demanda reveló que el acto reclamado se hace consistir en: "La violación de mis garantías individuales, derivado de la comparecencia de la Licenciada Rebeca López Flores, quien menciono ser Actuaria del Tribunal Unitario Agrario 36, y en orden del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario 36 comparecía a realizar actos de destrucción y desalojo en mi parcela 502 Z-1/2 con una superficie de 2-00-00.47 hectáreas, ubicada en el ejido Quiringuicharo, municipio de Ecuandureo, Michoacán y derivado del juicio agrario 182/2012. (sic) Improcedencia del juicio de amparo Este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.). IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)". La interpretación funcional de los preceptos transcritos permite advertir que, contra actos de los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el juicio de amparo sólo procede respecto de las sentencias, laudos o resoluciones definitivas que pongan fin al juicio, salvo los casos expresamente previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Esto es, cuando se reclamen actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose como tales, para efectos de la procedencia del amparo indirecto, cuando de modo directo e inmediato se trasgredan derechos sustantivos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales en los que México sea parte o adjetivos en grado predominante o superior que no puedan ser reparados en la sentencia que se dicte en el juicio respectivo. Así, los únicos actos emitidos dentro de un juicio que pueden ser materia del juicio de amparo son aquellos que tengan una ejecución de imposible reparación, siendo el caso cuando agravian de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo materia de derechos humanos o las garantías constitucionales establecidas para la protección de éstos, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable. Ahora, para determinar si existe tal afectación debe atenderse a los efectos que produce objetiva y jurídicamente el acto reclamado y no a las argumentaciones que constituyen los conceptos de violación, dado que la consideración de los efectos del acto son un presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, el cual debe estudiarse previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería el método del proceso de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción V del artículo 107 de la propia ley. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia II.2o.P. J/294 , cuyo texto dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE A LOS EFECTOS QUE PRODUCEN OBJETIVA Y JURÍDICAMENTE, Y NO A LAS ARGUMENTACIONES QUE CONSTITUYAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es equivocada la pretensión de confundir la identidad y naturaleza de los actos reclamados con los conceptos de violación que se enderezan a tratar de explicar y, en su caso, justificar por qué el acto reclamado se estima inconstitucional, pues independientemente del número o variedad de dichos conceptos, ello no produce una segmentación o multiplicación del acto o actos reclamados cuando la identidad y precisión de ellos aparece debidamente delimitada. Por tanto, para determinar la procedencia del juicio en el supuesto previsto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto es, tratándose de actos dentro de juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, deben considerarse los efectos que producen de manera objetiva y jurídica, y no las argumentaciones que constituyan los conceptos de violación, pues éstos, en todo caso, constituyen el fondo del amparo que pudiera llegar a resolverse de estimarse procedente la demanda de garantías. Ello es así, porque la consideración de los efectos del acto constituyen el presupuesto de su procedibilidad, previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería la técnica del juicio de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción IV del artículo 114 de la propia ley". En el caso concreto, la parte quejosa señala como acto reclamado la comparecencia de la Actuaria adscrita al Tribunal Unitario Agrario 36, a fin de realizar actos de destrucción y desalojo en la supuesta parcela del quejoso -502 Z-1/2 con una superficie de 2-00-00.47 hectáreas, ubicada en el ejido Quiringuicharo, municipio de Ecuandureo, Michoacán-, derivado del juicio agrario 182/2012. Quien resuelve estima que el acto por el cual se duele la parte quejosa, actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. De lo anterior, tenemos que tratándose de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el juicio de amparo biinstancial contra la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, otorgando la oportunidad a la parte quejosa de reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante esa etapa que hubieren dejado sin defensa al peticionario de amparo y trascendido al resultado de la resolución. En esa línea de pensamiento, conviene tener en cuenta algunas premisas en torno a la procedencia de la acción constitucional indirecta, contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido; asimismo, distinguir los supuestos: 1. Un supuesto general, referido a los actos realizados fuera de juicio o después de concluido; y 2. Los supuestos específicos, siguientes: a) Actos de ejecución de sentencia; y, b) Actos en la etapa de remate. Sin embargo, toda vez que el acto reclamado se ubica en etapa de ejecución de sentencia [después de concluido el juicio]5 , el cual no se emitió dentro de la etapa de remate, no goza de autonomía procesal; en el presente caso únicamente abordaremos la hipótesis plasmada en el inciso a), consistente en los actos dictados en ejecución de sentencia -debido a que la determinación que constituye el acto reclamado se emitió en dicha fase-; en esta etapa, se destacan tres situaciones que hacen procedente la acción constitucional, las cuales a continuación se enumeran: 1) La resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; 2) Aquella que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, 3) La que ordena el archivo definitivo del expediente. Es decir, para los actos dictados después de concluido el juicio, pero en ejecución de la sentencia, la procedencia del amparo en su contra, se posterga hasta que se dicta la resolución final del procedimiento relativo. En consecuencia, contra las resoluciones dictadas durante el procedimiento de ejecución no procede el juicio de amparo indirecto, en términos de los artículos 61, fracción XXIII en relación con el 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, pues será hasta que se dicte la resolución terminal, con la que culmine el procedimiento de ejecución, esto es, la que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordene el archivo del expediente, el momento en el que la parte quejosa estará en condiciones de promover demanda de amparo indirecto, en la cual podrá reclamar todas las violaciones que estime se le dejaron sin defensa. Sirve de sustento a lo anterior la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal del país, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo VII, febrero de 1998, página 230, de rubro y texto: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución.", la cual continúa en vigor en tanto que no se opone a lo establecido en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, de conformidad con lo previsto en el artículo sexto transitorio del invocado ordenamiento legal". En el caso que nos ocupa, conviene traer nuevamente a colación los antecedentes del acto reclamado a fin de ubicar el momento en que se emitió, siendo los siguientes: Que el veinticuatro de febrero de dos mil doce, José Chávez Ramírez entabló en contra del quejoso Rubén Ramírez Chávez, el juicio agrario 182/2012, del índice del tribunal unitario agrario 36, por la acción de controversia por la posesión, con efecto restituidos de la parcela 502, de una superficie de 2-00-00.00 hectáreas, ubicada en el ejido de Quiringuicharo, municipio de Ecuandureo. En seis de julio de dos mil doce, el quejoso dio contestación a la demanda, ejercitando en esa misma fecha acción reconvencional en contra de José Chávez Ramírez, de la sucesión de José Ramírez Casillas, de los integrantes del comisariado Ejidal y de los colindantes de la parcela número 422 con superficie de 5-04-79.99 hectáreas. Que en veintitrés de enero de dos mil trece, se dictó sentencia en el que se declaró improcedente la reconvención que dedujo el quejoso Rubén Ramírez Chávez. Contra la resolución antes señalada se presentó demanda de amparo directo, el cual le correspondió el amparo número 366/2013, mismo que se concedió para el efecto de que se reponga el procedimiento para que aclare su demanda reconvencional. Con fecha veintinueve de enero de dos mil catorce, se dictó acuerdo por parte de la autoridad responsable en el que dejo insubsistente la sentencia dictada el veintiséis de enero de dos mil trece, señalándose nueva fecha para la audiencia de ley, con el objeto de subsanar el juicio agrario y reponer el procedimiento. En doce de agosto de dos mil dieciséis, se declaró improcedente la acción de prescripción adquisitiva demandada por Rubén Ramírez Chávez, para lo cual se presentó nuevamente demanda de amparo directo, recayendo el juicio número 190/2017, tocando por turno conocer al Segundo Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, el cual concedió la protección constitucional en sentencia de siete de julio de dos mil diecisiete, en la que se resolvió que el quejoso si acreditó la causa generadora de su posesión. Se dejó insubsistente la sentencia dictada, emitiendo de nueva cuenta sentencia el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, la que resultó favorable a favor del quejoso, por lo que el demandado en reconvención José Chávez Ramírez, promovió de nueva cuenta ampro directo, registrado bajo el número 137/2019, misma que le fue concedida en catorce de junio de dos mil diecinueve. Que la última sentencia dictada dentro de dicho juicio es la emitida el cinco de julio de dos mil diecinueve, resolución del tenor siguiente: PUTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO.- La presente y nueva sentencia se emite en los términos decretados en la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de garantías 137/2019, del índice de segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito del catorce de junio de dos mil diecinueve. Razón por la cual en términos del artículo 193 y 196 de la Ley de Amparo, se instruye remitir mediante oficio copia certificada de esta resolución a dicho órgano de control constitucional informando que con la presente sentencia esta autoridad señalada como responsable, considera haber dado favor cumplimiento a dicho fallo protector.. SEGUNDO. El reconvencionista RUBEN RAMÍREZ CHÁVEZ, no acredito los extremos de su acción de prescripción adquisitiva; mientras que el demandado JOSÉ CHÁVEZ RAMÍREZ probó sus excepciones y defensas; con base en los razonamientos y fundamentos legales expuestos en la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO. En la reconvención, por las consideraciones de hecho y de derecho plasmadas en este fallo, se declara que al demandado reconvencionista RUBÉN RAMÍREZ CHÁVEZ, no le asiste el derecho para obtener por prescripción adquisitiva los derechos sobre la parcela 502 Z-1 P2/3 con superficie de 2-00-00.47 hectáreas del ejido de "Quiringuicharo", Municipio de Ecuandureo, estado de Michoacán de Ocampo. CUARTO.- En la acción principal, el actor JOSÉ CHÁVEZ RAMÍREZ acredito tener mejor derecho para poseer la parcela en conflicto, al haber quedado plenamente acreditado los elementos de la acción plenaria de posesión de la parcela 502 Z-1 P2/3 3 con superficie de 2-00-00.47 hectáreas del ejido de "Quiringuicharo", Municipio de Ecuandureo, estado de Michoacán de Ocampo, sin que el demandado RUBÉN RAMIREZ CHÁVEZ lograra demostrar un mejor derecho para poseer las mismas, ya que dicha posesión resulto ilegal. Por tanto, se condena a RUBEN RAMÍREZ CHÁVEZ para que realice la desocupación, restitución y entrega real de la parcela 502 Z-1 P2/3 con superficie de 2-00-00.47 hectáreas, a favor de su titular JOSÉ CHÁVEZ RAMÍREZ concediéndole para ello a RUBEN RAMÍREZ CHÁVEZ un plazo de quince días contados a partir de que se le notifique el presente fallo, con el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá en términos del artículo 191 de la Ley Agraria su ejecución forzosa y aun con el auxilio de la fuerza pública entrega que deberá hacerse con sus frutos y accesiones.. QUINTO.- En términos decretados en la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de garantías 137/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito del catorce de junio del dos mil diecinueve, se reiteran las cuestiones que no fueron motivo de concesión. SEXTO.- En cumplimiento en lo dispuesto por los artículos 1°, 2°, 5° y 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dígasele a las partes que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, estará a disposición del público para su consulta cuando así lo solicite, haciéndole saber también que el derecho que les asiste para manifestar dentro del término de tres días contados a partir de que cause ejecutoria, su oposición para que aparezcan sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que aparezcan-sin supresión-de - datos. SEPTIMO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE LA PRESENTE SENTENCIA A LAS PARTES, ENTREGÁNDOLES COPIA CERTIFRICADA; ANOTESE EN EL LIBRO DE GOBIERNO QUE SE LLEVA EN ESTE TRIBUNAL, PUBLIQUE SE EN LA PAGIAN ELECTRONICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTOS DE EXPEDIENTES AGRARIOS (SISEA), Y UNA VEZ QUE CAUSE EJECUTORIA LA PRESENTE SENTENCIA, EJECUTESE Y EN SU OPORTUNIDAD, ARCHIVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO Y CUMPLASE. Finalmente, como se advierte de párrafos que anteceden, el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el juicio agrario 182/2012, se encuentra en etapa de ejecución. De la anterior relatoría, se obtiene que el acto reclamado se ubica en el procedimiento de ejecución. En esas condiciones, es inconcuso que lo que se reclama en esta vía, hasta el momento, sólo podrían configurar violaciones intermedias en el procedimiento de ejecución, pues el acto que se atribuye a la autoridad responsable no tiene la naturaleza de ser la última resolución que pone fin a dicho procedimiento. Lo anterior se deduce, pues la determinación de la autoridad responsable, no se trata del auto que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o, bien, la que ordene el archivo del expediente. Tampoco es un acto autónomo respecto del procedimiento de ejecución, de ahí que tenga que esperar hasta que se dicte la última resolución en dicho procedimiento. Ello es así, porque la determinación que impugna de inconstitucional tiene como único objeto continuar con el procedimiento de ejecución de la sentencia, lo cual, desde luego no tiene el carácter de última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, al no ser la que aprueba o reconoce el total cumplimiento de dicho fallo o determina su imposibilidad de acatarlo. Así, se reitera que lo reclamado en esta instancia constitucional debe considerarse como un acto - intermedio- dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, y no como una determinación que le revista el carácter de última resolución dictada en la citada fase procesal, para que el juicio de amparo resulte procedente, conforme lo establece el artículo 107, en su fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo, en virtud de no ser aquella la última resolución dictada en ejecución de sentencia, dado que no es la que aprueba o reconoce el total cumplimiento de dicho fallo o determina su imposibilidad de acatarlo. Desechamiento Al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Rubén Ramírez Chávez, por propio derecho. ? Análisis de la actualización de la causa de improcedencia respecto de la ampliación de demanda. Ahora bien, de párrafos que anteceden se advierte que la quejosa manifiesta lo siguiente: "Así mismo y en este momento realizo ampliación a mi demanda de amparo respecto del incidente de nulidad-de actuaciones, lo cual realizo de la siguiente manera: AMPLIACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO RUBÉN RAMÍREZ CHÁVEZ, en cuanto quejoso, carácter que tengo legalmente reconocido dentro de los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 120/2021, ante Usted, con debido respeto, comparezco a exponer: (...) II.- ACTO RECLAMADO. -Por la omisión por parte de la autoridad responsable para emitir respuesta y seguimiento al incidente de nulidad de actuaciones presentando en contra del emplazamiento de fecha 16 de agosto del año 2019, dos mil diecinueve, presentado dentro del expediente 182/2012 ante el H. Tribunal Unitario Agrario 36. III.- FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL AOC RECLAMADO. - Bajo protesta de decir verdad señalo que tuve conocimiento el día 17 diecisiete de marzo del año 2021 dos mil veintiuno, del informe rendido por parte de la autoridad responsable, dentro del juicio de amparo indirecto 120/2021 Mesa VI, del Indice de este Juzgado, violando mis garantías de audiencia y debido proceso." (sic) En la especie, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Ampro, la cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.]" La disposición legal transcrita contempla la hipótesis de litispendencia, que se traduce en la tramitación simultánea de dos o más juicios, los cuales contienen los mismos elementos esenciales de la acción constitucional. Ahora, la interpretación teleológica (criterio funcional) y sistemática (sentido estricto) del precepto invocado se advierte que las condiciones para que el juicio de amparo resulte improcedente, en términos de la causa en estudio, son las siguientes: a) Que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté en trámite o pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y, c) Que ambos juicios sean promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En el caso, se encuentran satisfechos tales requisitos, pues, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de la jurisprudencia 2a./J.103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación6 , resulta conveniente traer a la vista como hecho notorio que el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, fue admitido el diverso juicio de amparo VI-120/2021, promovido por Rubén Ramírez Chávez, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XXXVI, con residencia en esta ciudad; en el que señaló como acto reclamado lo siguiente: El acuerdo dictado el veintidós de enero de dos mil veinte, en el que determinó la inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones planteado por el quejoso, en contra de la notificación que se le realizó de la sentencia definitiva dictada en el expediente agrario 182/2012, del índice de la responsable, cuyo contenido desconoce en virtud de que se le ha negado el acceso a dicho expediente. Cabe señalar que el presente juicio de amparo es notoriamente improcedente, pues se toma en consideración que los elementos de esta acción constitucional son los mismos que se encuentran en el 6 Visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE." diverso juicio de amparo VI-120/2021; y que a la fecha el referido asunto se encuentra en trámite, pues se admitió la demanda en proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno y no se ha celebrado la audiencia constitucional; por tanto, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, al surtirse cada uno de los requisitos que exige. Tiene aplicación a lo anterior por analogía, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación7 , del rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACION NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTIAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia." Igualmente sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito8 , que indica: "IMPROCEDENCIA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y EN UN JUICIO DIVERSO SE RECLAMA EL MISMO ACTO DE AUTORIDAD. El juicio de amparo en el que se reclama el mismo acto de autoridad que fue combatido en un diverso juicio de garantías anterior, en el cual el auto que desechó la demanda aún no ha causado ejecutoria por estar transcurriendo el término legal establecido para interponer el recurso de revisión, es improcedente de conformidad con lo previsto por el artículo 73, fracción III de la ley de la materia, en virtud de que en tal hipótesis el acto reclamado debe entenderse que es materia del juicio de amparo no concluido; máxime que la conducta procesal del quejoso implica un evidente abuso en el ejercicio de la acción constitucional." ? Desechamiento. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. ? Protesta de ley. No es inadvertido para este juzgador el hecho de que en este auto no se cuenten con los elementos suficientes y objetivos que permitan arribar a la determinación de desechar la demanda. Sin embargo, no debe soslayarse que todo lo anterior parte de la premisa de que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad todos los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, tanto la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Cuestión que se ve reflejada, y que por las ideas que contiene se estima aplicable, en la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.)9 de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable" (Énfasis en lo resaltado por este juzgado). De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, tanto las pruebas que se hubiesen acompañado a la demanda -y que forman parte de ésta- , así como las narraciones vertidas en la demanda por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos son suficientes para desechar la demanda en comento. No escapa a la consideración de este juzgador que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio10 del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia J/2311, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la parte promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.)12, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.)13, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integran de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno correspondiente. Digitalización de proveído. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; asimismo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, el siguiente acuerdo:Cumplimiento a prevención. Visto el escrito signado por el quejoso Rubén Ramírez Chávez; en atención a su contenido, se advierte que éste desahoga la prevención formulada en auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, de la que se advierte que ésta fue la siguiente: 3) Informe, bajo protesta de decir verdad, si el juicio agrario subyacente 182/2012, se encuentra en etapa de ejecución. Al respecto, la parte quejosa manifestó, en lo que interesa, lo siguiente: "a). .manifiesto como lo indique anteriormente y que efectivamente hasta este momento tengo conocimiento de que el juicio agrario 182/2012 se encuentra en etapa de ejecución tal y como lo acredito con las copias certificadas expedidas por este Juzgado, en donde el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario 36, rindió informe dentro del juicio de amparo indirecto 120/2021 Mesa VI, del índice de éste H. Juzgado, con lo que doy cumplimiento al acta manifestado en protesta y surta los efectos legales correspondientes. Así mismo y en este momento realizo ampliación a mi demanda de amparo respecto del incidente de nulidad-de actuaciones, lo cual realizo de la siguiente manera: AMPLIACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO RUBÉN RAMÍREZ CHÁVEZ, en cuanto quejoso, carácter que tengo legalmente reconocido dentro de los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 120/2021, ante Usted, con debido respeto, comparezco a exponer: Por la omisión por parte de la autoridad responsable para emitir respuesta y seguimiento al incidente de nulidad de actuaciones presentando en contra del emplazamiento de fecha 16 de agosto del año 2019, dos mil diecinueve, presentado dentro del expediente 182/2012 ante el H. Tribunal Unitario Agrario 36. (sic) En consecuencia, téngase a la parte quejosa dando cumplimiento a la prevención formulada en auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno. Ahora, debe decirse que la parte quejosa señaló como autoridades responsables las siguientes: Autoridad ordenadora: Tribunal Unitario Agrario 36. Autoridad ejecutora: Actuario del Tribunal Unitario Agrario 36 De quienes reclama el acto consistente en: "La violación de mis garantías individuales, derivado de la comparecencia de la Licenciada Rebeca López Flores, quien menciono ser Actuaria del Tribunal Unitario Agrario 36, y en orden del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario 36 comparecía a realizar actos de destrucción y desalojo en mi parcela 502 Z-1/2 con una superficie de 2-00-00.47 hectáreas, ubicada en el ejido Quiringuicharo, municipio de Ecuandureo, Michoacán y derivado del juicio agrario 182/2012. (sic) Consideraciones previas El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. De igual modo, el artículo 113 en mención señala que el desechamiento de plano de una demanda de amparo requiere, necesariamente, un motivo de improcedencia del juicio constitucional. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Apoyan lo expuesto, las jurisprudencias I.13°.A. J/6 y I.60.C. J/19, emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa1 y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil2 , ambos pertenecientes al del Primer Circuito, cuyos rubros son:"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." y "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Análisis de demanda Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 , cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Ahora, previo a fijar el acto reclamado, conviene realizar una breve síntesis de los antecedentes de aquél, los cuales servirán de contexto para emitir el pronunciamiento respectivo. Antecedentes Que el veinticuatro de febrero de dos mil doce, José Chávez Ramírez entabló en contra del quejoso Rubén Ramírez Chávez, el juicio agrario 182/2012, del índice del tribunal unitario agrario 36, por la acción de controversia por la posesión, con efecto restituidos de la parcela 502, de una superficie de 2-00-00.00 hectáreas, ubicada en el ejido de Quiringuicharo, municipio de Ecuandureo. En seis de julio de dos mil doce, el quejoso dio contestación a la demanda, ejercitando en esa misma fecha acción reconvencional en contra de José Chávez Ramírez, de la sucesión de José Ramírez Casillas, de los integrantes del comisariado Ejidal y de los colindantes de la parcela número 422 con superficie de 5-04-79.99 hectáreas. Que en veintitrés de enero de dos mil trece, se dictó sentencia en el que se declaró improcedente la reconvención que dedujo el quejoso Rubén Ramírez Chávez. Contra la resolución antes señalada se presentó demanda de amparo directo, el cual le correspondió el amparo número 366/2013, mismo que se concedió para el efecto de que se reponga el procedimiento para que aclare su demanda reconvencional. Con fecha veintinueve de enero de dos mil catorce, se dictó acuerdo por parte de la autoridad responsable en el que dejo insubsistente la sentencia dictada el veintiséis de enero de dos mil trece, señalándose nueva fecha para la audiencia de ley, con el objeto de subsanar el juicio agrario y reponer el procedimiento. En doce de agosto de dos mil dieciséis, se declaró improcedente la acción de prescripción adquisitiva demandada por Rubén Ramírez Chávez, para lo cual se presentó nuevamente demanda de amparo directo, recayendo el juicio número 190/2017, tocando por turno conocer al Segundo Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, el cual concedió la protección constitucional en sentencia de siete de julio de dos mil diecisiete, en la que se resolvió que el quejoso si acreditó la causa generadora de su posesión. Se dejó insubsistente la sentencia dictada, emitiendo de nueva cuenta sentencia el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, la que resultó favorable a favor del quejoso, por lo que el demandado en reconvención José Chávez Ramírez, promovió de nueva cuenta ampro directo, registrado bajo el número 137/2019, misma que le fue concedida en catorce de junio de dos mil diecinueve. Que la última sentencia dictada dentro de dicho juicio es la emitida el cinco de julio de dos mil diecinueve, resolución del tenor siguiente: PUTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO.- La presente y nueva sentencia se emite en los términos decretados en la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de garantías 137/2019, del índice de segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito del catorce de junio de dos mil diecinueve. Razón por la cual en términos del artículo 193 y 196 de la Ley de Amparo, se instruye remitir mediante oficio copia certificada de esta resolución a dicho órgano de control constitucional informando que con la presente sentencia esta autoridad señalada como responsable, considera haber dado favor cumplimiento a dicho fallo protector.. SEGUNDO. El reconvencionista RUBEN RAMÍREZ CHÁVEZ, no acredito los extremos de su acción de prescripción adquisitiva; mientras que el demandado JOSÉ CHÁVEZ RAMÍREZ probó sus excepciones y defensas; con base en los razonamientos y fundamentos legales expuestos en la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO. En la reconvención, por las consideraciones de hecho y de derecho plasmadas en este fallo, se declara que al demandado reconvencionista RUBÉN RAMÍREZ CHÁVEZ, no le asiste el derecho para obtener por prescripción adquisitiva los derechos sobre la parcela 502 Z-1 P2/3 con superficie de 2-00-00.47 hectáreas del ejido de "Quiringuicharo", Municipio de Ecuandureo, estado de Michoacán de Ocampo. CUARTO.- En la acción principal, el actor JOSÉ CHÁVEZ RAMÍREZ acredito tener mejor derecho para poseer la parcela en conflicto, al haber quedado plenamente acreditado los elementos de la acción plenaria de posesión de la parcela 502 Z-1 P2/3 3 con superficie de 2-00-00.47 hectáreas del ejido de "Quiringuicharo", Municipio de Ecuandureo, estado de Michoacán de Ocampo, sin que el demandado RUBÉN RAMIREZ CHÁVEZ lograra demostrar un mejor derecho para poseer las mismas, ya que dicha posesión resulto ilegal. Por tanto, se condena a RUBEN RAMÍREZ CHÁVEZ para que realice la desocupación, restitución y entrega real de la parcela 502 Z-1 P2/3 con superficie de 2-00-00.47 hectáreas, a favor de su titular JOSÉ CHÁVEZ RAMÍREZ concediéndole para ello a RUBEN RAMÍREZ CHÁVEZ un plazo de quince días contados a partir de que se le notifique el presente fallo, con el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá en términos del artículo 191 de la Ley Agraria su ejecución forzosa y aun con el auxilio de la fuerza pública entrega que deberá hacerse con sus frutos y accesiones.. QUINTO.- En términos decretados en la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de garantías 137/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito del catorce de junio del dos mil diecinueve, se reiteran las cuestiones que no fueron motivo de concesión. SEXTO.- En cumplimiento en lo dispuesto por los artículos 1°, 2°, 5° y 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dígasele a las partes que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, estará a disposición del público para su consulta cuando así lo solicite, haciéndole saber también que el derecho que les asiste para manifestar dentro del término de tres días contados a partir de que cause ejecutoria, su oposición para que aparezcan sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que aparezcan-sin supresión-de - datos. SEPTIMO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE LA PRESENTE SENTENCIA A LAS PARTES, ENTREGÁNDOLES COPIA CERTIFRICADA; ANOTESE EN EL LIBRO DE GOBIERNO QUE SE LLEVA EN ESTE TRIBUNAL, PUBLIQUE SE EN LA PAGIAN ELECTRONICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTOS DE EXPEDIENTES AGRARIOS (SISEA), Y UNA VEZ QUE CAUSE EJECUTORIA LA PRESENTE SENTENCIA, EJECUTESE Y EN SU OPORTUNIDAD, ARCHIVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO Y CUMPLASE Finalmente, como se advierte de párrafos que anteceden, el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el juicio agrario 182/2012, se encuentra en etapa de ejecución. Fijación del acto reclamado El análisis integral de su demanda reveló que el acto reclamado se hace consistir en: "La violación de mis garantías individuales, derivado de la comparecencia de la Licenciada Rebeca López Flores, quien menciono ser Actuaria del Tribunal Unitario Agrario 36, y en orden del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario 36 comparecía a realizar actos de destrucción y desalojo en mi parcela 502 Z-1/2 con una superficie de 2-00-00.47 hectáreas, ubicada en el ejido Quiringuicharo, municipio de Ecuandureo, Michoacán y derivado del juicio agrario 182/2012. (sic) Improcedencia del juicio de amparo Este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.). IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)". La interpretación funcional de los preceptos transcritos permite advertir que, contra actos de los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el juicio de amparo sólo procede respecto de las sentencias, laudos o resoluciones definitivas que pongan fin al juicio, salvo los casos expresamente previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Esto es, cuando se reclamen actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose como tales, para efectos de la procedencia del amparo indirecto, cuando de modo directo e inmediato se trasgredan derechos sustantivos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales en los que México sea parte o adjetivos en grado predominante o superior que no puedan ser reparados en la sentencia que se dicte en el juicio respectivo. Así, los únicos actos emitidos dentro de un juicio que pueden ser materia del juicio de amparo son aquellos que tengan una ejecución de imposible reparación, siendo el caso cuando agravian de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo materia de derechos humanos o las garantías constitucionales establecidas para la protección de éstos, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable. Ahora, para determinar si existe tal afectación debe atenderse a los efectos que produce objetiva y jurídicamente el acto reclamado y no a las argumentaciones que constituyen los conceptos de violación, dado que la consideración de los efectos del acto son un presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, el cual debe estudiarse previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería el método del proceso de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción V del artículo 107 de la propia ley. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia II.2o.P. J/294 , cuyo texto dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE A LOS EFECTOS QUE PRODUCEN OBJETIVA Y JURÍDICAMENTE, Y NO A LAS ARGUMENTACIONES QUE CONSTITUYAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es equivocada la pretensión de confundir la identidad y naturaleza de los actos reclamados con los conceptos de violación que se enderezan a tratar de explicar y, en su caso, justificar por qué el acto reclamado se estima inconstitucional, pues independientemente del número o variedad de dichos conceptos, ello no produce una segmentación o multiplicación del acto o actos reclamados cuando la identidad y precisión de ellos aparece debidamente delimitada. Por tanto, para determinar la procedencia del juicio en el supuesto previsto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto es, tratándose de actos dentro de juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, deben considerarse los efectos que producen de manera objetiva y jurídica, y no las argumentaciones que constituyan los conceptos de violación, pues éstos, en todo caso, constituyen el fondo del amparo que pudiera llegar a resolverse de estimarse procedente la demanda de garantías. Ello es así, porque la consideración de los efectos del acto constituyen el presupuesto de su procedibilidad, previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería la técnica del juicio de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción IV del artículo 114 de la propia ley". En el caso concreto, la parte quejosa señala como acto reclamado la comparecencia de la Actuaria adscrita al Tribunal Unitario Agrario 36, a fin de realizar actos de destrucción y desalojo en la supuesta parcela del quejoso -502 Z-1/2 con una superficie de 2-00-00.47 hectáreas, ubicada en el ejido Quiringuicharo, municipio de Ecuandureo, Michoacán-, derivado del juicio agrario 182/2012. Quien resuelve estima que el acto por el cual se duele la parte quejosa, actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. De lo anterior, tenemos que tratándose de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el juicio de amparo biinstancial contra la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, otorgando la oportunidad a la parte quejosa de reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante esa etapa que hubieren dejado sin defensa al peticionario de amparo y trascendido al resultado de la resolución. En esa línea de pensamiento, conviene tener en cuenta algunas premisas en torno a la procedencia de la acción constitucional indirecta, contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido; asimismo, distinguir los supuestos: 1. Un supuesto general, referido a los actos realizados fuera de juicio o después de concluido; y 2. Los supuestos específicos, siguientes: a) Actos de ejecución de sentencia; y, b) Actos en la etapa de remate. Sin embargo, toda vez que el acto reclamado se ubica en etapa de ejecución de sentencia [después de concluido el juicio]5 , el cual no se emitió dentro de la etapa de remate, no goza de autonomía procesal; en el presente caso únicamente abordaremos la hipótesis plasmada en el inciso a), consistente en los actos dictados en ejecución de sentencia -debido a que la determinación que constituye el acto reclamado se emitió en dicha fase-; en esta etapa, se destacan tres situaciones que hacen procedente la acción constitucional, las cuales a continuación se enumeran: 1) La resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; 2) Aquella que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, 3) La que ordena el archivo definitivo del expediente. Es decir, para los actos dictados después de concluido el juicio, pero en ejecución de la sentencia, la procedencia del amparo en su contra, se posterga hasta que se dicta la resolución final del procedimiento relativo. En consecuencia, contra las resoluciones dictadas durante el procedimiento de ejecución no procede el juicio de amparo indirecto, en términos de los artículos 61, fracción XXIII en relación con el 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, pues será hasta que se dicte la resolución terminal, con la que culmine el procedimiento de ejecución, esto es, la que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordene el archivo del expediente, el momento en el que la parte quejosa estará en condiciones de promover demanda de amparo indirecto, en la cual podrá reclamar todas las violaciones que estime se le dejaron sin defensa. Sirve de sustento a lo anterior la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal del país, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo VII, febrero de 1998, página 230, de rubro y texto: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución.", la cual continúa en vigor en tanto que no se opone a lo establecido en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, de conformidad con lo previsto en el artículo sexto transitorio del invocado ordenamiento legal". En el caso que nos ocupa, conviene traer nuevamente a colación los antecedentes del acto reclamado a fin de ubicar el momento en que se emitió, siendo los siguientes: Que el veinticuatro de febrero de dos mil doce, José Chávez Ramírez entabló en contra del quejoso Rubén Ramírez Chávez, el juicio agrario 182/2012, del índice del tribunal unitario agrario 36, por la acción de controversia por la posesión, con efecto restituidos de la parcela 502, de una superficie de 2-00-00.00 hectáreas, ubicada en el ejido de Quiringuicharo, municipio de Ecuandureo. En seis de julio de dos mil doce, el quejoso dio contestación a la demanda, ejercitando en esa misma fecha acción reconvencional en contra de José Chávez Ramírez, de la sucesión de José Ramírez Casillas, de los integrantes del comisariado Ejidal y de los colindantes de la parcela número 422 con superficie de 5-04-79.99 hectáreas. Que en veintitrés de enero de dos mil trece, se dictó sentencia en el que se declaró improcedente la reconvención que dedujo el quejoso Rubén Ramírez Chávez. Contra la resolución antes señalada se presentó demanda de amparo directo, el cual le correspondió el amparo número 366/2013, mismo que se concedió para el efecto de que se reponga el procedimiento para que aclare su demanda reconvencional. Con fecha veintinueve de enero de dos mil catorce, se dictó acuerdo por parte de la autoridad responsable en el que dejo insubsistente la sentencia dictada el veintiséis de enero de dos mil trece, señalándose nueva fecha para la audiencia de ley, con el objeto de subsanar el juicio agrario y reponer el procedimiento. En doce de agosto de dos mil dieciséis, se declaró improcedente la acción de prescripción adquisitiva demandada por Rubén Ramírez Chávez, para lo cual se presentó nuevamente demanda de amparo directo, recayendo el juicio número 190/2017, tocando por turno conocer al Segundo Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, el cual concedió la protección constitucional en sentencia de siete de julio de dos mil diecisiete, en la que se resolvió que el quejoso si acreditó la causa generadora de su posesión. Se dejó insubsistente la sentencia dictada, emitiendo de nueva cuenta sentencia el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, la que resultó favorable a favor del quejoso, por lo que el demandado en reconvención José Chávez Ramírez, promovió de nueva cuenta ampro directo, registrado bajo el número 137/2019, misma que le fue concedida en catorce de junio de dos mil diecinueve. Que la última sentencia dictada dentro de dicho juicio es la emitida el cinco de julio de dos mil diecinueve, resolución del tenor siguiente: PUTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO.- La presente y nueva sentencia se emite en los términos decretados en la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de garantías 137/2019, del índice de segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito del catorce de junio de dos mil diecinueve. Razón por la cual en términos del artículo 193 y 196 de la Ley de Amparo, se instruye remitir mediante oficio copia certificada de esta resolución a dicho órgano de control constitucional informando que con la presente sentencia esta autoridad señalada como responsable, considera haber dado favor cumplimiento a dicho fallo protector.. SEGUNDO. El reconvencionista RUBEN RAMÍREZ CHÁVEZ, no acredito los extremos de su acción de prescripción adquisitiva; mientras que el demandado JOSÉ CHÁVEZ RAMÍREZ probó sus excepciones y defensas; con base en los razonamientos y fundamentos legales expuestos en la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO. En la reconvención, por las consideraciones de hecho y de derecho plasmadas en este fallo, se declara que al demandado reconvencionista RUBÉN RAMÍREZ CHÁVEZ, no le asiste el derecho para obtener por prescripción adquisitiva los derechos sobre la parcela 502 Z 1 P2/3 con superficie de 2-00-00.47 hectáreas del ejido de "Quiringuicharo", Municipio de Ecuandureo, estado de Michoacán de Ocampo. CUARTO.- En la acción principal, el actor JOSÉ CHÁVEZ RAMÍREZ acredito tener mejor derecho para poseer la parcela en conflicto, al haber quedado plenamente acreditado los elementos de la acción plenaria de posesión de la parcela 502 Z 1 P2/3 3 con superficie de 2-00-00.47 hectáreas del ejido de "Quiringuicharo", Municipio de Ecuandureo, estado de Michoacán de Ocampo, sin que el demandado RUBÉN RAMIREZ CHÁVEZ lograra demostrar un mejor derecho para poseer las mismas, ya que dicha posesión resulto ilegal. Por tanto, se condena a RUBEN RAMÍREZ CHÁVEZ para que realice la desocupación, restitución y entrega real de la parcela 502 Z-1 P2/3 con superficie de 2-00-00.47 hectáreas, a favor de su titular JOSÉ CHÁVEZ RAMÍREZ concediéndole para ello a RUBEN RAMÍREZ CHÁVEZ un plazo de quince días contados a partir de que se le notifique el presente fallo, con el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá en términos del artículo 191 de la Ley Agraria su ejecución forzosa y aun con el auxilio de la fuerza pública entrega que deberá hacerse con sus frutos y accesiones.. QUINTO.- En términos decretados en la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de garantías 137/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito del catorce de junio del dos mil diecinueve, se reiteran las cuestiones que no fueron motivo de concesión. SEXTO.- En cumplimiento en lo dispuesto por los artículos 1°, 2°, 5° y 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dígasele a las partes que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, estará a disposición del público para su consulta cuando así lo solicite, haciéndole saber también que el derecho que les asiste para manifestar dentro del término de tres días contados a partir de que cause ejecutoria, su oposición para que aparezcan sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que aparezcan-sin supresión-de - datos. SEPTIMO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE LA PRESENTE SENTENCIA A LAS PARTES, ENTREGÁNDOLES COPIA CERTIFRICADA; ANOTESE EN EL LIBRO DE GOBIERNO QUE SE LLEVA EN ESTE TRIBUNAL, PUBLIQUE SE EN LA PAGIAN ELECTRONICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTOS DE EXPEDIENTES AGRARIOS (SISEA), Y UNA VEZ QUE CAUSE EJECUTORIA LA PRESENTE SENTENCIA, EJECUTESE Y EN SU OPORTUNIDAD, ARCHIVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO Y CUMPLASE. Finalmente, como se advierte de párrafos que anteceden, el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el juicio agrario 182/2012, se encuentra en etapa de ejecución. De la anterior relatoría, se obtiene que el acto reclamado se ubica en el procedimiento de ejecución. En esas condiciones, es inconcuso que lo que se reclama en esta vía, hasta el momento, sólo podrían configurar violaciones intermedias en el procedimiento de ejecución, pues el acto que se atribuye a la autoridad responsable no tiene la naturaleza de ser la última resolución que pone fin a dicho procedimiento. Lo anterior se deduce, pues la determinación de la autoridad responsable, no se trata del auto que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o, bien, la que ordene el archivo del expediente. Tampoco es un acto autónomo respecto del procedimiento de ejecución, de ahí que tenga que esperar hasta que se dicte la última resolución en dicho procedimiento. Ello es así, porque la determinación que impugna de inconstitucional tiene como único objeto continuar con el procedimiento de ejecución de la sentencia, lo cual, desde luego no tiene el carácter de última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, al no ser la que aprueba o reconoce el total cumplimiento de dicho fallo o determina su imposibilidad de acatarlo. Así, se reitera que lo reclamado en esta instancia constitucional debe considerarse como un acto - intermedio- dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, y no como una determinación que le revista el carácter de última resolución dictada en la citada fase procesal, para que el juicio de amparo resulte procedente, conforme lo establece el artículo 107, en su fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo, en virtud de no ser aquella la última resolución dictada en ejecución de sentencia, dado que no es la que aprueba o reconoce el total cumplimiento de dicho fallo o determina su imposibilidad de acatarlo. Desechamiento Al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Rubén Ramírez Chávez, por propio derecho. ? Análisis de la actualización de la causa de improcedencia respecto de la ampliación de demanda. Ahora bien, de párrafos que anteceden se advierte que la quejosa manifiesta lo siguiente: "Así mismo y en este momento realizo ampliación a mi demanda de amparo respecto del incidente de nulidad-de actuaciones, lo cual realizo de la siguiente manera: AMPLIACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO RUBÉN RAMÍREZ CHÁVEZ, en cuanto quejoso, carácter que tengo legalmente reconocido dentro de los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 120/2021, ante Usted, con debido respeto, comparezco a exponer: (...) II.- ACTO RECLAMADO. -Por la omisión por parte de la autoridad responsable para emitir respuesta y seguimiento al incidente de nulidad de actuaciones presentando en contra del emplazamiento de fecha 16 de agosto del año 2019, dos mil diecinueve, presentado dentro del expediente 182/2012 ante el H. Tribunal Unitario Agrario 36. III.- FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL AOC RECLAMADO. - Bajo protesta de decir verdad señalo que tuve conocimiento el día 17 diecisiete de marzo del año 2021 dos mil veintiuno, del informe rendido por parte de la autoridad responsable, dentro del juicio de amparo indirecto 120/2021 Mesa VI, del Indice de este Juzgado, violando mis garantías de audiencia y debido proceso." (sic) En la especie, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Ampro, la cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.]" La disposición legal transcrita contempla la hipótesis de litispendencia, que se traduce en la tramitación simultánea de dos o más juicios, los cuales contienen los mismos elementos esenciales de la acción constitucional. Ahora, la interpretación teleológica (criterio funcional) y sistemática (sentido estricto) del precepto invocado se advierte que las condiciones para que el juicio de amparo resulte improcedente, en términos de la causa en estudio, son las siguientes: a) Que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté en trámite o pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y, c) Que ambos juicios sean promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En el caso, se encuentran satisfechos tales requisitos, pues, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación6 , resulta conveniente traer a la vista como hecho notorio que el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, fue admitido el diverso juicio de amparo VI-120/2021, promovido por Rubén Ramírez Chávez, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XXXVI, con residencia en esta ciudad; en el que señaló como acto reclamado lo siguiente: El acuerdo dictado el veintidós de enero de dos mil veinte, en el que determinó la inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones planteado por el quejoso, en contra de la notificación que se le realizó de la sentencia definitiva dictada en el expediente agrario 182/2012, del índice de la responsable, cuyo contenido desconoce en virtud de que se le ha negado el acceso a dicho expediente. Cabe señalar que el presente juicio de amparo es notoriamente improcedente, pues se toma en consideración que los elementos de esta acción constitucional son los mismos que se encuentran en el 6 Visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE." diverso juicio de amparo VI-120/2021; y que a la fecha el referido asunto se encuentra en trámite, pues se admitió la demanda en proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno y no se ha celebrado la audiencia constitucional; por tanto, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, al surtirse cada uno de los requisitos que exige. Tiene aplicación a lo anterior por analogía, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación7 , del rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACION NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTIAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia." Igualmente sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito8 , que indica: "IMPROCEDENCIA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y EN UN JUICIO DIVERSO SE RECLAMA EL MISMO ACTO DE AUTORIDAD. El juicio de amparo en el que se reclama el mismo acto de autoridad que fue combatido en un diverso juicio de garantías anterior, en el cual el auto que desechó la demanda aún no ha causado ejecutoria por estar transcurriendo el término legal establecido para interponer el recurso de revisión, es improcedente de conformidad con lo previsto por el artículo 73, fracción III de la ley de la materia, en virtud de que en tal hipótesis el acto reclamado debe entenderse que es materia del juicio de amparo no concluido; máxime que la conducta procesal del quejoso implica un evidente abuso en el ejercicio de la acción constitucional." Desechamiento. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Protesta de ley. No es inadvertido para este juzgador el hecho de que en este auto no se cuenten con los elementos suficientes y objetivos que permitan arribar a la determinación de desechar la demanda. Sin embargo, no debe soslayarse que todo lo anterior parte de la premisa de que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad todos los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, tanto la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Cuestión que se ve reflejada, y que por las ideas que contiene se estima aplicable, en la jurisprudencia de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable" (Énfasis en lo resaltado por este juzgado). De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, tanto las pruebas que se hubiesen acompañado a la demanda -y que forman parte de ésta- , así como las narraciones vertidas en la demanda por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos son suficientes para desechar la demanda en comento. No escapa a la consideración de este juzgador que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio10 del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia J/2311, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la parte promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.)13, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integran de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno correspondiente. Digitalización de proveído. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; asimismo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio que remite el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido se le tiene acusando recibo del oficio 2648/2021 mediante el cual se le notificó que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, confirmó la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa y se le devolvieron los autos del toca I-234/2019 de su índice; lo anterior para los efectos legales correspondientes. Integración. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
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