Rubén Ortiz González

Expediente 1497/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1497/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
21/08/2018

Partes del expediente

  • Rubén Ortiz González

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede que ha transcurrido el plazo de cinco días que prevé en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja, en consecuencia, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO el auto de dos de agosto de dos mil dieciocho, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente y ARCHÍVESE el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que sin decidir en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio constitucional, ha causado ejecutoria para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE], glósese a los autos el cuaderno original del incidente de suspensión, y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Por otro lado, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo General relativo, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN pues se negó la suspensión provisional y definitiva; sin embargo, por ampliación de demanda, por una parte se concedió y por la otra se negó la medida cautelar solicitada, en forma provisional y definitiva. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo referido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo cuarto del Acuerdo normativo. Así mismo, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales" Del mismo modo, tomando en consideración que se formó el ANEXO I con las copias certificadas remitidas por la Tesorera Municipal del Ayuntamiento del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen. Finalmente, glósese el presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de garantías, de los que se aprecia que mediante proveído de seis de julio del año en curso, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que ninguna de las partes haya desahogado dicho auto; por tanto, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado contra las partes, en el citado acuerdo de seis de julio de la presente anualidad; en consecuencia, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, por una parte, se sobreseyó en el presente asunto; y por otra parte se concedió a la parte quejosa la protección constitucional, para los siguientes efectos: ". En las relatadas condiciones, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, respecto de la aprobación, expedición, promulgación y publicación de la Ley de Ingresos del Municipio de Ajalpan, Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2017, en especial el artículo 21, inciso b), así como el acto de su aplicación y ejecución, que establece el pago del derecho de alumbrado público (DAP), para el efecto de que no se aplique a la parte quejosa la referida norma y, por tanto, no se cobre dicho concepto sobre su consumo tarifario determinado por la Comisión Federal de Electricidad, únicamente por lo que hace al ejercicio fiscal de 2017 y respecto al municipio de Ajalpan, Puebla; en consecuencia, la dependencia respectiva del Ayuntamiento, es decir, la Tesorería Municipal de ese lugar, deberá proceder a la devolución de las cantidades que por concepto de derecho de alumbrado público pagó la quejosa por lo que hace al periodo comprendido del uno al treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, respecto de los servicios números 238 890 100 933 y 238 130 612 527, así como las subsecuentes que hubiera enterado por el mismo concepto en cumplimiento a la norma reclamada, para lo cual, en este último aspecto, en el momento procesal oportuno, dicha quejosa deberá precisar aquellas cantidades pagadas en cumplimiento a la norma referida. Ello, tomando en consideración que la protección constitucional abarca la esfera jurídica de la quejosa en su totalidad, de ahí que no comprende únicamente el pago de dicho derecho que se analizó como acto concreto de aplicación en este juicio, sino que se hace extensivo a los posteriores de los mismos servicios, y aquellos que haya realizado respecto a otros servicios que tenga contratados y que se sustenten en la aplicación del artículo referido . . Del mismo modo, la devolución de la cantidad debe realizarse en forma actualizada, con el fin de restituir a la solicitante del amparo en el pleno goce de sus derechos fundamentales vulnerados, con independencia de que las disposiciones del cuerpo normativo local puedan o no establecer que la devolución de cantidades a cargo de los municipios, deba ser realizada con la actualización correspondiente. Ello, en la inteligencia de que la actualización de mérito, debe calcularse a la fecha concreta en que se acredite efectivamente el pago realizado. .". (fojas 97 vuelta y 99). Mediante proveído de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió el cumplimiento a la autoridad señalada como responsable (fojas 110 a 112). Por auto de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, atento a que la autoridad responsable Tesorero Municipal de Ajalpan, Puebla, no había dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, no obstante los diversos requerimientos efectuados por este órgano jurisdiccional, se remitieron copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa 436/2017-III-M, al Tribunal Colegiado, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, y en su caso, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 170 a 172), el que por turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien mediante testimonio de trece de junio del año en curso, dentro de la Inejecución de Sentencia 1/2018, resolvió: "PRIMERO. Se ordena la reposición del procedimiento relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo dictada dentro del juicio 436/2017. SEGUNDO. Se ordena devolver al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla la copia certificada de los autos, para los efectos precisados en la parte final del considerando último de la presente resolución." (fojas 206 a 220). En cumplimiento a lo ordenado por el tribunal de alzada, este juzgado federal por auto de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, requirió a la parte quejosa, para que informara las cantidades líquidas que por concepto del Derecho de Alumbrado Público, considere que la Tesorería del Ayuntamiento de Ajalpán, Puebla, debería devolver (fojas 221 a 223), sin que la parte quejosa hiciera manifestación alguna, no obstante encontrarse debidamente notificada para tal efecto, tal y como se aprecia de autos (foja 231). Por acuerdo de seis de julio de dos mil dieciocho, se tuvo al Presidente Municipal Constitucional de Ajalpan, Puebla, remitiendo copias simples del primer pago realizado por concepto de restitución del Pago al Alumbrado Público, por la cantidad de $23,000.00, veintitrés mil pesos, así como el segundo por el equivalente a $23,052.71 veintitrés mil cincuenta y dos pesos, con setenta y un centavos; ambos dando un total de $46,052.71 cuarenta y seis mil cincuenta y dos pesos, con setenta y un centavos, moneda nacional; asimismo, remitió copia de la constancia de recibo firmada por Vidal Ramírez Juárez (fojas 233 a 258). Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que por una parte se sobreseyó y por otra, se determinó amparar. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". INCIDENTE Asimismo, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en el apoyo en la fracción III del Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, pues es en el caso se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. De conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo referido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo cuarto del Acuerdo normativo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Finalmente, glósese el presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.

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