Rubén Oseguera González
Expediente 715/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 715/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 17/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Rubén Oseguera González
- Juez Segundo Federal Penal Especializado En Cateos, Arraigos E Intervención de Comunicaciones
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
MESA"8" Ciudad de México, a diecisiete de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, en atención a su contenido infórmese a la autoridad oficiante que la determinación de dieciocho de agosto de dos mil quince, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, quedo firme el once de septiembre del mismo año, ordenándose el archivo definitivo de los presentes autos, lo cual se le informa para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
MESA "8" AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL ESCRITO PRESENTADO POR ALFONSO REYES ESTRADA AUTORIZADO DEL QUEJOSO RUBEN OSEGUERA GONZALEZ, EN ATENCIÓN A SU CONTENIDO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, EXPÍDANSE LAS COPIAS CERTIFICADAS QUE SOLICITA, UNA VEZ QUE LAS LABORES DEL JUZGADO LO PERMITAN, PREVIA Y TOMA DE RAZÓN QUE SE DEJE EN AUTOS.
- Principal
MESA "8" VISTA LA RAZÓN ASENTADA POR LA ACTUARIA ADSCRITA A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, LICENCIADA AMÉRICA AGUILAR VALENCIA, DE LA QUE SE ADVIERTE QUE NO FUE POSIBLE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO RUBEN OSEGUERA GONZALEZ O SUS AUTORIZADOS, EL AUTO DE DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, EN VIRTUD DE QUE AL CONSTITUIRSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS, FUE ATENDIDA POR LA LICENCIADA JAZMÍN ERIKA PARRA HERNÁNDEZ, QUIEN DIJO SER EMPLEADA Y UNA VEZ ENTERADO DE SU PRESENCIA, PROCEDIÓ A DEJAR EL CITATORIO, QUIEN SE COMPROMETIÓ A ENTREGARLO; LUEGO AL TRANSCURRIR LOS DOS DÍAS QUE SE LE DIERON PARA ACUDIR AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE DICHO AUTO, CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN I, DEL NUMERAL 27 INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFÍQUESE AL QUEJOSO DICHO AUTO, POR MEDIO DE LISTA. ACUERDO: MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. Agréguese a los autos, el oficio 1896 signado por la Secretaria encargada del despacho del Juzgado Segundo Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, con competencia en toda la República y Residencia en el Distrito Federal y anexo consistente en un legajo de copias certificadas constante de once fojas útiles deducidas del cuaderno de arraigo 431/2015-VI de su índice, mediante el cual hace del conocimiento que mediante oficio SEIDO/UEIDMS/6500/2014 (sic), signado por Denisse González Sánchez, Agente del Ministerio Público de la Federación, le comunicó que siendo las siete horas del trece de agosto de dos mil quince realizó el levantamiento del arraigo dictado en el expediente 431/2015-VI, decretado en contra de Rubén Oseguera González, quien también se hace llamar Rubén Oceguera González (a) "El Jr." o "El Menchito" -aquí quejoso-, en virtud de la orden de reaprehensión dictada en su contra, por el Primer Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, dentro de los autos del cuaderno auxiliar 136/2015, por los delitos de delincuencia organizada, con fines de cometer delitos contra la salud y cohecho, al cual le adjuntó copia certificada de la notificación del levantamiento de arraigo, realizada el trece de agosto del año en curso y por ende, siendo las diecisiete horas de esa fecha, la autoridad jurisdiccional oficiante dejó sin efecto el arraigo decretado en contra del referido indiciado, mediante resolución de ocho de agosto del año en curso. Ahora, visto el contenido del oficio de cuenta y de un ponderado análisis del estatus que actualmente guardan las constancias de actuaciones procesales de este expediente, este Juzgador de Derechos Fundamentales, advierte -de oficio- que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y tomando en consideración que conforme a la técnica que rige el juicio de amparo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, corresponde al suscrito analizarla por ser su estudio preferente y de orden público. Resulta aplicable a lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo SEXTO TRANSITORIO de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, en tanto que no se opone a la normatividad vigente, la Jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 163/2005 , del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto. Lo anterior, sin menester dar vista al quejoso Rubén Oseguera González, quien también se hace llamar Rubén Oceguera González (a) "El Jr." o "El Menchito", con la actualización de la citada causa de improcedencia - advertida de oficio-, como lo previene el artículo 64 de la Ley de Amparo, pues de la interpretación del párrafo segundo de dicho precepto se advierte que la obligación de dar vista al quejoso, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" -Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito-. Sustenta lo anterior la jurisprudencia por reiteración de criterios VI.1o.T. J/1 (10a.) , que textualmente establece: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes. Así las cosas, el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, textualmente dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Es menester señalar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos violados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la paralización definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la causa de improcedencia que nos ocupa, se encuentra orientada por la imposibilidad de alcanzar la finalidad que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, dicho de otra manera, la restitución al agraviado en el pleno goce de los derechos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando el acto sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la consonancia armónica de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Lo anterior se estima así, dado que la Secretaria encargada del despacho del Juzgado Segundo Penal Especializado en Cateos, arraigos e Intervención de Comunicaciones, con competencia en toda la República y Residencia en el Distrito Federal, hizo del conocimiento de este Juzgado que mediante oficio SEIDO/UEIDMS/6500/2014 (sic), signado por Denisse González Sánchez, Agente del Ministerio Público de la Federación, le comunicó que siendo las siete horas del trece de agosto de dos mil quince realizó el levantamiento del arraigo dictado en el expediente 431/2015-VI, decretado en contra de Rubén Oseguera González, quien también se hace llamar Rubén Oceguera González (a) "El Jr." o "El Menchito" -aquí quejoso-, en virtud de la orden de reaprehensión dictada en su contra, por el Primer Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, dentro de los autos del cuaderno auxiliar 136/2015, por los delitos de delincuencia organizada, con fines de cometer delitos contra la salud y cohecho, al cual le adjuntó copia certificada de la notificación del levantamiento de arraigo, realizada el trece de agosto del año en curso y por ende, siendo las diecisiete horas de esa fecha, la autoridad jurisdiccional oficiante dejó sin efecto el arraigo decretado en contra del referido indiciado, mediante resolución de ocho de agosto del año en curso. Ahora, si el acto reclamado por el quejoso Rubén Oseguera González, quien también se hace llamar Rubén Oceguera González (a) "El Jr." o "El Menchito", se hizo consistir en la negativa de la autoridad emisora de la medida precautoria del arraigo, de permitirle ofrecer pruebas y formular alegatos dentro del expediente de arraigo 431/2015-VI y si la autoridad responsable mediante determinación de trece de agosto del año en curso dejó sin efecto el arraigo decretado en contra del referido indiciado, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia invocada, ya que si el acto reclamado ha dejado de dañar la esfera jurídica del accionante del amparo, ello impide analizar su constitucionalidad, pues ya no está surtiendo sus consecuencias jurídicas ni las surtirá; por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo, se impone en términos del diverso 63, fracción V de la Ley de Amparo, DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO. En la inteligencia de que tal situación no priva de defensa a la solicitante del amparo, en virtud de que la determinación se sustenta en una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es la cesación de efectos del acto reclamado; de modo que resulta ocioso analizar las posibles violaciones contenidas en los actos reclamados, lo que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto práctico tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan las pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cobra aplicación al respecto, conforme a lo dispuesto en el artículo SEXTO TRANSITORIO de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, en tanto que no se oponen a la normatividad vigente, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 2ª./J.10/2003 , de rubro y tenor siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite, conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por las razones expuestas se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, a saber, las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del tres de septiembre de dos mil quince. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8º y 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 2º, fracción XV, 5°, 7º y 8°, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 1°, fracción III, 25, 28, 29, 30, 34 y 65 del Acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, a través del cual se implementa la publicación en internet de las sentencias ejecutorias y resoluciones públicas relevantes, generadas, entre otros órganos del propio por Consejo, por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a fin de incentivar el interés de la población en el conocimiento de las resoluciones jurisdiccionales, para fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información y que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, se ordena a la Secretaría de este Juzgado que se elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establecen los artículos 54, 55, 56, 57 y 58 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, citado en último término y envíese al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE..."
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MESA "8" AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL ESCRITO PRESENTADO POR ALFONSO REYES ESTRADA AUTORIZADO DEL QUEJOSO RUBEN OSEGUERA GONZALEZ, EN ATENCIÓN A SU CONTENIDO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, EXPÍDANSE LAS COPIAS CERTIFICADAS QUE SOLICITA, UNA VEZ QUE LAS LABORES DEL JUZGADO LO PERMITAN, PREVIA Y TOMA DE RAZÓN QUE SE DEJE EN AUTOS.
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