Ruben Medina Mendez
Expediente 412/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 412/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ruben Medina Mendez
Actuaciones
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, A VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Como de la certificación de cuenta, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, como del estado de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda de amparo promovida por - Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.
- Principal
.CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:" Vista la demanda de amparo promovida por - por propio derecho, contra actos del Registro Agrario Nacional; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número IV-412/2018-2. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ".trámite administrativo en el que se adjudican los derechos parcelarios y ejidales del C. a favor de .POR TRASLADO DE DERECHOS RESPECTO A SU PARCELA NO. 00015, POLÍGONO 01, ZONA 01, CON SUPERFICIE DE 9-72-08.890 HECTÁREAS, Y SOBRE TIERRAS DE USO COMÚN, CON UN PORCENTAJE DEL 1.470%, EN FAVOR DE ...QUIEN RESULTÓ BENEFICIADO MEDIANTE LISTA DE SUCESIÓN DEPOSITADA ANTE EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL, CON FECHA 15 DE MARZO DEL AÑO 2007, BAJO EL NÚMERO DE SOBRE 20525, TRASLADO INSCRITO CON FECHA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2018." Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de la materia, el cual textualmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;..." Dicha fracción contiene el denominado "principio de definitividad" que rige el juicio de garantías, el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación. Conforme a dicho principio, la instancia constitucional en la vía biinstancial contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es improcedente en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. Ahora de los antecedentes de la demanda de garantías y de las constancias que anexó el quejoso se desprende en lo que aquí interesa que: El Registro Agrario Nacional, dio de baja a - a quien tenía reconocido con calidad de ejidatario, por traslado de derechos respecto a su parcela 00015, polígono 01, zona 01, con superficie de 9-72-08.890 hectáreas, y sobre tierras de uso común, con un porcentaje del 1.470%, en favor de -, quien resultó beneficiado mediante lista de sucesión depositada ante dicho registro con fecha quince de marzo de dos mil siete, bajo el número de sobre 20525, traslado inscrito el catorce de febrero pasado, siendo dicho trámite administrativo el que constituye el acto reclamado. Ahora, una vez que se ha establecido lo anterior, el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XVIII, establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En el caso particular, debe tomarse en cuenta lo establecido en el artículo 163 de la Ley Agraria, que dispone: ".son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley.", así como lo dispuesto en el artículo 18, fracción VII de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que literalmente indica que: ".éstos conocerán de las controversias relativas a la sucesión de derechos ejidales y comunales."; por tanto, corresponde a los Tribunales Agrarios la competencia para conocer de los juicios en los que la litis se centre en resolver sobre el mejor derecho a suceder los bienes agrarios de un ejidatario, aún cuando la acción o reconvención se base en un testamento público abierto otorgado por el de cujus en favor de una de las partes; por tanto, el trámite a seguir para dirimir la controversia que suscitó el acto reclamado, es un juicio agrario y la resolución que recaiga al mismo, puede tener por efecto nulificar, revocar o modificar dicha circunstancia. Ilustra lo anterior, el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III, Materia Administrativa, Tesis III.1o.A.26 A, Décima Época, Página: 2235, que a la letra dice: "TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS EN LOS QUE LA LITIS SE CENTRE EN RESOLVER EL MEJOR DERECHO A SUCEDER LOS BIENES AGRARIOS DE UN EJIDATARIO, AUN CUANDO LA ACCIÓN O RECONVENCIÓN SE BASE EN UN TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO OTORGADO POR EL DE CUJUS EN FAVOR DE UNA DE LAS PARTES. El artículo 163 de la Ley Agraria establece que los Tribunales Unitarios Agrarios son competentes para dirimir las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en el propio ordenamiento; de ahí que tienen facultades para conocer de los juicios en los que la litis se centre en resolver el mejor derecho a suceder los bienes agrarios de un ejidatario, de acuerdo con el artículo 18, fracción VII, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, aun cuando la acción o reconvención se base en un testamento público abierto otorgado por el de cujus en favor de una de las partes pues, de lo contrario, no sería posible resolver la materia del juicio, lo cual contravendría el derecho a la impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máxime si la otra reclama su derecho a suceder con sustento en la lista correspondiente depositada ante el Registro Agrario Nacional." Así como la jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, Mayo de 2002, visible en la página 902, del texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En las relatadas condiciones, se estima que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, lo que procede es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías de que se trata. Finalmente se tiene al peticionario de garantías señalado domicilio en esta ciudad para oír notificaciones personales, por autorizadas para tal efecto a las personas que indica, sin las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula profesional no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Órganos Jurisdiccional, por lo que únicamente se les autoriza para recibir notificaciones e imponerse de los autos.";.LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por - por propio derecho, contra actos del Registro Agrario Nacional; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número IV-412/2018-2. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ".trámite administrativo en el que se adjudican los derechos parcelarios y ejidales del C. a favor de .POR TRASLADO DE DERECHOS RESPECTO A SU PARCELA NO. 00015, POLÍGONO 01, ZONA 01, CON SUPERFICIE DE 9-72-08.890 HECTÁREAS, Y SOBRE TIERRAS DE USO COMÚN, CON UN PORCENTAJE DEL 1.470%, EN FAVOR DE ...QUIEN RESULTÓ BENEFICIADO MEDIANTE LISTA DE SUCESIÓN DEPOSITADA ANTE EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL, CON FECHA 15 DE MARZO DEL AÑO 2007, BAJO EL NÚMERO DE SOBRE 20525, TRASLADO INSCRITO CON FECHA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2018." Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de la materia, el cual textualmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;..." Dicha fracción contiene el denominado "principio de definitividad" que rige el juicio de garantías, el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación. Conforme a dicho principio, la instancia constitucional en la vía biinstancial contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es improcedente en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. Ahora de los antecedentes de la demanda de garantías y de las constancias que anexó el quejoso se desprende en lo que aquí interesa que: El Registro Agrario Nacional, dio de baja a - a quien tenía reconocido con calidad de ejidatario, por traslado de derechos respecto a su parcela 00015, polígono 01, zona 01, con superficie de 9-72-08.890 hectáreas, y sobre tierras de uso común, con un porcentaje del 1.470%, en favor de -, quien resultó beneficiado mediante lista de sucesión depositada ante dicho registro con fecha quince de marzo de dos mil siete, bajo el número de sobre 20525, traslado inscrito el catorce de febrero pasado, siendo dicho trámite administrativo el que constituye el acto reclamado. Ahora, una vez que se ha establecido lo anterior, el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XVIII, establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En el caso particular, debe tomarse en cuenta lo establecido en el artículo 163 de la Ley Agraria, que dispone: ".son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley.", así como lo dispuesto en el artículo 18, fracción VII de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que literalmente indica que: ".éstos conocerán de las controversias relativas a la sucesión de derechos ejidales y comunales."; por tanto, corresponde a los Tribunales Agrarios la competencia para conocer de los juicios en los que la litis se centre en resolver sobre el mejor derecho a suceder los bienes agrarios de un ejidatario, aún cuando la acción o reconvención se base en un testamento público abierto otorgado por el de cujus en favor de una de las partes; por tanto, el trámite a seguir para dirimir la controversia que suscitó el acto reclamado, es un juicio agrario y la resolución que recaiga al mismo, puede tener por efecto nulificar, revocar o modificar dicha circunstancia. Ilustra lo anterior, el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III, Materia Administrativa, Tesis III.1o.A.26 A, Décima Época, Página: 2235, que a la letra dice: "TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS EN LOS QUE LA LITIS SE CENTRE EN RESOLVER EL MEJOR DERECHO A SUCEDER LOS BIENES AGRARIOS DE UN EJIDATARIO, AUN CUANDO LA ACCIÓN O RECONVENCIÓN SE BASE EN UN TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO OTORGADO POR EL DE CUJUS EN FAVOR DE UNA DE LAS PARTES. El artículo 163 de la Ley Agraria establece que los Tribunales Unitarios Agrarios son competentes para dirimir las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en el propio ordenamiento; de ahí que tienen facultades para conocer de los juicios en los que la litis se centre en resolver el mejor derecho a suceder los bienes agrarios de un ejidatario, de acuerdo con el artículo 18, fracción VII, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, aun cuando la acción o reconvención se base en un testamento público abierto otorgado por el de cujus en favor de una de las partes pues, de lo contrario, no sería posible resolver la materia del juicio, lo cual contravendría el derecho a la impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máxime si la otra reclama su derecho a suceder con sustento en la lista correspondiente depositada ante el Registro Agrario Nacional." Así como la jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, Mayo de 2002, visible en la página 902, del texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En las relatadas condiciones, se estima que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, lo que procede es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías de que se trata. Finalmente se tiene al peticionario de garantías señalado domicilio en esta ciudad para oír notificaciones personales, por autorizadas para tal efecto a las personas que indica, sin las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula profesional no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Órganos Jurisdiccional, por lo que únicamente se les autoriza para recibir notificaciones e imponerse de los autos.
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