Ruben Olguin Rosales

Expediente 739/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
739/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
08/07/2019

Partes del expediente

  • Ruben Olguin Rosales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VISTA LA CERTIFICACION... HA CAUSADO ESTADO,... ARCHIVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO... TRANSFIERASE A LA DIRECCION GENERAL EN CITA... MESA: 9

  2. Principal

    Agréguese como legalmente corresponda el escrito de cuenta suscrito por Rubén Olguín Rosales, por medio del cual desahoga en tiempo y forma el requerimiento formulado por auto de tres de junio de dos mil diecinueve; en consecuencia: SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMOPROCEDENTE LA PRSENTE DEMANDA DE AMPARO...MESA 9.

  3. Principal

    CITATORIO. Se notifica por medio de lista el auto que dice.... Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Desahogo de prevención. Agréguese como legalmente corresponda el escrito de cuenta suscrito por Rubén Olguín Rosales, por medio del cual desahoga en tiempo y forma el requerimiento formulado por auto de tres de junio de dos mil diecinueve; en consecuencia: Consideraciones previas, relativas al estudio integral de la demanda. Ahora, en primer término, debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el suscrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad de quien esto juzga para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y contenido: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." Causal de improcedencia y desechamiento. En ese orden de ideas, se tiene que el quejoso señala como acto reclamado lo siguiente: "IV. Acto reclamado: Se reclama de la Autoridad Responsable el acuerdo emitido por la misma en fecha siete de mayo del dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio laboral 819/2008 seguido C.C. RUBEN OLGUIN ROSALES, Gómez Guevara Miguel Salvador y Adrián Pérez González, V.S. ACEROS Y ESTRUCTURAS, ATIZAPAN, S.A DE CV. - y SEGURA Y GUERRA DIVISION ESTRUCTURAS, S.A DE C.V., con domicilio ubicado en: CALLE VILLA NICOLÁS ROMERO, S/N, COLONIA TIERRAS BLANCAS, CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO cuyos, y que en su parte conducente dice: "...No ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado por la parte adora por no encontrarse dentro de los supuestos de la Fracción IV el artículo 951 de la Ley Federal del Trabajo." En el caso, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Como se sostiene, el quejoso reclama el auto de siete de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente J.9/819/2008, por el cual se negó acordar de conformidad la solicitud formulada por el quejoso en diligencia de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, de que la responsable girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de que informara a esa Junta los números de cuenta existentes en todos y cada uno de los bancos del país que se encuentren a nombre de los demandados Aceros y Estructuras, Atizapán, sociedad anónima de Capital Variable, y Segura y Guerra división Estructuras, Sociedad Anónima de Capital Variable, y solicitara se embargaran dichas cuentas sobre el crédito hasta por la cantidad de $1,939,706.32 (un millón novecientos treinta y nueve mil setecientos seis pesos 32/100 M.N, lo que hace improcedente el juicio de amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por tanto, quien esto juzga, considera que se actualiza la citada causal de improcedencia. Lo anterior, es así ya que se establece el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, como juicio excepcional que, sólo es procedente contra aquellas resoluciones que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de garantías, sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios. La causal de improcedencia contenida en el precepto legal trascrito, prevé que el gobernado que estime haber sido agraviado por un acto de autoridad, cuando ésta tenga la calidad de tribunal judicial, administrativo o laboral, pueda acudir solicitando el amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar nulificar la resolución o acto que lo lesiona. En ese orden de ideas, el principio de definitividad deriva de la intención del legislador, de que el juicio de garantías proceda únicamente respecto de actos definitivos, que no sean susceptibles de modificación o invalidación por recurso ordinario alguno. En lo relativo al principio de definitividad que se consagra en forma específica en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, opera para los actos o resoluciones que emanan de un procedimiento judicial, administrativo o laboral, respecto de los cuales proceda algún recurso o medio ordinario de defensa, dentro del juicio, susceptible de modificarlos, revocarlos o anularlos, con ello se da oportunidad al gobernado que interviene dentro de uno de esos procedimientos judiciales, administrativos o laborales, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se queja el gobernado que se aduce agraviado. En ese sentido, es susceptible que el acto que reclama debe ser combatido a través del recurso de revisión, de conformidad con lo previsto por el artículo Artículo 849, de la Ley Federal del Trabajo, que establece: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." Entonces, es inconcuso que el ocursante no cumplió con el principio de definitividad ya citado, en atención a que el acto reclamado era susceptible de modificarse o confirmarse a través del recurso de queja. En ese orden de ideas, el hoy promovente está en condiciones y debe hacer uso de los medios ordinarios de impugnación antes de acudir ante esta autoridad, con el fin de satisfacer el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, de tal modo que en el caso debe agotar el recurso de revisión, que establece la procedencia de este medio de defensa contra el auto combatido, ya que se insiste con la interposición de ese medio de defensa puede obtener la modificación, confirmación o nulidad del acto reclamado, y al no agotar el quejoso dicho recurso, deja de satisfacerse el principio de definitividad requerido para la procedencia del juicio de amparo indirecto que nos ocupa, actualizándose, por tanto la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Reviste importancia en este caso, la necesidad de que el promovente agotara previamente el recurso de revisión, porque de haberlo hecho era posible se modificara las determinaciones tomadas en la resolución combatida, haciéndose cesar la violación a la esfera jurídica que dice resiente el quejoso, lo cual es posible controvertir a través del medio de defensa ordinario, por lo que es innecesario el análisis en un juicio extraordinario como el amparo indirecto, puesto que la violación que irrogó esa inconformidad posiblemente pudiere variar a través del recurso ordinario que se agote con el fin de que quede remediado el acto aquí combatido. En las relatadas condiciones, si el promovente se abstuvo de agotar dicho medio antes de acudir ante este órgano jurisdiccional, y por ende no agotó el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, lo que comprueba y hace evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo; al omitir la promovente agotar el recurso idóneo. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis de jurisprudencia 1.4o.C. J/25, visible a fojas 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Resulta también aplicable, la jurisprudencia número 986, sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Distrito, visible en la página 678, Tomo VI, Parte TCC, Séptima Época, del Apéndice de 1995, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia I.3o.C. J/39, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Tomo XXVI, Agosto de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1214, cuyo rubro y texto señalan: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo promovida por Rubén Olguín Rosales, por propio derecho. Por otra parte, es debido precisar que para el suscrito no pasa desapercibido, que mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación en uno de mayo del presente año, se derogó el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo; asimismo, en el transitorio séptimo de dicha reforma, se advierte que los procedimientos que se encuentran en trámite ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, serán concluidos por éstas de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio; dicha disposición es aplicable en el presente sumario, en virtud que el acto reclamado deriva del expediente J.9/819/2008 de la estadística de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texaco, Estado de México, por lo que se aprecia que el juicio de origen se inició en dos mil ocho, por lo que se ajusta al supuesto previsto en el artículo transitorio citado en líneas que anteceden Notifíquese.

  4. Principal

    SE PREVIENE A LA PARTE QUEJOSA POR EL TERMINO DE CINCO DIAS PARA QUE DESAHOGUE LOS CITADOS REQUERIMIENTOS... APERCIBIDA...MESA: 9

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