Ruben Oliva Mendoza

Expediente 1600/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1600/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
10/05/2018

Partes del expediente

  • Ruben Oliva Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales consiguientes el oficio signado por la Presidenta de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, acusando recibo las copias certificadas del toca civil 342/2017-II, así como el expediente 259/2015; circunstancia de la cual queda enterado este Juzgado Federal. Cúmplase.

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, dos de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que en proveído de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, no se ordenó la devolución de los anexos remitidos por la autoridad responsable. En tal virtud, devuélvase a la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, los autos del toca civil 342/2017-II y el expediente 259/2015, que remitió como justificación a su informe, solicitando el acuse de recibo respectivo. Cúmplase.

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió la determinación dictada por acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  4. Principal

    TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DEL PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, PREVIO AVISO QUE SE DEJO EN SU DOMICILIO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA: Pachuca, Hidalgo, veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio 13887, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad y anexos consistentes en: Escrito original de demanda promovida por Rubén Oliva Mendoza; oficio 1884/2017, signado por la Presidenta de la Segunda Sala Civil y Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, al que anexó el toca civil 342/2017-II y expediente 259/2015; oficio 1761/2017 signado por el Actuario Adscrito a la Segunda Sala Civil Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado, y el diverso 2575/2017, signado por el Actuario de los Expedientes Nones del Juzgado Segundo Civil y Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, emplazamiento a la parte del tercero interesado; y acuerdo de doce de diciembre de dos mil diecisiete, del que se advierte que dicho Tribunal declara carecer de competencia para conocer de la citada demanda, por estimar que surte a favor de un Juez de Distrito en Turno en el Estado de Hidalgo. Acúsese recibo correspondiente y por los motivos que se vierten en la resolución mencionada, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, se avoca al conocimiento del referido juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 37 y 107 de la Ley de Amparo. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno. Por otra parte, dada la voluminosidad del anexo, existe imposibilidad material para su digitalización, por lo que con fundamento en los artículos 91 y 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; se hace del conocimiento de las partes que los mismos, se encuentran a su disposición en la Secretaría del Juzgado. No obstante de conformidad con la parte final del mencionado artículo 92, se digitaliza el acto reclamado materia de la Litis, que en su caso, resulta necesario para el dictado de la sentencia. Por otro lado, vista la demanda de amparo signada por Rubén Oliva Mendoza, promovida en contra de la Segunda Sala Civil y Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado, de Hidalgo, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Federal. Se observa de la demanda de amparo que la parte quejosa omitió realizar los antecedentes del acto reclamado, sin embargo debido a la presente determinación, a nada práctico llevaría requerirla a efecto de que presentara los mismos, aunado a ello, de la lectura íntegra de la referida demanda se advierte que en el capítulo de conceptos de violación la parte quejosa narra lo que constituye los antecedentes de mérito, que en lo que aquí interesa, dice: .Primero.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD manifiesto que el 3 de marzo del año 2015 dos mil quince, demandé ante este H. Juzgado en la Vía ordinaria Civil y en ejercicio de la ACCIÓN REIVINDICATORIA, de la C. REYNA PLATA ESCAMILLA el cumplimiento de las siguientes prestaciones: A) que se declare por sentencia firme y ejecutoriada que el suscrito es el único y legítimo propietario y por ende que teniendo pleno dominio del predio rustico denominado dos cerritos, correspondiendo al lote 1 y 2, manzana 8, calle Álamo y Pirúl, ubicado en la Peña, perteneciente al Municipio de Actopan, Hidalgo, misma que ADQUIRÍ mediante compra-venta que realice con el C. TRANQUILINO RUIZ DANIEL, lo que acredito con el primer testimonio de la escritura pública número treinta y dos mil ochocientos once (32,811), volumen quinientos treinta seis (536), de fecha 24 veinticuatro de octubre del año 2014 dos mil catorce, pasada ante la Fe del notario Público Número 1 del Distrito Judicial de Actopan, hidalgo, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: (lo transcribe) SEGUNDO.- Para mayor abundamiento y para precisar los conceptos de las violaciones jurídicas y para precisar los conceptos de las violaciones jurídicas de los derechos humanos quebrantados, provienen del acto reclamado consistente en el conocimiento y posteriormente se acredita en el actuar irresponsable, de la autoridad señalada como responsable ordenadora, al resolver en los puntos resolutivos primero, segundo, tercero y cuarto, basándose en el considerando quito de la resolución señalada como acto reclamado dentro del presente amparo consistente en la sentencia definitiva de fecha 06 de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, dictada dentro del toca civil número 342/2017 seguido ante la segunda sala civil y familiar del honorable Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, situación que viola flagrantemente la aplicación del estricto derecho del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles en mi perjuicio quebrantando los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales que se han suscrito y son señalados como obligatorios en nuestro país. Para dar una pequeña referencia de la violación a los derechos indicado por la autoridad señalada como responsable hago mención que ha revocado la sentencia definitiva que el Juez Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Actopan, hidalgo dictó dentro del expediente número 259/2015, misma que se puede observar que se encuentra apegada a Derecho, ya que se hizo un estudio minucioso de todas y cada una de las probanzas ofrecidas y desahogadas, así como la procedencia de las acciones que por cuerda separada fueron demandadas o reconvenidas, analizando y observando que se reunieran cada uno de los elementos exigidos para su procedencia. Resulta el caso de que ahora la Autoridad señalada como responsable adopta un criterio contrario a Derecho, para ser precisos referentes al desahogo en autos de las pruebas periciales, lo cual se realizó en los siguientes términos tal como se estipulo en los alegatos que en su oportunidad fueron exhibidos. Toda vez que la parte demandada en el principal REYNA PLATA ESCAMILLA demando en la vía ordinaria civil al C. TRANQUILINO RUIZ DANIEL, dentro del presente expediente la acción de TORGAMIENTO Y FIORMA DE ESCRITURA PÚBLICA y al momento de contestar la demanda el C. TRANQUILINO RUIZ DANIEL, niega los hechos y el documento privado en que se fundó la acción demandada en su contra y para demostrar su negativa ofrece una prueba pericial en el siguiente párrafo describe: (Lo transcribe) Es de concluirse y se concluye que la valoración de los dictámenes periciales en documentoscopia y grafoscopia no fueron debidamente valorados por la autoridad señalada como responsable dentro del presente juicio de Amparo Directo, dando origen a la violación de garantías de la cual soy victima por el acto reclamado consistente en la Sentencia definitiva de fecha 06 de noviembre del año 2014 dos mil diecisiete, dictada dentro del toca civil número 342/2017 seguido ante la Segunda Sala Civil y Familiar del Honorable Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, que causa en mi perjuicio daño irreparable como toda violación a una garantías individual, la violación a la aplicación de las normas jurídicas establecidas, constriñe por regla general a cualquier acto de autoridad que importe privación de alguno de los bienes jurídicos tutelados por los Derechos humanos, sea respectado por la autoridad judicial que goda del derecho público subjetivo de que se le brinden las oportunidades defensivas y probatoria antes de que se realice en su perjuicio el acto privativo y por ende violando mi dignidad humana; por estarse llevando a efecto actos de efecto irreparable, respaldado lo anterior por la Tesis jurisprudencial, misma que puede ser localizada en: transcribe rubro y texto de la jurisprudencia). DETERMINACIÓN JUDICIAL Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, procede desechar la demanda de derechos por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Por su parte, la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, establece lo siguiente: El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Igualmente, el artículo 107 fracción V, de la Ley de la Materia establece: El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De lo anterior se deduce que el juicio de amparo en la vía indirecta procederá contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que, para dilucidar en qué vía se podrá reclamar una violación cometida en el curso del procedimiento, habrá que distinguirse si ésta tiene o no, efectos de imposible reparación. Ahora bien, de los autos del toca 342/2017, se aprecia el acto reclamado consiste en la resolución de seis de noviembre de dos mil diecisiete, donde la autoridad señalada como responsable, en su considerando quinto, determinó lo siguiente: Por tanto, en la orden de ideas apuntando, dicha violación debe repararse para resarcir a la interesada de su derecho y, por tanto, al ser FUNDADO lo analizado, es procedente que los autos del principal se devuelvan ante la juzgadora de origen. Esto con la finalidad de que la jueza del conocimiento proceda a recibir de forma correcta la pericial admitida en autos, de acuerdo con las particularidades que ello requiere y que en el caso, se concretan a que designe un perito tercero en discordia, que dilucide la contradicción entre los peritajes emitidos por el perito de la actora reconvencional y por los emitidos por los demandados reconvencionales; de acuerdo a los términos y condiciones en que fue ofrecida dicha probanza por el interesado. Lo resaltado es añadido. Así las cosas, el acto reclamado no es un acto dictado dentro del juicio que tenga efectos sean de imposible reparación, en términos de lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu; pues, en todo caso, solamente produce efectos intraprocesales que se traducen en una reserva a la aquí quejosa, para pronunciarse al respecto en el momento de que resuelva la sentencia definitiva, sin que la misma traiga aparejada una afectación directa y actual a sus derechos sustantivos o adjetivos, en grado predominante o superior. Es aplicable sobre el particular, la jurisprudencia 3a./J.43 29/89, al resolver la contradicción de tesis 3/89, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 291, Tomo IV Primera Parte, Octava Época al Semanario Judicial de la Federación, que dice: EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES EL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Asimismo, es aplicable al caso, la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Pleno, agosto de 1992, página: 11, la cual es del texto y rubro siguiente EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. El concepto de imposible reparación, presupuesto indispensable para la procedencia de la vía constitucional, consagrado en el artículo 107, fracción III inciso b), de la legislación de amparo, resulta ser una violación insustituible en la esfera jurídica de los agraviados; y a manera de ejemplo, son actos que tienen una ejecución de imposible reparación: el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordene la intervención de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conmine a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior durante el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad y no dejan huella en la esfera jurídica del afectado Por otro lado, es preciso señalar que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo como ya se citó siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 172 de la Ley de Amparo; pero existen una serie de excepciones en las que procederá el amparo indirecto ante el Juez de Distrito que señala el mismo artículo 107, fracción III, incisos b) y c), Constitucional y que precisa el diverso numeral 107, fracciones III y IV, de su Ley Reglamentaria, entre otras, cuando se trate de actos en el juicio cuya afectación sea en grado predominante o superior que sea de imposible reparación, y cuando afecten a personas extrañas a la controversia. Lo anterior evidencia que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse por la vía constitucional, pues si se trata de aquéllas que lesionen las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación en grado predominante o superior o afecten a personas extrañas a juicio. En síntesis, los actos dentro de juicio son de imposible reparación en los supuestos siguientes: a) Cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de los derechos fundamentales de que se trate. b) Complementario de lo anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis P. LVII/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Octubre de 2004, visible a página 9, que dispone: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo. Ahora, si el acto reclamado a la Segunda Sala Civil y Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado, de Hidalgo, se hace consistir en la resolución de seis de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en el toca Civil 342/2017-II, en la cual se ordenó devolver los autos al juzgador a de origen para que proceda a recibir la forma correcta la pericial en materia grafoscopía y documentos cuestionados, el cual, no es de aquellos que le causen una afectación de imposible reparación, aunado a que puede ser favorable la sentencia definitiva que se dicte y de no ser así, puede hacer valer como violación procesal el acto que aquí reclama al momento de impugnar dicha sentencia definitiva en amparo directo. Máxime, que el hecho de que se reponga el procedimiento a efecto de recibir de forma correcta una prueba pericial previamente admitida (grafoscopía y documentos cuestionados), no implica obtener una sentencia definitiva desfavorable a sus intereses, ni viceversa, dado que hasta esa etapa procesal no existe una afectación real y actual a su esfera jurídica, donde aplique una excepción al principio de definitividad; por lo que la referida resolución de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, no puede considerarse determinación que justifique la procedencia de amparo indirecto. Aplica la jurisprudencia número de tesis 576, emitida por el Pleno, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página: 640, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección - Procedencia del amparo indirecto, Época: Octava Época, Registro: 1002642 de texto y rubro: | AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.. En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." En consecuencia, se desecha de plano por improcedente, la presente demanda de derechos, conforme a los artículos 61 fracción XXIII y 113 de la Ley de Amparo, en relación con el 107 fracción V aplicado en sentido contrario del mismo cuerpo de leyes. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del texto y rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos manifiesto e indudable a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial y por autorizados únicamente para esos efectos a las personas que señala, ya que no se encontró registro de sus cedulas en el Módulo de Consulta Jurídica del Consejo de la Judicatura Federal. PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. Notifíquese personalmente.

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