Rubén Mellado Sosa
Expediente 1183/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1183/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Rubén Mellado Sosa
Actuaciones
- Principal
(3) Visto el estado procesal de autos, se advierte que el proveído de veintinueve de julio de dos mil veintidós, a través del cual se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha quedado firme; por lo cual, háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, y no se considera de relevancia jurídica o documental. Por otra parte, toda vez en autos obra un documento original exhibido por la parte quejosa con su escrito de demanda, requiérasele para que dentro del término de noventa días naturales contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca debidamente identificada ante este Juzgado a recibirlo, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término indicado, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Exhortación a que hace alusión el artículo 6 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL MODELO DE ATENCIÓN PRESENCIAL BASADA EN CITAS. La presencia física de las partes en los órganos jurisdiccionales se admitirá dentro de los siguientes supuestos y reglas: Las partes o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes o para desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional.
- Principal
(3) I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por******, por derecho propio, contra un acto del Juez Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo y otra(s) autoridad(es). II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número ****. III. Decisión sobre la acción de amparo (desechamiento). Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, y lectura integral del libelo constitucional, se advierte que procede desecharlo de plano. En principio, cabe precisar que para desechar de plano una demanda de amparo, es requisito indispensable que desde su presentación, se demuestre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio protector de derechos fundamentales, entendiéndose por lo primero, lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, por lo segundo, que se tenga la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En relación al acto reclamado en estudio, esta juzgadora estima que se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; toda vez que la resolución reclamada no causa un perjuicio de imposible reparación al promovente, por las siguientes consideraciones. Los preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En principio, debe señalarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sostuvo que la actual Ley de Amparo ofrece precisión acerca de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, siendo éstos los que producen una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias son de tal gravedad que impiden en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En efecto, de conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. - Caso concreto En el caso en particular, el promovente señala como acto reclamado la resolución interlocutoria de cinco de julio de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario mercantil ****, relativa al recurso de revocación promovido por el aquí quejoso, en la que confirmó los autos de veinticuatro de febrero y diez de marzo del año en curso. Así, cabe señalar que en el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se previno a la parte actora para que aclarara la vía en la que pretende promover, toda vez que manifestó promover en la vía ordinaria mercantil, pero a continuación solicitó se requiriera el pago y se embargue al demandado, apercibido que de no hacerlo así, se tendría por no admitida la demanda. Luego, en el diverso acuerdo de diez de marzo de dos mil veintidós, con motivo de que la actora cumplió la prevención, se admitió a trámite la demanda en la vía ordinaria mercantil, y se ordenó emplazar a la parte demandada, aquí quejosa. A continuación, tales proveídos fueron controvertidos a través del recurso de revocación, resuelto el cinco de julio de dos mil veintidós, emitiéndose la resolución reclamada. En tal sentido, se estima que la resolución reclamada no afecta de manera inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa como por ejemplo su vida, su integridad personal, su salud, inviolabilidad de su domicilio o de sus comunicaciones privadas, entre otros, sino sólo derechos adjetivos que ocasionan únicamente efectos formales o procesales. Lo anterior, porque la resolución reclamada únicamente produce efectos intraprocesales, más no causa un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme (propiedades, posesiones o derechos), en virtud de que el único efecto que produce es que el Juez responsable continúe con el trámite del juicio natural; lo que únicamente afecta derechos adjetivos que pueden repararse en caso de obtener sentencia favorable en el juicio de origen, y de no ser así, impugnarse como violación procesal en el juicio de amparo directo que llegara a promoverse, por lo que no pueden considerarse como irreparables para que con ello resulte procedente la vía biinstancial, o la acción constitucional que como medio de defensa hace valer el impetrante de amparo, tal y como lo exige el citado artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia. En efecto, como lo ha venido sosteniendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, sólo debe presentarse cuando éstos afectan de modo directo e inmediato a la persona, cosas o derechos sustantivos del agraviado, es decir, aquellos actos de naturaleza procesal que puedan generar una ejecución de imposible reparación y, que desde luego ameriten su impugnación mediante la acción constitucional del amparo indirecto, sin estar obligados a reclamar dichos actos como una violación procesal, hasta que se reclame la sentencia definitiva en amparo directo . De ahí que, se reitera, el acto que se pretende impugnar a través de la demanda de amparo que se atiende, en todo caso, transgrede derechos adjetivos, esto es, produce únicamente efectos formales o intraprocesales, que por sus características se refieren a aspectos propios de un proceso, y no una violación directa a la Constitución General de la República; cuenta habida que aún en esas circunstancias el aquí quejoso puede obtener una sentencia favorable a sus intereses, con lo cual desaparecerían fácticamente los efectos de las violaciones procesales, dejando intacta su esfera jurídica al no alterarse ningún derecho sustantivo. Ello, pues se insiste, para que sea procedente el juicio de amparo indirecto en contra de actuaciones dictadas dentro de un procedimiento, resulta indispensable que sea el acto reclamado en sí mismo el que vulnere de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo tutelado a favor de la parte quejosa y no de forma indirecta como acontece en el caso, dado que la determinación que se intenta combatir a través del juicio de amparo que nos ocupa es de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual (a diferencia de los sustantivos) sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual, sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva o no. Por ende, será hasta que se dicte el fallo definitivo dentro de la controversia de origen cuando pueda apreciarse si el proceder de la responsable vulneró o no las defensas de la parte quejosa y, en su caso, si las pretendidas violaciones procesales trascendieron al resultado del fallo, pudiendo combatirlas a través del juicio de amparo directo. Resultan aplicables al respecto, los criterios cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: Registro digital: 283758 Instancia: Pleno Quinta Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XVII, página 519 Tipo: Aislada "DEMANDA, ADMISIÓN DE LA. El auto que da entrada a la demanda, no causa perjuicio de imposible reparación al demandado, ni lo priva de defensa, dentro del procedimiento que ha de seguirse como consecuencia de la contienda judicial entablada, por lo cual, contra dicho auto, no procede dar cabida a la demanda de amparo." "Octava Época Registro: 213881 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Enero de 1994 Materia(s): Común Tesis: IV.3o.83 K Página: 300 RECURSO DE REVOCACION, DESECHAMIENTO DEL. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACION PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTIAS BIINSTANCIAL. El desechamiento del recurso de revocación no reviste la categoría de un acto que sea de imposible reparación, ya que no encuadra en ninguno de los supuestos definidos por el artículo 114 de la Ley de Amparo, para que proceda el juicio de garantías biinstancial, toda vez que no afecta de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, sino que sus efectos son meramente extra procesales y susceptibles de repararse en la sentencia si es favorable a los intereses de los inconformes y, en caso contrario, quedaría expedito el derecho de los recurrentes para alegar la posible violación procedimental en los términos y condiciones prescritos en los artículos 158, 159, fracción IX y 161, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en el amparo directo que se intente contra la sentencia definitiva. "Novena Época Registro: 195468 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Octubre de 1998 Materia(s): Civil Tesis: V.3o.3 C Página: 1157 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVOCACIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA DE TENER POR ACUSADA LA REBELDÍA A LA DEMANDADA. El auto mediante el cual se resuelve el recurso de revocación que confirma el acuerdo que niega la petición de la actora de que se declarara la rebeldía a la parte demandada, por considerar que había contestado la demanda fuera de tiempo, no es de imposible reparación ya que sólo afecta los derechos adjetivos o procesales de la quejosa, que constituyen una violación que podría no trascender al sentido de la sentencia, pues por su naturaleza jurídica sólo produce efectos intraprocesales los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable, y en el supuesto de que no lo fuera, estaría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente e incluso acudir al juicio de amparo directo donde podría delatar las violaciones procesales; por lo que no hay duda de que no se está en presencia de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b) constitucional, en relación con el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, por tanto, en su contra no procede el amparo biinstancial. En este orden de ideas, con fundamento en el diverso 113 de la ley reglamentaria en cita, se DESECHA de plano la demanda de amparo. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Parte quejosa: *****. a. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda, así como autorizada para tales efectos a ****, por así haberlo solicitado expresamente. b. Autorizado(s). Téngase por autorizado(s) en términos restringidos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo a ****, hasta en tanto acredite(n) contar con cédula profesional inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. c. Uso de medios electrónicos. Hágase del conocimiento del promovente que no requiere de autorización por parte de este tribunal para hacer uso de los mismos en la consulta del expediente físico. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Asimismo, se requiere a dichos fedatarios para que, al elaborar las síntesis de los acuerdos que deban publicarse en listas, especifiquen en la forma más completa en contenido de las resoluciones emitidas, además de integrar debidamente al expediente físico las razones de las diligencias que practiquen. VI. Se hace extensivo a las partes el contenido del artículo 12 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19. Se hace saber a las partes que de conformidad con el artículo 12 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, en este edificio sede se encuentra habilitada la Oficialía de Partes Común ("OPC"), para la recepción de promociones presentadas físicamente, la cual conforme al artículo 12, fracción I, del ACUERDO GENERAL 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-9, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de abril de dos mil veintidós, operará de lunes a viernes de 8:00 a.m. a las 03:00 p.m., con excepción de los días inhábiles. En la inteligencia que dicha Oficialía -por lo que hace a este Juzgado de Distrito- prestará servicios de las 8:00 a las 15:00, exclusivamente, ello en atención a que de conformidad con el ANEXO 1, relativo a la Asignación de turno y horario escalonado para el trabajo presencial en los órganos jurisdiccionales, de conformidad con el artículo 15 del citado ACUERDO GENERAL 7/2022, este juzgado cubrirá un horario matutino, con hora de entrada 8:30 y hora de salida será a las 15:30. Así, con base en el numeral citado, la persona actuante y encargada de la recepción de las promociones que, conforme a la normatividad aplicable deban presentarse ante la oficialía de partes de cada órgano jurisdiccional, hasta en tanto se concluya el turno de la Oficialía de Partes Común ("OPC"), procederá a entregar la totalidad de las promociones correspondientes a una persona que acuda por cada uno de los órganos jurisdiccionales atendidos por la misma. Esto es, no obstante la hora en que se realice la entrega física de las promociones presentadas por cualquiera de las partes ante dicha Oficialía, será hasta después de las 14:00 horas de ese día cuando serán remitidas a este Juzgado de Distrito, motivo por el cual las mismas no podrán ser observadas físicamente en el día de su presentación, menos aún podrán ser atendidas en las horas programadas en las audiencias señaladas. Lo que se insiste, se hace del conocimiento de las partes a fin de que presenten con la debida oportunidad -y tomando en consideración lo ya expuesto-, toda clase de promociones (informes, alegatos o pruebas); esto es, el día anterior al señalado para la celebración de la audiencia respectiva. VII. Exhortación a que hace alusión el artículo 22 del citado ACUERDO GENERAL 21/2020, a fin de mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el numeral señalado en párrafo que antecede, se exhorta a las partes a que: Continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. VIII. Expedición de copias. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/20 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán genera citas, a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que le hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. IX. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad a los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que este juzgado, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, los mismos serán utilizados para su tramitación y registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con fines estadísticos; asimismo, en términos de los diversos 43 a 48 de la ley general en cita, quedan a salvo los derechos de las partes de acceso, ratificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los que podrán ejercitar directamente ante este tribunal, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de transparencia de éste, auxiliar de su Comisión de Transparencia. En todo caso, hágase del conocimiento de las partes que este tribunal presume su oposición a la publicación de sus datos personales y únicamente en caso de solicitud expresa, se obrará en contrario. Finalmente, acorde a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto, entre ellas, las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa, implicará que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 del ordenamiento en cita, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales.
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