Rubén Ramírez Bolaños
Expediente 6/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 6/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 30/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rubén Ramírez Bolaños
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Por recibido el oficio que suscribe el secretario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, por el cual remite el original de este expediente, así como el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja penal 31/2022, interpuesto por la parte quejosa, cuyo único punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja." Acúsese recibo vía interconexión. ? Archivo y valoración de expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio número 892/2022, con firma autógrafa del actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, por el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso Rubén Ramírez Bolaños, en contra del auto emitido el veinticinco de enero del año en curso; mismo que se registró con el número 31/2022.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso **********, mediante el cual interpone recurso de queja en contra de la determinación de veinticinco de enero del año en curso, que desechó la demanda de amparo; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena glosar al sumario un tanto del escrito de expresión de agravios, para que obre como legalmente corresponda. Atento a lo anterior, con apoyo en el numeral 101 de la Ley de Amparo, ríndase por separado el informe que prevé dicho numeral y remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito en turno, el escrito original de expresión de agravios, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente expediente, para la substanciación del recurso interpuesto.
- Principal
Recepción y registro de la demanda. Agréguese a los autos para que obre como corresponde el escrito signado por el quejoso ***********, mediante el cual cumple con el requerimiento que le subsistió por auto de dieciocho de enero del presente año, pues al efecto manifiesta, bajo protesta de decir verdad, la información requerida. Desechamiento de demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de demanda y aclaratorios, con fundamento en los artículos 1°, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. En el caso, de lo manifestado por la quejosa en su escrito inicial de demanda y aclaratorio (manifestaciones que adquieren eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°), se desprende como actos reclamados: a) El auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, por el hecho que la ley señalado como violencia familiar, como consecuencia de ello diversas violaciones ocurridas durante el término ampliado para resolver la situación jurídica, como lo es no recabar todos los datos de prueba que fueron ofrecidos. b) Diversas violaciones ocurridas en la integración de la carpeta de investigación ***********. Sobre esa línea de pensamiento, respecto al primer acto reclamado, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción la fracción XIX de la Ley de Amparo, la cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;." Numeral que prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. De la interpretación de dicho precepto legal se obtiene que para que se actualice dicha causa de improcedencia es necesario que concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada la admisión del recurso. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia P./J. 144/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 15, tomo XII, diciembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO." En ese sentido, el artículo 467, fracción VII, del Código Nacional del Procedimientos Penales, prevé: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: . VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; (.)" Este precepto estatuye la procedencia del recurso de apelación en contra del auto de vinculación a proceso. Medio de impugnación que por su especificidad, constituye el instrumento jurídico apropiado a través del cual el quejoso puede obtener la nulidad del referido acto de autoridad. Ahora, en el caso, en contra del auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, por el hecho que la ley señalado como violencia familiar, el peticionario de amparo confesó que promovió el recurso de apelación el diecisiete de enero siguiente y que el mismo se admitió a trámite el veintidós del presente mes y año, bajo el toca 10/2022-O ante la Primera Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Los citados antecedentes procesales ponen de manifiesto, como se señaló, que la resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno reclamada en esta instancia constitucional, constituye la materia del diverso medio de impugnación interpuesto por el peticionario de amparo que se encuentra en trámite. En ese orden de ideas, se colma el primer requisito previsto para la actualización de la hipótesis normativa prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo que contempla la improcedencia del juicio de amparo cuando en contra de los actos reclamados se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Esto es, consta en autos, pues así lo confesó el propio quejoso, que interpuso el recurso de apelación en contra del auto de vinculación a proceso dictado en su contra, del cual tocó conocer a la Primera Sala Penal Unitaria del Supremo tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, bajo el toca ***********; auto de vinculación por el cual se solicitó el amparo. Asimismo, se comprueba, por el dicho del quejoso, que dicho recurso se admitió a trámite por acuerdo dictado el veintidós de enero de dos mil veintidós, por lo que se está en espera del dictado de la resolución correspondiente; con lo cual se cumple con la segunda de las condicionantes de la causal de improcedencia que se analiza. Finalmente, también se tiene por cumplido el tercero de los requisitos relacionado con la idoneidad del recurso o medio de defensa legal para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Se afirma lo anterior, pues del propio texto del numeral 467, en relación con el 479, del Código Nacional de Procedimientos Penales se obtiene que el recurso de apelación tiene como finalidad que la resolución que se emita en el confirme, modifique o revoque la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma, por parte del Tribunal de alzada; por lo que, de resultar fundada su inconformidad puede traer como consecuencia la nulidad de la resolución aquí reclamada. En otras palabras, dicho recurso constituye el medio de impugnación específico creado por el legislador para que el Tribunal de Alzada examine las resoluciones a través de las cuales las autoridades de primera instancia emitan, entre otros, auto de vinculación a proceso en contra de los agraviados. Por tanto, es de concluirse que contra la resolución reclamada auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, por el hecho que la ley señalado como violencia familiar; el peticionario de amparo interpuso el recurso de apelación que se prevé para su impugnación contemplado en diverso ordinal 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En mérito de lo expuesto, al estar corroborado que en contra de la resolución reclamada en este juicio de amparo el quejoso interpuso el recurso de apelación; que éste se encuentra en trámite y que a través de dicho medio de impugnación puede obtener la nulificación de dicho acto; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. Violaciones ocurridas en la integración de la carpeta de investigación 59178/2021. Por lo que hace a los actos reclamados que el quejoso hace consistir en diversas violaciones ocurridas en la integración de la carpeta de investigación 59178/2021, el juicio de amparo resulta improcedente. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, esta última en relación con el artículo 21 de la Constitución Federal, en razón de que la orden de indagatoria o investigación y su ejecución, no constituyen actos de imposible reparación. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley." Por su parte, los actos reclamados encuentran constitucionalmente su fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial..." Dicha norma constitucional reconoce como derecho de seguridad jurídica el consistente en que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esa función. Esto es, el precepto constitucional transcrito con antelación hace referencia a las facultades de investigador que constitucionalmente se otorgan (salvo la excepción de acción penal por particulares) al Ministerio Público en la fase de la carpeta de investigación; en esencia, este dispositivo constitucional delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución a esta institución pública. La investigación de los delitos se manifiesta en dos periodos: a) El denominado de averiguación o investigación previa; y b) El relativo a aquel en que el Ministerio Público figura como parte en el procedimiento judicial. En el caso, el que importa es el periodo relativo a la averiguación previa o carpeta de investigación, en la cual única y exclusivamente corresponde al Ministerio Público llevar a cabo todas las diligencias necesarias para la comprobación de los elementos que constituyen la materialidad del delito o hecho señalado por la ley como tal, y la probable responsabilidad o participación del imputado, para en su caso, ejercer la acción penal correspondiente, ya sea que solicite la orden de aprehensión o la apertura del procedimiento judicial, en que se resolverá la situación jurídica del inculpado, desde luego, ajustándose a lo dispuesto en los artículos 16 y 19 constitucionales. En tales condiciones, podemos decir que los actos reclamados consistentes en la integración de la indagatoria y su ejecución, como parte de la integración del trámite de la averiguación previa o carpeta de investigación, que pudiera tener como consecuencia el ejercicio de la acción penal en contra de la parte quejosa, se encuentra dirigido a la investigación por parte del representante social de los hechos denunciados, probablemente delictuosos, lo cual es de interés público, ya que la sociedad está interesada en la investigación de los hechos que pueden constituir un delito y la persecución del delincuente. Bajo ese contexto, la actuación del Ministerio Público para la integración y tramitación de una pesquisa, en sí misma, no causa un daño o perjuicio al gobernado, pues tal cuestión, en su momento, queda supeditada a la decisión del órgano jurisdiccional que, en su caso, conozca de la consignación respectiva, el cual puede o no librar la orden de aprehensión que se solicite, salvo que en la fase indagatoria se ordenaran actos que invadan la esfera jurídica del particular, como sería, entre otros, que se le prive de la libertad, de sus posesiones o derechos, lo que no se advierte haya sucedido. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que los actos reclamados por el quejoso, consistentes en la integración de la carpeta de investigación que menciona como parte de la integración y tramitación de la carpeta de investigación o averiguación previa, y que pudiera tener como consecuencia el ejercicio de la acción penal, no afectan sus derechos; en razón de que es una obligación del representante social la investigación de delitos, de conformidad con el artículo 21 Constitucional, además de que, como se asentó, esos actos quedan supeditados a la decisión del órgano jurisdiccional que llegue a conocer de la consignación que en su caso se realice. De manera que, como se ha establecido, tales actos no le causan un daño o perjuicio, al ser la investigación de los delitos una cuestión de orden público, que en su caso, queda sometida a la calificación de procedencia del órgano jurisdiccional. Es aplicable a lo anterior, la tesis 1ª.CXXXV/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, diciembre de 2004, página 351, que establece: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." De igual forma, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número P. LXVIII/2004, en la página 1113, tomo XX, diciembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AVERIGUACIÓN PREVIA. SU TRÁMITE, GENERALMENTE, NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL. La averiguación previa consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional; sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una averiguación previa sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control.". Así como la tesis II.2o.P.51 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 47, octubre de 2017, tomo IV, que dispone: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente." Por lo expuesto, se concluye, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 21 de la Constitución Federal. Máxime que la omisiones reclamadas que pudieron haber ocurrido en la integración de la carpeta de investigación, la que dio origen al proceso penal respectivo, al haber sido consignada ante el Juez Penal correspondiente y haber emitido este ya auto de vinculación a proceso, con ello operó un cambio de situación jurídica y por lo mismo resulta imposible jurídicamente analizar la constitucionalidad del citado acto sin afectar la nueva situación jurídica, toda vez que al haber sido consignada la carpeta de investigación al Juez de la causa el representante social dejó de tener el carácter de autoridad para convertirse en parte dentro del procedimiento judicial, circunstancia que hace que en dicho caso concreto se actualice también la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis XV.3o.5 P, registro 182879, tomo XVIII, noviembre de 2003, página 941, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ACORDAR DIVERSAS PRUEBAS OFRECIDAS DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y ÉSTA HA SIDO CONSIGNADA ANTE EL JUEZ PENAL Y SE HA GIRADO ORDEN DE APREHENSIÓN EN CONTRA DEL QUEJOSO. El artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo establece que: "El juicio de amparo es improcedente: ... X. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. ... ". De acuerdo con dicho numeral si la recurrente reclamó de las autoridades administrativas la omisión de acordar diversas pruebas ofrecidas dentro de la averiguación previa, la que dio origen al proceso penal respectivo, al haber sido consignada ante el Juez Penal correspondiente y haber girado éste orden de aprehensión en contra del quejoso, con ello operó un cambio de situación jurídica y por lo mismo resulta imposible jurídicamente analizar la constitucionalidad del citado acto sin afectar la nueva situación jurídica, toda vez que al haber sido consignada la averiguación previa al Juez de la causa el representante social dejó de tener el carácter de autoridad para convertirse en parte dentro del procedimiento judicial, circunstancia que hace que en dicho caso concreto se actualice la citada causal de improcedencia." En consecuencia, se actualiza en forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia analizadas, y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda.
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