Ruben Perez Hernandez
Expediente 1177/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1177/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/09/2016
Partes del expediente
- Maria De La Luz Sánchez Villa
- Ruben Perez Hernandez
- Everardo Zepeda Fuentes
- Ruben Perez Hernandez y Otros.
- Raul Martínez Millan y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 1177/2016-V, promovido por Lina Beatriz Quintana Morales, Raúl Martínez Millán, Rubén Pérez Hernández, Everardo Zepeda Fuentes, María de la Luz Sánchez Villa, María del Rosario de la Cruz Millán, Laura Almendra Montes de Oca Encinas, Rogelio Rodríguez Rodea, Martha Dionisia Gómez García, Fernando Rodea Gómez y María Elena Hernández Sánchez, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de México y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil dieciséis (fojas 2 a 9), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en la Ciudad de Toluca, el cual por razón de turno fue remitido, el día siguiente, a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en la Ciudad de Toluca, Lina Beatriz Quintana Morales, Raúl Martínez Millán, Rubén Pérez Hernández, Everardo Zepeda Fuentes, María de la Luz Sánchez Villa, María del Rosario de la Cruz Millán, Laura Almendra Montes de Oca Encinas, Rogelio Rodríguez Rodea, Martha Dionisia Gómez García, Fernando Rodea Gómez y María Elena Hernández Sánchez, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridades responsables que a continuación se precisan: "III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. A).- AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA. A1).- C. Procurador General de Justicia del Estado de México. A. 2).- C Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. B) AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS. B.1).- C Comisario General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado. B 2) C. Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, adscrito a la fiscalía especial. IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO, U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME; (ACTOS RECLAMADOS) RECLAME;(ACTOS RECLAMADOS) A).- AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA. De la autoridad responsable que hemos señalado como ordenadora reclamamos LA ILEGAL E INCONSTITUCIONAL ORDEN DE DETENCIÓN, Y/O PRESENTACIÓN Y/O COMPARECENCIA dictada en nuestra contra, dentro de los autos que integran la carpeta de investigación de la cual desconocemos el número. B) AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA De las autoridades responsables que hemos señalado como ejecutoras, reclamamos el cumplimiento que pretenden dar a LA ILEGAL E INCONSTITUCIONAL ORDEN DE DETENCIÓN, Y/O PRESENTACIÓN Y/O COMPARECENCIA dictada en nuestra contra por la responsable ordenadora." (sic). SEGUNDO. Los peticionarios de amparo argumentan en su demanda, que los actos de autoridad que combaten, vulneran en su perjuicio sus derechos fundamentales y las garantías, contenidos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Mediante acuerdo de ocho de agosto de dos mil dieciséis (fojas 10 a 12), se admitió a trámite la demanda; se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó el informe justificados a las autoridades responsables; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, CUARTO. Mediante proveído de once de agosto de la presente anualidad, se dejaron de tener como autoridades responsables, las que el quejoso denominó como: "Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial y Comandante de la Policía Ministerial, ambos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México"; por tanto, la presente resolución no se ocupará de ellas (foja 22). C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los puntos tercero y cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aunado a que el acto reclamado lo constituye una orden de detención, y/o presentación y/o comparecencia, que podría tener ejecución dentro del territorio en que este órgano de control. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, debe precisarse que el acto reclamado en esta vía constitucional consisten, en: - La ilegal orden de detención, y/o presentación y/o comparecencia, así como su ejecución. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril del año dos mil, Novena Época, con número de registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." No representa un obstáculo a lo anterior, el hecho de que la jurisprudencia antes invocada interprete la legislación de amparo abrogada, de diez de enero de mil novecientos treinta y seis, pues aquélla no es contraria, ni se contrapone con las disposiciones de la actual Ley de Amparo -dos de abril de dos mil trece- así como tampoco lo son las demás tesis aislada y jurisprudencia que serán citadas en esta sentencia, que atiendan o hagan referencia a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo establecido en el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. TERCERO. El Agente del Ministerio Público, adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva en representación del Procurador General de Justicia y el Comisario General de la Policía Ministerial, ambos del Estado de México, al rendir su informe justificado (fojas 20 y 21), negaron la existencia del acto que se les atribuye; sin que el peticionario de amparo haya desvirtuado, con prueba en contrario, tales negativas. Es aplicable la jurisprudencia 310, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 209, del Tomo VI, del Apéndice de 1995, primera parte, Sexta Época, materia común, con número de registro 394266, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En esa tesitura, al haber señalado las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras que no existe el acto reclamado; y al no haber aportado el quejoso medio de prueba idóneo, encaminado a desvirtuar las negativas de la referidas autoridades responsables, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la tesis aislada, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6673, del Tomo LXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 324127, que establece: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia Ley." En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio, prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 372, del Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación, de diciembre de 1992, materia común, Octava Época, con número de registro 217823, que establece: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y LA EJECUTORA LO ACEPTA, SIN PRECISAR QUIEN LO ORDENO. Acertadamente el juez de Distrito con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo sobresee en el juicio cuando las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados, niegan categóricamente el acto reclamado sin que el quejoso haya ofrecido prueba alguna para desvirtuar tal negativa, y el hecho de que la autoridad ejecutora reconozca que sí es cierto el acto reclamado, pero no precisa quién lo ordenó, por lo que si esta autoridad fue señalada como ejecutora y no como ordenadora y al negar éstas el acto reclamado decretando el juez Federal el sobreseimiento, lógico es que también debe dictarse respecto de la autoridad ejecutora." Atento al razonamiento vertido en la presente resolución, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el accionante del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia VI. 1o. J/23, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 335, Núm. 22-24, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de octubre-diciembre de 1989, con número de registro 226555, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 61 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Lina Beatriz Quintana Morales, Raúl Martínez Millán, Rubén Pérez Hernández, Everardo Zepeda Fuentes, María de la Luz Sánchez Villa, María del Rosario de la Cruz Millán, Laura Almendra Montes de Oca Encinas, Rogelio Rodríguez Rodea, Martha Dionisia Gómez García, Fernando Rodea Gómez y María Elena Hernández Sánchez, contra el acto reclamado, autoridades responsables y motivos expuestos en esta sentencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
R E S U E L V E ÚNICO. Se niega a Lina Beatriz Quintana Morales, Raúl Martínez Millán, Rubén Pérez Hernández, Everardo Zepeda Fuentes, María de la Luz Sánchez Villa, María del Rosario de la Cruz Millán, Laura Almendra Montes de Oca Encinas, Rogelio Rodríguez Rodea, Martha Dionisia Gómez García, Fernando Rodea Gómez y María Elena Hernández Sánchez, la suspensión definitiva contra las autoridades y actos precisados en la presente interlocutoria. Notifíquese. Así lo acordó y firma Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/2966/2016, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; once de julio de dos mil dieciséis. Por recibida la constancia de notificación practicada por el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional al quejoso Gildardo López Astudillo, en la cual manifiesta: "Me desisto del Presente Juicio Amparo y le solicito que sea notificado por lista a Juan Perez."(sic) Atento a lo anterior, se tiene por hecha tal aseveración para los efectos legales procedentes, pues en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicha diligencia tiene pleno valor probatorio, al tratarse de una actuación de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en su razón corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 563, publicada en la página 405 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, cuyos rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios y actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Ahora, como la materia incidental la constituyen los actos reclamados, previa solicitud de su suspensión por quien se considera agraviado, lo cual es uno de los requisitos de procedibilidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en consideración que el incidente de suspensión se sigue a instancia del agraviado; para los efectos legales conducentes, se le tiene por desistido del incidente de suspensión en que se actúa y, por ende, se declara sin materia. Lo anterior encuentra sustento en la tesis XXVII.3º.28K (10ª), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio 2014, Tomo II, página 1813, registro 2006845 , del contenido siguiente: "REVISIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE RESUELVE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. QUEDA SIN MATERIA SI DURANTE SU TRÁMITE EL QUEJOSO RATIFICA SU DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO ANTE EL JUEZ DE DISTRITO. Si durante la tramitación de un recurso de revisión interpuesto contra la interlocutoria que resuelve la suspensión definitiva, el quejoso ratifica ante el Juez de Distrito su escrito de desistimiento de la demanda de amparo en el juicio principal, el recurso queda sin materia, en virtud de que si el juicio de amparo únicamente puede seguirse a petición de la parte agraviada y el impetrante ratificó su desistimiento de la instancia en el juicio principal (sin que proceda su retractación), entonces a mayor razón abandona su interés para continuar con el incidente de suspensión, porque su tramitación también exige la petición de la parte agraviada (con excepción de la suspensión de oficio). Lo anterior, de conformidad con los principios generales del derecho que señalan que lo accesorio (incidente de suspensión) sigue la suerte del principal (juicio de amparo) y donde existe la misma razón debe aplicarse la misma disposición." Asimismo, encuentra sustento en la tesis consultable en la página 1209 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XC, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DESISTIMIENTO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Aunque de las constancias de autos no aparezca que se haya acordado ya, el desistimiento del quejoso por lo que hace al juicio principal, sin embargo si en forma expresa se desiste del incidente de suspensión, tomando en consideración que la materia incidental la constituyen los actos reclamados, previa petición de suspensión de los mismos, por parte de los quejosos, según lo previene el artículo 124, fracción I, de la ley que reglamenta el amparo, el desistimiento expresado, induce a declarar sin materia dicho incidente." Con fundamento en lo dispuesto en el ordinal 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo realícense ésta y las subsecuentes notificaciones por medio de lista que se fija en este órgano jurisdiccional. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia incidental prevista para las nueve horas con treinta minutos del catorce de julio de dos mil dieciséis, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. De conformidad con el numeral 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizado para tales efectos a la persona que menciona en la diligencia de mérito. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Mauricio Neira Villarreal, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Toluca, Estado de México; once de agosto de dos mil dieciséis. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos los oficios de cuenta y con la razón signad por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, en las cuales manifiesta la imposibilidad de notificar los oficios 35184 y 35186, por los motivos ahí expuestos. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 de la legislación procesal civil invocada, al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. Es aplicable la jurisprudencia visible en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Mayo de 1995, Materia Común, Novena Época, número de registro 205152, que establece: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Atento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento culminado en proveído de ocho de agosto de dos mil dieciséis, y con fundamento el artículo 108 fracción lll, de la Ley de Amparo, se dejan de tener como autoridades responsables en el presente juicio de amparo a las autoridades que la parte quejosa señaló como "Agente del Ministerio Público adscrito a la fiscalía Especial y Comandante de la Policía Ministerial, ambos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México", sin perjuicio de que corrija la denominación de dicha autoridad o a la que deban redireccionarse dichos oficios en virtud de la razones expuestas por la actuario judicial, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Con los oficios suscritos por el Agente del Ministerio Público, adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva en representación del Procurador General de Justicia y el Comisario General de la Policía Ministerial, ambos del Estado de México, mediante el cual rinden previo y designan delegados. Ahora bien, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda con el informe justificado, para los efectos legales a que haya lugar y este órgano jurisdiccional toma conocimiento de su contenido Por otro lado, con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia se tiene como delegados de las autoridades responsables, los que indica. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Mauricio Neira Villarreal, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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