Rubén Perafan Galindo

Expediente 654/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
654/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
27/07/2021

Partes del expediente

  • Rubén Perafan Galindo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió, en queja, el auto de siete de junio del año en curso, por medio del cual, se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado. II. Orden de archivo. archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Oposición de datos personales. Hágase notar que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. IV. Acuerdo de destrucción. se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de desincorporación y destrucción en el plazo de tres años contados a partir de esta fecha, puesto que se desechó la demanda de amparo. V. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. VI. Devolución de documentos. hágase del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con noventa días para recoger los documentos que exhibió en el presente asunto, apercibida que de no hacerlo, correrán la suerte del expediente principal.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve sin diligenciar el exhorto con número de orden 672/2021-III, derivado del juicio de amparo en que se actúa, ordenado a efecto de notificar a la quejosa Rubén Perafan Galindo, el proveído de siete de junio actual. Para fines estadísticos, dese de baja el exhorto de referencia, en el libro de comunicaciones oficiales giradas que se lleva en este órgano jurisdiccional, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E. II.- Determinación judicial. Toda vez que de las constancias del exhorto de cuenta, se desprende la imposibilidad de notificar a la parte quejosa el proveído de siete de los cursantes; en consecuencia, notifíquese dicho auto, así como las posteriores notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en este Juzgado Federal, de conformidad con el artículo 27, fracción III inciso a), de la Ley de Amparo, hasta en tanto, señale otro domicilio en donde puedan practicarse sus notificaciones. AUTO DE SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO: Téngase por recibida la demanda de amparo, promovida por Rubén Perafan Galindo, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal Constitucional de Tepetlaoxtoc, Estado de México, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refiere. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 654/2021-III. De conformidad con los artículos 15 y 16 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para formar cuaderno impreso y electrónico del presente asunto De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 113, de la Ley de Amparo, deben analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Es aplicable, la jurisprudencia emitida por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, mayo de 1991, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de la causa de improcedencia se operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto en el que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: "Octava Época Registro: 221353 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Noviembre de 1991 Materia(s): Común Tesis: Página: 198 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." En el caso, se actualiza el motivo de improcedencia contemplado en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: --- I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: --- II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)." De la interpretación sintáctica, armonizada y sistemática de los numerales transcritos, se colige que para los efectos del juicio constitucional, el concepto de autoridad responsable converge en establecer que es aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Adicionalmente, se considera conveniente transcribir el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo a lo que se entiende como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo que dice: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: --- I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; --- II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal; y --- III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Del anterior precepto, así como de los diversos 1º, fracción I, y 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo transcritos, es dable inferir que la procedencia del juicio constitucional se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En esas consideraciones, a través del juicio de derechos fundamentales, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad, o de un particular que actúa con el carácter de autoridad (con imperio), a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación de legalidad que se hayan aducido en su contra. Aunado a lo anterior, se destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la procedencia del juicio de derechos humanos se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De lo expuesto, se aprecia que el concepto de "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" es una noción autónoma, es decir, propia de la legislación de amparo e independiente del derecho administrativo y, en general, de otras materias que han definido cuestiones similares. Para ese Alto Tribunal, resulta innegable que el sistema jurídico autoriza a que los organismos públicos, en algunos supuestos, actúen como particulares en relaciones de derecho privado, lo que es impugnable a través de los procedimientos ordinarios previstos a esos efectos; y que, en otros casos, emitan actos de autoridad susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo. En ese orden de ideas, no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. Cuestión que se contempla en la actualidad en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo. Luego, destacó que las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones, dijo, se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Asimismo, señaló que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Además, sostuvo que las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para esos efectos. La nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste, según lo estableció la Superioridad, en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. De las anteriores consideraciones, la Segunda Sala en comento, llegó a la conclusión de que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales; esto es, que las autoridades para efectos del juicio de amparo, son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, teniendo facultades expeditas, ya sea por sí o por conducto de otras autoridades, para imponer dicha voluntad de manera unilateral, imperativa y coercitiva, frente a la del gobernado, teniendo desde luego como límite, la obligación constitucional de respetar los derechos fundamentales de aquél. Las consideraciones vertidas anteriormente obran en la tesis aislada P. XXVII/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento dieciocho, Novena Época, Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a febrero de mil novecientos noventa y siete, que dispone: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Ligado con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. El criterio en comento, se encuentra publicado en la página mil ochenta y nueve, tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, y es del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En la especie, se reclaman actos que no provienen de autoridad para efectos del juicio de amparo, y que tampoco se pueden considerar como actos de particulares que se conducen como autoridad o equivalente a los de autoridad. Ello, en virtud de que el acto reclamado en la presente instancia, es una petición que hace el quejoso como trabajador a su patrón, en virtud de que le solicita le informe si existe algún procedimiento administrativo en su contra y expida constancia de su situación administrativa como policía activo dentro del cuerpo de policial del municipio de Tepetlaoxtoc; lo anterior, en virtud de que se le impidió ingresar a la unidad a la que está inscrito para desempeñar las actividades propias de su cargo. A la luz de las características que debe llevar el acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se concluye que el acto reclamado por el promovente -omisión de dar contestación a su escrito-- no puede ser considerado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues el reclamo de dicha omisión no emerge del imperio que le corresponde al representante del ayuntamiento como parte de la administración pública municipal, sino como patrón del ahora quejoso.. Sin que pase inadvertido que el solicitante de amparo, refiere vulneración al derecho de petición consagrado en el numeral 8° Constitucional con motivo de la omisión de emitir respuesta al escrito por el que solicitó se le informe sobre su situación laboral y si existe algún procedimiento laboral en su contra; sin embargo, es evidente que la posición del quejoso frente a la autoridad señalada como responsable, no es de gobernado, sino como servidor público adscrito a dicha entidad gubernamental; pues con independencia que la solicitud se hay formulado en términos de dicha norma constitucional, dicha circunstancia no cambia la naturaleza del acto ni la relación jurídica existente entre el justiciable como empleado y el representante del Ayuntamiento como empleador, por lo tanto, dicha omisión no emerge del imperio de un ente público. De ahí, que resulte evidente que los actos en análisis no son materia de control mediante el juicio de amparo, al no ser actos de autoridad, sino derivados de una relación laboral, al existir la relación de coordinación entre la parte quejosa y el Municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México, en las que actúan en un mismo plano (de igualdad), por lo que, se estima que lo relativo al acto reclamado, es una cuestión que se debe ventilar ante la jurisdicción ordinaria. Es aplicable, el criterio P./J. 42/2001, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, visible en la página 126, con registro digital 189914, que dice: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." Por tanto, se torna patente para este Juzgado Federal, que en la especie se está en presencia de un conflicto laboral entre particulares (patrón y trabajador), que se lleva a cabo con base en la relación laboral que los une, actuando en un plano de igualdad; de modo que, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una auténtica relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido. Al hilo de lo anterior, si la parte quejosa reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado cualquier prestación derivada de su relación laboral, es inconcuso que los actos no tienen la naturaleza de actos de autoridad para efectos del amparo, pues la autoridad responsable señalada por el quejoso no tiene ese carácter, al actuar como patrón en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Tiene aplicación por analogía la jurisprudencia III. 4º. T. J/3, visible a página 1639, Libro 28, del mes de marzo de dos mil dieciséis, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra- subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1°, fracción I, y 5°, fracción II; y con apoyo en el ordinal 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda en estudio. Finalmente, se precisa que no es obstáculo para desechar la presenta demanda de amparo, la jurisprudencia de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO", en virtud de que la diversa jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), emitida de manera posterior, por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 1224, del Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Materia Común de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, autoriza a desechar la demanda de amparo, por ese motivo, en casos de excepción (como en el presente asunto acontece), dado que es notorio e indudable que el acto reclamado se ubica en el contexto de un vínculo laboral, y por consiguiente, en una relación de coordinación, por lo que carece de los atributos de autoridad para efectos del juicio de amparo, lo cual es incuestionable y de obvia constatación por las consideraciones expuestas en la presente determinación; de ahí que la improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento; y por ello, es que no existe impedimento legal para desechar la demanda constitucional. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "Décima Época Registro: 2007580 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: PC.III.L. J/5 L (10a). Página: 1224 AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Ahora bien, en la demanda de amparo el promovente señaló un domicilio para oír y recibir notificaciones fuera del lugar de residencia de este órgano jurisdiccional, en ese orden, conforme a lo establecido en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y numeral 26, fracción III, de la Ley de la Materia, se tiene como su domicilio procesal para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional. No obstante, dada la naturaleza del presente auto, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, gírese vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) exhorto al JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a uno de los actuarios de su adscripción a efecto de que se constituya en el domicilio ubicado en calle Amalia, número 67, colonia Guadalupe Tepeyac, Alcaldía Gustavo A. Madero, código postal 07840, Ciudad de México, y le notifique al quejoso Rubén Perafan Galindo, el presente auto, corriéndole traslado con copia simple del mismo. Lo anterior, sin que sea necesario que confirme su recepción, recepción en virtud de que el sistema a través del cual, será remitido lo genera automáticamente. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al juzgado exhortante para que, en caso de ser necesario, habilite días y horas inhábiles. Respecto de los correos electrónicos que proporciona, se tiene por señalados únicamente con el alcance a que se refiere el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-191; esto es, como una forma especial y expedita de contacto no procesal, para la lograr la práctica de notificaciones y desahogo de las diligencias que se ordenen desahogar en este asunto; cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Se tienen por autorizado de la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Jorge José Rico Arreola y Elizabeth Reyes González, por contar con registro de cédula ante el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho REGPROF. Atendiendo a los criterios contenidos en el acuerdo relativo la "Propuesta de solución a diversas consultas derivado de la entrada en vigor del primero de los acuerdos en cita, contenido en la circular SECNO/12/2020, en sesión de veinticuatro de junio de dos mil veinte, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en cuanto a que debe buscarse que los juicios en línea puedan seguirse de manera remota de forma que no sea necesaria la presencia física del personal para la práctica de actuaciones; de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero, del Acuerdo 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus COVID-19, se exhorta a la parte promovente para que, de ser posible y tomando en consideración las herramientas tecnológicas necesarias, para ello, solicite la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para la práctica de notificaciones. En obvio de mayores dilaciones procesales y a efecto de agilizar el procedimiento constitucional, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se ordena la expedición a las partes hasta en un tanto, de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Es aplicable, en lo conducente, la Tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que mediante auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se requirió a la defensora Elizbeth Sahagún Alcalá, para que en el plazo de cinco días, realizará las gestiones necesarias para entablar comunicación con el quejoso a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, sin que a la fecha haya realizado pronunciamiento al respecto. En virtud de lo anterior, requiérase a la defensora Elizbeth Sahagún Alcalá, para que en término de tres días, contados a partir del día siguiente de aquel en que surta efectos la notificación del presente auto, informe a este juzgado el cumplimiento dado a los proveídos señalados con antelación, o bien manifieste la imposibilidad que tuvo para ello. En el entendido que sigue subsistente el apercibimiento decretado, en auto de uno de marzo de dos mil veintiuno Requerimiento a autoridad. No obstante lo anterior, requiérase al Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenancingo Sur, Estado de México, a efecto de que en el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, informe a este juzgado sí la defensora Elizbeth Sahagún Alcalá, entabló comunicación con el aquí quejoso Ulises Espinosa Martínez, el cual se encuentra interno en dicho centro preventivo, y de ser el caso señale el día y fecha en que ocurrió, asimismo remita las constancias respectivas, o bien informe la imposibilidad que cuenta para ello. Lo anterior, con el apercibimiento para la autoridad que no atienda lo anterior y obstaculice la función jurisdiccional de este órgano de control de la constitucionalidad, se le impondrá una multa por el equivalente a . . .

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