Rubén Mauricio Lara Gutiérrez

Expediente 535/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
535/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
26/09/2018

Partes del expediente

  • Rubén Mauricio Lara Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio, en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con lo que establecen los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Toda vez que en el incidente respectivo, se negó la suspensión provisional y definitiva, respecto del acto reclamado, por tanto, el cuaderno original de este expediente es susceptible de destrucción, en términos del párrafo primero de la fracción III del numeral vigésimo primero de la disposición en consulta. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el uno de abril de dos mil diecinueve. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 535/2018, promovido por Rubén Mauricio Lara Gutiérrez, contra acto del Comité Técnico del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de esta ciudad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el dos de julio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos previstos en los artículos 18, 20, 21, 22, 97, 102 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Una vez desahogada la prevención formulada en autos, el cinco siguiente se admitió a trámite la demanda registrada bajo el orden 535/2018; se le solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto impugnado. Dicho criterio es del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Del análisis de los elementos de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se precisa que el acto reclamado es la determinación emitida en la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria celebrada el veintisiete de junio pasado por el Comité Técnico del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de esta ciudad. TERCERO. Es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe de ley, lo que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo a ese comunicado; documentales que tienen valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. No obstante la certeza del acto reclamado de la autoridad mencionada, es innecesario analizar el fondo del asunto, ya que se advierte una causal de improcedencia, cuyo análisis es de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. La causal de improcedencia que se estima actualizada es la prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 77, ambos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". En el caso, el acto reclamado consiste en la determinación emitida en la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria celebrada el veintisiete de junio pasado por el Comité Técnico del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de esta ciudad. Ahora, la citada autoridad aceptó la existencia de dicho acto, pues precisó que en dicha sesión, a petición del quejoso, revaloró la sanción impuesta mediante la diversa Vigésimo Quinta Sesión Ordinaria de veinte del citado mes, en que se resolvió suspender la visita familiar, con motivo de que por comunicado P.I.CC/RPVN/0614/18 de diecisiete del mes de referencia, se informó que la visita del justiciable trató de ingresar un "chip". No obstante, con independencia de lo legal o ilegal del acto reclamado, ningún fin práctico tendría analizarlo y en su caso, conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, pues para el momento en que se haga efectivo el requerimiento de cumplimiento, ya se habrá ejecutado el acto reclamado de modo irreparable. Lo anterior es así, porque aun en el supuesto de que se dictara resolución concesoria de amparo este día señalado para la celebración de la audiencia constitucional -cinco de septiembre de este año- y que se notificara a las partes, a más tardar al siguiente día, de acuerdo con los artículos 24 y 26, fracciones I y II, y 31, fracción I, todos de la Ley de Amparo, el plazo de diez días a que hace referencia el dispositivo 86 de la ley de la materia, para que cause ejecutoria la sentencia y requerir a la responsable el cumplimiento, concluiría el veintiuno de septiembre siguiente, con exclusión de los días inhábiles. Por lo que una vez dictado el acuerdo de ejecutoria -el veinticuatro del citado mes- se requeriría a la responsable el cumplimiento de la sentencia, siendo notificada de dicho requerimiento el veinticinco siguiente. Así las cosas, el plazo de veinticuatro horas que se concede a la autoridad responsable para acatar el fallo protector, vencería el veintiséis de ese mes, fecha en la que evidentemente habría concluido el plazo fijado para la duración de la suspensión impuesta al quejoso. De ahí que las posibles violaciones a los derechos del amparista cometidas en el acto reclamado, no pueden ser subsanadas con el pronunciamiento del fallo protector que se dictara en este juicio de amparo, porque para el momento en que se exigiera el cumplimiento a la resolución concesoria, ya habría transcurrido el plazo fijado con motivo de la suspensión que se le impuso. Por las anteriores consideraciones el presente juicio resulta improcedente, toda vez que ninguna finalidad práctica tendría la concesión del amparo, al no ser posible restituir al agraviado en el pleno goce de sus derechos que estima violados, en virtud de que el acto reclamado dejará de surtir sus efectos antes del momento en que venza el plazo que se conceda a la autoridad para que acate el fallo protector. Al efecto es aplicable la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 58 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 145 a 150, que dice: "AMPARO, PROCEDENCIA DEL. REQUIERE QUE LA SENTENCIA PRODUZCA EFECTOS EN EL ACTO RECLAMADO, CON QUE SE OBTENGA EL RESPETO DE INTERESES JURÍDICOS DEL QUEJOSO. En acatamiento del artículo 80 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia de este Alto Tribunal, que con el número 174, página 297, puede consultarse en la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, para que un juicio de amparo resulte procedente es menester que la sentencia que en él llegare a pronunciarse pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto combatido en dicho juicio sea de carácter positivo; o que sea factible obligar a la autoridad responsable, si el acto reclamado constituye una abstención, a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a que se cumpla lo que tal garantía exija, ya que el juicio constitucional debe tener siempre una finalidad práctica y no servir para realizar una actividad meramente especulativa. De aquí que proceda contra leyes solamente cuando, por ser éstas autoaplicativas, la determinación de su inconstitucionalidad pueda dar por resultado la no aplicación de sus disposiciones; o cuando, por no serlo, ya hayan sido aplicadas, sea factible la privación de efectos inconstitucionales del acto de aplicación". Por tales motivos, al actualizarse la causal de improcedencia mencionada, es procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, fracción XXIII, 62, 63, 73, 74, 75 y 77, todos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expuestas en el considerando tercero, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rubén Mauricio Lara Gutiérrez, contra la determinación emitida en la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria celebrada el veintisiete de junio pasado por el Comité Técnico del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de esta ciudad.

  3. Principal

    Ciudad de México, a dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que aún no transcurre el plazo concedido a las partes, previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por tanto la audiencia constitucional fijada para el día de hoy se difiere y se señala como nueva fecha para celebrarse, el cinco de septiembre de dos mil dieciocho a las diez horas con veinte minutos. Sirve de apoyo a la anterior determinación la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO".

  4. Principal

    Ciudad de México, a catorce de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso, en cuanto a su contenido, téngasele desahogando la vista otorgada en autos, y por hechas las manifestaciones que expone en vía de alegatos, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlos el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese; y personalmente al quejoso.

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