Rubén Pérez Ríos

Expediente 2523/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 63 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2523/2022
Año
2022
Actuaciones
63
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Rubén Pérez Ríos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 63.

  1. Incidental

    En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las diez horas con tres minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, relativa al cuaderno de suspensión derivado del juicio de amparo número 2523/2022, procede a celebrarla Guillermo Aguirre Castañeda, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, asistido del secretario Roberto Martínez Gutiérrez, quien autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública la declaró abierta con apoyo en el artículo 208 de la Ley de Amparo, sin la asistencia personal de las partes. Enseguida, el Secretario da lectura a las constancias que integran el cuaderno incidental, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, de conformidad con la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable por analogía, visible en el Semanario Judicial de la Federación; Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, página 185, de rubro y texto: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Se tiene por recibido el escrito registrado bajo el consecutivo 27759, firmado por el apoderado legal de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, mediante el cual remite las documentales requeridas por última vez en auto de quince de noviembre de dos mil veintitrés, mismas que resultan necesarias para la resolución siguiente. Se abre el período probatorio, en el que se hace constar que la parte quejosa y la autoridad responsable allegaros diversas documentales las cuales se encuentran admitidas y desahogadas en autos de conformidad a lo previsto en el numeral 143 de la ley de la materia, sin que ninguna de las demás partes hayan ofrecido medios probatorios. Sin más pruebas pendientes de admitir o desahogar, se cierra el mismo, y se ordena abrir la etapa de alegatos. Abierta la etapa de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes ofreció alegatos. A lo anterior el juez acuerda: se tienen por perdido el derecho de la partes de ofrecer alegatos y se cierra la misma. No habiendo más manifestaciones que tener por recibidas y reproducidas, se cierra la etapa de alegatos y el suscrito juez de Distrito ordena traer los autos a la vista para resolver el incidente relativo al exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva admitida el cuatro de julio de dos mil veintitrés. VISTOS, para resolver, los autos del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, relativo al incidente de suspensión citado al rubro; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, Rubén Pérez Ríos, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal respecto de los actos que reclamó de las siguientes autoridades: Delegación Jalisco del Registro Agrario Nacional, Delegación Jalisco de la Procuraduría Agraria y de la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido El Zapote Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Los que consideró violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, mismos que medularmente hizo consistir en: La violación de mis derechos fundamentales de audiencia y defensa al privarme en forma unilateral de mis derechos agrarios de ejidatario del Ejido de Zapote Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, sin orden de autoridad alguna, sin previo juicio, sin darme la oportunidad de defenderme. La ejecución de los actos señalados al Registro Agrario Nacional, Delegación Jalisco. Actos respecto de los que solicitó la suspensión, de conformidad con lo previsto por los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Por auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó formar por duplicado el incidente de suspensión, se pidió a las autoridades señaladas como responsables que rindieran el respectivo informe previo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental y se proveyó respecto de la suspensión provisional de los actos reclamados, en el sentido siguiente: "En razón de lo expuesto con antelación, se CONCEDE a la parte quejosa la suspensión provisional del acto reclamado, por lo que corresponde a las consecuencias jurídicas del acto reclamado, esto es, para el efecto de que no sea despojado de sus derechos ejidales, así mismo no se ejecuten en su perjuicio los acuerdos determinados en la asamblea ejidal de veinte de noviembre del año en curso en el Ejido El Zapote Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el incidente de suspensión que nos ocupa". TERCERO. Por interlocutoria de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se proveyó respecto a la suspensión definitiva respecto de los actos atribuidos a las responsables, en la que se resolvió lo siguiente: "En razón de lo expuesto con antelación, se CONCEDE a la parte quejosa la suspensión definitiva del acto reclamado, por lo que corresponde a las consecuencias jurídicas del acto reclamado, esto es, para el efecto de que no sea despojado de sus derechos ejidales, así mismo no se ejecuten en su perjuicio los acuerdos determinados en la asamblea ejidal de veinte de noviembre del año en curso en el Ejido El Zapote Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; lo anterior, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo principal del cual emana la presente incidencia". CUARTO. Por escrito presentado el tres de julio del año en curso, la parte quejosa promovió incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva; por lo que, mediante auto de cuatro de julio siguiente, se admitió a trámite el referido incidente, en términos de lo dispuesto por el artículo 206 de la Ley de Amparo, se requirió a las responsables su informe respecto al incidente en comento y se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia incidental, misma que se celebró el día de hoy y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para resolver el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, por serlo para conocer del juicio de amparo del cual se origina la presente incidencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I; 206 a 209 de la Ley de Amparo; y, 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de la denuncia por incumplimiento a la medida cautelar concedida en la tramitación del incidente previsto por el numeral 128 de la ley de la materia, respecto de los actos reclamados dentro del juicio de amparo 2143/2021 del índice de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. De conformidad con los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 125, 128, 130, 132, 139 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado es una providencia cautelar que se tramita a través de un incidente en el procedimiento del juicio de amparo que se lleva por cuerda separada y se traduce en un mandato que tiende a preservar el cumplimiento y la ejecución de la sentencia protectora que pudiere llegar a dictarse en el juicio de amparo, cuyo objeto consiste en conservar la materia del mismo e impedir que con la ejecución del acto reclamado o sus consecuencias se causen al quejoso daños o perjuicios que sean de difícil o imposible reparación, por lo que sus efectos son cesar temporalmente las medidas relativas a ejecutar el acto reclamado, y para su procedencia se deben presentar los requisitos establecidos en la legislación aplicable, es decir, que lo peticione el quejoso; que los actos respecto de los que se solicite sean ciertos; y susceptibles de ser suspendidos; que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, como lo corrobora la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible a página 560, del Semanario Judicial de la Federación, de la Quinta Época, tomo XIX, Materia Común, que versa: "SUSPENSIÓN. La consecuencia natural del fallo que concede la suspensión, es que el acto reclamado no se ejecute y que las autoridades responsables se abstengan de continuar los procedimientos, que tiendan a ejecutarlo; y si no lo hacen, sus actos constituyen un desobedecimiento a la suspensión, pues los alcances de ésta son impedir toda actuación de las autoridades responsables, para ejecutar el acto que se reclama". Así como la diversa sostenida por el alto tribunal del País, cuyos datos de identificación son: página 544, del Semanario Judicial de la Federación, de la Quinta Época, tomo XXII, Materia Común, que dice: "SUSPENSIÓN. Mientras no se pronuncie sentencia definitiva, puede revocarse el auto de suspensión o dictarse durante el curso del juicio, cuando ocurra algún motivo superveniente que sirva de fundamento a la resolución; y el Juez de Distrito tiene capacidad para resolver todo lo relativo a la suspensión, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria, es decir, mientras el juicio no se concluya por sentencia firme. En el amparo, el incidente de suspensión reviste una naturaleza especial, que no permite equipararlo a los incidentes propiamente tales, pues de no ser así, el Juez no podría continuar actuando en el incidente, después de haber fallado el juicio principal. La suspensión rige la ejecución de los actos reclamados, y, en muchas ocasiones, tiene por objeto conservar la materia del juicio, de aquí que conserve cierta independencia respecto del asunto principal, y tenga vida propia, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria. La procedencia de la tramitación del incidente, es independiente de que deba o no, concederse la suspensión". En ese orden, el incidente que se resuelve tiene fundamento en el TÍTULO TERCERO denominado: "CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN", CAPÍTULO V, de rubro: "Incidente por Exceso o Defecto en el Cumplimiento de la Suspensión", que contiene los artículos del 206 al 209 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo". "Artículo 207. El incidente se promoverá ante el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de la suspensión concedida en amparo indirecto, y ante el presidente del tribunal colegiado de circuito si la suspensión fue concedida en amparo directo". "Artículo 208. El incidente se tramitará de conformidad con las reglas siguientes: I. Se presentará por escrito, con copias para las partes, ante el órgano judicial correspondiente señalado en el artículo anterior; en el mismo escrito se ofrecerán las pruebas relativas; II. El órgano judicial señalará fecha para la audiencia dentro de diez días y requerirá a la autoridad responsable para que rinda informe en el plazo de tres días. La falta o deficiencia del informe establece la presunción de ser cierta la conducta que se reclama; y III. En la audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes, se dará oportunidad para que éstas aleguen oralmente y se dictará resolución". "Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley". De los numerales transcritos, se advierte que la materia de análisis del incidente de exceso o defecto radica esencialmente en el cumplimiento de la suspensión concedida, y que en caso de demostrarse su desacato (ya sea total o parcial), el juzgador debe requerir a la autoridad responsable que incurrió en él, para que en el plazo de veinticuatro horas acate la suspensión, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación, por la posible comisión del delito que establecen las fracciones III y IV, del artículo 262, de la Ley de Amparo; asimismo, se advierte que dicho incidente puede promoverse en cualquier tiempo mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo. De los citados dispositivos legales se obtiene que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, procede necesariamente en ejecución del auto en que se haya concedido al quejoso la suspensión de plano, definitiva o provisional del acto reclamado desplegado por las autoridades responsables, con la finalidad de acatar los deberes jurídicos impuestos por esta, toda vez que la intención del legislador fue que el juzgador de amparo estuviera en posibilidad de analizar el acatamiento de la medida provisional o definitiva. Lo anterior encuentra congruencia, porque ambas determinaciones gozan de la misma naturaleza jurídica. Es aplicable, en la parte que interesa, la tesis sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 2122, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, Libro 68, de julio de 2019, tomo III, de rubro y texto siguientes: "INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 206 DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE TANTO CONTRA LA MEDIDA CAUTELAR DE PLANO O DEFINITIVA, COMO DE LA PROVISIONAL. El precepto citado prevé que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, de plano o definitiva, procede contra las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por ese incumplimiento; sin embargo, no puede excluirse de su procedencia a la suspensión provisional, en virtud de que ésta comparte la misma naturaleza jurídica que la suspensión de plano o definitiva, al constituir ambas medidas cautelares cuyo fin es la conservación de la materia del amparo, a través de la preservación del derecho sustantivo que se defiende en la instancia constitucional, por lo cual, al ser susceptibles de ejecutarse por la autoridad, quien puede incurrir en exceso o defecto en su acatamiento, es evidente que esa circunstancia debe ser valorada en la vía incidental. Lo anterior guarda armonía con el artículo 97, fracción I, inciso g), de la Ley de Amparo que establece la procedencia del recurso de queja contra las resoluciones que resuelvan el incidente por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo que concedió al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado." En este punto, cabe aclarar que el incidente de trato no se refiere únicamente a esos dos supuestos de desacato (exceso o defecto), sino que establece cuatro formas de incumplimiento de la medida cautelar de marras, a saber: 1. Que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión. 2. Que se ha excedido en su cumplimiento. 3. Que ha incurrido en un cumplimiento defectuoso; y 4. Que con notoria mala fe, o negligencia inexcusable, admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente. Consecuentemente, existe incumplimiento a la suspensión cuando la autoridad responsable desobedece de manera total la medida otorgada, por no respetar el efecto para el cual fue concedida. Mientras que existe exceso en la ejecución cuando va más allá de lo ordenado, realizando actos que se extralimitan del efecto ordenado; en cambio, hay defecto de ejecución, cuando no se ciñe estrictamente a los términos de la resolución interlocutoria dictada, es decir, cuando su actuación es parcial o incompleta, en la medida que no acata de manera cabal lo mandado. Cobra aplicación la jurisprudencia V.2o. J/38, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo Vl, diciembre de 1997, página 625, de rubro y texto siguiente: "QUEJA POR EXCESO Y DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EN LA QUE SE CONCEDIÓ EL AMPARO. CUANDO EXISTE UNO U OTRO. Conforme al artículo 95, fracción IX, de la Ley de Amparo, en la queja interpuesta contra actos de la autoridad responsable en un juicio de amparo en única instancia, puede alegarse exceso o defecto en la ejecución de la sentencia que concedió el amparo, estimándose que existe exceso cuando la responsable no se ajusta al tenor exacto del fallo y se extralimita en su cumplimiento al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional, en tanto que hay defecto cuando la autoridad responsable deja de cumplir en su integridad lo ordenado en la ejecutoria, esto es, deja de hacer algo que se le ordenó en la resolución de cuya ejecución se trata." También es conveniente mencionar que el cumplimiento del auto de suspensión está regulado mediante dos sistemas, el que ve directamente al cumplimiento del auto de suspensión, que no tiene tramitación incidental, y otro que se relaciona con el desacato de la autoridad responsable, que da lugar a un trámite incidental. El segundo sistema es el que establece el capítulo V del título tercero, denominado "Cumplimiento y ejecución" de la Ley de Amparo, y regula el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, el cual tiene las siguientes características: a) no es de oficio, puesto que requiere la promoción de parte, lo que indudablemente excluye la posibilidad de apreciar el principio de orden público; b) es represivo en la medida de que su principal consecuencia es la sanción a la autoridad que incumplió la orden de suspender el acto reclamado; c) ante la violación de la suspensión, el juzgador también puede declarar la nulidad del acto infractor y, de hecho, es en este sistema donde tradicionalmente se hace dicha declaración. Lo razonado se explica en la tesis I.3o.C.69 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, mayo de dos mil quince, tomo III, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SISTEMAS REGULADOS EN LA LEY DE LA MATERIA PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 165/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 637, de rubro: "VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. LA DENUNCIA PUEDE HACERSE DESDE QUE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDIÓ SE HAYA NOTIFICADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.", sostuvo que el cumplimiento del auto de suspensión en materia de amparo está regulado en dos sistemas diferentes que funcionan paralelamente: el primero, previsto en los artículos 104 y 105, párrafo primero, 107 y 111 de la anterior Ley de Amparo, que proporciona al juzgador los medios legales para requerir a las autoridades responsables y lograr de ellas el cumplimiento de la resolución que concedió la suspensión del acto reclamado, sea provisional o definitiva; y el segundo, contenido en el artículo 206 de dicha ley, que establece la forma y momento en que habrá de sancionarse a la autoridad responsable que no dé cumplimiento a esa medida; sistemas que pueden aplicarse paralela y simultáneamente. Ahora bien, la Ley de Amparo vigente consigna preceptos de similar contenido a los que se interpretaron en la aludida jurisprudencia; así, los artículos 143, 104, 105, párrafo primero; 107, 111, 206, 130 y 139 de la Ley de Amparo abrogada, se corresponden esencialmente (en ese orden), con los numerales 158, 192, 193, 194, 211, 136 y 139 de la ley vigente. No obstante existe una notable diferencia, pues mientras el artículo 143 remitía al capítulo que contenía el procedimiento para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, que se empleaba analógica y sólo parcialmente en tratándose de la suspensión, el artículo 158 de la Ley de Amparo en vigor remite al título quinto, denominado "Medidas disciplinarias y de apremio, responsabilidades, sanciones y delitos" y no a las reglas previstas al respecto para lograr a su vez el eficaz cumplimiento de las ejecutorias que conceden la protección constitucional. Sin embargo, con independencia de esto, en la actualidad, con las precisiones legales correspondientes, aún puede afirmarse que el cumplimiento del auto de suspensión está regulado mediante dos sistemas; uno que ve directamente al cumplimiento del auto de suspensión, que no tiene tramitación incidental y otro que ve al desacato de la autoridad responsable, que da lugar a un trámite incidental. Sistemas que el juzgador puede aplicar simultáneamente y que funcionan paralelamente. El primer sistema es el que establece el artículo 158 de la Ley de Amparo, el cual permite al juzgador hacer cumplir la resolución suspensional y/o tomar las medidas necesarias para su cumplimiento y tiene las siguientes características: a) su objetivo primordial no es determinar si se violó la suspensión, sino conseguir su cumplimiento; b) no requiere tramitación incidental; c) es oficioso (orden público), aunque no se excluya la posibilidad de petición de parte; d) es preventivo, pues de su éxito depende que no se promueva el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión; y, e) ante la violación de la suspensión, el juzgador puede declarar la nulidad del acto infractor para volver las cosas al estado que tenían al momento en que se concedió la medida (siempre que la naturaleza del acto reclamado lo permita). Por su parte, el segundo sistema es el que establece el capítulo V del título tercero, denominado "Cumplimiento y ejecución" de la Ley de Amparo, que va del artículo 206 al 209, y regula el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, el cual tiene las siguientes características: a) no es de oficio, puesto que requiere la promoción de parte, lo que indudablemente excluye la posibilidad de apreciar el principio de orden público, evidente en el otro sistema; b) es represivo en la medida de que su principal consecuencia es la sanción a la autoridad que incumplió la orden de suspender el acto reclamado; c) ante la violación de la suspensión, el juzgador también puede declarar la nulidad del acto infractor y, de hecho, es en este sistema donde tradicionalmente se hace dicha declaración (aunque si en el otro sistema se hizo, entonces no habrá necesidad de reiterarla y la resolución incidental se limitará al análisis de la responsabilidad de la autoridad responsable en la violación a la suspensión)." De lo que también se obtiene que los sistemas previstos en la Ley de Amparo para el cumplimiento de la suspensión, participan del objetivo común concerniente de modo primordial, al acatamiento de dicha medida, con independencia de la sanción mediata que pueda ser imputable a las autoridades que sean contumaces en la consecución de dicho cometido. Sustenta lo expuesto, la tesis II.4o.A.25 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de dos mil trece, tomo II, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. SI AL PROMOVER EL INCIDENTE RELATIVO, LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HABÍA DADO CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA, PERO AL RESOLVERLO, SE ACREDITA QUE YA LO REALIZÓ O RECTIFICÓ LOS ERRORES EN QUE INCURRIÓ, ES IMPROCEDENTE DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE ANALICE SI SE ACTUALIZA EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 262, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO. Del artículo 206 de la Ley de Amparo se advierte que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, procede contra las autoridades responsables, cuando cualquier persona resulte afectada por el incumplimiento de la medida, sea de plano o definitiva, por considerar que existe exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Por su parte, el artículo 209 de la propia ley, dispone que si dicho incidente se declara fundado, el juzgador deberá requerir a la autoridad responsable para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la medida precautoria o la realice en forma cabal, ya sea que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, subsane las deficiencias, con el apercibimiento de que en caso de continuar con la conducta contumaz, se procederá con la denuncia respectiva al Ministerio Público de la Federación, quien será el encargado de analizar si se actualiza el delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, consistente en desobedecer un auto de suspensión debidamente notificado. Ahora bien, si al promover el mencionado incidente, la autoridad responsable no había dado cumplimiento al auto que concede la suspensión, pero al resolverlo, se acredita que ya lo realizó o rectificó los errores en que incurrió, es improcedente dar vista al Ministerio Público para que analice si se actualiza el citado ilícito, pues para hacerlo, debe demostrarse que la autoridad responsable, al momento de resolver el incidente, no ha cumplido con la suspensión o subsiste el defecto o exceso en su ejecución y, en ese caso, el Juez tendría que requerirlo con el mencionado apercibimiento para que realizara o subsanara las irregularidades dentro de las veinticuatro horas siguientes; sin embargo, si ello no fue necesario, porque la autoridad cumplió la suspensión, es que resulta improcedente dar vista a la representación social." Por otro lado, el artículo 158 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 158. Para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión se observarán las disposiciones relativas al Título Quinto de esta Ley. En caso de incumplimiento, cuando la naturaleza del acto lo permita, el órgano jurisdiccional de amparo podrá hacer cumplir la resolución suspensional o podrá tomar las medidas para el cumplimiento". El precepto legal transcrito, establece los principios fundamentales de las resoluciones suspensionales, las que se rigen por los mismos principios sobre los que descansa la eficacia de las sentencias ejecutoriadas que conceden la protección de la Justicia Federal y que tienden a evitar que tanto las resoluciones de amparo, así como las medidas suspensionales sean burladas por las autoridades responsables. Lo anterior es así, porque cuando la parte quejosa goza de la suspensión que otorga el Juez de Distrito, las autoridades responsables se encuentran obligadas a respetar la citada medida precautoria, hasta en tanto se dicte la definitiva o, en su caso, la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. En ese entendido, a efecto de determinar si existe o no exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, es necesario ponderar el contenido de los artículos 128, 136 y 139 de la Ley de Amparo que establecen lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva". "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aún cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional". "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional". Como se advierte de los numerales transcritos, la obligación de las autoridades responsables en un juicio de amparo, de cumplir la resolución en que se concede la suspensión del acto reclamado, sea de plano, definitiva o provisional, surge a partir de que se les notifica, por lo que es a partir de este momento que deben realizar las diligencias necesarias para suspender, de manera inmediata, la ejecución del acto reclamado, en los términos en los que se otorgó la medida cautelar, ya que no hacerlo implica necesariamente un desacato o desobediencia a ese mandato judicial. La suspensión surte sus efectos desde el momento en que se pronunció la resolución correspondiente, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, pues de lo contrario no se cumpliría con su finalidad, que es la de evitar a la parte quejosa perjuicios de difícil reparación. También, se establecen facultades para hacer cumplir dicha suspensión por parte del órgano jurisdiccional. Bajo esa óptica, no debe perderse de vista que, en términos generales, para determinar el incumplimiento por parte de la autoridad responsable, se debe partir del acreditamiento de los siguientes supuestos: a) Que la medida cautelar se concedió por órgano competente. b) Que la resolución donde se otorgó surtió efectos; se notificó a las autoridades responsables o éstas, por cualquier medio, se enteraron de su existencia; y, c) Que de autos se acredite que con posterioridad a la medida cautelar decretada, la autoridad responsable ha realizado la ejecución de alguna de las conductas prohibidas por la medida suspensional, no realizó en su totalidad las conductas que ahí se le ordenó efectuar, o bien, que las efectuó de forma parcial o deficiente. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la octava época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, junio de mil novecientos noventa y cuatro, página seiscientos ochenta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, VIOLACIÓN A LA, PRESUPUESTOS QUE DEBEN REUNIRSE. Para que pueda determinarse violación a la suspensión provisional, es indispensable que se evidencie lo siguiente: a), que la medida cautelar se concedió por el órgano competente; b), que el acuerdo donde se otorgó y decidió surtió efectos, se notificó a las autoridades responsables o éstas, por cualquier medio, se enteraron de su existencia, y c), que en fecha posterior al conocimiento de la medida suspensiva otorgada, las autoridades responsables ejecutaron los actos reclamados materia de la suspensión concedida." Pues bien, el caso justiciable, corresponde resolver el incidente previsto en el artículo 206 de la Ley de Amparo, ya que el caso se encuentra en la hipótesis en la que la promoción del incidente puede hacerse valer en cualquier momento durante la secuela del juicio; esto es, mientras no se dicte aún sentencia ejecutoria. Lo que se persigue con el incidente de referencia es definir si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva concedida. TERCERO. Ahora bien, la incidentista, mediante su escrito por el cual intenta evidenciar la procedencia de la presente incidencia adujo lo siguiente: Frente a ello, por oficio presentado el once de julio de dos mil veintitrés, la Delegación Jalisco del Registro Agrario Nacional, al momento de rendir su informe correspondiente manifestó lo siguiente: Asimismo, por oficio presentado el trece de julio de dos mil veintitrés, la Delegación Jalisco de la Procuraduría Agraria, al momento de rendir su informe correspondiente manifestó lo siguiente: Finalmente, por oficio presentado el catorce de julio de dos mil veintitrés, la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido El Zapote Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, al momento de rendir su informe correspondiente manifestó lo siguiente: Las manifestaciones vertidas por la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido El Zapote Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco resultan ineficaces, ya que tales aspectos, debe ser materia del fondo del asunto en que se resolverá, si es procedente el juicio de amparo y, en su caso, si son o no constitucionales los actos reclamados; aspectos que no pueden ser analizados en el incidente de suspensión, por tramitarse por cuerda separada y su materia ser diferente a la sentencia que decide el fondo del asunto planteado. Se invocan en este sentido, en lo conducente, los criterios de la extinta Tercera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, publicados en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, CVII, página 1149 y CVII, página 59, que versan como sigue: "SUSPENSIÓN, EN EL INCIDENTE DE, NO PUEDEN INTRODUCIRSE CUESTIONES DE FONDO. De tomar en cuenta la prueba pericial que se rindió en el juicio ejecutivo mercantil en que fue dictada la resolución que se estima atentatoria, que redujo el monto del embargo, y resolver en vista de este documento, si fue o no excesivo el embargo llevado a cabo, equivaldría a entrar a estudiar el fondo de la cuestión que se debate en el juicio con el que se relaciona el incidente, lo que sería ilegal". "SUSPENSIÓN, EN ELLA NO DEBEN TRATARSE CUESTIONES DE FONDO. Si se alega que el amparo fue solicitado por quien no es representante legal del agraviado, y que por ello no debe concederse la suspensión definitiva, esa cuestión es ajena a la resolución incidental y daría margen, en todo caso, a decretar el sobreseimiento en el fondo del asunto, pero no para negar la suspensión". Por lo demás, no se advierte que las autoridades señaladas como responsables hubieren incurrido en exceso o defecto a la suspensión provisional de que se trata. Lo anterior es así, toda vez que, contrario a lo que refiere la parte quejosa, no existe evidencia de que se hayan transmitido diversas parcelas en favor de José Ramon Chaires Figueroa y que producto de dicha transmisión se hubiere pagado al ejido la cantidad de $589´000,000.00 (quinientos ochenta y nueve millones de pesos 00/100 moneda nacional). Ello es así, ya que en la cuenta bancaria 1109282401 a nombre del Ejido El Zapote Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco en la institución bancaria denominada Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima "BANORTE", no se advierte el movimiento al que se refiere la parte quejosa, como se muesra a continuación: Por ello, resulta infundado el incidente por exceso o defecto a la suspensión provisional de que se trata. Sin que en el particular sea procedente dar vista al agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, toda vez que, con fundamento a lo que dispone el artículo 209 de la Ley de Amparo, sólo en caso de que se hubiere demostrado que la autoridad responsable no cumplió con la suspensión definitiva, que lo hizo de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, y una vez que el órgano judicial, hubiere requerido para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsanara las deficiencias relativas a las garantías, sin que lo haya hecho, sólo hasta entonces estará en de denunciar al Ministerio Público de la Federación a las responsables por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la tesis II.4o.A.25 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible en la página 1129, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2005185, del rubro y texto siguientes: "EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. SI AL PROMOVER EL INCIDENTE RELATIVO, LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HABÍA DADO CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA, PERO AL RESOLVERLO, SE ACREDITA QUE YA LO REALIZÓ O RECTIFICÓ LOS ERRORES EN QUE INCURRIÓ, ES IMPROCEDENTE DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE ANALICE SI SE ACTUALIZA EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 262, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO. Del artículo 206 de la Ley de Amparo se advierte que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, procede contra las autoridades responsables, cuando cualquier persona resulte afectada por el incumplimiento de la medida, sea de plano o definitiva, por considerar que existe exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Por su parte, el artículo 209 de la propia ley, dispone que si dicho incidente se declara fundado, el juzgador deberá requerir a la autoridad responsable para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la medida precautoria o la realice en forma cabal, ya sea que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, subsane las deficiencias, con el apercibimiento de que en caso de continuar con la conducta contumaz, se procederá con la denuncia respectiva al Ministerio Público de la Federación, quien será el encargado de analizar si se actualiza el delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, consistente en desobedecer un auto de suspensión debidamente notificado. Ahora bien, si al promover el mencionado incidente, la autoridad responsable no había dado cumplimiento al auto que concede la suspensión, pero al resolverlo, se acredita que ya lo realizó o rectificó los errores en que incurrió, es improcedente dar vista al Ministerio Público para que analice si se actualiza el citado ilícito, pues para hacerlo, debe demostrarse que la autoridad responsable, al momento de resolver el incidente, no ha cumplido con la suspensión o subsiste el defecto o exceso en su ejecución y, en ese caso, el Juez tendría que requerirlo con el mencionado apercibimiento para que realizara o subsanara las irregularidades dentro de las veinticuatro horas siguientes; sin embargo, si ello no fue necesario, porque la autoridad cumplió la suspensión, es que resulta improcedente dar vista a la representación social". Asimismo, tiene aplicación al caso la tesis XXIII.3 K (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, visible en la página 1245, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo II, décima época, del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2010702, del rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN POR EXCESO, DEFECTO O INCUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE AMPARO, NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA FINCAR SANCIONES NI RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, SINO REQUERIRLAS PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, REPAREN, SUBSANEN O CUMPLAN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL, Y SÓLO EN CASO DE QUE NO LO HAGAN, DENUNCIARLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA SU PERSECUCIÓN Y SANCIÓN CONDIGNAS. El artículo 209 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, sin correlativo alguno con la abrogada, establece que si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, deberá ser requerida para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, o subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la misma ley; de modo que determina y regula de forma diversa la denuncia de violación a la suspensión, dado que no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida por exceso, defecto, o incumplimiento de la suspensión, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional, y sólo en el caso de que no lo hagan, hacer efectivo el apercibimiento de denunciarlas ante el Ministerio Público Federal, para su persecución y sanción condignas". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Es infundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional, por las razones expuestas en el último considerando de la presente interlocutoria. Notifíquese. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo acordó y firma, Guillermo Aguirre Castañeda, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, encargado del despacho, de conformidad con el artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por ausencia del Titular de este Juzgado, quien actúa con Roberto Martínez Gutiérrez, Secretario de Juzgado de Distrito que autoriza y da fe, y certifica que al día de hoy el expediente electrónico de este asunto coincide con su integridad en el expediente electrónico. Doy fe. LAPT/RMG

  2. Incidental

    De manera errónea se señalaron las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el verificativo de la audiencia incidental, lo correcto es a las DIEZ HORAS CON TRES MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS... Resulta necesario requerir nuevamente a la institución bancaria denominada Banorte, para que en el término de tres días, informe los importes que se han depositado en la cuenta *** desde el veinte de noviembre de dos mil veintidós a la fecha y remita copias certificadas de las constancias que acrediten su dicho. Bajo apercibimiento... Se hace efectivo el apercibimiento de treinta de octubre pasado toda vez que ha sido omisa no obstante de haber sido notificada el siete del presente mes y año, por ende, se impone multa por el importe de cien días de salario mínimo a la *** misma que deberá hacerse efectiva por conducto del Administrador Local de Recaudación de Guadalajara, Jalisco, por lo que deberá enviársele oficio a tal autoridad exactora a fin de que lleve a cabo la encomienda ordenada.

  3. Incidental

    Requerir nuevamente a la institución bancaria denominada ***, para que en el término de tres días, informe los importes que se han depositado en la cuenta 1109282401 desde el veinte de noviembre de dos mil veintidós a la fecha. Bajo apercibimiento... Toda vez que la audiencia incidental se encontraba señalada el veinte de octubre del presente año y para evitar una dilación procesal se fijan las DIEZ HORAS CON TRES MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo.

  4. Principal

    Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, acusa de recibido los autos del juicio de amparo y un legajo de cuaderno de pruebas; lo que se asienta para los efectos legales a que haya a lugar.

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