Rubén Oseguera González
Expediente 503/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 503/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/05/2016
Partes del expediente
- Rubén Oseguera González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se agregan a los autos los oficios y anexos de cuenta, a través de los cuales el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, devuelve debidamente diligenciado el exhorto 635/2016, deducido del diverso 175/2016 (Número de orden 310/2016), pues el veintisiete de abril del año en curso, notificó al quejoso Rubén Oseguera González el proveído de quince de abril de dos mil dieciséis e informa diversas circunstancias respecto de la comunicación oficial descrita con antelación. Atento a ello, se tiene conocimiento de lo anterior, para los efectos legales conducentes. Acúsese el recibo de estilo correspondiente.
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JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA INFORMA QUE ACEPTÓ LA COMPETENCIA DECLINADA; ARCHÍVESE
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SE NOTIFICA AL QUEJOSO LA SENTENCIA DE CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS POR MEDIO, DE LISTA: "Vistos, para resolver el juicio de amparo número 1633/2015, promovido por Ángel Flores Morales, contra actos del Juez Primero Civil y Extinción de Dominio de Primera Instancia de Tlalnepantla, Estado de México y otra autoridad. RESULTANDO PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el trece de octubre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el cual fue turnado a este Órgano Jurisdiccional el catorce siguiente, Ángel Flores Morales, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y acto siguientes: [.] III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: En su carácter de autoridad ordenadora: C. Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Tlalnepantla, Estado de México [.] En su carácter de autoridad ejecutora: C. Ejecutora Adscrita al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, Estado de México. IV. ACTO RECLAMADO: Se reclama la ilegal prevención de desocupación del patio a cielo abierto del inmueble ubicado en calle León Guzmán 302, Colonia Centro, Tenango del Valle, Estado de México, en cumplimiento al auto de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince dictado dentro de los autos del expediente 677/2015 del índice del Juez Primero Civil y de Extinción de dominio de Primera Instancia de Tlalnepantla, Estado de México; así como la posible ejecución del lanzamiento que se pueda dictar en mi contra. [.] SEGUNDO. Admisión de la demanda. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, motivo por el cual el quince de octubre de dos mil quince se admitió la demanda; se otorgó al Agente del Ministerio Público adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; y, se reconoció el carácter de tercero interesado a la Sucesión a Bienes de Francisca Sánchez Hernández a través de su albacea Ana Verónica Hernández Sánchez (foja 8) TERCERO. Secuela procesal. Previo diferimientos de la audiencia constitucional el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, se celebró la misma en términos del acta correspondiente (foja 126). CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 94 y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior debido a que el acto reclamado tiene ejecución material en el territorio en el que este tribunal federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por razón de orden, a continuación se debe precisar la litis constitucional a través del señalamiento del acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de garantías, como lo interpretó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis y jurisprudencia -aplicables por identidad de razones- de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así, del análisis integral que se realiza al escrito de demanda de amparo, a la causa de pedir expresada por el quejoso y del contenido de las actuaciones que obran en el juicio de amparo, se advierte que Ángel Flores Morales reclama: - La orden de desocupación y lanzamiento del inmueble ubicado en calle León Guzmán 302, Colonia Centro, Tenango del Valle, Estado de México, contenida en el auto de radicación de veintiocho de agosto de dos mil quince, emitido por el Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en el expediente 677/2015. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado dado que así lo manifestó las autoridades responsables en su informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la existencia del proveído combatido se corrobora con las pruebas que exhibió la propia autoridad responsable como anexo a su informe, consistentes en copias certificadas de las actuaciones del expediente 677/2015, así como del exhorto 371/2015 del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México; documentales a las que se otorga valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º. Sirve de apoyo a lo anterior de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia de la Octava Época, con registro 215782 del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 67, Julio de 1993, materia civil, página 68, cuyo rubro y texto son: ACTUACIONES JUDICIALES, VALOR DE LAS (LEGISLACION DEL ESTADO DE MICHOACAN). Teniendo las actuaciones judiciales el carácter de prueba plena acorde lo determinado por el artículo 562 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, y dada la fe Pública de que están investidos los actuarios como funcionarios judiciales al actuar en ejercicio de su encargo, corresponde a quien pretende restar valor probatorio a las diligencias por ellos levantadas, el probar, con medios de convicción igualmente valederos o idóneos, que son ciertas las anormalidades o vicios de forma o materiales que se imputan a esas actuaciones. CUARTO. Marco referencial. En el presente considerando se relatan los antecedentes más relevantes del proveído reclamado, que se desprenden de los testimonios aportados por las autoridades responsables, como ya se indicó merecen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo, de donde destaca lo siguiente: 1. Por escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil quince, Héctor Maupome Álvarez, en su carácter de apoderado de Ana Verónica Hernández Sánchez, demandó en la vía especial de desahucio a Ángel Flores Morales, por la desocupación y entrega de un inmueble, que es motivo de arrendamiento. 2. El veintiocho de agosto de dos mil quince, la autoridad responsable admitió la demanda y ordenó requerir al demandado aquí quejoso que justificará con los recibos correspondientes estar al corriente en el pago de las rentas de mayo a diciembre de dos mil catorce y de enero al mes de agosto de dos mil quince; o bien, hiciera el pago de ellas, apercibido que en caso de no hacerlo tendría que desocupar el inmueble en un plazo de treinta días, o sería lanzado a su costa si no lo efectuaba. 3. El demandado fue emplazado mediante exhorto en el municipio de Tenango del Valle, Estado de México, el veintiuno de septiembre de dos mil quince, y en la propia diligencia fue requerido para que justificara con recibos de pago estar al corriente del pago de rentas del inmueble que ocupa, por lo que enterado el aquí quejoso, señaló que en su momento los presentaría ya que tiene algunos, que no tiene recibos de pago de renta; circunstancia por la cual se le previno para que en un término de treinta días procediera a desocupar el inmueble, con el percibimiento que de no hacerlo será lanzado del mismo a su costa. El proveído de veintiocho de agosto de dos mil quince ya invocado, constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. QUINTO. Improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Bajo la anterior premisa, se advierte que en el presente juicio de amparo se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones XVIII y XXIII del artículo 61 (última fracción en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario), de la Ley de Amparo; luego, atendiendo a que entre las causales que prevé el citado artículo, existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente; este órgano jurisdiccional, en atención al principio de exhaustividad, iniciará con la causal consistente en la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; y, concluirá con la diversa consistente en que el acto reclamado no es de aquellos que afecten actos de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que lesionan derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados en los que México es parte. A). Causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.] En ese orden de ideas, debe decirse que en relación a lo transcrito se advierte que dentro de los principios fundamentales que rigen al juicio de amparo está el de definitividad del acto reclamado. Este principio consiste en que el juicio de amparo para ser procedente requiere un elemento sine qua non referente a que deben agotarse antes de interponer el juicio constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensa que otorga la ley, salvo las excepciones que la misma establece. En ese contexto, debe decirse que el artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, señala: Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó. Por su parte, el artículo 1.378 del Código Procesal invocado, establece: Artículo 1.378. Son apelables las sentencias interlocutorias y los autos que específicamente señala este Código. La apelación, en este caso, se admitirá sin efecto suspensivo, salvo cuando la ley disponga lo contrario. De la cuidadosa lectura de los preceptos invocados se colige que el recurso de revocación procede contra aquellos autos que no son apelables, y el de apelación contra las sentencias interlocutorias y autos que específicamente señala el citado ordenamiento procesal; bajo esas circunstancias, al no advertirse del artículo 2.312 del Código Procesal Civil del Estado de México, ni de algún otro precepto que el requerimiento y prevención (plazo de treinta o sesenta o noventa días para desocupar el inmueble arrendado según el caso) que se establecen en el mismo sean apelables, se considera que son revocables, pues tampoco hay numeral en el que se indique que tales determinaciones son irrecurribles. Entonces, resulta incuestionable que si el impetrante de amparo considera que la autoridad responsable cometió alguna violación al realizar la actuación reclamada (prevención de treinta día para desocupar el inmueble arrendado), antes de promover su demanda de amparo, debió interponer contra esa determinación, el recurso de revocación que prevé el artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, a efecto de que la propia autoridad que pronunció el acto reclamado revisara el mismo a fin de que fuera revocada o modificada, ya que en la especie, contra esa determinación, procede el medio de impugnación ordinario que contempla el artículo en cita. Por tanto, como el impetrante de amparo no agotó el recurso ordinario conducente; es por lo que en el caso concreto se estima que no se cumplió con el principio de definitividad necesario, para estar en aptitud de acudir ante la autoridad judicial de amparo para el estudio de la legalidad o ilegalidad del acto reclamado. Por las razones que expone apoya lo anterior, la tesis sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de la literalidad: "REVOCACIÓN, ES PROCEDENTE CONTRA AUTOS NO APELABLES EL RECURSO DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)." (Séptima Época, registro 247290 del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 217-228, Sexta Parte, materia común, página 573). A mayor abundamiento el acto que por esta vía se reclama no se encuentra dentro de las excepciones que establece la fracción que sirve de fundamento para la emisión de la presente determinación, la cual indica: Artículo 61. [.] XVIII. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.] Lo anterior, pues el acto que por esta vía se reclama, deriva de un procedimiento especial de desahucio, tramitado ante el Juez competente, en donde el ahora recurrente tiene la oportunidad de recurrirlo mediante el recurso ordinario que establece la Legislación Adjetiva aplicable, por lo que ante dicha circunstancia se actualiza la causal de improcedencia de que se trata. No pasa desapercibido el señalamiento del quejoso en el sentido de que el artículo 2.110 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, establece ".El auto de admite una demanda no es recurrible"; sin embargo, no se comparte la perspectiva del quejoso porque si bien es cierto que el auto que admite una demanda no es recurrible, también lo es que el aspecto que debió impugnar a través del recurso de revocación es la prevención que se ordenó realizar al momento de requerirlo del pago de las rentas vencidas; prevención judicial que resulta distinta al auto de admisión de la demanda (entrega del bien en treinta días), y si éstas se encuentran ordenadas en un mismo auto, es decir, la admisión de la demanda y la prevención, lo cierto es que son actos jurídicos distintos porque la admisión se refiere a dar trámite a la pretensión del actor y las prevenciones son medidas cautelares para que el actor obtenga con mayor eficacia lo que pretende; de ahí lo incorrecto de su argumento. Tampoco pasa desapercibida la tesis III.2o.C.30 K, publicada en la página 1347, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. LA CONSTITUYE EL AUTO DICTADO DENTRO DE JUICIO, CON APERCIBIMIENTO DE LANZAMIENTO EN JUICIO CIVIL SUMARIO DE DESAHUCIO, PARA EL CASO DE QUE LA DEMANDADA NO DESOCUPE VOLUNTARIAMENTE LA FINCA ARRENDADA. Si durante la substanciación de un juicio civil sumario de rescisión de arrendamiento, se decreta la desocupación de la finca arrendada, otorgándole a la demandada un término de treinta días para el cumplimiento voluntario, con apercibimiento que en caso de no hacerlo en dicho término, se decretará la ejecución forzosa, y previa interposición del recurso ordinario que resulta infundado se promueve amparo indirecto; tal acto es susceptible de reclamarse en dicha vía, cuenta habida que la consecuencia del acto jurídico en cuestión es que quede firme la resolución que decreta la desocupación y entrega del bien alquilado, pues aun cuando éste ordena la realización voluntaria dentro de un término determinado, que de no realizarse generará que se haga efectivo el apercibimiento respectivo y se proceda a la ejecución forzosa, ello implica que la orden de lanzamiento decretada no está supeditada a circunstancia alguna, por lo que después de ésta, únicamente queda su cumplimiento forzoso que, de efectuarse, es susceptible de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales de la quejosa que tutela la Constitución, como es el derecho sustantivo de la posesión, afectación o sus efectos que no se destruyen con el hecho de que la quejosa obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio natural, por haberse consumado de manera irreparable la violación en el disfrute de la garantía individual violada, pues aun cuando la peticionaria de garantías obtenga sentencia favorable, y se ordene la restitución en la posesión de la finca arrendada, el término que dure el desposeimiento y los perjuicios ocasionados por éste, no podrán ser restituidos; de lo que se concluye, que las consecuencias del acto reclamado constituyen una actuación que sí tiene el alcance de afectar las garantías individuales de la quejosa y por ende, procede en su contra el amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo." Sin embargo, dicha tesis más bien apoya el criterio que ahora se sostiene, según se aprecia de la oración subrayada y remarcada en su texto; aunado a que de la ejecutoria se advierte que en ese caso específico de donde emanó la tesis la parte quejosa agotó el recurso en la media en que en determinado segmento de la ejecutoria se dice que: [.] el acto reclamado por la quejosa, aquí recurrente, se hizo consistir en el auto de uno de octubre de dos mil siete, que resolvió infundado el recurso de revocación planteado en contra del diverso de veintiuno de agosto de dicha anualidad, en el cual ordenó la desocupación del inmueble arrendado, otorgándole a la demandada un término de treinta días para que lo desocupara en forma voluntaria, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo dentro de dicho término, se procedería a la ejecución forzosa [.] Las anteriores consideraciones se citan como un hecho notorio atendiendo a que las resoluciones de los órganos del Consejo de la Judicatura Federal que se registran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en términos del precepto 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituyen un hecho notorio para resolver los juicios de amparo, en tanto genera un conocimiento completo y veraz de la emisión y sentido en que se dictó un auto o una sentencia que, además, son susceptibles de invocarse para decidir en otro asunto lo que en derecho corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Décima Época, con registro 2009054 del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, materia común, página 2187, cuyo rubro y texto son: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 74/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, junio de 2006, página 963, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.", sostuvo que conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, un hecho notorio en su aspecto jurídico, se conceptúa como cualquier acontecimiento de dominio público que es conocido por todos o por casi todos las miembros de un círculo social en el momento en que se pronuncie la decisión judicial, el cual no genera duda ni discusión y, por tanto, la ley exime de su prueba. Por otra parte, con la finalidad de estar a la vanguardia en el crecimiento tecnológico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de Judicatura Federal, emitieron el Acuerdo General Conjunto 1/2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil catorce, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, Tomo III, septiembre de 2014, página 2769, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la firel, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, con el objeto de generar una infraestructura suficiente para salvaguardar el derecho fundamental de una administración de justicia pronta, expedita, completa e imparcial, por lo que se implementaron las bases para el uso eficiente de las tecnologías de la información disponibles, con miras a generar en los juicios de amparo certeza a las partes de los mecanismos, mediante los cuales se integra y accede a un expediente electrónico; lo anterior, en congruencia con el contenido de los diversos Acuerdos Generales 29/2007 y 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXVI, septiembre de 2007, página 2831 y XIII, mayo de 2001, página 1303, respectivamente, que determinan el uso obligatorio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se concluye que las resoluciones de los órganos del Consejo de la Judicatura Federal que se registran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en términos del precepto legal en cita, constituyen un hecho notorio para resolver los juicios de amparo, en tanto genera un conocimiento completo y veraz de la emisión y sentido en que se dictó un auto o una sentencia que, además, son susceptibles de invocarse para decidir en otro asunto lo que en derecho corresponda. B). Causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con la fracción V del precepto 107, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo. En principio, es pertinente precisar las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto, las cuales se encuentran previstas en los artículos 107, fracciones III, inciso b), de la Constitución Federal y 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.] "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]." La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados dentro de juicio tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, y que por el contrario no existe ejecución irreparable, si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Como ejemplos claros de actos dictados dentro de juicio que tienen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, el Alto Tribunal del País ha sustentado que se encuentran, entre otras, el embargo, auto de vinculación a proceso, etcétera. De lo expuesto, se obtiene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. En estos casos, es necesaria la intervención de la Justicia Federal a través del juicio de amparo indirecto, sin esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Sin embargo, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La existencia de dichos actos procesales tiene su fin en la obtención de una sentencia, laudo o resolución favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no transgredirse ningún derecho sustantivo. Estos actos, como el que aquí se reclama, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo, sino que tan solo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra cuando se resuelva la controversia, en la medida en que influyan o en su caso sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas de la parte quejosa y trasciendan al resultado del fallo adverso. Expuesto lo anterior, es menester reiterar que, el quejoso alega que el veintiuno de septiembre de dos mil quince, la autoridad responsable a través de la ejecutora responsable le notificó el auto de veintiocho de agosto de ese año, dictado en el expediente 677/2015, relativo al juicio especial de desahucio, promovido por la Sucesión a Bienes de Francisca Sánchez Hernández a través de su albacea Ana Verónica Hernández Sánchez; y lo emplazó con la demanda correspondiente; asimismo, en el acto de la diligencia lo requirieron para que acreditara encontrarse al corriente en el pago de las rentas reclamadas, y de no hacerlo, se la previno para que dentro del término de treinta días desocupara el inmueble arrendado, asimismo, se le apercibió de lanzamiento a su costa, en caso de no desocupar en el citado plazo. Sin embargo, como ya se dijo, tal acto constituye violación a derechos adjetivos, que producen únicamente efectos intraprocesales, ya que dicho requerimiento no afecta sus posesiones, propiedad, libertad, domicilio, etcétera, es decir, no vulnera ningún derecho sustantivo; por ende, tal determinación debe, en su momento, combatirse mediante el juicio de amparo directo que eventualmente se promueva contra la sentencia definitiva que le resulte desfavorable, pues no es un acto que tenga una ejecución irreparable, sino que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación en todo caso puede quedar subsanada con posterioridad si la determinación que recaiga a su petición resulta finalmente favorable a los intereses de la parte quejosa, pero de no ser así, esta última podrá reclamarla en el juicio de amparo directo que, en su caso y oportunidad, promueva en contra del fallo respectivo. Se estima lo anterior, porque de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, las reglas que deberán observarse para el juicio de desahucio, son las siguientes: [.] CAPITULO V Del Desahucio Procedencia del juicio de desahucio Artículo 2.309.- El juicio de desahucio procederá cuando se reclama la desocupación de un inmueble por falta de pago de más de dos mensualidades. Posibilidad de reclamar rentas Artículo 2.310.- Podrá reclamarse el pago de las rentas vencidas y las que se sigan venciendo hasta que tenga verificativo el lanzamiento. Exhibición del contrato de arrendamiento o su equivalente Artículo 2.311.- A la demanda se acompañará el contrato de arrendamiento o documento justificativo del mismo. Auto de ejecución Artículo 2.312.- Al admitirse la demanda, el Juez ordenará requerir al arrendatario para que en el acto de la diligencia justifique estar al corriente en el pago de las rentas reclamadas o haga pago de ellas. No haciéndolo se le prevenga que dentro de treinta días, si el inmueble es para habitación, o de sesenta días si es para giro mercantil o industrial, o de noventa días si fuere rústico, proceda a desocuparlo, apercibido de lanzamiento a su costa si no lo efectúa. Estos plazos se computarán por días naturales y son irrenunciables. En el mismo acto se le emplazará para que dentro de cinco días ocurra a exponer las excepciones que tuviere. Requerimiento de embargo de bienes Artículo 2.313.- Si lo pide el actor, en el acto de requerimiento se ordenará que se embarguen bienes para garantizar las rentas vencidas. Domicilio del arrendatario Artículo 2.314.- Será domicilio legal para hacer el requerimiento, el inmueble arrendado. Requerimiento y emplazamiento Artículo 2.315.- Si en el acto de la diligencia exhibe el arrendatario el importe de las rentas reclamadas, se suspenderá la diligencia, se mandará entregar al actor y se dará por terminado el procedimiento. Exhibición de justificantes de pago de rentas Artículo 2.316.- Si exhibiere recibos u otros justificantes de pago de las rentas reclamadas, después de hacer constar esa circunstancia en el acta y agregar los justificantes, se le emplazará. Pago de rentas debidas Artículo 2.317.- Si en el plazo fijado para el desahucio, exhibe el inquilino el importe de las rentas debidas, dará el Juez por terminado el juicio, sin condenación en costas. Extemporánea exhibición de rentas Artículo 2.318.- Si la exhibición del importe de las pensiones se hace fuera del plazo señalado para el desahucio, también se dará por concluida la providencia de lanzamiento, pero se condenará al inquilino al pago de las costas causadas. Excepciones oponibles en el desahucio Artículo 2.319.- En los juicios de desahucio, son oponibles toda clase de excepciones. Pero para no pagar la renta, sólo serán admisibles las fundadas en el hecho de que al arrendatario se le impida el uso total o parcial; por razones de caso fortuito o fuerza mayor, o por reparaciones ordenadas por el arrendador. No serán admitidas las defensas y excepciones que oponga, si no se acompañan con sus pruebas. Son improcedentes la reconvención y la compensación. Vista al actor Artículo 2.320.- En caso de que se admitan excepciones, con ellas se mandará dar vista al actor por tres días, quien en ese plazo podrá ofrecer pruebas. Conclusión del juicio por documentos no objetados Artículo 2.321.- Si en el plazo de desahogo de la vista sobre las excepciones, el actor no objeta los documentos con los que el arrendatario pretende justificar el pago de las rentas, se dará por concluida la providencia. Audiencia de pruebas, alegatos y sentencia Artículo 2.322.- El Juez, transcurrido el plazo de la vista, citará a una audiencia de desahogo de las pruebas admitidas, de alegatos y sentencia, que se efectuará antes del vencimiento del plazo fijado para el lanzamiento. Apelación de la sentencia Artículo 2.323.- La sentencia que decrete el desahucio será apelable sin efecto suspensivo y se ejecutará sin necesidad de otorgamiento de garantía. La que lo niegue, será apelable con efecto suspensivo. Diligencia de lanzamiento Artículo 2.324.- La diligencia de lanzamiento se entenderá con el ejecutado, en su defecto, con quien se encuentre en el inmueble arrendado, y no habiendo ninguna persona se procederá a su práctica, rompiendo las cerraduras en caso necesario. Los muebles u objetos que se encuentren, si no hubiere persona de la familia del inquilino que los recoja, u otra autorizada para ello, se remitirán por inventario a disposición de la Presidencia Municipal o algún almacén de depósito, dejándose constancia en autos. Vía de apremio Artículo 2.325.- Ejecutado el lanzamiento, y en caso de que se hayan embargado bienes, previa liquidación de las rentas adeudadas, se procederá en la vía de apremio. Como se advierte de los preceptos legales reproducidos con antelación, y en particular, del numeral 2.312 se obtiene que recibida la demanda, el Juzgador dictará auto en el que ordenará requerir al inquilino, para que en el acto de la diligencia justifique estar al corriente en el pago de las rentas, y no haciéndolo, se le prevenga que dentro de treinta días si la finca es para habitación, proceda a desocuparla, apercibido de lanzamiento a su costa si no lo efectúa. El requerimiento se practicará en el domicilio donde se localice la finca de cuya desocupación se trate y el arrendatario podrá oponerse al desahucio, pero solo será admisible la oposición cuando se funde en cualquiera de las hipótesis previstas en el artículo 2.319 del citado ordenamiento legal; opuestas las excepciones se mandará dar vista al actor, quien podrá ofrecer las pruebas que estime oportunas, admitidas, se citará para la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, que deberá efectuarse antes del vencimiento del término fijado para el lanzamiento. En esta audiencia concurran o no las partes se dictará resolución declarando si el arrendatario ha justificado o no sus excepciones y si debe procederse o no al lanzamiento; en caso de que se ofrezcan pruebas se citará para resolución. En caso de que el demandado fuese condenado, en la propia sentencia se señalará el plazo para la desocupación, que será el que falte para cumplirse el señalado por el artículo 2.312. También se advierte que la diligencia de lanzamiento se entenderá con el ejecutado si se encontrare presente y si no se encontrare con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, pero si en el momento de la diligencia de lanzamiento se pagan o se comprueba haberse pagado o consignado las rentas adeudadas, se dará por terminada dicha diligencia. Con base en lo anterior, es jurídicamente válido arribar a la convicción de que el acuerdo aquí reclamado, de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince, constituye la determinación inicial que concede al inquilino un término para la desocupación y entrega voluntaria del inmueble. Sin embargo, evidente resulta que ese proveído se encuentra sujeto al resultado del procedimiento previsto en los artículos 2.309 a 2.325 del código procesal civil local; pues como se ha visto, la parte demandada se encuentra en aptitud de oponerse al desahucio, ofrecer sus respectivas probanzas, y su correspondiente desahogo en la audiencia correspondiente y finalmente al fallo que eventualmente se emita en el juicio natural. Así, conforme a lo previsto en los invocados artículos 2.321 y 2.322 si las excepciones fueren declaradas infundadas en la misma resolución, en la propia sentencia se señalará el plazo para la desocupación, que será el que falte para cumplirse el señalado por el artículo 2.312. Dicho de otro modo, el auto que ahora se reclama no está encaminado directa e inmediatamente a lograr la ejecución de la sentencia respectiva, ya que se trata del auto inicial del juicio y se requiere de otras determinaciones legales posteriores que permitan arribar a la etapa de ejecución de sentencia, como lo es el acuerdo que ordene el desahucio forzoso; es decir, el acto reclamado por el momento no es de aquellos que causen a la parte inconforme una ejecución de imposible reparación, porque como se ha visto, únicamente fue dictado para instar al recurrente a que voluntariamente desocupe y entregue el inmueble materia del juicio natural, apercibido de lanzamiento en caso contrario; salvo que la parte demandada haga valer su oposición al desahucio y que pudiera obtener sentencia favorable. Razón por la cual, el proveído reclamado no causa una afectación a algún derecho sustantivo en perjuicio de la parte quejosa, dado que, como se ha visto, de él todavía pueden emitirse diversos actos que pudieran derivar en una sentencia condenatoria y posteriormente, arribar a la etapa de ejecución de sentencia, momento procesal en el que de acuerdo al artículos 2.321 y 2.322 del código procesal civil local, si el fallo resulta condenatorio, en la misma resolución, se señalará el plazo para la desocupación, que será el que falte para cumplirse el señalado por el artículo 2,312. En esta virtud debe concluirse que si el acto reclamado lo es el acuerdo que confiere al inquilino un plazo para la entrega voluntaria del inmueble, el mismo no constituye un acto de imposible reparación, porque el demandado se encuentra en aptitud oponerse al desahucio, hacer valer excepciones, ofrecer y desahogar pruebas en la audiencia respectiva y estar a las resultas del sentido de la sentencia que se pronuncie. Es decir, la determinación reclamada constituye un acto previo que se emite en el auto de radicación del juicio de desahucio, de lo que se sigue que el amparo promovido en contra de aquel acuerdo que sólo previene la entrega voluntaria es improcedente, porque en este caso no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Razón por la cual, es obvio que el hecho de prevenir o requerir al quejoso, para que desocupe el inmueble arrendado, no significa que se involucre algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, dado que ese mandato no se encuentra firme, en la medida en que se encuentra sujeto a diversos actos procesales posteriores, como sería la oposición de la parte demandada, y en su caso hasta las resultas de la sentencia que eventualmente se emita en el juicio natural; luego, se reitera, dicho acto no es de imposible reparación porque no afecta algún derecho fundamental de la persona moral quejosa. En este orden de ideas, es evidente que, el acto que reclama el quejoso no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; de aquí que no se surta la hipótesis de procedencia del amparo indirecto que establecen los artículos 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V), interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia IV.3o. J/9, visible en la página 333, del Tomo II, Octubre de 1995, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA DEL. ACTOS DE NATURALEZA IRREPARABLE. Cuando el juicio de amparo es el único medio para combatir un acto de autoridad, no por ello debe estimarse la procedencia de aquél, porque, en principio, debe atenderse a si los actos de autoridad reclamados son de naturaleza irreparable, esto es, si revisten la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fue emitido trasciende a los derechos fundamentales tutelados por las garantías individuales (entre los que se encuentran la propiedad, la libertad, la vida, la integridad personal, etcétera), y no que solamente tenga una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 114, fracción IV de la Ley de Amparo. Por lo tanto, no basta que un determinado proveído y la posible violación que con él se cometa en juicio, ya no sea materia de la sentencia que en dicho procedimiento se dicte, sino es necesario además que tal cuestión afecte inmediata y directamente los derechos fundamentales, que la Constitución General tutela en favor de los gobernados para que sea susceptible de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto." Asimismo, por analogía, la jurisprudencia VI.2o.C. J/175, publicada en la página 1187, tomo X, Octubre de 1999, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LA ADMITE. El amparo indirecto es improcedente en contra del auto que admite una demanda, en virtud de que no está comprendido en lo establecido por la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política ni en lo establecido por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, por no ser un acto en el procedimiento que deje sin defensa a la parte quejosa y no tener el carácter de irreparable, porque los perjuicios que pudiera irrogar, podrán ser reparados, en todo caso, en la sentencia definitiva que llegue a dictarse, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVIII y 74, fracción III, de la citada ley, procede sobreseer el juicio de garantías respecto de este caso." No esta demás indicar que similar punto de vista sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado de este Segundo Circuito, al resolver el recurso de revisión 149/2015, en sesión celebrada al doce de agosto de dos mil quince. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis invocada en párrafos que anteceden cuyo rubro es "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." Así las cosas, como se dijo, en el caso se actualizan de manera notoria y manifiesta las causales de improcedencia que se surten de lo dispuesto en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, esta última en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo. No es dable estudiar los conceptos de violación que hace valer el quejoso de conformidad con la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 88, volumen 187-192, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan". Asimismo, la jurisprudencia V.2o. J/15 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 115, tomo IX, enero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Sobreseimiento que debe hacerse extensivo al acto atribuido a la autoridad señalada como ejecutora, al tenor de la jurisprudencia VI. 2o. J/7, publicada en la página 690, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. En tales condiciones, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley en cita, respecto al acto reclamado en estudio. Finalmente, no representa obstáculo a la determinación adoptada el que se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible para este Órgano de Control Constitucional que la admitió a trámite advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Encuentra apoyo el aserto anterior, por analogía, en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo contenido enseguida se transcribe: DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ángel Flores Morales, respecto del acto y autoridades precisados en el resultando primero, y por las razones expuestas en el último considerando de este fallo."
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta recibido vía fax, por medio del cual el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, acusa recibo del exhorto con número de orden 175/2016 y de origen 310/2016 del índice de este juzgado, registrado con el número de orden 685/2016 y origen 609/2016. En esas condiciones, téngase por hecho del conocimiento de éste órgano jurisdiccional lo informado por la oficiante, para los efectos legales a que haya lugar.
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