Ruben Moscoso Portela

Expediente 433/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
433/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
14/07/2023

Partes del expediente

  • Ruben Moscoso Portela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de julio de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que a la fecha en que se actúa las partes no se inconformaron en contra de la resolución de trece de junio de dos mil veintitrés, mediante la cual se declaró sin materia la ejecutoria de amparo; con apoyo en el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se declara que la citada resolución ha causado estado; hágase saber lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el inciso a), fracción III, del artículo 17 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente principal en que se actúa es CONSERVABLE en el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, ya que se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se concedió la protección constitucional. En tales condiciones, una vez concluido el plazo establecido en el párrafo precedente, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Como lo dispone el artículo 34 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Y verifíquese que todas las constancias y documentos del expediente físico estén digitalizados e incorporados al expediente electrónico. Tratándose de constancias y documentos electrónicos, no será necesaria su incorporación al expediente físico. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del artículo 3 fracción XVIII del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Asimismo, se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Por tanto, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Iván Pantoja Salazar, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de junio de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable, respecto de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, Novena Época, página 243, de rubro "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, el siete de marzo de dos mil veintitrés y, turnada a este Juzgado de Distrito el ocho de marzo siguiente, Rubén Moscoso Portela, promovió juicio de amparo en contra de las autoridades responsables y los actos reclamados que a continuación se precisan: La omisión de vigilar que se notifique a los testigos Claudia Hernández Vargas, Margarita Cruz Duran y José Armando García Arroyo, el auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés mediante el cual señaló las once horas con treinta minutos del veintiocho de abril de dos mil veintitrés para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la demandada Max Seguridad Privada Sociedad Anónima de Capital Variable, dentro del juicio laboral D-3/921/2014, de su índice, promovido por el ahora quejoso Rubén Moscoso Portela. Del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. La omisión de notificar a los referidos atestes el auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral de origen. Seguidos los trámites de ley, el diez de abril de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito celebró audiencia constitucional y dictó sentencia en la que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para el efecto siguiente: "Por tanto, lo procedente es conceder el amparo solicitado a Rubén Moscoso Portela para el efecto de que Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, una vez que se declare ejecutoriada la presente resolución, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo y en cumplimiento a las facultades que le otorga la ley, vigile que se notifique a los testigos Claudia Hernández Vargas, Margarita Cruz Duran y José Armando García Arroyo, el auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral D-3/921/2014, de su índice y, la Actuaria adscrita a dicha Junta realice la notificación correspondiente." En consecuencia, una vez transcurrido el término sin que las partes se inconformaran con la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas, mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se declaró ejecutoriada dicha sentencia, y se requirió a la autoridad responsable para que en el término de tres días informaran a este juzgado sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, debiendo remitir copia certificada de las constancias respectivas. Mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado de Distrito el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, remitió copia certificada del proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral D-3/921/2014, de su índice mediante el cual decretó la deserción de la prueba testimonial ofrecida por la parte demanda a cargo de Claudia Hernández Vargas, Margarita Cruz Duran y José Armando García Arroyo, en razón de que no comparecieron al desahogo de dicha prueba, ante la imposibilidad de ser notificados dado que los domicilios proporcionados por la demandada oferente eran incorrectos. Tal documental tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente de la Ley de Amparo. Con la anterior constancia, por auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniera. Ahora bien, en el presente caso, se concedió el amparo para que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, vigilara que se realizara la notificación a los testigos Claudia Hernández Vargas, Margarita Cruz Duran y José Armando García Arroyo, respecto del auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral D-3/921/2014, de su índice y, la Actuaria adscrita a dicha Junta realizara la notificación correspondiente. Sin embargo, se estima que el cumplimiento del presente amparo ha quedado sin materia, debido a que aunque se impuso una obligación de hacer a las autoridades responsables (vigilar que se realizara la notificación a los testigos), lo cierto es que, el juicio laboral de origen ya no guarda estado para cumplir con tal obligación, dado que por audiencia de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se decretó la deserción de la prueba testimonial ofrecida por la parte demanda a cargo de Claudia Hernández Vargas, Margarita Cruz Duran y José Armando García Arroyo, ante la imposibilidad de notificar a dichos atestes, pues los domicilios proporcionados por la demandada oferente eran incorrectos. Esto es así, ya que se modificó el entorno procesal del juicio laboral de origen, pues actualmente se decretó la deserción de la testimonial de mérito. En mérito a lo anterior, y de acuerdo con la interpretación que hizo el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, de la jurisprudencia P/J. 23/2018, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inejecución de sentencia en el amparo indirecto 864/2022, del índice de este juzgado, se arriba a la conclusión de que en los casos como el que nos ocupa, revela inexistencia de la materia del cumplimiento al fallo protector, ante la desaparición de las condiciones que le dieron origen. Así, conforme al artículo 214 invocado, no podrá archivarse el juicio de amparo hasta que se encuentre enteramente cumplida la sentencia que concede la protección constitucional al quejoso, salvo el caso en que aparezca que ya no existe materia para su ejecución, supuesto que no debe ser confundido con el de la imposibilidad material o jurídica para que la responsable dé cumplimiento a la sentencia de amparo. En ese sentido, la hipótesis que establece el precitado artículo 214 de la Ley de Amparo para determinar el archivo de un juicio de amparo sin que se haya cumplido la ejecutoria de amparo implica que sus efectos no puedan materializarse al haber dejado de existir la condición que motivó la concesión. Por ende, una vez que cause estado la presente actuación, se ordena el archivo del expediente, al no existir materia para proseguir el cumplimiento del fallo con relación a vigilar que se notificara a los testigos ofrecidos por la parte demandad en el juicio laboral de origen, pues desapareció la materia del cumplimiento, al haberse decretado la deserción de dicha prueba. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Ingrid Jordana Arteaga Hughes, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de junio de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable, respecto de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, Novena Época, página 243, de rubro "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, el siete de marzo de dos mil veintitrés y, turnada a este Juzgado de Distrito el ocho de marzo siguiente, Rubén Moscoso Portela, promovió juicio de amparo en contra de las autoridades responsables y los actos reclamados que a continuación se precisan: La omisión de vigilar que se notifique a los testigos Claudia Hernández Vargas, Margarita Cruz Duran y José Armando García Arroyo, el auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés mediante el cual señaló las once horas con treinta minutos del veintiocho de abril de dos mil veintitrés para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la demandada Max Seguridad Privada Sociedad Anónima de Capital Variable, dentro del juicio laboral D-3/921/2014, de su índice, promovido por el ahora quejoso Rubén Moscoso Portela. Del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. La omisión de notificar a los referidos atestes el auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral de origen. Seguidos los trámites de ley, el diez de abril de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito celebró audiencia constitucional y dictó sentencia en la que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para el efecto siguiente: "Por tanto, lo procedente es conceder el amparo solicitado a Rubén Moscoso Portela para el efecto de que Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, una vez que se declare ejecutoriada la presente resolución, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo y en cumplimiento a las facultades que le otorga la ley, vigile que se notifique a los testigos Claudia Hernández Vargas, Margarita Cruz Duran y José Armando García Arroyo, el auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral D-3/921/2014, de su índice y, la Actuaria adscrita a dicha Junta realice la notificación correspondiente." En consecuencia, una vez transcurrido el término sin que las partes se inconformaran con la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas, mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se declaró ejecutoriada dicha sentencia, y se requirió a la autoridad responsable para que en el término de tres días informaran a este juzgado sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, debiendo remitir copia certificada de las constancias respectivas. Mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado de Distrito el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, remitió copia certificada del proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral D-3/921/2014, de su índice mediante el cual decretó la deserción de la prueba testimonial ofrecida por la parte demanda a cargo de Claudia Hernández Vargas, Margarita Cruz Duran y José Armando García Arroyo, en razón de que no comparecieron al desahogo de dicha prueba, ante la imposibilidad de ser notificados dado que los domicilios proporcionados por la demandada oferente eran incorrectos. Tal documental tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente de la Ley de Amparo. Con la anterior constancia, por auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniera. Ahora bien, en el presente caso, se concedió el amparo para que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, vigilara que se realizara la notificación a los testigos Claudia Hernández Vargas, Margarita Cruz Duran y José Armando García Arroyo, respecto del auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral D-3/921/2014, de su índice y, la Actuaria adscrita a dicha Junta realizara la notificación correspondiente. Sin embargo, se estima que el cumplimiento del presente amparo ha quedado sin materia, debido a que aunque se impuso una obligación de hacer a las autoridades responsables (vigilar que se realizara la notificación a los testigos), lo cierto es que, el juicio laboral de origen ya no guarda estado para cumplir con tal obligación, dado que por audiencia de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se decretó la deserción de la prueba testimonial ofrecida por la parte demanda a cargo de Claudia Hernández Vargas, Margarita Cruz Duran y José Armando García Arroyo, ante la imposibilidad de notificar a dichos atestes, pues los domicilios proporcionados por la demandada oferente eran incorrectos. Esto es así, ya que se modificó el entorno procesal del juicio laboral de origen, pues actualmente se decretó la deserción de la testimonial de mérito. En mérito a lo anterior, y de acuerdo con la interpretación que hizo el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, de la jurisprudencia P/J. 23/2018, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inejecución de sentencia en el amparo indirecto 864/2022, del índice de este juzgado, se arriba a la conclusión de que en los casos como el que nos ocupa, revela inexistencia de la materia del cumplimiento al fallo protector, ante la desaparición de las condiciones que le dieron origen. Así, conforme al artículo 214 invocado, no podrá archivarse el juicio de amparo hasta que se encuentre enteramente cumplida la sentencia que concede la protección constitucional al quejoso, salvo el caso en que aparezca que ya no existe materia para su ejecución, supuesto que no debe ser confundido con el de la imposibilidad material o jurídica para que la responsable dé cumplimiento a la sentencia de amparo. En ese sentido, la hipótesis que establece el precitado artículo 214 de la Ley de Amparo para determinar el archivo de un juicio de amparo sin que se haya cumplido la ejecutoria de amparo implica que sus efectos no puedan materializarse al haber dejado de existir la condición que motivó la concesión. Por ende, una vez que cause estado la presente actuación, se ordena el archivo del expediente, al no existir materia para proseguir el cumplimiento del fallo con relación a vigilar que se notificara a los testigos ofrecidos por la parte demandad en el juicio laboral de origen, pues desapareció la materia del cumplimiento, al haberse decretado la deserción de dicha prueba. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Ingrid Jordana Arteaga Hughes, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través del cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite lo siguiente: - Copia certificada del acuerdo emitido el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en el juicio laboral D-3/921/2014 de su índice, de cuyo contenido se advierte que decretó la deserción de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada a cargo de los testigos Claudia Hernández Vargas, Margarita Cruz Duran y José Armando García Arroyo. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la partes con las constancias de cuenta, por el plazo de tres días legalmente computado, para que se impongan de su contenido y, en su caso, manifiesten lo que a su interés convenga respecto a lo informado por la autoridad responsable; se apercibe a las partes que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.

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