Ruben Pérez Arvizu
Expediente 1472/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1472/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/01/2022
Partes del expediente
- Ruben Pérez Arvizu
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintisiete de enero de dos mil veintidós. Exhorto diligenciado. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto con número de orden 353/2021 y de origen 266/2021, del índice de este Juzgado. Acuse de recibo. Resulta innecesario acusar de recibo del exhorto recibido, dado que fue enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cual genera el acuse de recibo respectivo. Estado de autos. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, y en razón de que el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, admitió la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, con motivo de la incompetencia planteada; advirtiéndose además que este expediente se encuentra totalmente concluido. . Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno relativo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, en su oportunidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214, de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a diez de enero de dos mil veintidós. Acepta competencia. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual informa que admitió la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, lo anterior con motivo de la incompetencia planteada por este juzgado, radicándola bajo el número de amparo 1/2022. Sin que por el momento haya lugar a ordenar el archivo en el presente juicio, pues se está en espera de la devolución del exhorto librado 353/2021, del cual tocó conocer al mismo órgano jurisdiccional, según se advierte de la papeleta de turno de la imagen siguiente: Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Director de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales en Mexicali, Baja California; en consecuencia, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1472/2021. Competencia. De la lectura de la demanda de cuenta, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer y resolver el juicio de amparo en estudio; ahora, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado es la omisión de notificación y/o resolución en audiencia del incidente de libertad anticipada que le elevó a través de su derecho de petición al Director de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales en Mexicali, Baja California. Para avalar esta postura, conviene tener presente lo dispuesto en el artículo 37, de la Ley de Amparo vigente, que a la letra dice: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. --- Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. --- Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Por su parte, el diverso numeral 48, de la ley de la materia, dispone lo siguiente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. --- Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. --- Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. --- Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. --- Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." Por consiguiente, a fin de establecer la competencia por razón de territorio, es preciso, en primer término, acudir al examen del tipo de acto reclamado; en segundo lugar, analizar si dicho acto es o no de carácter ejecutivo; y, finalmente, determinar, a partir de esas bases, cuál de los criterios resulta aplicable para resolver ese tipo de tema de índole competencial. En el caso, al verificar la naturaleza del acto reclamado en esta vía, el cual consiste en la omisión del Director de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales en Mexicali, Baja California, de resolver respecto a la solicitud de omisión de notificación y/o resolución en audiencia del incidente de libertad anticipada que le elevó a través de su derecho de petición; dada la naturaleza del acto reclamado y atento al contenido de la jurisprudencia 1a./J. 48/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que ante la omisión de la autoridad en resolver o no se dé trámite a su solicitud de otorgamiento respecto de alguno de los beneficios para suspender la ejecución de la pena de prisión, será competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción esté recluido el quejoso; por consiguiente, y al advertirse, de las propias manifestaciones vertidas por el promovente en su escrito de demanda, que actualmente se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social denominado "El Hongo Uno", en el Municipio de Tecate, Baja California; por tanto, resulta claro que, en el caso, no se surte la competencia de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, para conocer del juicio de amparo que se trata, puesto que si se toma en consideración que el promovente se encuentra actualmente recluido en el Centro de Reinserción Social denominado "El Hongo" número 1, en el Municipio de Tecate, Baja California, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada con anterioridad, por ende, resulta competente para conocer de la demanda de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario de referencia, que en el caso lo es, el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. En esta tesitura, dado que este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, carece legalmente de competencia para conocer de la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, razón por la cual, se declina la competencia al Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, en turno, con sede en Tijuana. Apoya a la anterior consideración, las jurisprudencias de la Primera Sala, siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." (Novena Época. Registro: 178232. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Junio de 2005. Materia(s): Penal. Tesis: 1a./J. 48/2005. Página: 5) "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido." (Época: Décima Época. Registro: 2006160. Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 11 de abril de 2014 10:09 h. Materia(s): (Común).Tesis: 1a./J. 14/2014) En apoyo a lo anterior, se invoca la siguiente tesis, cuyo rubro y contenido son el siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión." (Época: Décima Época; Registro: 2012019; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 32, Julio de 2016, Tomo III; Materia(s): Común; Tesis: II.2o.P.16 K (10a.); Página: 2093. En tales condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, carece de competencia legal por territorio para conocer de la demanda que nos ocupa, y en ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, se declina la competencia en favor del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y de Juicio Federales en el Estado de Baja California, en turno, con sede en Tijuana. Consecuentemente, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda de amparo al Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y de Juicio Federales en el Estado de Baja California, en turno, con sede en Tijuana, a fin de que manifieste si acepta la competencia declinada. Se solicita el acuse de recibo correspondiente, así como si aceptó o no la competencia aquí declinada. Asimismo, fórmese el cuaderno de antecedentes que quede en sustitución del original. Notificación por exhorto a promovente. Ahora bien, en virtud de que el promovente ****, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, el Centro de Reinserción Social "El Hongo 1", el cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a aquélla por disposición expresa de su artículo 2º, gírese atento exhorto vía electrónica SISE con los insertos necesarios al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en turno en el Estado de Baja California, con residencia en la ciudad de Tijuana, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva comisionar a quien corresponda, a efecto de que se constituya en el local que ocupa el referido centro de reinserción social, y notifique al quejoso *****, el presente proveído y le corra traslado con la presente determinación.. Se autoriza al Juez exhortado a fin que dicte los acuerdos, actuaciones y lo que sea necesario para la debida diligenciación de este exhorto. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito inicial de demanda, conforme al artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. Autorizados. No designó. Designación de defensor público. Por lo anterior y para no dejar en estado de indefensión al quejoso ****, virtud de encontrase privado de su libertad y por así haberlo solicitado por el quejoso; por tanto, este órgano jurisdiccional está obligado a verificar que en el presente juicio de amparo tenga una representación y defensa adecuada, por lo que resulta necesario que este Juzgado de Distrito designe de oficio a una persona capaz de promover y actuar dentro del presente juicio de amparo, dirigida absolutamente a la defensa eficaz de los derechos del quejoso en la litis planteada. Es aplicable al caso el criterio que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual se publica en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, página 1301, Materias(s): Constitucional, Penal, Común, Tesis: 1a./J. 43/2019 (10a.), Décima Época, Registro 2020495, el rubro y texto: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." En consecuencia, este Juzgado Federal deberá designar como representante a una persona adscrita al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; por lo tanto, mediante oficio que se gire al Titular de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, requiérasele a fin de que, en un término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, designe a un asesor jurídico o un defensor público, a fin de que este último comparezca dentro de los tres días siguientes a este Juzgado Sexto de Distrito en días y horas hábiles, previa cita en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como la generación de un código QR, con identificación oficial que lo acredite como tal, a aceptar y protestar el cargo conferido y señalar domicilio para oír y recibir notificaciones. Expedición de copias. Con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición del artículo 2° de la ley de la materia, expídasele copia de cada uno de las determinaciones que se dicten en el presente juicio de amparo. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Exhortación a todas las partes a continuar juicio en línea. Con fundamento en el artículo 22, y 28, segundo párrafo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, dado que el presente juicio fue promovido inicialmente de manera física, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente; ello, con la finalidad de mejorar la comunicación con las partes. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese.
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