Rubén Nuñes o Nuñez Ginez y Otros.

Expediente 1249/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1249/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
20/10/2016

Partes del expediente

  • Rubén Nuñes o Nuñez Ginez
  • Rubén Nuñes o Nuñez Ginez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    MESA VII B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 1249/2016, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse negado, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA VII B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil dieciséis. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el veintiséis de agosto del presente año, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Por lo anterior, devuélvase a la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, la documental que remitió en apoyo a su informe justificado, consistente en copia certificada de la causa penal 195/2015 de su registro. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    MESA VII B. Notificación personal por lista. (Quejoso) Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio 6284, signado por el Juez Segundo Penal del Distrito Judicial del Centro, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintitrés de agosto del actual, remite copia certificada de la resolución de veinte de junio del año en curso, emitida en el expediente penal 195/2015, de su índice, que resolvió la situación jurídica del quejoso Rubén Núñes Ginez o Rubén Núñez Ginez, decretando en su contra auto de formal prisión, como probable responsable en la comisión del delito de tentativa de homicidio calificado, cometido en agravio de Pedro Caballero Bolaños, así como por el delito de robo calificado con violencia a las cosas, cometido en perjuicio patrimonial de Pedro Caballero Bolaños y el Sindicato de Trabajadores de la Educación. Ahora bien, una vez analizadas en su integridad las constancias que obran en este asunto así como las remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que impone sobreseer fuera de audiencia en este juicio de control constitucional, en términos del diverso artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." La disposición legal transcrita (similar a la que preveía la fracción III del artículo 74 de la anterior Ley de Amparo) fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que cuando durante el juicio sobreviene una causa de improcedencia manifiesta e indudable, de tal manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, de las constancias de referencia, mismas que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que el quejoso Rubén Núñes Ginez o Rubén Núñez Ginez, se duele de la orden de aprehensión librada en su contra por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, así como de su pretendida ejecución atribuida al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, residente en esta ciudad. La autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, al rendir su informe justificado (fojas 87 y 88), convino en la existencia del acto reclamado, manifestando que el diez de octubre de dos mil quince, en el expediente penal 195/2015, libró orden de aprehensión contra el aquí quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de tentativa de homicidio calificado, cometido en agravio de Pedro Caballero Bolaños, y robo calificado con violencia a las cosas, cometido en perjuicio patrimonial de Pedro Caballero Bolaños y el Sindicato de Trabajadores de la Educación. En otro orden, se advierte que el Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, residente en esta ciudad, negó el acto reclamado (foja 48). Posteriormente, el veinte de junio del año en curso, la autoridad judicial responsable resolvió la situación jurídica del aquí quejoso Rubén Núñes Ginez o Rubén Núñez Ginez, decretando en su contra auto de formal prisión como probable responsable en la comisión de los ilícitos de referencia. En consecuencia, al haberse dictado auto de formal prisión contra el impetrante, operó un cambio de situación jurídica, por virtud del cual deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión reclamada por no poder decidirse respecto de dicho acto sin afectar la nueva situación jurídica creada por la resolución de plazo constitucional; por tanto, es evidente que en el caso sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: En esa tesitura, con fundamento en lo que dispone el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XVII del mismo ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia, en este juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, Tomo XXVII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y textos siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Desde luego, cabe puntualizar que el sentido de esta determinación comprende el acto de ejecución atribuido a la autoridad responsable ejecutora, en virtud de que el acto que se le reclama no se combate por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento del cual deriva. Se invoca en apoyo, por su contenido, la jurisprudencia, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 690, Tomo II, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. No pasa inadvertido que no se hubiere ordenado el emplazamiento a juicio a los terceros interesados Pedro Caballero Bolaños y el Sindicato de Trabajadores de la Educación, toda vez que con base en lo determinado en líneas anteriores, a nada práctico conduciría dar tiempo a ordenar el mismo, puesto que con tal determinación no se le causa perjuicio alguno. Apoya lo anterior la jurisprudencia P. V/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado. Por tanto, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio (foja 230). Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Por otra parte, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio 25162, signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, por el que solicita se le remita copia certificada de diversas constancias que integran el presente juicio de amparo; ello, en razón de que en auto de veinticuatro de agosto pasado, se tuvo por recibida dicha petición, por lo que mediante diverso 50102/2016 se le remitió copia certificada de dichas constancias. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MEWA VII B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio 6284, signado por el Juez Segundo Penal del Distrito Judicial del Centro, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintitrés de agosto del actual, remite copia certificada de la resolución de veinte de junio del año en curso, emitida en el expediente penal 195/2015, de su índice, que resolvió la situación jurídica del quejoso Rubén Núñes Ginez o Rubén Núñez Ginez, decretando en su contra auto de formal prisión, como probable responsable en la comisión del delito de tentativa de homicidio calificado, cometido en agravio de Pedro Caballero Bolaños, así como por el delito de robo calificado con violencia a las cosas, cometido en perjuicio patrimonial de Pedro Caballero Bolaños y el Sindicato de Trabajadores de la Educación. Ahora bien, una vez analizadas en su integridad las constancias que obran en este asunto así como las remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que impone sobreseer fuera de audiencia en este juicio de control constitucional, en términos del diverso artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." La disposición legal transcrita (similar a la que preveía la fracción III del artículo 74 de la anterior Ley de Amparo) fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que cuando durante el juicio sobreviene una causa de improcedencia manifiesta e indudable, de tal manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, de las constancias de referencia, mismas que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que el quejoso Rubén Núñes Ginez o Rubén Núñez Ginez, se duele de la orden de aprehensión librada en su contra por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, así como de su pretendida ejecución atribuida al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, residente en esta ciudad. La autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, al rendir su informe justificado (fojas 87 y 88), convino en la existencia del acto reclamado, manifestando que el diez de octubre de dos mil quince, en el expediente penal 195/2015, libró orden de aprehensión contra el aquí quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de tentativa de homicidio calificado, cometido en agravio de Pedro Caballero Bolaños, y robo calificado con violencia a las cosas, cometido en perjuicio patrimonial de Pedro Caballero Bolaños y el Sindicato de Trabajadores de la Educación. En otro orden, se advierte que el Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, residente en esta ciudad, negó el acto reclamado (foja 48). Posteriormente, el veinte de junio del año en curso, la autoridad judicial responsable resolvió la situación jurídica del aquí quejoso Rubén Núñes Ginez o Rubén Núñez Ginez, decretando en su contra auto de formal prisión como probable responsable en la comisión de los ilícitos de referencia. En consecuencia, al haberse dictado auto de formal prisión contra el impetrante, operó un cambio de situación jurídica, por virtud del cual deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión reclamada por no poder decidirse respecto de dicho acto sin afectar la nueva situación jurídica creada por la resolución de plazo constitucional; por tanto, es evidente que en el caso sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: En esa tesitura, con fundamento en lo que dispone el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XVII del mismo ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia, en este juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, Tomo XXVII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y textos siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Desde luego, cabe puntualizar que el sentido de esta determinación comprende el acto de ejecución atribuido a la autoridad responsable ejecutora, en virtud de que el acto que se le reclama no se combate por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento del cual deriva. Se invoca en apoyo, por su contenido, la jurisprudencia, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 690, Tomo II, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. No pasa inadvertido que no se hubiere ordenado el emplazamiento a juicio a los terceros interesados Pedro Caballero Bolaños y el Sindicato de Trabajadores de la Educación, toda vez que con base en lo determinado en líneas anteriores, a nada práctico conduciría dar tiempo a ordenar el mismo, puesto que con tal determinación no se le causa perjuicio alguno. Apoya lo anterior la jurisprudencia P. V/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado. Por tanto, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio (foja 230). Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Por otra parte, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio 25162, signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, por el que solicita se le remita copia certificada de diversas constancias que integran el presente juicio de amparo; ello, en razón de que en auto de veinticuatro de agosto pasado, se tuvo por recibida dicha petición, por lo que mediante diverso 50102/2016 se le remitió copia certificada de dichas constancias. Notifíquese personalmente.

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