Ruben Ozornio Baeza
Expediente 1558/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 28 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1558/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 17/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Ruben Ozornio Baeza
- Octava Sala Unitaria Civil-Familiar del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas En Victoria (Primer Distrito Judicial)
- RUBEN OZORNIO BAEZA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 187/2023, procedente de la Octava Sala Unitaria en Materias Civil Familiar, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por medio del cual acusa recibo del oficio 5909/2023, el cual contiene el proveído de seis de marzo del presente año, en el que se le tuvo por cumplida la sentencia de amparo del presente juicio; en consecuencia, agréguese a los autos para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Diana Karen López Castillo, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, seis de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, y el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de febrero del presente año, se dio vista a las partes con el oficio 128/2023, a través del cual la autoridad responsable Magistrado de la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del H. Supremo Tribunal de Justicia, con residencia en Ciudad Victoria, informó sobre el cumplimiento dado a la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, este Juzgado de Distrito procede a determinar si con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Previamente, conviene destacar que el imperativo constitucional previsto en el artículo 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, constituye el sustento en que debe apoyarse toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales; este precepto cobra mayor relevancia cuando lo que se pretende ejecutar es un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto precisamente tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infringieron en su perjuicio los derechos públicos subjetivos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la especie aconteció. En congruencia con lo dispuesto en el texto constitucional en comento, en los artículos del 192 al 198 de la Ley de Amparo, se establecen diversos procedimientos tendentes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo, e inclusive se estableció en el citado artículo 214 de la ley invocada, que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. Conforme a lo anterior, el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." Ahora bien, la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, tiene como trascendencia jurídica que el juez responsable, realice lo siguiente: ". deje insubsistente la resolución reclamada y siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria emita otra donde determine que el abogado autorizado de los herederos ********************y ********************, o cuentan con facultades para solicitar la revocación del cargo de albacea del quejoso ********************. ." Bajo los lineamientos de la sentencia ejecutoriada de amparo, la autoridad responsable, Magistrado de la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del H. Supremo Tribunal de Justicia, con residencia en Ciudad Victoria, informó a este órgano jurisdiccional el cumplimiento a la misma, y al efecto, remitió copias certificadas de la Resolución 87 Bis, dictada el veintiuno de febrero del presente año, dentro del toca 84/2021. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se desprende que se dejó insubsistente la resolución 87 del veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación 84/2021 y, en su lugar, ordenó revocar la resolución incidental sobre remoción del cargo de albacea de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, emitida por el juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del expediente 1704/2018, al efecto de que dicté una nueva, en la cual, en sus puntos resolutivos, quede de la siguiente manera: ". "P R I M E R O.- No ha procedido el presente INCIDENTE DE REMOCIÓN DE CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO, que ostenta el C. RUBÉN OZORNIO BAEZA, promovido por los C.C. JUAN CARLOS, ROSA ELENA y ADELA, de apellidos OZORNIO BAEZA, dentro del expediente número 01704/2018 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de SOFÍA BAEZA también conocida como SOFÍA BAEZA DE OSORNIA y SOFÍA BAEZA MARTÍNEZ, así como de SANTIAGO OSORNIO VÁZQUEZ también conocido como SANTIAGO OSORNIO y SANTIAGO OZORNIO; denunciado por los C.C. RUBÉN OZORNIO BAEZA, JUAN CARLOS OZORNIO BAEZA, ROSA ELENA OSORNIO BAEZA y ADELA OSORNIO BAEZA, en consecuencia: S E G U N D O.- Se determina el C. RUBÉN OZORNIO BAEZA, debe continuar como Albacea Definitivo de la sucesión en estudio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.- ." ." Documentales a las que se les otorga pleno valor demostrativo en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; con las cuales se dio vista a las partes a efecto de que manifestaran su conformidad, o no, con el cumplimiento respectivo, sin que a la fecha en que se actúa hayan manifestado algo al respecto. Por lo antes expuesto, es claro que la responsable de mérito ha cumplido la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que se advierta que se incurrió en exceso o defecto; conclusión a la que se arriba al tomar en cuenta que cumplió a cabalidad con los términos de la ejecutoria de amparo, lo que conlleva a establecer que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado Es aplicable al tema precedente, la jurisprudencia 2a./J.201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 301, del Tomo XXX, relativo a diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por tanto, con fundamento en los artículos 196, párrafo cuarto, y 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva son susceptibles de destrucción, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se concedió el amparo; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, del acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventa días, este juzgado deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde el archivo y los documentos que resulten indispensables, en su caso. Terminado el proceso de depuración solicítese la transferencia correspondiente. Por otra parte, el original del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso c), del citado acuerdo general, dado que se negó la suspensión definitiva. Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, debe ser destruible en un plazo de seis meses posteriores al presente archivo, lo cual podrá materializarse en un plazo de treinta días posteriores a los seis meses, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de trato. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Magistrado de la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Ciudad Victoria, los ocho tomos de pruebas que en su momento adjuntó para apoyar su informe justificado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria de Juzgado Nora Hilda Luna Lugo, que autoriza y da fe.ADRO
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 128/2023, signado por el Magistrado y Secretaria de Acuerdos de la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del H. Supremo Tribunal de Justicia, con residencia en Ciudad Victoria, por medio del cual informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia ejecutoria de amparo. Por tanto, tomando en consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes el oficio de mérito y anexo, por el plazo de tres días, computado a partir del siguiente al en que surta efectos legales la notificación del presente auto, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que de no desahogar la vista otorgada, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el particular. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma José Luis González Arredondo, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, encargado del despacho en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Ana Marina Lineth Fuentes Hernández, que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 126/2022, por medio del cual la autoridad responsable, Magistrado de la Octava Sala Unitaria de lo Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Ciudad Victoria, por conducto de la Secretaria de Acuerdos, acusa recibo del oficio 5506/2023, por medio del cual se le hizo del conocimiento de la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad.
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