Rubén Martínez Guerrero

Expediente 897/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 49 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
897/2020
Año
2020
Actuaciones
49
Última actuación
12/01/2022

Partes del expediente

  • Rubén Martínez Guerrero
  • Rubén Martínez Guerrero y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 49.

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, doce de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien le pudo irrogar agravios la sentencia, la haya recurrido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobreseyó, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que a la fecha no haya transcurrido el plazo con el que cuentan las autoridades responsables Juez Primero, Juez Segundo y Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado y Actuaria adscrita al Quinto Distrito Judicial del Estado, residentes en esta ciudad, para recurrir la sentencia, por haber gozado de su segundo periodo vacacional en el mes de diciembre del año pasado; no obstante, las aquí responsables carecen de legitimación para recurrir la aludida sentencia, ya que tienen como característica esencial la imparcialidad que es intrínseca a la función jurisdiccional; aunado a que a la última de las citadas responsables le reviste el carácter de ejecutora. Resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia X.2o. J/3, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Mayo de 1999, página 949, Materia Laboral, registro digital 194042, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EN EL AMPARO INDIRECTO. Las autoridades responsables como parte en el juicio de garantías, en términos generales y conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o., 5o., fracción II, 11, 83, fracción IV y 87 de la Ley de Amparo, pueden válidamente intervenir en el juicio de garantías e interponer los recursos establecidos en la ley; sin embargo, cuando dichas autoridades responsables ejercen funciones jurisdiccionales, carecen de legitimación para recurrir las sentencias de amparo indirecto, pues desaparece su interés jurídico en el asunto que motivó la concesión del amparo, ya que en tal hipótesis las autoridades tienen como característica esencial la imparcialidad que es intrínseca a la función jurisdiccional. En efecto, estas autoridades tienen como finalidad la búsqueda de la verdad jurídica, mediante el ejercicio de la función de decir el derecho entre las partes en litigio, con la única y exclusiva pretensión de administrar justicia y garantizar los derechos de la sociedad y el interés público, lo que les impide asimilarse a las partes contendientes. Por ello, las autoridades, como las Juntas de Conciliación y Arbitraje, no pueden válidamente recurrir en revisión la sentencia dictada en el juicio biinstancial en que se declaró inconstitucional la resolución impugnada, pues con ello están favoreciendo a una de las partes contendientes con el correlativo perjuicio de la otra, demeritando así el deber de imparcialidad que la ley les impone y violando las obligaciones legales que les incumben como resolutoras, intérpretes y aplicadoras de la ley, ubicándose oficiosamente, como coadyuvantes del tercero perjudicado, lo cual resulta contrario a los principios que la ley, la jurisprudencia y la doctrina han reconocido." Con independencia de lo anterior, en el caso de que hagan valer el mencionado medio de impugnación, se proveerá lo conducente sobre su interposición. Archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se sobreseyó; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Por otra parte, el original del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso c), del citado acuerdo general, dado que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, debe ser destruible en un plazo de seis meses posteriores al presente archivo, lo cual podrá materializarse en un plazo de treinta días posteriores a los seis meses, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Devuélvanse dos legajos de pruebas a la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, que remitió para apoyar su informe justificado. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de trato. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Vanessa Esmeralda Revilla Muñoz, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, ante el Secretario de Juzgado José Luis González Arredondo, que autoriza y da fe.JesúsSECCIÓN: AMPARO Reynosa, Tamaulipas, doce de enero de dos mil veintidós. JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON SEDE EN REYNOSA. 75/2022-II Juez Primero de Primera Instancia Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado. 76/2022-II Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado. 77/2022-II Juez Tercero de Primera Instancia Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado. 78/2022-II Actuaria adscrita al Quinto Distrito Judicial en el Estado. ========== Reynosa, Tamaulipas. En los autos del juicio de amparo 897/2020-II, promovido por Rubén Martínez Guerrero, con esta fecha se dictó el acuerdo que a continuación se transcribe: "Reynosa, Tamaulipas, doce de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien le pudo irrogar agravios la sentencia, la haya recurrido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobreseyó, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que a la fecha no haya transcurrido el plazo con el que cuentan las autoridades responsables Juez Primero, Juez Segundo y Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado y Actuaria adscrita al Quinto Distrito Judicial del Estado, residentes en esta ciudad, para recurrir la sentencia, por haber gozado de su segundo periodo vacacional en el mes de diciembre del año pasado; no obstante, las aquí responsables carecen de legitimación para recurrir la aludida sentencia, ya que tienen como característica esencial la imparcialidad que es intrínseca a la función jurisdiccional; aunado a que a la última de las citadas responsables le reviste el carácter de ejecutora. Resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia X.2o. J/3, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Mayo de 1999, página 949, Materia Laboral, registro digital 194042, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EN EL AMPARO INDIRECTO. Las autoridades responsables como parte en el juicio de garantías, en términos generales y conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o., 5o., fracción II, 11, 83, fracción IV y 87 de la Ley de Amparo, pueden válidamente intervenir en el juicio de garantías e interponer los recursos establecidos en la ley; sin embargo, cuando dichas autoridades responsables ejercen funciones jurisdiccionales, carecen de legitimación para recurrir las sentencias de amparo indirecto, pues desaparece su interés jurídico en el asunto que motivó la concesión del amparo, ya que en tal hipótesis las autoridades tienen como característica esencial la imparcialidad que es intrínseca a la función jurisdiccional. En efecto, estas autoridades tienen como finalidad la búsqueda de la verdad jurídica, mediante el ejercicio de la función de decir el derecho entre las partes en litigio, con la única y exclusiva pretensión de administrar justicia y garantizar los derechos de la sociedad y el interés público, lo que les impide asimilarse a las partes contendientes. Por ello, las autoridades, como las Juntas de Conciliación y Arbitraje, no pueden válidamente recurrir en revisión la sentencia dictada en el juicio biinstancial en que se declaró inconstitucional la resolución impugnada, pues con ello están favoreciendo a una de las partes contendientes con el correlativo perjuicio de la otra, demeritando así el deber de imparcialidad que la ley les impone y violando las obligaciones legales que les incumben como resolutoras, intérpretes y aplicadoras de la ley, ubicándose oficiosamente, como coadyuvantes del tercero perjudicado, lo cual resulta contrario a los principios que la ley, la jurisprudencia y la doctrina han reconocido." Con independencia de lo anterior, en el caso de que hagan valer el mencionado medio de impugnación, se proveerá lo conducente sobre su interposición. Archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se sobreseyó; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Por otra parte, el original del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso c), del citado acuerdo general, dado que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, debe ser destruible en un plazo de seis meses posteriores al presente archivo, lo cual podrá materializarse en un plazo de treinta días posteriores a los seis meses, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Devuélvanse dos legajos de pruebas a la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, que remitió para apoyar su informe justificado. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de trato. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Vanessa Esmeralda Revilla Muñoz, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, ante el Secretario de Juzgado José Luis González Arredondo, que autoriza y da fe." A t e n t a m e n t e: Secretario José Luis González Arredondo. JAMC "Reynosa, Tamaulipas, doce de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien le pudo irrogar agravios la sentencia, la haya recurrido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobreseyó, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que a la fecha no haya transcurrido el plazo con el que cuentan las autoridades responsables Juez Primero, Juez Segundo y Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado y Actuaria adscrita al Quinto Distrito Judicial del Estado, residentes en esta ciudad, para recurrir la sentencia, por haber gozado de su segundo periodo vacacional en el mes de diciembre del año pasado; no obstante, las aquí responsables carecen de legitimación para recurrir la aludida sentencia, ya que tienen como característica esencial la imparcialidad que es intrínseca a la función jurisdiccional; aunado a que a la última de las citadas responsables le reviste el carácter de ejecutora. Resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia X.2o. J/3, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Mayo de 1999, página 949, Materia Laboral, registro digital 194042, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EN EL AMPARO INDIRECTO. Las autoridades responsables como parte en el juicio de garantías, en términos generales y conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o., 5o., fracción II, 11, 83, fracción IV y 87 de la Ley de Amparo, pueden válidamente intervenir en el juicio de garantías e interponer los recursos establecidos en la ley; sin embargo, cuando dichas autoridades responsables ejercen funciones jurisdiccionales, carecen de legitimación para recurrir las sentencias de amparo indirecto, pues desaparece su interés jurídico en el asunto que motivó la concesión del amparo, ya que en tal hipótesis las autoridades tienen como característica esencial la imparcialidad que es intrínseca a la función jurisdiccional. En efecto, estas autoridades tienen como finalidad la búsqueda de la verdad jurídica, mediante el ejercicio de la función de decir el derecho entre las partes en litigio, con la única y exclusiva pretensión de administrar justicia y garantizar los derechos de la sociedad y el interés público, lo que les impide asimilarse a las partes contendientes. Por ello, las autoridades, como las Juntas de Conciliación y Arbitraje, no pueden válidamente recurrir en revisión la sentencia dictada en el juicio biinstancial en que se declaró inconstitucional la resolución impugnada, pues con ello están favoreciendo a una de las partes contendientes con el correlativo perjuicio de la otra, demeritando así el deber de imparcialidad que la ley les impone y violando las obligaciones legales que les incumben como resolutoras, intérpretes y aplicadoras de la ley, ubicándose oficiosamente, como coadyuvantes del tercero perjudicado, lo cual resulta contrario a los principios que la ley, la jurisprudencia y la doctrina han reconocido." Con independencia de lo anterior, en el caso de que hagan valer el mencionado medio de impugnación, se proveerá lo conducente sobre su interposición. Archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se sobreseyó; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Por otra parte, el original del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso c), del citado acuerdo general, dado que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, debe ser destruible en un plazo de seis meses posteriores al presente archivo, lo cual podrá materializarse en un plazo de treinta días posteriores a los seis meses, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Devuélvanse dos legajos de pruebas a la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, que remitió para apoyar su informe justificado. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de trato. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Vanessa Esmeralda Revilla Muñoz, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, ante el Secretario de Juzgado José Luis González Arredondo, que autoriza y da fe."

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que se presentaron ante este juzgado el perito oficial y la perito del tercero interesado, para el desahogo de los ejercicios caligráficos relativos a la prueba pericial ofrecida en autos; sin embargo, no compareció el quejoso no obstante haber sido notificado del auto de seis de diciembre del presente año, como se desprende de este expediente. En mérito de lo anterior, toda vez que no compareció el aquí quejoso sin causa justificada a estampar las firmas para la realización de los ejercicios caligráficos señalados para esta fecha, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de seis de diciembre del año en curso, esto es, se le tiene reconociendo que no suscribió la demanda de amparo; por lo que una vez que se concluya la audiencia constitucional, resuélvase lo que en derecho corresponda. Lo anterior encuentra apoyo en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que con la negativa que asumió el quejoso de estampar las firmas para el desahogo de los ejercicios caligráficos y con ello llevar acabo el perfeccionamiento de la pericial ofrecida en el incidente de objeción de firmas que nos ocupa, ha entorpecido la administración de justicia, retardando la solución del conflicto, sin que el interés del quejoso pueda estar por encima del interés público tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no se puede supeditar su resolución al arbitrio o voluntad de una de las partes. .. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ...

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que sólo se presentaron ante este juzgado el perito oficial y la perito del tercero interesado, para el desahogo de los ejercicios caligráficos para la realización del dictamen materia de la prueba pericial que nos ocupa; sin embargo, no compareció el quejoso no obstante haber sido notificado del auto de diecinueve de noviembre del presente año, como se desprende de este expediente; en consecuencia, se señalan las nueve horas con cinco minutos del veinte de diciembre de dos mil veintiuno, a efecto de que comparezca ante este órgano judicial el quejoso, con la finalidad de que realice los ejercicios caligráficos para el desahogo de la prueba pericial de mérito. Lo anterior, se ordena hacer del conocimiento del perito oficial por conducto del Coordinador General de Servicios Periciales de la Delegación Estatal en Tamaulipas, dependiente de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad, y al perito propuesto por el tercero interesado, por conducto de dicha parte, a fin de que estén presentes en el desahogo de los ejercicios caligráficos y puedan emitir su dictamen. Se apercibe al perito oficial que de no asistir a la diligencia señalada, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 237, fracción I, y 259, de la nueva Ley de Amparo. Al respecto, se previene al quejoso, de no comparecer sin causa justificada a estampar las firmas para la realización de los ejercicios caligráficos, se le tendrá reconociendo que no suscribió la demanda de amparo. Lo anterior encuentra apoyo en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que con la negativa que pudiere asumir el quejoso de estampar las firmas para el desahogo de los ejercicios caligráficos y con ello llevar acabo el perfeccionamiento de la pericial ofrecida en el incidente de objeción de firmas que nos ocupa, entorpecería la administración de justicia, retardando la solución del conflicto, sin que el interés del quejoso pueda estar por encima del interés público tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no puede supeditar su resolución al arbitrio o voluntad de una de las partes. Sin que obste a lo anterior, que en proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se hubiese apercibido al quejoso en el sentido que de no comparecer a la diligencia señalada, se tomaría en consideración como firma indubitable cualquiera que obrara en este expediente, y que no haya sido impugnada, ello, para el efecto de que los peritos correspondientes pudieran emitir su dictamen; pues como se dijo en párrafos precedentes, no puede quedar a la voluntad de las partes el desarrollo del juicio, como en el caso sería el retraso injustificado de la controversia en detrimento de la garantía de justicia expedita, por la negativa del quejoso de comparecer a estampar su firma y ejercicios caligráficos para el desahogo de la prueba pericial; se estima aplicable por analogía el siguiente criterio: ... Asimismo, se apercibe a la parte tercero interesada que de no asistir su perito a la diligencia encomendada, se tendrá a dicha parte por adherida al dictamen que en su momento emita el perito oficial. ... Finalmente, se ordena al Actuario de la adscripción encargado de realizar las notificaciones correspondientes a este acuerdo, que de llevar acabo alguna de ellas a través de correo electrónico, o por medio de la aplicación whats app, asiente y dé fe en la constancia de notificación respectiva, que le fue confirmada la recepción de la misma por la parte notificada; lo anterior, a fin de dar mayor certeza jurídica a la notificación de que se trate. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y tercero interesada. ...

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que sólo se presentaron ante este juzgado el perito oficial y la perito del tercero interesado, para el desahogo de los ejercicios caligráficos para la realización del dictamen materia de la prueba pericial que nos ocupa; sin embargo, no compareció el quejoso no obstante haber sido notificado del auto de cuatro de noviembre del presente año, como se desprende de este expediente; en consecuencia, se señalan las nueve horas del seis de diciembre de dos mil veintiuno, a efecto de que comparezca ante este órgano judicial el quejoso, con la finalidad de que realice los ejercicios caligráficos para el desahogo de la prueba pericial de mérito. Lo anterior, se ordena hacer del conocimiento del perito oficial por conducto del Coordinador General de Servicios Periciales de la Delegación Estatal en Tamaulipas, dependiente de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad, y al perito propuesto por el tercero interesado, por conducto de dicha parte, a fin de que estén presentes en el desahogo de los ejercicios caligráficos y puedan emitir su dictamen. Se apercibe al perito oficial que de no asistir a la diligencia señalada, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 237, fracción I, y 259, de la nueva Ley de Amparo. De igual forma, se apercibe al quejoso que de no asistir a la diligencia señalada, se tomará en consideración como firma indubitable cualquiera que obre en este expediente, y que no haya sido impugnada, ello, para el efecto de que los peritos correspondientes puedan emitir su dictamen. Asimismo, se apercibe a la parte tercero interesada que de no asistir su perito a la diligencia encomendada, se tendrá a dicha parte por adherida al dictamen que en su momento emita el perito oficial. Los apercibimientos de multa por veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, decretados en este proveído tienen su fundamento en lo dispuesto en las disposiciones respectivas de la Ley de Amparo, en concordancia con el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Federal, en relación con el segundo y tercer transitorios del decreto de Reforma Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente.

Quedan 45 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 13,278 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano