Ruben Pérez Andrade
Expediente 1082/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 10 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1082/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 10/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ruben Pérez Andrade
Actuaciones
- Principal
Vista la demanda de amparo signada por ********** , por propio derecho, contra actos del 1. Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Fórmese expediente. Regístrese con el número 1082/2019-II en el Libro Uno de Juzgado relativo al índice de juicios de amparo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De la lectura de la demanda de amparo se advierte el acto reclamado consiste en: La inminente orden de traslado del Centro de Reinserción Social "**********" de la Ciudad de ********** a uno diverso dentro del Estado o del país. Asimismo, del relato de antecedentes se desprende se encuentra a disposición del Juez **********, así como del Juez **********, con residencia en esta ciudad. -DESECHAMIENTO- De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el suscrito advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. Antes de indicar la causal que se estima actualizada en el presente asunto, es menester precisar el marco legal que actualmente rige en relación con los traslados. Los preceptos 49, 50, 51, 52, 117, fracción III, 131 y 132, fracción VII, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, estipulan: Capítulo V. Traslados. "Artículo 49. Previsión general. Las personas sujetas a prisión preventiva deberán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos al lugar donde se está llevando a cabo su proceso. Las personas sentenciadas podrán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos a su domicilio. Esta disposición no aplica en el caso de delincuencia organizada y respecto de otras personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad en los términos del penúltimo párrafo del artículo 18 Constitucional." "Artículo 50. Traslados voluntarios. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución." "Artículo 51. Traslados involuntarios. El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código." "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario. La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y." "Artículo 131. Apelación. El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación. El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: [.] VII. Traslados; [.]" De la interpretación de los citados preceptos, se obtiene que el precepto 49 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé las consideraciones que se deben tomar para determinar los lugares de reclusión en que las personas sujetas a prisión preventiva y sentenciadas deben cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad. Por su parte, los diversos 50 y 51 del ordenamiento invocado, disponen los requisitos legales para los traslados voluntarios e involuntarios, respectivamente. En el primer caso -traslado voluntario-, establece que para que opere un traslado voluntario de una persona privada de la libertad, debe existir un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino. O, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. Así también, como requisito, el Juez de Ejecución debe requerir el consentimiento expreso de la persona sentenciada en presencia de la persona que sea su defensora. Sin que opere el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. El segundo supuesto -traslado involuntario-, instituye que éste deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Contra esa resolución, otorga a la persona privada de la libertad o sentenciada, la posibilidad de impugnarla a través del recurso de apelación. Por su parte, también el diverso 52, luego de disponer que la Autoridad Penitenciaria podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, bajo la condición de que en todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, permite impugnar la aludida resolución judicial a través de la interposición del recurso de apelación en los términos previstos en esa Ley. Asimismo, el dispositivo 117, fracción III del ordenamiento antes invocado, otorga a la persona privada de su libertad, en materia de traslados el derecho de interponer acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, dentro de los diez días siguientes a la notificación del traslado o, en su caso, de no haber sido notificado, lo puede hacer en el plazo posterior a la ejecución. En ese orden de ideas, una interpretación funcional y extensiva de los preceptos 49, 50, 51, 52 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permiten concluir que en materia de traslados, las determinaciones de las autoridades administrativas deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Asimismo, la persona privada de su libertad o sentenciada, tiene a su alcance la posibilidad de revocar las determinaciones del Juez de Control o Ejecución, según corresponda, ya sea contra traslados voluntarios o involuntarios, a través del recurso de apelación, previsto por los diversos 131 y 132, fracción VII de esa normativa. En ese orden de ideas, en la especie, se advierte actualizada la causal de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 49, 50, 51, 52 117, fracción III, 131 y 132, fracción VIII, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el numeral 61, fracciones XVIII y XX de la Ley de Amparo. Ello es así, pues no pasa desapercibido que en el presente, la parte quejosa señaló como autoridades responsables al Juez **********, así como al Juez **********, con residencia en esta ciudad, ante quienes se encuentra a disposición, sujeto al auto de formal prisión -a pesar de que no especifica cuál de ellos lo emitió-. Pues así lo manifestó bajo protesta de decir verdad en su demanda. Sin embargo, la orden de traslado combatida la atribuye tanto a dichos jueces como a las autoridades administrativas. Es decir, al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social Federal, con sede en Ciudad de México, así como al Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. De ahí que la causa de improcedencia actualizada en este asunto puede ser -según la autoridad que la hubiera emitido- la contemplada por el arábigo 61, en su fracción XVIII, como la diversa XX de la Ley de la materia, que establecen el juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Así, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional para promover la demanda que se analiza, la parte quejosa debe agotar la instancia ordinaria necesaria. En caso de ser emitida la orden de traslado por autoridad administrativa, recurrirla ante el Juez **********, o bien ante el Juez **********, para que en su caso, sea confirmada, modificada o revocada. En términos del artículo 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y en caso de ser emitida por alguno de los jueces señalados como responsables, de conformidad con el artículo 131 de la normatividad recién citada, podrá recurrirla en apelación ante el Tribunal de Alzada correspondiente para revisión que puede ser confirmada, modificada o revocada. Legislación aplicable tanto al sistema penal acusatorio como del tradicional, como se desprende de sus artículos tercero y cuarto transitorios. En consecuencia, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de cuenta por su notoria improcedencia contra el acto reclamado consistente en la orden de traslado, pues se actualizan las causales a que se hizo referencia en el cuerpo de este auto, esto es, las previstas por el arábigo 61, fracciones XVIII y XX de la Ley de la materia. No es ocioso decir que la disposición legal -artículo 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal- es uno de los fundamentos que se tomó en consideración al emitir el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con las órdenes de traslado, para su modificación en el artículo 48, fracción IX a efecto de eliminar las órdenes de traslado de los supuestos de asuntos urgentes para su turno. ACTOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. No se inadvierte que el impetrante de derechos humanos señala que con la supuesta orden de traslado ordenada, se vulnera en su perjuicio el artículo 22 constitucional. Sin embargo, como se vio, se encuentra a disposición del Juez **********, y Juez **********, por virtud de un auto de formal prisión -sin especificar quién de las autoridades lo emitió-. Además, se aprecia tal reclamo lo hace con base en el temor de ser trasladado, lo cual a la fecha de presentación de la demanda no se ha llevado a cabo. Por lo que no ha lugar a proveer respecto de la suspensión de plano, al no advertirse esté sometida a alguno de los actos prohibidos por dicho dispositivo, sino que su reclamo lo basa en el supuesto de ser trasladado. Máxime que no debe perderse de vista que el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, fracción I, 63, fracción IV y 75 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, los estrados de este órgano jurisdiccional, por así haberlo solicitado...".
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,165 expedientes
- Ruben Montes López454/2016
- Ruben Morales Sánchez1002/2014
- Rubén Murillo Ruiz299/2019
- Rubén Navarrete Contreras180/2021
- Rubén Pacheco Guerrero229/2023
- Ruben Panuncio Rosario Jaen800/2015
- Rubén Rodríguez González327/2023
- Ruben Rodríguez Rincon1232/2016
- Ruben Rojas Cruz396/2016
- Rubén Segura Morales522/2016
- Ruben Urdapilleta Correa1265/2015
- Rubén Vélez Pérez475/2017