Ruben Morales Rentería

Expediente 361/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
361/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
09/03/2016

Partes del expediente

  • Ruben Morales Rentería

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; como de la certificación que antecede se desprende que ya transcurrió el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa, hubiese recurrido el acuerdo dictado el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INTENTADA, por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; consecuentemente; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, y archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos...II

  2. Principal

    Visto el escrito de cuenta, signado por , mandatario judicial de la parte quejosa, atento al contenido del mismo, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2, devuélvase los documentos que indica, dejando en su lugar, copia certificada de los mismos, las cuales deberán estar perfectamente legible y razón que de su recibo quede en autos, teniéndose como autorizados para recogerlos, únicamente al quejoso, o bien, a alguno de sus autorizados en términos del artículo 12 de la invocada Ley, con facultades amplías...II

  3. Principal

    CUMPLE PREVENCIÓN Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta suscrito por RUBEN MORALES RENTERÍA, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, en consecuencia se provee: DESECHAMIENTO A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "causa manifiesta e indudable de improcedencia", ha sido explicado por su contenido y alcance en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ciertamente, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. ACTO RECLAMADO En el caso que nos ocupa, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución de veintidós de enero de dos mil dieciséis, emitida por el Juez Octavo de Primera Instancia Civil de Querétaro, dentro del expediente 2014/2011, en la que se niega señalar día y hora para el remate del inmueble embargado. ANTECEDENTES Previamente, conviene reseñar los antecedentes de demanda, que a saber son: El aquí promovente, figura como mandatario judicial de la parte actora Carlos Alberto Hernández Venegas, ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil de Querétaro, dentro de los autos del expediente 2042014/2011, relativo al juicio ejecutivo mercantil, seguido en contra de Juana González Moreno y Antonio Jiménez Martínez. El dieciocho de enero de dos mil doce, se ordenó la inscripción del embargo del inmueble ubicado en calle Miguel Ángel Asturias número 100, colonia Prados del Mirador, propiedad de los demandados, por lo que giró oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro. Seguidos los cauces del procedimiento, el seis de septiembre de dos mil trece, se dictó sentencia definitiva, en la que se condenó a los demandados al pago de la cantidad de $200,000.00, pago de intereses moratorios a razón del 6% mensual y al pago de gastos y costas, sentencia que causó ejecutoria el nueve de abril de dos mil catorce. Por lo que, la parte actora solicitó fecha para el remate del inmueble embargado, a lo que el Juez responsable, indica que previo al a acordar de conformidad la petición realizada, se debía exhibir certificado de gravamen en el que constara la propiedad de dicho inmueble a nombre de la demandada Juana González Moreno, y posteriormente el veintiuno de octubre de dos mil quince, niega señalar fecha para el remate de dicho inmueble. Siendo así las cosas, la parte actora promovió recurso de revocación, el cual se resolvió el veintidós de enero de dos mil dieciséis, que declaró improcedente y confirmó el auto de veintiuno de octubre de dos mil quince. Siendo ésta determinación la que constituye el acto reclamado. Así, en el caso, se desprende que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario; dispositivos que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso; en tanto que si se trata de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Atento a lo establecido en el último de los dispositivos transcritos, conviene puntualizar que por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Esa será entonces, la resolución impugnable en amparo y no las que la precedan, tendientes a hacer efectiva la sentencia, puesto que el cumplimiento de éstas no debe obstaculizarse por ser de interés público. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de ejecución, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2007355, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, septiembre de dos mil catorce, página mil setecientos treinta y ocho, que dice: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla." Al respecto se invoca la jurisprudencia emitida por Nuestro Más Alto Tribunal, en la tesis visible en la página 7, del Tomo VI, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, actualización 2001, del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." De igual forma, es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 177, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible a página 145, del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Luego, si en el caso a estudio la parte quejosa acude al juicio de amparo pretendiendo reclamar la resolución de veintidós de enero de dos mil dieciséis, dictada por el Juez responsable en el juicio ejecutivo mercantil 2014/2011, en el que confirma el auto de veintiuno de octubre de dos mil quince, y se niega señalar fecha para el remate del inmueble embargado, lo anterior es evidentemente no constituye la última resolución en la etapa de ejecución de sentencia, es decir, la que tiene por cumplida dicha determinación, sino sólo representa una actuación judicial para hacer eficaz y definitiva la resolución. Atendiendo a lo anterior, al no encuadrarse el juicio propuesto dentro de los supuestos establecidos por el citado normativo, el mismo resulta improcedente, actualizándose de forma manifiesta e indudable, la hipótesis prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en vinculación con el diverso 107, fracción IV del propio ordenamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones jurídicas que la informan, la tesis 1ª./J. 36/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, visible a página 75, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." Sin que pase inadvertido para este Juzgador, la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno del más alto Tribunal del País, visible en la página seis, tomo XXXIII, enero de dos mil once, Novena Época, Registro 163152, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE"; toda vez que en el caso particular, no nos encontramos ante una resolución que vulnere derechos sustantivos de la parte demandada, aquí quejosa, habida cuenta que acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales, sin causar perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos, como propiedades, posesiones o derechos, al no implicar por sí mismo la obtención de una resolución desfavorable en la contienda de origen; además no es la última dictada en ejecución del sentencia; por ende, el mencionado acto no podrá ser impugnado en amparo desde luego, sino sólo al mismo tiempo que lo sea la última resolución que se llegue a dictar en el procedimiento de ejecución correspondiente, sin que en el caso particular existe una vulneración inmediata a su derecho. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 del ordenamiento en consulta, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. Apoya la conclusión de mérito, la Jurisprudencia I.1º.A. J/4, visible en la página ochocientos noventa, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." NOTIFICACION PERSONAL Finalmente, con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo, notifíquese de forma personal a la parte promovente, con copia autorizada del presente proveído...II

  4. Principal

    Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Jefe de Departamento de Asuntos Fiscales adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado de Querétaro, delegado del Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y del Director de Ingresos adscrito a dicha Secretaría, mediante el cual exhibe copia el cheque número 0333225, por la cantidad de $6,299.00 (SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), a nombre de la parte quejosa ********************; en esa virtud, se reserva proveer lo conducente, una vez que cause ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio...II

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