Rubén Méndez Balcazar
Expediente 1245/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1245/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 27/11/2018
Partes del expediente
- Rubén Méndez Balcazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la cual se advierte que a partir de esta propia fecha se determinó concluir con las mesas XIV y XV de la sección de amparo de este órgano jurisdiccional; por lo que, a partir de esta data, la secuela procesal de este juicio continuará bajo la mesa XII, en consecuencia se ordena remarcar la caratula de este juicio de amparo con el número 1245/2018-XII; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
CON ESTA FECHA SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo por rendido el informe justificado del Magistrado Presidente de la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, al cual anexó constancias relativas al expediente laboral 898/D/2012, de su índice. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora bien, del contenido de dichas constancias este juzgador advierte que en el caso opera la causal de sobreseimiento prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. En efecto, precisa señalar que el artículo 63, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone: "ARTICULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". De la interpretación del artículo en cita, se desprende que cuando de las constancias de autos aparezca de manera clara que no existe el acto reclamado, o bien, al no advertirse de las constancias, que la parte quejosa pueda probar su existencia hasta la celebración de la audiencia constitucional, de no hacerlo, debe decretarse el sobreseimiento del juicio. Lo que da pauta a considerar que la disyuntiva "o", permite decretar el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado, aún antes de la celebración de la audiencia constitucional cuando, como en el caso, como se verá, de las constancias aportadas por la autoridad compareciente claramente se prueba que la omisión reclamada no existía a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Es decir, si bien es costumbre de los órganos jurisdiccionales el decretar el sobreseimiento en la audiencia constitucional, a partir de la publicación de la Ley de Amparo vigente desde el tres de abril de dos mil trece, específicamente de la redacción del numeral 63, fracción IV, se colige que fue intención del legislador autorizar a los tribunales de amparo a decretar el sobreseimiento por inexistencia de actos en dos momentos, el primero en la audiencia constitucional o, como en el caso, en cualquier momento procesal, cuando de las constancias apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Luego, tenemos que el acto del que se duele el solicitante de amparo consiste en: "ACTO RECLAMADO. La paralización total del juicio laboral 898/D/2012, al no resolver la responsable el incidente de liquidación promovido por mi apoderado legal Mediante escrito de fecha 16 de julio de 2018". Ahora, para lograr una correcta intelección del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en que se apoya este juzgador, es necesario analizarlo en relación con otros preceptos de la propia ley, como son los diversos numerales 1o. fracción I y 75, los cuales establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad...". El artículo 1o., fracción I, que ha sido transcrito, establece claramente que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales, es decir, se está refiriendo a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, si se analiza el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de amparo en armonía con los diversos que también han sido transcritos, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que los actos reclamados deben analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues dicho precepto no distingue la materia en que se haya originado el acto, como tampoco ocurre respecto a la naturaleza de éste. En ese sentido, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que en auto de once de octubre de dos mil dieciocho, se ordenó turnar los autos al magistrado ponente, para el dictado de la resolución interlocutoria en el incidente de liquidación, derivado del juicio laboral 898/D/2012. De lo que se colige que el juicio laboral de origen aún no se encontraba en aptitud de resolverse, dado el estado en que se encontraba a la fecha de la presentación de la demanda, a saber, el nueve de octubre de dos mil dieciocho, pues la autoridad responsable no estaba en condiciones procesales para emitir la resolución en el referido incidente. De ahí que la omisión de que se duele la quejosa, no existe, pues para sostener que la responsable ha incurrido en la abstención que se le reclama, se reputa necesario que se acredite que es ese el acto procesal pendiente en el procedimiento, situación que como se ha visto, no se actualiza en el asunto que nos ocupa. Por lo que, el acto en sí mismo no existía a la fecha de presentación de la demanda y por su propia naturaleza, necesitaba demostrase y justificarse con algún medio de prueba idóneo y suficiente. Así, se estima que, para acreditar la existencia del acto de abstención señalado en esta vía, el cual se hace valer en la omisión de resolver el incidente de liquidación, derivado del expediente laboral 898/D/2012, es necesario que se acrediten algunos requisitos, a saber: que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte la quejosa; que dicha controversia se encuentre en estado de resolución; y que haya trascurrido el término que la ley de la materia señale para fallar. En este orden de ideas, conviene verificar de manera analítica si en los autos de este juicio se encuentran acreditados dichos aspectos. 1) Que realmente exista un juicio -en el caso un incidente de liquidación, derivado de un expediente laboral- en el que sea parte la quejosa. Este aspecto en particular implica, que los impetrantes del amparo tengan el carácter de parte en el juicio de origen; lo anterior se acredita con las manifestaciones realizadas por la propia quejosa, así como de las constancias remitidas por el Magistrado Presidente de la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, del juicio laboral 898/D/2012, a las cuales previamente se les otorgó valor probatorio pleno, en párrafos precedentes, y de las cuales se desprende que el quejoso Rubén Méndez Balcazar, es parte actora en el citado expediente laboral de origen. 2) Que se encuentre el juicio de origen en estado de resolución. Este segundo elemento, el cual implica que el incidente de origen se encuentre en un estado procesal tal que amerite el dictado de la resolución interlocutoria, y que se logra por haberse turnado los autos al magistrado ponente; por lo cual, no se acredita lo anterior, ya que de las constancias de referencia, se advierte que el once de octubre de dos mil dieciocho, se ordenó turnar los autos al magistrado ponente, por lo que a la fecha de presentación de la demanda, no se encontraba en el estado procesal adecuado para el dictado de la resolución correspondiente, pues no se habían turnado los autos al magistrado ponente para la emisión de la resolución interlocutoria. Consecuentemente, se demuestra que el primer elemento sí se encuentra acreditado; sin embargo, el aspecto precisado en el inciso 2), no se encuentra acreditado, debido a que como se estableció, a la fecha de la presentación de la demanda, aún no se turnaban los autos al magistrado ponente para el dictado de la resolución interlocutoria en el incidente de liquidación, derivado del expediente laboral 898/D/2012; de ahí que no existe el acto reclamado atribuido a la responsable. Cobra aplicación el contenido de la jurisprudencia 99/2018, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima época, octubre de 2018, con número de registro 2018110, que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". Luego, al haberse acreditado la inexistencia del acto reclamado, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo conducente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 26/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena época, del Semanario Judicial y su Gaceta, que literalmente expone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese orden, es patente que a nada práctico conduciría esperar a la celebración de la audiencia constitucional, porque la parte quejosa con ningún elemento de prueba podría desvirtuar la inexistencia del acto reclamado; pues como quedó demostrada en párrafos que anteceden, la omisión reclamada es inexistente al no encontrarse el juicio en esa etapa procesal. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Dado lo expuesto con antelación, se deja sin efectos la audiencia señalada para las nueve horas con diez minutos del doce de noviembre de dos mil dieciocho, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo por rendido el informe justificado del Magistrado Presidente de la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, al cual anexó constancias relativas al expediente laboral 898/D/2012, de su índice. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora bien, del contenido de dichas constancias este juzgador advierte que en el caso opera la causal de sobreseimiento prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. En efecto, precisa señalar que el artículo 63, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone: "ARTICULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". De la interpretación del artículo en cita, se desprende que cuando de las constancias de autos aparezca de manera clara que no existe el acto reclamado, o bien, al no advertirse de las constancias, que la parte quejosa pueda probar su existencia hasta la celebración de la audiencia constitucional, de no hacerlo, debe decretarse el sobreseimiento del juicio. Lo que da pauta a considerar que la disyuntiva "o", permite decretar el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado, aún antes de la celebración de la audiencia constitucional cuando, como en el caso, como se verá, de las constancias aportadas por la autoridad compareciente claramente se prueba que la omisión reclamada no existía a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Es decir, si bien es costumbre de los órganos jurisdiccionales el decretar el sobreseimiento en la audiencia constitucional, a partir de la publicación de la Ley de Amparo vigente desde el tres de abril de dos mil trece, específicamente de la redacción del numeral 63, fracción IV, se colige que fue intención del legislador autorizar a los tribunales de amparo a decretar el sobreseimiento por inexistencia de actos en dos momentos, el primero en la audiencia constitucional o, como en el caso, en cualquier momento procesal, cuando de las constancias apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Luego, tenemos que el acto del que se duele el solicitante de amparo consiste en: "ACTO RECLAMADO. La paralización total del juicio laboral 898/D/2012, al no resolver la responsable el incidente de liquidación promovido por mi apoderado legal Mediante escrito de fecha 16 de julio de 2018". Ahora, para lograr una correcta intelección del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en que se apoya este juzgador, es necesario analizarlo en relación con otros preceptos de la propia ley, como son los diversos numerales 1o. fracción I y 75, los cuales establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad...". El artículo 1o., fracción I, que ha sido transcrito, establece claramente que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales, es decir, se está refiriendo a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, si se analiza el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de amparo en armonía con los diversos que también han sido transcritos, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que los actos reclamados deben analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues dicho precepto no distingue la materia en que se haya originado el acto, como tampoco ocurre respecto a la naturaleza de éste. En ese sentido, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que en auto de once de octubre de dos mil dieciocho, se ordenó turnar los autos al magistrado ponente, para el dictado de la resolución interlocutoria en el incidente de liquidación, derivado del juicio laboral 898/D/2012. De lo que se colige que el juicio laboral de origen aún no se encontraba en aptitud de resolverse, dado el estado en que se encontraba a la fecha de la presentación de la demanda, a saber, el nueve de octubre de dos mil dieciocho, pues la autoridad responsable no estaba en condiciones procesales para emitir la resolución en el referido incidente. De ahí que la omisión de que se duele la quejosa, no existe, pues para sostener que la responsable ha incurrido en la abstención que se le reclama, se reputa necesario que se acredite que es ese el acto procesal pendiente en el procedimiento, situación que como se ha visto, no se actualiza en el asunto que nos ocupa. Por lo que, el acto en sí mismo no existía a la fecha de presentación de la demanda y por su propia naturaleza, necesitaba demostrase y justificarse con algún medio de prueba idóneo y suficiente. Así, se estima que, para acreditar la existencia del acto de abstención señalado en esta vía, el cual se hace valer en la omisión de resolver el incidente de liquidación, derivado del expediente laboral 898/D/2012, es necesario que se acrediten algunos requisitos, a saber: que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte la quejosa; que dicha controversia se encuentre en estado de resolución; y que haya trascurrido el término que la ley de la materia señale para fallar. En este orden de ideas, conviene verificar de manera analítica si en los autos de este juicio se encuentran acreditados dichos aspectos. 1) Que realmente exista un juicio -en el caso un incidente de liquidación, derivado de un expediente laboral- en el que sea parte la quejosa. Este aspecto en particular implica, que los impetrantes del amparo tengan el carácter de parte en el juicio de origen; lo anterior se acredita con las manifestaciones realizadas por la propia quejosa, así como de las constancias remitidas por el Magistrado Presidente de la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, del juicio laboral 898/D/2012, a las cuales previamente se les otorgó valor probatorio pleno, en párrafos precedentes, y de las cuales se desprende que el quejoso Rubén Méndez Balcazar, es parte actora en el citado expediente laboral de origen. 2) Que se encuentre el juicio de origen en estado de resolución. Este segundo elemento, el cual implica que el incidente de origen se encuentre en un estado procesal tal que amerite el dictado de la resolución interlocutoria, y que se logra por haberse turnado los autos al magistrado ponente; por lo cual, no se acredita lo anterior, ya que de las constancias de referencia, se advierte que el once de octubre de dos mil dieciocho, se ordenó turnar los autos al magistrado ponente, por lo que a la fecha de presentación de la demanda, no se encontraba en el estado procesal adecuado para el dictado de la resolución correspondiente, pues no se habían turnado los autos al magistrado ponente para la emisión de la resolución interlocutoria. Consecuentemente, se demuestra que el primer elemento sí se encuentra acreditado; sin embargo, el aspecto precisado en el inciso 2), no se encuentra acreditado, debido a que como se estableció, a la fecha de la presentación de la demanda, aún no se turnaban los autos al magistrado ponente para el dictado de la resolución interlocutoria en el incidente de liquidación, derivado del expediente laboral 898/D/2012; de ahí que no existe el acto reclamado atribuido a la responsable. Cobra aplicación el contenido de la jurisprudencia 99/2018, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima época, octubre de 2018, con número de registro 2018110, que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". Luego, al haberse acreditado la inexistencia del acto reclamado, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo conducente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 26/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena época, del Semanario Judicial y su Gaceta, que literalmente expone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese orden, es patente que a nada práctico conduciría esperar a la celebración de la audiencia constitucional, porque la parte quejosa con ningún elemento de prueba podría desvirtuar la inexistencia del acto reclamado; pues como quedó demostrada en párrafos que anteceden, la omisión reclamada es inexistente al no encontrarse el juicio en esa etapa procesal. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Dado lo expuesto con antelación, se deja sin efectos la audiencia señalada para las nueve horas con diez minutos del doce de noviembre de dos mil dieciocho, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado.
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