Ruben Perez Perez
Expediente 559/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 559/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 13/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ruben Perez Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veintidós de julio de dos mil veintiuno, misma que sobreseyó en el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión; y, archívese este asunto como totalmente concluido. No es obstáculo, que no obre el acuse de recibo de la autoridad responsable: 2. Titular de la Unidad de Apoyo Policial de la Agencia Estatal de Investigación de Acajete, Puebla, en virtud que carece de legitimación para impugnar la sentencia recurrida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudenciaXIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyo epígrafe dice: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS." Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió y negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva, en su orden), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de DEPURACIÓN, después de haber transcurrido tres años. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; mediante oficio a las autoridades responsables, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante la secretaria Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. ELIUT En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. La suscrita Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 559/2021-B, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Rubén Pérez Pérez; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el once de junio de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial y remitido en la misma fecha a este órgano jurisdiccional, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); Rubén Pérez Pérez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de los actos atribuidos al 1. Agente del Ministerio Público Investigador adscrito al Municipio de Acajete, Puebla y otra autoridad. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violadas las contenidas en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Prevención, desahogo, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de catorce de junio del presente año, la demanda promovida por Rubén Pérez Pérez, se registró con el número de juicio de amparo indirecto 559/2021-B; y se previno al quejoso para que bajo protesta de decir verdad, precisara lo siguiente: "ÚNICO. Precise la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados consistentes en la orden de detención y/o presentación, dictada en su contra y, su ejecución." Una vez que el quejoso desahogó la vista, en proveído veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo presentada, formándose por separado y duplicado, el incidente de suspensión; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 28). TERCERO. Cita para audiencia. En auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se señalaron las nueve horas con veintidós minutos del veintidós de julio del presente año, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que, en el caso, Rubén Pérez Pérez, en esta instancia constitucional, reclama: a) La orden de detención y presentación. b) Su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número Autoridades Responsables Sentido del informe. 1 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE ACAJETE, PUEBLA -EN SU DENOMINACIÓN CORRECTA-. Niega (foja 32) 2 TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO POLICIAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE ACAJETE, PUEBLA -EN SU DENOMINACIÓN CORRECTA-. Niega (foja 29) Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que a cada una les fueron atribuidos, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna para desvirtuar esa negativa; de ahí que no existan los actos reclamados. Por tanto, correspondía al quejoso la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba en la audiencia constitucional para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio de garantías respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuyen, destacados en el considerando segundo de este fallo. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Rubén Pérez Pérez, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa -debiéndose enviar por correo electrónico a la administración del edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020-; por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. Así lo resolvió y firma Raúl Bonilla Hernández, secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y por autorización contenida mediante oficio CCJ/ST/1105/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Romina Ortiz Ávila, secretaria quien autoriza y da fe. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 559/2021-B, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Rubén Pérez Pérez; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el once de junio de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial y remitido en la misma fecha a este órgano jurisdiccional, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); Rubén Pérez Pérez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de los actos atribuidos al 1. Agente del Ministerio Público Investigador adscrito al Municipio de Acajete, Puebla y otra autoridad. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violadas las contenidas en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Prevención, desahogo, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de catorce de junio del presente año, la demanda promovida por Rubén Pérez Pérez, se registró con el número de juicio de amparo indirecto 559/2021-B; y se previno al quejoso para que bajo protesta de decir verdad, precisara lo siguiente: "ÚNICO. Precise la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados consistentes en la orden de detención y/o presentación, dictada en su contra y, su ejecución." Una vez que el quejoso desahogó la vista, en proveído veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo presentada, formándose por separado y duplicado, el incidente de suspensión; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 28). TERCERO. Cita para audiencia. En auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se señalaron las nueve horas con veintidós minutos del veintidós de julio del presente año, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que, en el caso, Rubén Pérez Pérez, en esta instancia constitucional, reclama: a) La orden de detención y presentación. b) Su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número Autoridades Responsables Sentido del informe. 1 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE ACAJETE, PUEBLA -EN SU DENOMINACIÓN CORRECTA-. Niega (foja 32) 2 TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO POLICIAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE ACAJETE, PUEBLA -EN SU DENOMINACIÓN CORRECTA-. Niega (foja 29) Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que a cada una les fueron atribuidos, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna para desvirtuar esa negativa; de ahí que no existan los actos reclamados. Por tanto, correspondía al quejoso la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba en la audiencia constitucional para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio de garantías respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuyen, destacados en el considerando segundo de este fallo. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Rubén Pérez Pérez, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa -debiéndose enviar por correo electrónico a la administración del edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020-; por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de julio de dos mil veintiuno. I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 559/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Rubén Pérez Pérez; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Rubén Pérez Pérez, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, tuvo verificativo en sus dos primeras etapas que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución del acto reclamado es atribuido a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de la autoridad señalada como responsable, los actos reclamados en el presente asunto son: -La orden de presentación o detención, así como su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión del acto reclamado, primeramente se deben analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo - a las autoridades responsables siguientes: No. de orden Autoridades responsables Sentido del informe 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Acajete, Puebla Negó 2. Titular de la Unidad de Apoyo Policial de Acajete, Puebla -en su denominación correcta-. Negó CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. De lo anterior se advierte que las autoridades responsables señaladas, al rendir su informe previo negaron la existencia del acto que se les reclama, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe dichas negativas. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. Por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Rubén Pérez Pérez, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables citadas en el diverso tercero. Notifíquese por lista a la parte quejosa...; y, por oficio a las autoridades responsables, y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de julio de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Acajete, Puebla, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Notifíquese por lista a las partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.
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