Rubén Palacios Cruz
Expediente 99/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 99/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Rubén Palacios Cruz
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a nueve de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede se advierte que transcurrió el plazo de cinco días, que el artículo 98 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de queja contra el auto dictado en el juicio de amparo en que se actúa, el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, por las consideraciones que en él se precisan, sin que se haya hecho valer; en consecuencia, con apoyo en el numeral 97, Jorge Carrasco Rodríguez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f3.a5 29/12/23 19:26:00 2 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356 y 357, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que CAUSA ESTADO el auto de referencia para todos los efectos legales correspondientes. En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales; publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de depuración, al actualizarse la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, en relación con el capítulo 7, punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en el que prevé que en aquellos asuntos en los que se acordó sobre la suspensión de plano tendrán ese destino, con independencia que en el presente asunto se desecho de plano la demanda de amparo; por lo que, hágase constar lo anterior en la caratula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran tres años, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días??????????????? siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Posterior, procédase a la depuración del presente juicio de amparo, debiéndose generar previamente los documentos por duplicado que establece el artículo 29 del Acuerdo General de mérito, a efecto de tener plena identificación de dicho expediente. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta, téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, mediante el cual remite el informe de la autoridad responsable Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-CHIAPAS", con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, en el cual rinde su informe en relación a la suspensión de plano concedida al quejoso; atento a lo anterior, agréguese a los autos, únicamente para que obre como corresponda toda vez que en proveído de veintiuno de los actuales se desechó la demanda de amparo. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Vista la diligencia de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, mediante la cual el quejoso Rubén Palacios Cruz, ratificó el contenido de la demanda de amparo; que de la integridad de la misma se advierte que los actos reclamados consistes en: ? La falta de asistencia médica y de tratamiento sobre su padecimiento (dolor de pie consecuencia de una uña enterrada). Seguidamente, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese sentido el suscrito Juzgador Federal, tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial o su aclaración. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia Jorge Carrasco Rodríguez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f3.a5 29/12/23 19:26:00 2 en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran ofrecer las partes. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito1, cuyo rubro y texto disponen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada 1 Registro: 180663, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Materia(s): Común, Tesis: I.13o.A. J/6, Página: 1631. Jorge Carrasco Rodríguez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f3.a5 29/12/23 19:26:00 3 ??????????????? jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Dicho lo anterior, se considera que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que en contra de los actos reclamados, procede un medio de defensa, a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. Dicho precepto establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación Jorge Carrasco Rodríguez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f3.a5 29/12/23 19:26:00 4 del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" En ese precepto legal se encuentra contenido uno de los principios rectores del juicio constitucional que es el de definitividad, conforme al cual solamente serán impugnables en la vía de amparo, aquellos actos en contra de los cuales no proceda algún recurso o medio de impugnación, a través del cual puedan ser modificados, nulificados o revocados. Ahora, antes de explicar los motivos de la actualización de la causal transcrita, es dable mencionar que si bien uno de los actos reclamado consiste en la falta de atención médica, esta tiene carácter de "preventivo y de tratamiento" y no compromete la dignidad e integridad personal del quejoso, al grado de poder considerarlo un tormento. Por lo tanto, a criterio de este Juzgador y con apoyo de la diligencia actuarial de cuenta, se aprecia que la afectación no es de carácter grave, por lo que no se exceptúa el principio de definitividad. Abona a lo anterior y cobra sustento, parte del razonamiento de la contradicción de tesis que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 55/2019, registro 2020430, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO.", mismo donde se hizo alusión a lo siguiente: Jorge Carrasco Rodríguez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f3.a5 29/12/23 19:26:00 5 ??????????????? "48. Ello, en el entendido que tal afirmación no es absoluta, pues el tormento se refiere a actos graves que atentan contra los derechos humanos a la dignidad e integridad personales y, en principio, no puede equipararse, sin trivializarlo, a cualquier molestia - justificada o no- derivada de la reclusión en un centro penitenciario. (.) 54. Ciertamente, resulta claro que no toda omisión por parte de las autoridades penitenciarias de proporcionar atención médica, necesariamente coloca al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, como aquellos casos en que dicha omisión se relacione con actividades preventivas." Una vez dicho lo anterior, se prosigue con el estudio de la causal invocada; en primer lugar, es conveniente señalar que a la fecha de la presentación de la demanda que nos ocupa, se encuentra vigente la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues de acuerdo con el artículo primero transitorio, entró en vigor al día siguiente de su publicación, lo que ocurrió el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, por lo tanto, se encuentra en vigor desde el diecisiete de junio de dicho año. No pasa inadvertido que los artículos segundo y tercero transitorios establecieron dos reservas legislativas para la entrada en vigor de dicha ley, empero, sólo se refieren a los artículos ahí precisados y ninguno de ellos alude a los procedimientos para resolver los conflictos que se susciten al interior del centro de reclusión, que es la materia del presente amparo, por tanto, dichas reservas no son aplicables al caso en concreto. Además el artículo tercero establece expresamente que se derogan las normas anteriores que contravengan el contenido de la ley de ejecución, mientras que los Jorge Carrasco Rodríguez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f3.a5 29/12/23 19:26:00 6 procedimientos que se encuentren en trámite, continuarán con la legislación aplicable al inicio de las mismas, empero, deberán de aplicar los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la nueva ley de ejecución de acuerdo con el principio pro persona, esto último significa que los nuevos mecanismos son aplicables a todos los procesados, sin importar si fueron iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley de ejecución, o si son conforme al sistema tradicional o adversarial. Y en el caso, la demanda se presentó después de la entrada en vigor de la Ley de Ejecución Penal, por lo que no hay duda de su aplicación. También no hay que perder de vista que la fracción II, del artículo 1 de la ley de ejecución, establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, lo que significa que esa nueva ley creó todo un sistema por el que se deben resolver las controversias que surjan en reclusión, de ahí que los internos tengan la posibilidad de instar cualquiera de esos procedimientos para la resolución de controversias que se susciten durante la privación de la libertad. Por su parte el artículo 2 de la citada ley, como ámbito de aplicación señala en general a todas las personas privadas de la libertad que incluye tanto a los internos por prisión preventiva como a los que están compurgando una pena o medida de seguridad. Esto significa que la ley incluye expresamente a todas las personas privadas de la libertad sin importar el estado procesal en que se encuentren. Asimismo, cabe señalar que la ley de ejecución derivó de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, conforme al segundo párrafo del artículo Jorge Carrasco Rodríguez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f3.a5 29/12/23 19:26:00 7 ??????????????? Primero Transitorio de la citada ley, actualmente en operación en el ámbito federal, como se desprende del Acuerdo General 36/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Centros de Justicia Penal Federal; así como del Manual de Organización y Puestos del Centro de Justicia Penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, de donde se advierten las facultades de los jueces para conocer cuestiones relacionadas con la reclusión. Bajo ese contexto, por tratarse los actos reclamados de situaciones relacionadas con la reclusión del quejoso, le resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se afirma lo anterior, dado que los actos se clasifica dentro de las condiciones de internamiento previstas en los artículos 30 al 37 de la Ley de Ejecución Penal, las que desde luego se relacionan con los derechos que tienen las personas privadas de su libertad, entre los que se encuentran los previstos por el artículo 9 de la citada legislación. De igual forma la ley de ejecución menciona diversas autoridades penitenciarias que son de naturaleza administrativa, además se refiere al juez de ejecución y establece las facultades de cada una de ellas, así como los derechos y obligaciones de los reclusos. Ahora bien, a continuación, resulta conveniente traer a colación lo dispuesto por los artículos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, relativos al procedimiento administrativo; los numerales 130 a 135, del mismo ordenamiento legal, atinentes a los recursos y finalmente, el artículo 9, relativo a los derechos de las Jorge Carrasco Rodríguez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f3.a5 29/12/23 19:26:00 8 personas privadas de la liberad, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Del contenido de dichos numerales se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé un procedimiento, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran: "I. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana; II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley; III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud; IV. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de esta Ley; Jorge Carrasco Rodríguez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f3.a5 29/12/23 19:26:00 9 ??????????????? V. Ser informada de sus derechos y deberes, desde el momento en que sea internada en el Centro, de manera que se garantice el entendimiento acerca de su situación. La información deberá ser proporcionada conforme al artículo 38 de esta Ley y a las demás disposiciones aplicables; VI. Recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal; VII. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios; VIII. Acceder al régimen de visitas en términos del artículo 59 de esta Ley; IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; X. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica; XI. A participar en la integración de su plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de la libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario; XII. Los demás previstos en la Constitución, Tratados y las demás disposiciones legales aplicables" (Lo resaltado es propio) Jorge Carrasco Rodríguez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f3.a5 29/12/23 19:26:00 10 De igual manera, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, específicamente dispone que las peticiones referentes a la afectación de derecho de reclusión, deben efectuarse por escrito -sin formalidad- ante el Director del Centro en que se encuentran recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad de reclusión; incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a las personas privadas de su libertad- cuando se lo soliciten- a formular el escrito correspondiente; asimismo, en dicho procedimiento el interno puede ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Asimismo, la aludida ley, establece la forma que deben sustanciarse las peticiones, esto es: 1. Una vez recibida la petición, la autoridad penitenciaria dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; dicha determinación debe notificarse de forma personal al promovente. 2. En caso de prevención el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Jorge Carrasco Rodríguez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f3.a5 29/12/23 19:26:00 11 ??????????????? 3. Una vez admitida la petición, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. 4. El Director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Lo acabado de relatar, claramente revela la existencia de un procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, que vulneran sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, vestimenta, visitas, agua, entre otros. Asimismo, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la citada legislación dispone que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste: a. Podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Jorge Carrasco Rodríguez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f3.a5 29/12/23 19:26:00 12 b. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. También es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las peticiones formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que si ésta no fue resuelta dentro del término legal, el o los promoventes podrán acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En el caso que de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la ley y dará cuenta al superior jerárquico inmediato de la autoridad penitenciaria. De igual manera, el interno también tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Nacional, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la propia autoridad judicial. Finalmente, la Ley Nacional de Ejecución Penal, CONTEMPLA LAS PETICIONES RELATIVAS A CASOS URGENTES, como los son, las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, como pudiera ser a consideración de este Juzgado Federal cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno, como lo es, la falta de atención médica, a algún padecimiento delicado, y, finalmente, los atinentes a la libertad, como sería un cambio de módulo, entre otros actos. Donde la citada ley Jorge Carrasco Rodríguez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f3.a5 29/12/23 19:26:00 13 ??????????????? establece que en tratándose de los casos urgentes las personas privadas de la libertad podrán acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. Hipótesis en que la citada legislación prevé un procedimiento especial, como lo es, que el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere hasta en tanto se resuelva en definitiva. En el entendido que cuando el juez reciba promociones que por su naturaleza no estime que se trate de casos urgentes, las turnará al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Entonces, tomando en consideración que el caso que nos ocupa, la parte quejosa reclama la falta de asistencia médica y tratamiento sobre su padecimiento, en el centro de reclusión en que se encuentra, es inconcuso, que respecto a dichos actos, existe un procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual, debe agotarse previo a la presentación del juicio de amparo, el que es un medio extraordinario de defensa que sólo procede cuando el acto reclamado irroga un perjuicio irreparable a la parte quejosa; lo anterior sin perjuicio de posterior a esta resolución requiera atención urgente, sin embargo hasta en este momento no se está en una hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo que motive el otorgamiento del amparo mismo; pues como ya se vio, la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispone que en actos urgentes, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto resolviera en definitiva. Jorge Carrasco Rodríguez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f3.a5 29/12/23 19:26:00 14 En efecto, el procedimiento administrativo de referencia se encuentra previsto por Ley Nacional de Ejecución Penal y dirigido a todos los internos, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento. Esta institución es relevante porque la propia ley prevé la instauración de un procedimiento accesorio, tramitado dentro de otro principal. De igual manera, y a mayor abundamiento, conviene señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de contemplar un procedimiento administrativo también prevé uno de índole jurisdiccional, el que se encuentra previsto por los artículos 116 al 119 de la propia norma, de los que se desprende que las personas legitimadas para formular las peticiones administrativas, también tienen acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Jorge Carrasco Rodríguez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f3.a5 29/12/23 19:26:00 15 ??????????????? Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada." Es decir, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, previo a accionar la tutela constitucional, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento entre las que se encuentran las cuestiones relativas a la salud; aunado a que cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición sea en sentido negativo, o bien consideren que no cumple con lo solicitado, inclusive, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Jorge Carrasco Rodríguez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f3.a5 29/12/23 19:26:00 16 Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia Común, página 230, del rubro y texto: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. En ese orden, en la especie no se aprecia que la parte quejosa haya agotado el recurso previsto en el artículo 114, párrafo tercero, previamente citado; ya que sólo a través de ese medio de impugnación es posible Jorge Carrasco Rodríguez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f3.a5 29/12/23 19:26:00 17 ??????????????? lograr que las autoridades penitenciarias se pronuncien respecto a sus inconformidades, situación de la que se duele en esta vía constitucional. En esas condiciones, al no agotarse el medio de defensa que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, se incumple con el principio de definitividad de que se habló, actualizándose la causa de improcedencia transcrita; por tanto, con fundamento en lo contemplado en los artículos 113 y 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Arantza Guadalupe Romero Aguirre en representación de Rubén Palacios Cruz. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a quince de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio signado por Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, por medio del cual remite los autos originales del juicio de amparo 110/2022-IV, promovido por Arantza Guadalupe Romero Aguirre, en representación de Rubén Palacios Cruz, contra actos de la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince CPSCHIAPAS, con residencia en Villa Comaltitlán, al declararse ese órgano jurisdiccional legalmente incompetente para conocer del mismo, por las razones que manifiesta. En esa tesitura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA Y SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DE ESTE ASUNTO. Acúsese recibo de estilo vía interconexión. Por consiguiente, con el original de la demanda de cuenta y demás constancias, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, la cual quedará registrada bajo el número 99/2022. MARICELA ESQUIVEL HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c4.1e 15/09/23 12:11:35 2 Ahora, toda vez que la demanda de amparo fue promovida a favor del directo quejoso Rubén Palacios Cruz; por tanto, a fin de que se cumplan con todos y cada uno de los requisitos a que se refiere el artículo 108, de la Ley de Amparo, previamente, es necesario que el directo quejoso ratifique la petición de amparo. En tales circunstancias, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 15, de la Ley de Amparo, se ordena al Actuario adscrito que se constituya en las instalaciones de la Centro Federal de Readaptación Social Número Quince CPS-CHIAPAS, con residencia en Villa Comaltitlán, con la finalidad de localizar a Rubén Palacios Cruz y realice lo siguiente: 1. Le notifique el presente proveído y le ponga a la vista la demanda de amparo que se promovió a su nombre. 2. Lo requiera para que en la propia diligencia o dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, manifieste si es su voluntad ratificar la demanda de amparo promovida en su favor por Arantza Guadalupe Romero Aguirre, apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, y quedarán sin efectos las medidas decretadas por la autoridad declinante en proveído de ocho de los actuales. 3. Dar fe del estado físico en el que se encuentre. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se MARICELA ESQUIVEL HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c4.1e 15/09/23 12:11:35 3 habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Juzgado de Distrito, para que de ser necesario realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal en horas y días inhábiles. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. Procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido, excepción hecha de las constancias que debido a su voluminosidad, dificulten su manejo en los sistemas electrónicos de captura con que MARICELA ESQUIVEL HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c4.1e 15/09/23 12:11:35 4 cuenta este tribunal, y en uso de la facultad discrecional que le otorga el artículo 22, del Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las cuales, en su caso, quedarán a disposición de las partes en esta secretaría, para su consulta, hasta en tanto llegue el momento de proveer sobre su destino final. Notifíquese, personalmente al directo quejoso en el lugar de su reclusión.
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