Rubén Navarro Méndez
Expediente 66/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 66/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 19/05/2021
Partes del expediente
- Rubén Navarro Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos y al advertirse que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución del veintiséis de abril de dos mil veintiuno, mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha quedado firme. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una resolución que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Destino del incidente de suspensión. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que sobreseyó fuera de audiencia y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Tomando en consideración que la parte quejosa exhibió un documento original; con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlo en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que, en atención al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en donde en su artículo 2° se determinó que, si bien subsistía la situación de emergencia sanitaria, se levanta la suspensión de plazos y términos en cuestión a partir del tres de agosto de esta anualidad, deberá atender a los lineamientos referidos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal por el documento exhibido. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Puebla el disco compacto que anexó como apoyo a su informe justificado, lo anterior, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 19 DE MAYO DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos y al advertirse que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución del veintiséis de abril de dos mil veintiuno, mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha quedado firme. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una resolución que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Destino del incidente de suspensión. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que sobreseyó fuera de audiencia y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Tomando en consideración que la parte quejosa exhibió un documento original; con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlo en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que, en atención al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en donde en su artículo 2° se determinó que, si bien subsistía la situación de emergencia sanitaria, se levanta la suspensión de plazos y términos en cuestión a partir del tres de agosto de esta anualidad, deberá atender a los lineamientos referidos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal por el documento exhibido. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Puebla el disco compacto que anexó como apoyo a su informe justificado, lo anterior, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Se provee respecto de ampliación de demanda. Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante acuerdo de doce de marzo de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que ampliara su demanda de amparo respecto de los actos siguientes: 1. El oficio SISP/DOP/SUB-DIR-PROY/PLAN/0823/2020 del doce de noviembre de dos mil veinte, por medio del cual se le dio contestación a su escrito petitorio, 2. La respectiva notificación de ese oficio. 3. Si fuere el caso de reclamar como nuevo acto la contestación antes referida, precise si desea señalar como nueva autoridad responsable a la Subdirección de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Puebla. Ahora, mediante escrito presentado el cuatro de abril de dos mil veintiuno, la parte quejosa desahogó dicha vista en el que señaló únicamente como nuevo acto reclamado, el consistente en el oficio SISP/DOP/SUB-DIR-PROY/PLAN/0823/2020 del doce de noviembre de dos mil veinte, por virtud del cual la autoridad responsable dio respuesta a su escrito de petición presentado el cinco de noviembre de dos mil veinte. Posteriormente, en auto de siete de abril de dos mil veintiuno, se reservó proveer lo conducente respecto de dicho escrito de ampliación. En ese sentido, se procede a analizar la viabilidad de la ampliación de demanda aludida, tomando en consideración la totalidad de información, datos y constancias que obran en el presente asunto. Para tal efecto, resulta necesario traer a colación los antecedentes más relevantes que informan el presente asunto: El cinco de noviembre de dos mil veinte, la parte quejosa presentó escrito de petición ante la autoridad responsable solicitando lo siguiente: "(.) Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en (.), solicito a esta H. autoridad se sirva a realizar los trabajos necesarios de pavimentación respecto de la calle Privada 19 poniente Colonia Belisario Domínguez, Puebla, Puebla. En virtud que es derecho del suscrito y de todos los habitantes de la mencionada calle, tener vías de acceso, comunicación y tránsito e condiciones para poder ingresar a nuestras viviendas. Así mismo es facultad de esta H. Secretaría la pavimentación de calles del H. Ayuntamiento de puebla, por lo que es procedente la presente solicitud, en virtud que la mencionada privada, fue pavimentada en solo una parte, por lo que está incompleta la pavimentación de dicha privada, lo que se traduce en que si no se completan los trabajos de pavimentación de dicha privada, se está cometiendo un acto de discriminación, al no ser terminado dicho trabajo de pavimentación, en beneficio de toda la vialidad. (.)" A través del oficio SISP/DOP/SUB-DIR-PROY/DPLAN/0823/2020 de doce de noviembre de dos mil veinte, el Subdirector de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, dio respuesta al citado escrito de petición, en los términos siguientes: El veinticinco de enero de dos mil veintiuno, el quejoso promovió el presente juicio de amparo, señalando como acto reclamado el consistente en la omisión de no dar respuesta al escrito de petición presentado el cinco de noviembre de dos mil veinte, ante la autoridad responsable. Por acuerdo de doce de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable, y se dio vista al quejosa para que ampliara su demanda de amparo en contra de los actos siguientes: 1. El oficio SISP/DOP/SUB-DIR-PROY/PLAN/0823/2020 del doce de noviembre de dos mil veinte, por medio del cual se le dio contestación a su escrito petitorio, 2. La respectiva notificación de ese oficio. 3. Si fuere el caso de reclamar como nuevo acto la contestación antes referida, precise si desea señalar como nueva autoridad responsable a la Subdirección de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Puebla. El dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, el quejoso formuló alegatos, precisando que el nueve de febrero de dos mil veintiuno, la autoridad responsable le notificó personalmente el oficio SISP/DOP/SUB-DIR-PROY/DPLAN/0823/2020 de doce de noviembre de dos mil veinte, por el cual dio respuesta a su escrito de petición presentado el cinco de noviembre de dos mil veinte, tal como se desprende de la transcripción siguiente: "(.) En fecha de martes 9 de febrero, la autoridad responsable notificó al suscrito, la respuesta a mi solicitud de fecha 5 de noviembre de 2020, presentada ante la autoridad responsable, situación que había originado el presente juicio de garantías. (.)" A través del escrito presentado el cuatro de abril de dos mil veintiuno, el quejoso desahogó la vista que se le otorgó en acuerdo de doce de marzo de la presente anualidad, por el cual intenta ampliar su demanda de amparo. Cabe destacar que en dicho ocurso, el quejoso precisó que el nueve de abril de dos mil veintiuno le fue notificado el SISP/DOP/SUB-DIR-PROY/DPLAN/0823/2020, por el cual la autoridad responsable le dio respuesta a su escrito de petición. "(.)V. FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El martes 9 de febrero de 2021, la autoridad responsable notificó al suscrito respuesta a mi solicitud de fecha 5 de noviembre de 2020. En atención al auto de fecha 12 de marzo de 2021. (.)" Expuesto lo anterior, es necesario traer a cuenta diversas consideraciones en torno al momento en que inicia el plazo para ampliar la demanda de amparo, con motivo de la rendición del informe justificado y las constancias que al efecto haya exhibido la autoridad responsable. Sobre esa temática ya se ha pronunciado el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 368/2016, en los términos siguientes: "(.) Del análisis de los criterios mencionados en el considerando anterior, sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito, se advierte la existencia del punto de contradicción, consistente en determinar a partir de qué momento inicia el plazo para presentar el escrito de ampliación de demanda de amparo, con motivo de la rendición del informe justificado y constancias exhibidas por la autoridad responsable. QUINTO. Criterio que debe prevalecer. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio que a continuación se define, atento a lo siguiente: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido a la ampliación de la demanda como un acto procesal cuyo objeto consiste en adicionar o modificar lo expuesto en el escrito general, a fin de incorporar a la litis, elementos vinculados para que también los resuelva el juzgador. Sobre este ámbito, existen amplios criterios jurisprudenciales y aislados, que incluso durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada en donde no se encontraba prevista expresamente, ha existido, en general, un reconocimiento de esta institución, aceptándola y explicando su conveniencia. Así, la posibilidad de que una vez presentada la demanda de amparo, el quejoso pueda ampliarla, se ha considerado como parte de la impartición de justicia completa, pronta e imparcial. Al respecto, es interesante remitirse a la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de rubro y texto siguientes: (.) Esta labor jurisprudencial llevó al legislador a reconocer la ampliación de demanda en la vigente Ley de Amparo, específicamente en su artículo 111, tomando como base los elementos construidos durante su evolución: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." De la lectura del artículo se observa que la demanda de amparo puede ampliarse en dos supuestos: a) En primer lugar, cuando no hayan transcurrido los plazos para su presentación. b) Con independencia de lo anterior, cuando la parte quejosa tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En el segundo caso, que es el que interesa para efectos del análisis, se refiere al amparo indirecto y señala que la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional, o bien presentar una nueva demanda. Es importante advertir que la ampliación de la demanda de amparo constituye una posibilidad a favor del quejoso, quien podrá optar por esta vía hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional -cuando los actos novedosos guarden estrecha relación con los reclamados inicialmente-, o bien presentar una nueva demanda de amparo. Aun cuando este supuesto se refiere al conocimiento de actos de autoridad relacionados, incluye también la incorporación de autoridades responsables y conceptos de violación, bajo las mismas razones por las que este Tribunal Pleno determinó indispensable su incorporación antes de su regulación expresa en la Ley de Amparo, esto es, para dar una solución adecuada al conflicto que le plantea el quejoso, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal, que establece como garantía individual la impartición de justicia completa, además de pronta e imparcial, como se plasma en la siguiente jurisprudencia: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional. " También, se exige que la materia de ampliación de la demanda guarde estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, como pudiera ser un nuevo acto, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado o que hasta ese momento se conozca la fundamentación o motivación que sustenta el acto reclamado, lo que daría lugar a la ampliación sobre los conceptos de violación. Resulta ilustrativa la siguiente jurisprudencia de la Segunda Sala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU AMPLIACIÓN PARA COMBATIR, MEDIANTE NUEVOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, LOS VICIOS PROPIOS DE LOS ACTOS NOVEDOSOS VINCULADOS CON LOS RECLAMADOS INICIALMENTE. La ampliación de demanda de amparo indirecto constituye un medio para salvaguardar derechos fundamentales y resulta acorde con diversos principios. Aunado a ello, el artículo 111 de la Ley de Amparo condiciona su procedencia, por lo que hace a los actos novedosos vinculados con los reclamados inicialmente, a que se presente dentro de los plazos legales y a que no se haya celebrado la audiencia constitucional y, paralelamente, otorga al quejoso la prerrogativa de optar por promover una nueva demanda, en caso de no ampliarla. Por tanto, decretar la improcedencia de la ampliación de la demanda, con base en que esos nuevos actos se reclamen por vicios propios, a pesar de que no sea uno de los requisitos aludidos, equivale a imponer en su perjuicio una restricción y una obligación que ese ordenamiento jurídico no contempla. Además, el hecho de que dichos actos se combatan por vicios propios no justifica la inexistencia de la vinculación entre ellos, pues: a) ésta depende de los hechos del caso, y no de la manera en que se controviertan; b) una vez admitida la ampliación, nada impide que el análisis de constitucionalidad se realice respecto de cada uno de ellos de manera independiente; y, c) se trata de una cuestión que, en tanto influye en el estudio de fondo, no debe impactar en la fijación de la litis. Finalmente, como el artículo citado no establece restricción alguna para formular nuevos conceptos de violación en relación con los actos novedosos objeto de la ampliación, no existe impedimento legal alguno para hacerlo. " Para su acreditamiento es indispensable que no se tuviera conocimiento previo de lo que se alega como materia novedosa, pues de ser así, se actualizaría el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." El conocimiento de los aspectos novedosos puede actualizarse de distintas formas, pero en todo momento se debe atender a los plazos del artículo 17 de la misma disposición legal: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Advertido el plazo a que hace referencia el artículo 17 de la Ley de Amparo, debe atenderse a su artículo 18, en relación a la manera en que se debe computarse, pues se trata del ejercicio de la acción de amparo: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Se advierte que, salvo que se trate de normas generales autoaplicativas, el propio legislador determinó, de manera categórica, tres supuestos a partir de los cuales debe comenzar a computarse ese plazo, a saber: I. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; o II. A partir del día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, III. A partir del día siguiente a aquél en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De lo anterior se sigue que la Ley de Amparo prescribe como referente para iniciar el cómputo respectivo el momento en el cual, el quejoso tiene noticia del acto reclamado, bien sea por la notificación de este último o porque el propio quejoso tiene conocimiento o se ostenta sabedor del mismo o de su ejecución -supuestos que deben estar plenamente acreditados en el expediente respectivo-, con la única salvedad de aquellos casos en que se reclame una norma general autoaplicativa, en que el plazo respectivo comenzará a partir del día de su entrada en vigor. Así, ya sea que se decida ampliar la demanda, o bien, promover un nuevo juicio de amparo, el plazo y la manera de computarlo es la misma, pues esta alternativa se da en su tramitación, sin que se desnaturalice la acción y mucho menos sus reglas. Finalmente, la posibilidad de ampliar la demanda de amparo, está supeditada a que no se haya celebrado la audiencia constitucional, pues de ser así, únicamente quedará posibilitado de promover una nueva demanda de amparo. En resumen, debe atenderse a los siguientes elementos: 1) La ampliación de demanda constituye una opción a favor del quejoso, ya que también está en aptitud de presentar una nueva demanda de amparo. 2) La materia de ampliación de la demanda puede recaer sobre actos reclamados, autoridades responsables o conceptos de violación que el quejoso no estuviera en posibilidad de reclamarlos anteriormente. 3) Los aspectos novedosos, por los que se intenta ampliar la demanda deben guardar relación con los actos inicialmente reclamados. 4) Se debe presentar dentro de los plazos previstos el artículo 17 de la Ley de Amparo, tomando como referente para iniciar el cómputo respectivo, el artículo 18 de la misma disposición legal. 5) La ampliación de demanda podrá presentarse hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, pues pasado ese momento, sólo podrá promover un nuevo juicio de amparo. De esta forma, la ampliación de la demanda en cualquiera de sus supuestos, procede ante nuevos actos reclamados, nuevas autoridades responsables o la necesidad de presentar nuevos conceptos de violación derivados de la fundamentación y motivación que no se conocía con anterioridad. De ahí que la novedad y la relación con los actos reclamados sean el factor determinante. Ahora bien, la disposición legal, para efectos de ampliar la demanda, permite al quejoso, por cualquier medio, tener conocimiento de actos, autoridades o conceptos de violación vinculados a los reclamados. La mayoría de las veces ese conocimiento se desprende directamente de las constancias y contenido de los informes justificados que rinden las autoridades responsables. Respecto al informe justificado, el artículo 117 de la propia ley, establece que la autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación, con el que se dará vista a las partes, en el que se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo: "Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. [.] En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. [.]". De lo señalado, se observa que el informe justificado tiene por objeto exponer razones y fundamentos, así como exhibir el material probatorio relacionado con el acto reclamado, y por ello, el propio artículo, en el párrafo primero, señala que se le deberá dar vista a las partes. Al no existir un plazo previsto en la ley, aplica, de forma supletoria y con fundamento en el artículo 2°de la ley de la materia, el plazo genérico de tres días contemplado en el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Así, el acto procesal de dar vista tiene por objeto que los interesados hagan manifestaciones con respecto a la contestación de la autoridad responsable y pruebas exhibidas, dentro de una litis que previamente fue establecida en la demanda de amparo. No obstante lo anterior, podrá ocurrir que a partir de ese informe o derivado de las constancias exhibidas, el quejoso advierta la existencia de nuevos actos, autoridades, o bien, pueda formular adicionales conceptos de violación, a través de la ampliación de demanda. Sin embargo, tal posibilidad no está vinculada con la vista que se otorga a las partes para imponerse del contenido del informe justificado, ni del plazo de inicio de la ampliación de demanda se encuentra supeditado a que fenezca la mencionada vista, por ser actos procesales diferentes con finalidades también distintas, esto es, por un lado se encuentra la posibilidad de: (I) ampliar una demanda ante el conocimiento de actos, autoridades o aspectos novedosos relacionados -incorporando a la litis del amparo elementos que no habían sido integrados a la acción, y por ende es necesario solicitar un nuevo informe justificado, ya sea a la propia autoridad o a una nueva-; y por otro, (II) imponerse del contenido del informe justificado con relación a los argumentos y pruebas vinculados con el acto reclamado por el que originalmente se admitió el juicio de amparo. En ese sentido, lo relevante para considerar el momento en que debe computarse el inicio del plazo para la ampliación de demanda, no está relacionado con la vista que se otorga del informe justificado al quejoso, sino conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, ya que de otra manera se otorgaría injustificadamente una extensión del plazo para presentar la ampliación de demanda, cuando a través de un nuevo juicio de amparo no existe esa posibilidad. De ahí que, no se tienen diferentes plazos, pues la propia ley, en el artículo 111 señala que para la ampliación, rigen las mismas reglas como si se tratara de la presentación del escrito inicial. De esta manera, el inicio del plazo debe atender a alguno de los tres supuestos establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, que se funda en un principio de conocimiento de los actos reclamados. De esta manera, si al momento de recibir el informe justificado, el Juez de Distrito le da vista al quejoso con su contenido y constancias anexas, lo que sucede a través de la notificación correspondiente, éste se ubica dentro del primer supuesto al que hace referencia el multicitado artículo 18, pues será a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación correspondiente, que iniciará el plazo para presentar la ampliación de demanda. En la inteligencia que la vista otorgada al quejoso con el informe justificado y el plazo para manifestar al respecto, si bien coinciden en su inicio, de ninguna manera lo ubican en otro supuesto, dado que su finalidad es que el quejoso se imponga de los informes justificados y de las constancias de las autoridades responsables, a partir de su conocimiento, el cual, como se dijo, se obtiene por la notificación correspondiente, por ser el acto procesal a través del cual se entera a las partes, y no por haber transcurrido el tiempo para manifestar al respecto. Lo anterior, sin perjuicio de que pudiera actualizarse, con anterioridad a la notificación, alguno de los otros supuestos establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al que deberá atenderse, siempre que se acredite plenamente. No es óbice de lo anterior, el hecho que se busque que el quejoso tenga pleno conocimiento del contenido de los informes y que por esa razón se justifique que el plazo para presentar la ampliación de la demanda comience a correr a partir del vencimiento de la vista; esto es así, toda vez que el conocimiento de los actos procesales no depende de la vista, sino de la notificación que ordena el juzgador de amparo. Consecuentemente, una interpretación en la que se asumiera que el plazo para ampliar la demanda, debe computarse a partir del día siguiente al fenecimiento de la vista para imponerse del informe justificado, es decir, tomando como referente un supuesto no previsto en el artículo 18 del mismo ordenamiento, traería consigo, como consecuencia, alterar el contenido de esa norma jurídica -cuya racionalidad descansa en el conocimiento del acto reclamado-, ampliando, sin tener fundamento legal para ello, los plazos establecidos por el legislador democrático. (.)" De dicha ejecutoria derivó la jurisprudencia P./J. 8/2018 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, libro 53, abril de 2018, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO. El artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo incorpora expresamente la figura de la ampliación de la demanda de amparo, para los casos en que no hayan transcurrido los plazos para su presentación, o bien, cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional. Este segundo supuesto se actualiza cuando el quejoso tiene conocimiento de nuevos actos reclamados o autoridades responsables, o la necesidad de presentar conceptos de violación novedosos derivados de la fundamentación y motivación que no se conocía con anterioridad, siempre que exista una estrecha relación con los actos impugnados inicialmente. Ahora, si bien el supuesto es abierto, por lo regular el referido conocimiento deriva directamente de las constancias y del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. En este caso, el cómputo del plazo para presentar la ampliación de demanda inicia al día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe justificado y ordena dar vista al quejoso, excepto cuando se acredite plenamente, que antes de la mencionada notificación, éste se ubicó en alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que conoció con anterioridad la materia novedosa, en cuyo caso el cómputo inicia a partir del día siguiente a ese conocimiento; sin que lo anterior esté vinculado con la vista que se otorga a las partes para imponerse del contenido del informe justificado, por ser actos procesales diferentes con finalidades también distintas, esto es, por un lado se encuentra la posibilidad de: (i) ampliar la demanda ante el conocimiento de actos, autoridades o aspectos novedosos relacionados -incorporando a la litis del amparo elementos que no habían sido integrados al juicio y, por ende, es necesario solicitar un nuevo informe justificado, ya sea a la propia autoridad o a una nueva-; y, por otro, (ii) imponerse del contenido del informe justificado respecto de argumentos y pruebas relacionados con el acto reclamado por el que originalmente se admitió la demanda. Una interpretación en la que se asumiera que el plazo para ampliar la demanda debe computarse a partir del día siguiente al del fenecimiento de la vista para imponerse del informe justificado, traería consigo, como consecuencia, alterar el contenido del artículo 18 invocado, ampliando sin fundamento legal los plazos establecidos por el legislador." De dicho criterio se desprende, por una parte, que la posibilidad de ampliar la demanda de amparo se sujeta a dos elementos, a saber: Que no hayan transcurrido los plazos para la presentación del escrito de ampliación de demanda de amparo. Si la parte quejosa tiene conocimiento de actos de autoridad que se vinculen estrechamente con los impugnados inicialmente en la demanda de amparo. Por lo que hace al supuesto previsto en el inciso b), el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la ampliación de demanda debe presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, siempre y cuando no se haya celebrado audiencia constitucional o bien se presente una nueva demanda de amparo. Ahora, es importante resaltar que el Alto Tribunal precisó que para poder ampliar la demanda de amparo, la materia que se pretenda impugnar a través de aquélla debe guardar estrecha vinculación con los actos originalmente controvertidos, como puede ser un nuevo acto, la intervención de una autoridad diferente, o en su caso, que hasta ese momento la parte quejosa conozca la fundamentación o motivación que sustenta el acto que se pretende impugnar a través de la ampliación. Del mismo modo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó como elemento indispensable que debe ser analizado por el operador jurisdiccional, el hecho de que el nuevo acto que se pretenda impugnar, no haya sido del conocimiento previamente por el quejoso, ya que en el caso de ser así, se actualizaría la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. En efecto, se consideró que la materia novedosa que pretende incorporarse a la litis constitucional a través del escrito de ampliación de demanda, se puede conocer por el quejoso de diversas maneras. Es decir, el Alto Tribunal reconoció la posibilidad de que los actos nuevos que pretenden impugnarse a través de la ampliación, puedan ser conocidos por el quejoso mediante diversos mecanismos, sin sujetarlo propiamente al hecho de la vista que se da al impetrante con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Así, a pesar de la multiplicidad de casos conforme los cuales la parte quejosa puede conocer de esos actos novedosos, lo cierto es que la ampliación de demanda se sujeta ineludiblemente a los plazos que para tal efecto señala el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sobre ese punto, en el numeral 18 de la ley de la materia, se previó los supuestos en los cuales comienza a transcurrir el plazo para que la parte quejosa pueda impugnar los actos novedosos, a saber: A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación, conforme a la ley de la materia, la notificación al quejoso del acto o resolución impugnada. Al día siguiente de aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto que se pretende impugnar o de su ejecución. A partir del día siguiente de aquél en el que el peticionario de amparo se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De ese modo, en la Ley de Amparo se establece que el momento para que inicie el plazo para la presentación de la ampliación de demanda de amparo es el instante en que el quejoso tenga noticia del acto que pretende impugnar e incorporar a la litis constitucional. Así, ese conocimiento puede ser actualizado por virtud de la notificación al quejoso del acto que se pretende controvertir, o en su caso, a través de que el impetrante tenga conocimiento o se ostente sabedor del acto. Como se ha descrito, el Alto Tribunal reconoció la posibilidad de incorporar a un juicio de amparo, nuevos actos reclamados, los cuales deberán guardar estrecha vinculación con los inicialmente controvertidos en la demanda inicial. No obstante, fue categórico es señalar que esa incorporación de nuevos actos reclamados a la litis constitucional se condiciona a que la presentación de la ampliación respete el plazo para tal efecto, es decir, el señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Asimismo, como se ha indicado, el plazo aludido comenzará a computarse a partir del momento en que el quejoso tenga conocimiento o se haga sabedor de los actos reclamados que pretende incluir en el juicio de amparo vía ampliación. Por ende, si bien se prevé la posibilidad de que la parte quejosa controvierta actos novedosos que se relacionen directamente a los originalmente impugnados en la demanda de amparo inicial; lo cierto es que para controvertirlos a través de la ampliación de demanda, o en su caso, por virtud de un nuevo juicio de amparo, deben realizarse dentro del plazo legal correspondiente. Consecuentemente, para poder efectuar el cómputo relativo, debe precisarse el momento en que la parte quejosa conoció de la materia novedosa que pretende impugnarse mediante la ampliación, o en su defecto, a través de un nuevo juicio de amparo. Ahora, uno de los posibles casos en que el quejoso tenga conocimiento de esa materia novedosa que pretende controvertirse mediante la ampliación o un nuevo juicio de amparo, es cuando se le da vista con el contenido del informe justificado y las constancias que en su caso haya exhibido la autoridad responsable. Empero, también es posible que el quejoso conozca de la materia novedosa que se intenta impugnar por otros medios, como por ejemplo, la notificación que la autoridad responsable haya practicado respecto de un acto o resolución. De esa manera, en un determinado caso, es posible que la parte quejosa conozca de ese acto o resolución novedosa, no por la vista que se la haya otorgado respecto del informe justificado, sino que previamente a que éste se rindiera, la autoridad responsable le haya notificado al impetrante el contenido de esa resolución o acto novedoso. Así, de ser el supuesto en que previo a que la autoridad responsable rindiera su informe justificado, haya notificado al quejoso ese acto o resolución novedosa, será a partir de ese momento en que comenzará a computarse el plazo para que el impetrante promueva la ampliación de demanda de amparo, o en su caso, un nuevo juicio. Caso concreto. En esa tesitura, en el presente asunto la parte quejosa señaló en su demanda inicial de amparo, como acto reclamado, el consistente en la omisión de la autoridad responsable de darle respuesta a su escrito de petición presentado el cinco de noviembre de dos mil veinte. Ahora, es necesario precisar que en su escrito de ampliación de demanda, la parte quejosa señaló bajo protesta de decir verdad, que el nueve de febrero de dos mil veintiuno, la autoridad responsable le notificó la respuesta dada a su escrito de petición, tal como se advierte de la transcripción siguiente: "(.) IV. ACTO RECLAMADO. El oficio SISP/DOP/SUB-DIR-PROY/PLAN/0823/2020 del doce de noviembre de dos mil veinte, por medio del cual se dio contestación en sentido negativo a mi escrito de fecha 5 de noviembre del 2020 (escrito petitorio), (.). V. FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El martes 9 de febrero de 2021, la autoridad responsable notificó al suscrito, respuesta a mi solicitud de fecha 5 de noviembre de 2020. (.). ANTECEDENTES (.) 4. En fecha de martes 9 de febrero de 2021, la autoridad responsable (.) dio contestación a mi escrito petitorio, donde señala, en virtud que las obras se rigen bajo un Plan de Desarrollo Municipal y Programa Anual de Obras, no pueden atender en ese momento, pero esta respuesta en sentido negativo es a todas luces inconstitucional, (.)" Como se observa, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que conoció del oficio SISP/DOP/SUB-DIR-PROY/PLAN/0823/2020, por el que se dio respuesta a su escrito de petición, el nueve de febrero de dos mil veintiuno. En ese orden de ideas, el momento a partir del cual debe realizarse el cómputo para verificar si la ampliación de demanda de amparo se presentó de manera oportuna, es el nueve de febrero de dos mil veintiuno, el cual es la fecha en que el quejoso manifiesta -bajo protesta de decir verdad- que conoció del aludido oficio SISP/DOP/SUB-DIR-PROY/PLAN/0823/2020. Ahora, no es obstáculo a lo anterior que mediante acuerdo de doce de marzo de dos mil veintiuno, se dio vista para ampliar a la parte quejosa respecto del citado oficio; lo que únicamente en principio daría lugar a razonar que la fecha en que se notificó al quejoso dicho acuerdo es el momento que debe tenerse como punto de partida para hacer el cómputo para la ampliación de demanda. No obstante, como lo definió el Alto Tribunal es el momento en que el quejoso conoce de la materia novedosa cuando comenzará a computarse el plazo para ampliar la demanda de amparo, o instaurar un nuevo juicio. Empero, no solamente ese conocimiento de la materia novedosa se da por virtud de la vista que se da al quejoso respecto del informe justificado y constancias rendidas por la autoridad responsable, sino que puede suscitarse por otros medios, como por ejemplo, que la propia autoridad haya notificado al quejoso del acto novedoso previamente a que se otorgue la vista del informe justificado. Caso que en el presente asunto se actualiza, en la medida en que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que el nueve de febrero de dos mil veintiuno, la autoridad responsable le notificó el contenido del oficio SISP/DOP/SUB-DIR-PROY/PLAN/0823/2020, por medio del cual se dio respuesta a su escrito de petición de cinco de noviembre de dos mil veinte. De ese modo, el quejoso conoció del acto novedoso previamente a la vista que se le otorgó en acuerdo de doce de marzo de dos mil veintiuno [notificado el veintitrés de marzo de la presente anualidad]; es decir, conoció en primer lugar del oficio SISP/DOP/SUB-DIR-PROY/PLAN/0823/2020 no por virtud de la notificación del aludido proveído, sino por la diversa practicada por la autoridad responsable el nueve de febrero de dos mil veintiuno. Consecuentemente, el punto de partida para realizar el cómputo de la oportunidad de la ampliación de demanda de amparo, es el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del oficio SISP/DOP/SUB-DIR-PROY/PLAN/0823/2020, que fue el nueve de febrero de dos mil veintiuno; máxime que en el caso concreto, el impetrante no controvirtió en modo alguno la legalidad de la notificación practicada por la autoridad responsable. Sobre esa base, el plazo de quince días para promover la ampliación de demanda, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, comenzó a transcurrir a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del oficio SISP/DOP/SUB-DIR-PROY/PLAN/0823/2020, es decir, al día siguiente hábil siguiente al nueve de febrero de dos mil veintiuno. El cómputo aludido se demuestra a continuación: Febrero-Marzo 2021 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 9 Fecha en que conoció del oficio SISP/DOP/SUB-DIR-PROY/PLAN/0823/2020 10 Día 1 11 Día 2 12 Día 3 13 (Inhábil) 14 (Inhábil) 15 Día 4 16 Día 5 17 Día 6 18 Día 7 19 Día 8 20 (Inhábil) 21 (Inhábil) 22 Día 9 23 Día 10 24 Día 11 25 Día 12 26 Día 13 27 (Inhábil) 28 (Inhábil) 1 Día 14 2 Día 15 Último día para presentar la ampliación de demanda de amparo en contra del oficio SISP/DOP/SUB-DIR-PROY/PLAN/0823/2020 3 4 5 6 (Inhábil) 7 (Inhábil) Como se desprende de lo anterior, el plazo para que la parte quejosa promoviera la ampliación de demanda de amparo en contra del SISP/DOP/SUB-DIR-PROY/PLAN/0823/2020 por virtud del cual la autoridad responsable dio respuesta a su escrito de petición, transcurrió del diez de febrero al dos de marzo, ambos de dos mil veintiuno. Por su parte, el quejoso promovió la ampliación de demanda aludida hasta el cuatro de abril de dos mil veintiuno, lo que conduce a estimar se presentó fuera del plazo de quince días, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo. En ese orden, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 todos de la Ley de Amparo; en forma manifiesta e indudable y, por tanto, se desecha de plano la ampliación de la demanda de amparo respecto del nuevo acto reclamado consistente en el SISP/DOP/SUB-DIR-PROY/PLAN/0823/2020 de doce de noviembre de dos mil veinte, emitida por la autoridad responsable. Se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional. En diverso aspecto, como se indicó en párrafos superiores la parte quejosa señaló, en esencia, como acto reclamado el consistente en la omisión de dar respuesta al escrito de petición que presentó ante la autoridad responsable el cinco de noviembre de dos mil veinte. Expuesto lo anterior, este juzgado federal estima que, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo esa óptica jurídica, conviene reiterar que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión dar respuesta a su escrito de petición presentado el cinco de noviembre de dos mil veinte. En ese sentido, al rendir su informe justificado la autoridad responsable remitió copia certificada del oficio SISP/DOP/SUB-DIR-PROY/PLAN/0823/2020, de doce de noviembre de dos mil veinte, por virtud del cual dio respuesta al aludido escrito de petición del quejoso. Dicho oficio es del tenor siguiente: Como se advierte de la imagen preinserta, el doce de noviembre de dos mil veinte, la autoridad responsable dio respuesta al escrito de petición que el quejoso le presentó el cinco de dicho mes y año, en el sentido que la solicitud de pavimentación de la calle indicada era improcedente por las razones ahí expuestas De ese modo, si en el caso concreto la quejosa reclamó la omisión de dar respuesta a su escrito de petición presentado el cinco de noviembre de dos mil veinte, es posible precisar que dicha omisión ha cesado en sus efectos. Lo anterior, en la medida en que la autoridad responsable abordó y se pronunció en torno a la solicitud de la quejosa relativa a que se pavimentara la calle indicada, dando como resultado que dicha solicitud era inviable, ante lo cual los efectos de la omisión que impugnó el peticionario de amparo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Por tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por tanto, SE SOBRESEE EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, de conformidad con el ordinal 63, fracción V, de esa ley. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por último, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la improcedencia del juicio constitucional, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las TRECE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, háganse las anotaciones en el libro respectivo y dese de baja el asunto, asimismo se ordena realizar la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable y al ministerio público de la adscripción.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, trece de abril de dos mil veintiuno. Diferimiento de audiencia constitucional. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra señalado el día de hoy para el desahogo de la audiencia constitucional; sin embargo, se encuentra transcurriendo el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa mediante proveído de doce de marzo de dos mil veintiuno a fin de que manifieste si amplía o no su demanda de amparo en los términos establecidos en el citado proveído. Sin que obste a lo anterior que mediante proveído del siete de abril de dos mil veintiuno se tuvo por recibido un escrito de la parte quejosa en el que ampliaba su demanda de amparo por cuanto hace al acto consistente en el oficio a través del cual la autoridad le dio contestación a su petición, no obstante, se reservó acordar respecto del contenido del mismo hasta feneciera el plazo otorgado. En tal sentido, para dar tiempo a que transcurra lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose en su lugar las TRECE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO; lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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