Ruben Pagua Sandoval

Expediente 305/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
305/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
07/06/2016

Partes del expediente

  • Ruben Pagua Sandoval

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta suscrito por el Secretario de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de diecinueve mayo de dos mil dieciséis, dictada en el Q.C. 89/2016, ejecutoria que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa. Por lo tanto, acúsese el recibo correspondiente y archívese el expediente como asunto concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta suscrito por el Secretario de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo del original del escrito de expresión de agravios del quejoso Rubén Paguaga Sandoval, por su propio derecho, y un legajo de copias certificadas del presente juicio de amparo. Asimismo informa que admite a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, suscrito por propio derecho, por medio del cual interpone recurso de queja contra el proveído de seis de abril de dos mil dieciséis, que desechó el presente juicio; con apoyo en los artículos 80, 97 fracción I inciso a), 98, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe que corresponde al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en turno, y remítase copia certificada de todo lo actuado en el presente asunto; asimismo, sin lugar a correr traslado a las partes con la interposición del recurso de queja hecho valer por el quejoso, dado el sentido que arrojó la determinación impugnada. Finalmente con fundamento en el artículo 101 de la ley antes indicada, ríndase por separado el informe motivo de la queja, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en Turno.

  4. Principal

    Vista la demanda de garantías, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Por su parte, la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, establece lo siguiente: "El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Igualmente, el artículo 107 fracción V, de la Ley de la Materia establece: "El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De lo anterior se deduce que el amparo civil en la vía indirecta procederá contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; de ahí que habrá que distinguirse si el derecho que se pretende proteger a través del juicio de amparo, tiene el carácter de derecho sustantivo reconocido Constitucionalmente o por algún tratado internacional suscrito por nuestro país. Así, los derechos sustantivos que son materia de protección por la Constitución y los tratados internacionales y, cuya afectación hace procedente el juicio de amparo son la vida, la libertad en cualquiera de sus manifestaciones, la propiedad, etcétera. De modo que si un acto de autoridad afecta en forma directa y material cualquiera de estos derechos, el amparo es el medio de defensa extraordinario de protección procedente, puesto que aunque se obtuviera una sentencia favorable en el juicio ordinario, la huella de la afectación no desaparecería dada la inherencia de los derechos sustantivos a la persona. Sirve de fundamento la jurisprudencia visible en la página 827 del tomo I, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octavo Época, del rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B, CONSTITUCIONAL). En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado puedan revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenará la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminará a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podría reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva." De ese modo, no es suficiente que la parte quejosa señale un acto que estime violatorio de sus derechos para que proceda el amparo indirecto, sino que debe cumplir con el requisito de que ese acto afecte derechos materialmente sustantivos, pues de lo contrario, el amparo sería improcedente. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución de fecha cuatro de marzo de dos mil dieciséis, dictada por la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca 54/2016-1, la cual con motivo del recurso de apelación interpuesto por el quejoso, confirmó el auto de fecha siete de octubre de dos mil quince, pronunciado por el Juez Cuadragésimo Tercero Civil de la Ciudad de México, en el juicio ordinario civil expediente número 581/2011, seguido por el impetrante constitucional en contra de los terceros interesados, el cual ordenó el desahogo de las pruebas confesional y testimonial ofrecidas por las partes, no obstante que por el dicho del quejoso, le solicitó al juez del conocimiento declarara confesos a sus contrarios y declarara desierta la prueba testimonial por ellos ofrecida al haber acudido fuera del horario fijado para su desahogo. Pues bien, como se lee de la demanda de amparo, este Juzgado Federal estima que el acto reclamado versa sobre afectaciones a derechos puramente adjetivos, es decir procesales. Lo anterior es así, tomando en consideración que el acto reclamado no es un acto que afecte algún derecho sustantivo del quejoso, en términos de lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu; pues, en todo caso, dada su naturaleza, solamente produce efectos intraprocesales, sin que sus derechos sustantivos incidan en su esfera jurídica, en razón de que la consecuencia de dicho acto es susceptible de extinguirse con el dictado de la sentencia definitiva que resuelva el juicio de origen en caso de serle favorable; y, en el supuesto de no ser así, estará en aptitud de impugnar la materia del acto que reclama a través del recurso que interponga en contra del fallo de primera instancia si en su caso es procedente, o, en su defecto, mediante la demanda de amparo que en su oportunidad promueva en contra de la sentencia de primer grado o la que resuelva el medio de impugnación respectivo, en el caso de que esta última, también le fuera desfavorable. En consecuencia, se desecha de plano por improcedente, la presente demanda de garantías, conforme al artículo 113, de la Ley de la Materia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, los estrados que se fijan en las listas de este Juzgado y por autorizadas en términos del segundo párrafo, del artículo 24, de la Ley de la Materia, a las personas que menciona, ya que respecto del profesionista que refiere no se proporciona el número de sus cédula profesional para verificar si tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, dada la existencia de homónimos. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley referida; así como para precisar las constancias que, en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto por el Segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento reglamentario en cita. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA.

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