Rubén Montaño Verduzco
Expediente 285/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 285/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 19/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rubén Montaño Verduzco
- Verónica Montaño Verduzco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, por medio del cual acusa recibo del oficio 16852, por el que se hizo de su conocimiento que la sentencia emitida en autos había causado ejecutoria y por el cual se le devolvió el expediente 393/2016 de su índice. De lo anterior, este juzgado federal toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos de la Octava Sala Civil del Poder Judicial del Estado, encargada del Despacho por Ministerio de Ley, debido a la ausencia de su Titular, mediante el cual acusa recibo de la diversa comunicación por el que se remitió el toca ******************** de su índice. De lo anterior, este juzgado federal toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de agosto de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/3443/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA" ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio suscrito por la Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, por el cual informa la fecha en que devolvió el despacho 324/2022; sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento de lo anterior, debido a que el siete de julio del año en curso se tuvo por recibido el despacho de cuenta y se acordó lo propio respecto de las constancias relacionadas con el mismo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cincuenta minutos del veintinueve de julio de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 285/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las que se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con las documentales allegadas por la parte quejosa así como con las que adjuntaron las autoridades responsables a sus respectivos informes justificados. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por razón de su propia y especial naturaleza las documentales descritas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que únicamente formuló alegatos la parte tercera interesada. Con relación a lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte tercera interesada por formulados sus alegatos; y, por precluido el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el once de marzo de dos mil veintidós en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, Rubén Montaño Verduzco, en cuanto albacea definitivo de la sucesión a bienes de María Martha Verduzco Acuña, compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, contra actos de la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán así como de la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán. Actos que estimó violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, órgano jurisdiccional que la registró en el libro de gobierno con el número 285/2022 y previo cumplimiento a requerimientos, la admitió en auto de once de mayo de dos mil veintidós; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Juzgado Federal la intervención legal que le compete; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se reservó proveer respecto a la existencia de terceros interesados; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Carácter tercero interesado. En proveído de diez de junio de dos mi veintidós, se reconoció el carácter de terceras interesadas a Verónica y Adriana Montaño Verduzco y se ordenó su emplazamiento. Seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue emitido por una autoridad con residencia en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención además a los criterios señalados, el acto reclamado por la parte quejosa a la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán así como a la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán es: La resolución dictada el once de febrero de dos mil veintidós, dentro del toca de apelación I-27/2022 formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por Rbuén Montaño Verduzco, en contra de la interlocutoria que resolvió el incidente de remoción de albacea, planteado en el juicio sucesorio intestamentario 393/2016 radicado a bienes de María Martha Verduzco Acuña; y, su ejecución. En dicha resolución se confirmó la interlocutoria en la cual la referida jueza determinó que era fundado el incidente de remoción de albacea. Tercero. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados por la parte quejosa a la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán así como a la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. Certeza que se corrobora con la prueba documental que acompañó a su informe justificado, consistente en los autos originales del toca de apelación I-27/2022 [un tomo]. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte la resolución de once de febrero de dos mil veintidós; de ahí que se tenga debidamente probado el acto reclamado. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia Común, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa son infundados en una parte e inoperantes en otra. En una parte de sus conceptos de violación señala el quejoso que la Magistrada violó en su perjuicio los artículos 844, 870, 872, 888, 933 del Código Civil del Estado así como el 1000, 1037, 1039, 1082, 1085, 1089 y 1092 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, que con ello se vulneraron sus garantías individuales y derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales y se le dejó en estado de indefensión al no haberse observado las formalidades esenciales del procedimiento, al habérsele condenado a una situación que escapa de su control y a ejecutar actos que no está en posibilidad e cubrir. Motivo de disenso que es infundado. Ello, porque como se advierte de la jurisprudencia P./J.47/95 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 133 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, Materias Constitucional-Civil, Novena Época, registro 200234, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO", el derecho de audiencia, establecido en el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Tales formalidades son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que de manera genérica se traducen en los requisitos siguientes: 1. Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. 2. Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que se finque la defensa. 3. La oportunidad de alegar. 4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En el caso, de las constancias que remitió la responsable; se advierte que el quejoso fue llamado al juicio sucesorio de origen, tan es así que fue designado como albacea definitivo de María Martha Verduzco Acuña; por lo que refiere al incidente de remoción de su cargo planteado por sus hermanas Verónica y Adriana Montaño Verduzco, también se hizo de su conocimiento su trámite, e incluso mediante escrito presentado el uno de octubre de dos mil veintiuno, dio contestación al mismo, se dictó la resolución correspondiente a dicho incidente y tuvo oportunidad de apelarla; por tanto, es evidente que no se violaron en detrimento del quejoso las formalidades esenciales del procedimiento. En otra parte de sus motivos de inconformidad plantea el quejoso que existe una contradicción por parte de la Magistrada ya que primero indica que no se necesita la posesión de los bienes para ejercer el cargo de albacea y por ende administrarlos; y, enseguida señala que el "albacea tiene un poder de hecho cuando se puede disponer tangiblemente de algo"; pero que él no tiene tal poder porque no existe constancia alguna sobre ese particular, por lo que invocaba el principio consistente en que "nadie está obligado a lo imposible". Argumento que es infundado, porque contrario a lo precisado por el quejoso, la Magistrada no incurrió en contradicción alguna, puesto que de la lectura del acto reclamado se advierte que fue enfática al determinar que no se necesitaba la posesión de los bienes para ejercer el cargo de albacea y no que haya señalado que el "albacea tiene un poder de hecho cuando se puede disponer tangiblemente de algo", esto es, nunca adujo que un albacea tiene poder de hecho cuando pueda disponer tangiblemente de algo, tal como se puede constatar de la parte de la sentencia relativa, la cual se trae a glosa para evidenciar lo afirmado por este órgano de control constitucional: "En ese contexto, es inconcuso que el inconforme Rubén Montaño Verduzco estaba constreñido a rendir cuenta de administración de los bines de la masa hereditaria, independientemente de que los tuviera en posesión material, ya que en ninguno de los preceptos legales con antelación invocados se establece como indispensable la posesión material del acervo hereditario; por el contrario, según el Diccionario de la Real Academia, el término "administrar" tiene también las siguientes dos acepciones "Ordenar, disponer, organizar en especial la hacienda de los bienes" y "Desempeñar o ejercer un cargo, oficio o dignidad"; de tal manera que la ley no requiere una posesión material para el desempeño de uno y otro deberes de albacea, sino solamente un poder de hecho o disponibilidad del acervo hereditario, el cual lo tiene el representante de la sucesión por el solo hecho de encontrarse investido de ese cargo; razonar en forma contraria equivaldría a sostener que la función del albaceazgo no podría comenzar hasta en tanto se tuviera la posesión material de los bienes de la sucesión". Además, de lo transcrito se advierte que la magistrada por un poder de hecho o disponibilidad del acervo literario, adujo que lo tenía el representante de la sucesión por el solo hecho de encontrarse investido de ese cargo y no por contar con la posesión material de los bienes de tal sucesión. En otra parte de sus conceptos de violación manifiesta el quejoso que la jurisprudencia invocada por la Sala responsable en las fojas 12 y 13 del acto reclamado de rubro "MASA HEREDITARIA. EL JUZGADOR DEBE PONDERAR EN CADA CASO, VÍA INCIDENTAL, SI EL ALBACEA DEBE O NO TENER LA POSESIÓN MATERIAL DE TODOS LOS BIENES QUE LA CONFORMAN PARA DESEMPEÑAR ADECUADAMENTE LAS FUNCIONES QUE LE SON PROPIAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1036 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACÁN ABROGADO, DE IDÉNTICA REDACCIÓN AL ARTÍCULO 1000 DEL ORDENAMIENTO VIGENTE)", daba la pauta para refutar su propio argumento en el sentido de que al albacea -aquí quejoso- estaba obligado a presentar tanto la cuenta mensual de administración como el proyecto de distribución provisional de los productos aunque no tuviera en posesión los bienes, ya que de la misma se advierte que no puede el juez aplicar esa regla a "rajatabla" en todos los casos, sino que debe ponderar las múltiples circunstancias que se presenten, al determinar: "Estimar que el heredero debe entregar, inexorablemente, al albacea los bienes que éste tenga en posesión, podría entrañar el grave peligro de que el trámite sucesorio se convierta en una vía legalista para desconocer los derechos de los herederos, y alterar el estado jurídico que conservan las cosas [.]". Motivo de inconformidad que también es infundado, en primer lugar, porque la Sala invocó dicha tesis en sustento a todo lo determinado en el acto reclamado y no de manera específica al argumento relativo a que el quejoso, en cuanto albacea estaba obligado a presentar tanto la cuenta mensual de administración como el proyecto de distribución provisional de los bienes materia de la herencia. En segundo lugar, porque contrario a lo señalado por el quejoso, dicha jurisprudencia no va en contra ni ayuda a refutar lo resuelto por la Sala, ya que de su lectura íntegra se advierte que establece que no es indispensable que en todos los casos el albacea tenga la posesión material de los bienes para desempeñar sus funciones; y si bien señala que al no ser absoluto tal requisito, el juez debe ponderar en cada caso para decidir lo correspondiente, también lo es que señala que se debe hacer en la vía incidental, lo cual también es congruente con el acto reclamado, pues la Magistrada adujo que en caso de que el quejoso hubiera considerado que era indispensable contar con la posesión de los bienes para poder cumplir con sus obligaciones debió promover vía incidental su entrega sin que lo hubiera hecho. Por otro lado, es inoperante el concepto de violación en el que señala que, si la ley estipula que el albacea tiene determinadas obligaciones al ejercer su cargo, también establece que cuando el albacea estuviere imposibilidad físicamente para cumplir tales deberes, queda eximido de su ejecución (Libro Primero, Título único del Código Civil del Estado), ya que no especifica el precepto legal. Aunado a lo anterior, dicho título se integra por quince artículos y se refieren a las "DISPOSICIONES PRELIMINARES" y no a las obligaciones del albacea ni temas relaciones con el juicio sucesorio. Del mismo modo es inoperante lo manifestado por el quejoso en el sentido de que también existía incapacidad para formular el proyecto de división y partición de la herencia, por el simple hecho de que la anterior albacea le impide tanto a él como al profesional el ingeniería y topografía ingresar a los inmuebles a fin de dilucidar si admiten cómoda división o no, y así proponer su reparto. Tiene dicha calificativa, porque tal argumento no lo hizo valer en agravios y como consecuencia de ello, no fue examinado por la responsable, por lo que este juzgador se encuentra imposibilitado para abordar su estudio, al no ser factible examinar la constitucionalidad de la resolución combatida a la luz de razonamientos sobre los cuales no tuvo oportunidad de pronunciarse la responsable. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o.A. J/7, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL. Si en los conceptos de violación se formulan argumentos que no se plantearon ante la Sala Fiscal que dictó la sentencia que constituye el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas." Finalmente, manifiesta el quejoso, que existe una deficiente valoración del conjunto de hechos, circunstancias y situaciones del caso en específico. Motivo de disenso que de igual manera es inoperante, ya que no señala cuáles hechos, circunstancias y situaciones, a su juicio, valoró deficientemente la magistrada responsable. En ese contexto, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por la parte quejosa. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución que se reclama de la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, al no haberse impugnado por vicios propios. Apoya lo expuesto la jurisprudencia V.2o. J/6, visible a fojas 267, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios." Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rubén Montaño Verduzco, en cuanto albacea definitivo de la sucesión a bienes de María Martha Verduzco Acuña, contra el acto y autoridad que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el diverso considerando quinto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
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