Rubén Quintero Borja

Expediente 968/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
968/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
06/10/2023

Partes del expediente

  • Rubén Quintero Borja

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Incidental

    INTERLOCUTORIA RESUELVE: ÚNICO. Se declara sin materia la suspensión definitiva de los actos reclamados, en términos del considerando tercero de esta resolución.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese el oficio signado por la Juez de Control del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato; en atención a su contenido, téngase rendido su informe justificado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con su contenido dese vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y se desahogan con el carácter de documentales públicas las audiencias efectuadas dentro de la causa penal ******************** contenidas en un disco compacto que remite la juez responsable en apoyo a su informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 703, tomo 1, libro XXIII, agosto de 2013, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Se ordena guardar en un sobre el referido disco compacto, mismo que se guarda en la secretaría de este juzgado para una mejor conservación, quedando a disposición de las partes. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso ******************** reclama la orden de aprehensión o comparecencia giradas en su contra, así como su cumplimentación, atribuibles al Juez de Control del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte lo siguiente: Dentro de la causa penal ******************** de su índice, el catorce de mayo de dos mil veintidós libró orden de aprehensión en contra del quejoso ********************, por su probable participación en la comisión del delito de fraude, en agravio de ********************. El quejoso promovió el juicio de amparo número 1202/2021-VIII de este índice, en el que reclamó dicha orden de captura. En audiencia constitucional de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés se dictó la sentencia respectiva, donde este juzgado sobreseyó en el juicio, por considerarlo extemporáneo. Inconforme con ello, el quejoso interpuso recurso de revisión, por lo que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato, en el recurso de revisión penal 78/2022, revocó la sentencia recurrida y negó el amparo solicitado contra la orden de aprehensión reclamada. Posteriormente el quejoso promovió el diverso juicio de amparo 839/2022 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien declinó competencia para conocer del asunto a favor del Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, por lo que este juzgado aceptó la competencia declinada y asumió el conocimiento del asunto, registrándolo bajo el número de amparo 1233/2022-V, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, en virtud de que operó la causa de improcedencia consistente en que el acto reclamado ya había sido objeto de análisis de una ejecutoria de amparo. Asimismo, la responsable informa que debido a que el juicio de amparo 1233/2022-V de este índice se archivó de manera definitiva, comunicó a la representación social que quedaba vigente nuevamente la orden de aprehensión para ser cumplimentada. De acuerdo a los antecedentes referidos, se actualiza la causa de improcedencia conocida como "cosa juzgada", prevista en las fracciones X y XI del artículo 61 de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)". Lo resaltado es propio. La "cosa juzgada" implica la inmutabilidad de una decisión por haberse resuelto la cuestión litigiosa de manera definitiva en sede jurisdiccional. Al actualizarse la cosa juzgada sobre una cuestión litigiosa se extingue la facultad de las partes para hacer valer las mismas pretensiones en un juicio posterior, dada la existencia de un pronunciamiento al respecto que debe considerarse la verdad legal, cuyos efectos no es posible destruir. Por consiguiente, la existencia de la cosa juzgada obliga a cualquier órgano jurisdiccional a no tramitar un nuevo juicio en el que se deduzcan las mismas pretensiones, ya que esto posibilitaría que la autoridad judicial se pronuncie en dos ocasiones sobre la misma cuestión y, con ello, que se dicten sentencias contradictorias, con la inseguridad jurídica que ello ocasionaría. Así, la fracción XI del artículo 61 de la ley de la materia establece que el juicio de amparo es improcedente siempre que la ley o acto reclamado haya sido materia de otro juicio de amparo en el que exista sentencia firme y, para ello, en términos de la fracción X, hay que satisfacer tres requisitos: 1. Identidad de quejoso, es decir, que ambos juicios sean promovidos por la misma persona; 2. Que se dirijan contra las mismas autoridades, y 3. Que se reclame el mismo acto de autoridad, aunque las violaciones constitucionales sean distintas. En ese entendido, en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia referida, pues la orden de aprehensión que aquí se reclama fue materia del recurso de revisión 78/2022 donde el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato, revocó la sentencia emitida por este juzgado de distrito en el juicio de amparo 1202/2021 y negó el amparo solicitado contra la misma orden de aprehensión que aquí se reclama. a) Identidad del quejoso. Este extremo se satisface, porque el presente sumario fue promovido por ********************, al igual que en los diversos 1202/2021-VIII y 1233/2022-V. b) Identidad de la autoridad responsable. La orden de aprehensión que el quejoso combatió en el presente amparo y en los referido en el inciso anterior, fue dictada por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, la cual no ha sido cumplimentada. c) Identidad del acto reclamado. Esta cuestión también se acredita, pues la materia de análisis en este amparo, en el 1202/2021 y en el 1233/2022 es la orden de aprehensión emitida en la audiencia de catorce de mayo de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal ******************** en contra del quejoso ********************, la cual se giró en su contra por su probable responsabilidad como coautor en el hecho que la ley señala como delito de fraude. Dada la identidad de los elementos referidos, resta reiterar que en el juicio 1202/2021 de este índice hubo un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la orden de aprehensión reclamada, pues el quejoso interpuso recurso de revisión contra la sentencia emitida en esa instancia, el cual fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, quien revocó el fallo constitucional y negó el amparo y protección solicitados por el quejoso en los siguientes términos: "La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en contra de la orden de aprehensión emitida el catorce de mayo de dos mil veintiuno, por la Juez de control de la sede de Irapuato del Juzgado Único Penal de Oralidad de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, dentro de la causa penal ******************** y su ejecución." En ese sentido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ello, se sobresee en el presente juicio, fuera de audiencia constitucional, de acuerdo con el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, pues a nada práctico conduciría señalar fecha de audiencia para resolver en los términos apuntados en líneas que anteceden, ya que ninguna prueba desvirtuaría la improcedencia analizada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, consultable en la página 386 del tomo XVII, marzo de dos mil tres, correspondiente a la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por la identidad de las reglas del sobreseimiento fuera de audiencia bajo la vigencia de la Ley de Amparo actual y la abrogada, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Énfasis añadido. Lo anterior se resuelve así, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues no cambiaría el sentido de la presente determinación, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, por tanto, estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encontraba programada para las diez horas con diez minutos del diez de octubre de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a la autoridad judicial responsable, para los efectos legales conducentes, en virtud de que no se tiene certeza sobre la denominación correcta de la autoridad responsable ejecutora.

  3. Incidental

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veintidós de septiembre del actual a efecto de que precise la denominación correcta de la autoridad que señaló en su demanda como Jefe de Grupo de la Agencia de Investigación Criminal, con sede en Irapuato, Guanajuato. En consecuencia de lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia incidental que estaba fijada para esta fecha y, en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo.

  4. Incidental

    Visto lo de cuenta, agréguese el oficio que remite la Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, sede Irapuato; en atención a su contenido, téngase rendido su informe previo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo. Por otra parte, vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad de entregar el oficio 22751/2023 de este índice a la autoridad responsable "JEFE DE GRUPO DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIINAL, CON SEDE EN IRAPUATO, GUANAJUATO", toda vez que dicha autoridad no existe dentro del organigrama de esa dependencia. En esa medida, con apoyo en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, precise la denominación correcta de la autoridad responsable. Apercibida con que de no hacerlo, se tendrá inexistente y se continuará el trámite del incidente únicamente con la restante autoridad responsable. Es aplicable, la jurisprudencia 153/2019, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en el Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, Página: 440, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió". NOTIFÍQUESE; HÁGASE POR LISTA AL QUEJOSO CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL. Así lo proveyó y firma Karla María Macías Lovera, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, quien firma ante Víctor Márquez Ávila, secretario que autoriza y da fe.

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