Rubén Mares Arenas
Expediente 250/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 250/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rubén Mares Arenas
Actuaciones
- Principal
Causa ejecutoria resolución de tres de noviembre de dos mil veinte. Se negó el amparo y protección de la justicia federal, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina depurar la presente pieza de actuaciones, archívese y remítase al lugar de guarda. Toda vez que es innecesario permanecer con los tomos de pruebas que remitió la autoridad responsable Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de justicia en el Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato capital, devuélvase a su lugar de origen para los efectos legales a que haya lugar. Se previene a la parte quejosa para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, podrán ser destruidos juntos con el expediente.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE CONDUCTO A LA PARTE TERCERA INTERESADA HILDA CRISTINA MARES SILVA, EN SU CARÁCTER DE ALBACEA A BIENES DE LA SUCESIÓN DE APOLONIA ARENAS VARGAS, LA SENTENCIA DE TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, DICTADA EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 250/2020-V, DEL ÍNDICE DE ESTE JUZGADO, EN LA QUE SE RESOLVIÓ: V I S T O S para dictar sentencia en el juicio de amparo 250/2020-V, promovido por Rubén Mares Arenas, contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, capital, los cuales consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Admisión, trámite e integración. Por escrito recibido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, y en este Juzgado de Distrito por razón de turno en esa misma fecha, Rubén Mares Arenas solicitó amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridad que más adelante se mencionarán. Por auto de esa misma fecha (fojas 8 a 10), se admitió a trámite la demanda, registrándose con el número de expediente 250/2020-V; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, quien se abstuvo de formular pedimento; se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada; y, por último, se fijó fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tendrá ejecución en el municipio de León, Guanajuato, sobre el cual este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo en vigor, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados, para lo cual se examina la demanda de amparo, los conceptos de violación y demás constancias de autos, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de lo que se deduce que la parte quejosa reclama del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, capital, lo siguiente: La resolución de veinticinco de febrero de dos mil veinte, dictada en el toca de apelación 72/2020, que confirmó la interlocutoria que aprueba la cantidad a cubrir a favor de la albacea con cargo a la masa hereditaria por concepto de remuneración, gastos y honorarios profesionales causados por el desempeño de su cargo, emitida el doce de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Apolonia Arenas Vargas número C78/2011, del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido, con sede en León, Guanajuato. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ya que al rendir su informe justificado convino en su existencia (foja 12). Encuentra puntual aplicación la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 305, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, correspondiente a la Materia Común, Quinta Época, bajo el rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza de los actos que se corrobora con las constancias que se acompañaron, consistentes en el original del toca de apelación 72/2020, de su índice, en un tomo y copia certificada del juicio sucesorio intestamentario C78/2011, de la estadística del Juzgado Quinto Civil de Partido, con sede en esta ciudad, en dos tomos. Pruebas documentales públicas a las que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, por tratarse en la especie de actuaciones llevadas a cabo por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. De las constancias que informan el juicio sucesorio se advierte lo siguiente: Por escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil once, Juan Mares Arenas y Miguel Titlacahuan Mares Cabrera, por su propio derecho y en su carácter de apoderados generales de Blas Mares Arenas, Hilda Cristina y David Felipe Mares Silva, acudieron en la vía especial sucesoria a denunciar juicio sucesorio intestamentario a bienes de Apolonia Arenas Vargas (fojas 1 a 6 del tomo 1 de pruebas). Dicho asunto correspondió conocer al Juez Quinto de lo Civil de Partido de esta ciudad, donde fue radicado el uno de febrero de dos mil once, bajo el número de expediente 78/2011-C (fojas 61 a 62 del tomo 1 de pruebas). Por acuerdo de diecisiete de diecisiete de febrero de ese mismo año, el citado juez tuvo por apersonados al aquí quejoso Rubén Mares Arenas, así como a Luis Mares Arenas, con el propósito de deducir sus derechos dentro del citado juicio (fojas 82 a 83 del tomo 1 de pruebas). En interlocutoria emitida el treinta de septiembre de dos mil catorce, el Juez Quinto de lo Civil de Partido de esta ciudad, declaró como únicos y universales herederos de la sucesión intestamentaria a bienes de Apolonia Arenas Vargas a Blas, Rubén y Luis, de apellidos Mares Arenas, en su carácter de hijos de la autora de la sucesión y a Miguel Titlacahuan Mares Cabrera, Hilda Cristina y David Felipe, de apellidos Mares Silva, en su carácter de nietos de la misma persona (fojas 312 a 316 del tomo 1 de pruebas). En la junta de herederos celebrada el veintiuno de octubre de dos mil catorce, se tuvo a Hilda Cristina Mares Silva aceptando y protestando el cargo de albacea a bienes de Apolonia Arenas Vargas, por conducto de su apoderado (foja 323 del tomo 1 de pruebas). Por resolución de cuatro de julio de dos mil dieciocho, el juez natural adjudicó el único bien materia de la sucesión (fojas 219 a 222 del tomo 2 de pruebas). Por acuerdo de cuatro de enero de dos mil diecinueve, el juez de origen, tuvo a la albacea Hilda Cristina Mares Silva, promoviendo incidente sobre cuantificación y pago de remuneración de gastos y honorarios; la cual, primeramente resolvió el seis de febrero de ese mismo año; sin embargo, el veintitrés de abril del mismo año, el referido juzgador corrigió y aclaró la misma, precisando que su emisión fue el seis de marzo posterior (fojas 250, 280 a 294 y 298 a 315 del tomo 2 de pruebas). Por resolución dictada por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, dentro del toca civil 323/2019, dejó insubsistente la interlocutoria de seis de febrero de dos mil diecinueve y su aclaración y ordenó la reposición del procedimiento del citado sumario, por los motivos expuestos en el mismo (fojas 349 a 355 del tomo 2 de pruebas). Por interlocutoria de doce de noviembre de dos mil diecinueve, el juez Quinto Civil de Partido de esta ciudad, resolvió nuevamente el incidente interpuesto por la albacea, declarándolo parcialmente procedente, aprobando que se le cubra la cantidad de $95,116.90 (noventa y cinco mil ciento dieciséis pesos 90/100 moneda nacional), con cargo a la masa hereditaria, por concepto de remuneración, gastos y honorarios profesionales causados en el desempeño de su cargo (fojas 382 a 397 del tomo 3 de pruebas). En contra de dicha determinación, el heredero aquí quejoso Rubén Mares Arenas, interpuso recurso de apelación (fojas 31 a 36 del tomo 3 de pruebas), cuyo conocimiento correspondió al Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, quien por resolución de veinticinco de febrero de dos mil veinte, dictada dentro del 72/2020, determinó confirmar la misma, la cual, en lo que al caso interesa, se sustentó en las consideraciones siguientes: "CUARTO.- El apelante señala como primer motivo de afrenta, el hecho de que se haya autorizado el cobro de los traslados de la albacea o abogada al Tribunal, con fundamento en lo que dispone el numeral 8° de la ley arancelaria para el cobro de honorarios profesionales de abogados y notarios y de costas procesales para el Estado de Guanajuato; pues sostiene que dicho precepto legal no es aplicable, ya que éste solamente opera cuando haya una condena para alguna de las partes, de ahí que el actuar de la A quo no es conforme a la letra de la ley ni mucho menos a su interpretación jurídica. Esta parte del agravio es infundada en atención a las consideraciones siguientes. Al respecto, es necesario tener presente el contenido del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prescribe: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]. La porción normativa inserta establece el derecho fundamental de legalidad de los actos de autoridad que afecten o infrinjan alguna molestia a los particulares sin privarlos de sus derechos e impone a las autoridades que los emitan el deber de que tales actos de molestia se expresen por escrito, provengan de autoridad competente y que funde y motive la causa legal del procedimiento; esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho que se consideraron por la autoridad para emitir el acto, los cuales deberán ser reales y ciertos e investidos con la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Cabe señalar que el principio de legalidad contenido en el precepto constitucional invocado establece una regla general que tiene aplicación en todas las resoluciones jurisdiccionales y ese principio tiene como objeto que el juzgador no las dicte en forma arbitraria, sino que cumpla con la exigencia de examinar y de valorar los hechos expresados por las partes, de acuerdo con los elementos de convicción presentados en el proceso, ajustando su determinación al ordenamiento legal aplicable al caso, a efecto de que el gobernado pueda establecer si se respetaron de manera cabal las normas que ese juzgador consideró para resolver el debate. Por otro lado, es necesario señalar que la contravención al normativo 16, primer párrafo de la Constitución y que exige la expresión de la fundamentación y motivación en los actos de autoridad que incidan en la esfera jurídica de los gobernados puede revestir dos formas distintas a saber, la derivada de su falta y la correspondiente a su inexactitud. La falta de fundamentación y de motivación constituye una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo; por tanto los efectos que generan la existencia de una o de otra son distintos. Se produce la falta de fundamentación y de motivación cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones, los motivos o las circunstancias que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista por esa norma jurídica. En cambio, existe una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, pero resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadramiento en la hipótesis normativa; en tanto que hay una incorrecta motivación en el supuesto en el que sí se indican las razones, los motivos o las circunstancias que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. Ahora en el caso en particular, el impetrante se duele de una indebida fundamentación, porque refiere que el cobro de la cantidad de $39,355.55 (treinta y nueve mil trescientos cincuenta y cinco pesos 55/100 moneda nacional) no puede ser respaldada en el artículo 8° de la ley arancelaria para el cobro de honorarios profesionales de abogados y notarios y de costas procesales para el Estado de Guanajuato; ya que éste solo opera cuando hubo una condena al respecto. El precepto legal en cita a la letra dispone: ARTÍCULO 8. Si los abogados o los notarios, a solicitud del cliente, o por requerirlo así el negocio encomendado, salieren del lugar de su residencia cobrarán además de los honorarios profesionales que correspondan conforme a la presente Ley, el importe de cinco a diez veces la Unidad de Medida y Actualización diaria o fracción, desde el momento de su salida hasta el de su regreso. Los abogados o notarios además tendrán derecho a cobrar cinco veces la Unidad de Medida y Actualización diaria por cada cincuenta kilómetros de ida e igual cuota por el regreso a su residencia. La parte condenada al pago de costas, en los casos a que se refiere el párrafo anterior, estará obligada a cubrirlas, únicamente cuando la presencia del abogado o del notario que prestó los servicios fuera del lugar de su residencia, hubiere sido necesaria para atender el asunto. Ahora, de una interpretación integral del contenido del artículo, se estima que el mismo sí fue aplicado correctamente por la Juez de origen, porque dicho dispositivo legal sí autoriza, además de los honorarios, el cobro de la salidas verificadas por el trámite del juicio. Y, si en el segundo párrafo especifica: "la parte condenada al pago de costas [.]", ello es con el afán de establecer una condición accesoria a los casos que caigan en dicho supuesto. Esto es, la regla general es que se puede autorizar el cobro por los traslados fuera del lugar de residencia que implique el trámite del asunto y la especificación radica que tratándose de la condena en costas, la parte a cargo de quien fue impuesta aquélla, solo se le obligará a pagar las salidas únicamente cuando la presencia del abogado o del notario que prestó los servicios fuera del lugar de su residencia hubieren sido necesarias para atender el asunto. Luego, de dicha interpretación integral no se obtiene que esta regulación normativa opere solo en los supuesto en que hubiere una condena en costas procesales, sino que aborda lo relativo a la prestación de servicios profesionales de parte de un abogado o notario, como cobro extraordinario a los honorarios de ellos, así como (en el segundo párrafo) en lo concerniente a los casos en que hubo condena en costas procesales. En esa tesitura, contrario a lo que el disidente señala el precepto legal invocado por la A quo sí fue debidamente aplicado como fundamento de la determinación asumida en la resolución apelada, toda vez que la interpretación del precepto legal lo permite, de ahí que sea infundada la parte del agravio en análisis. Por otra parte, el disidente sostiene que en el caso no aplica la norma, dado que no hay condena en costas por tratarse de un juicio sucesorio intestamentario. Este agravio es inoperante, ya que aun cuando le asiste la razón al apelante en cuanto a que dada la naturaleza del juicio sucesorio no hay condena en costas procesales; no obstante, en párrafos precedentes se expusieron los motivos por los que el cobro de dicho gasto sí opera en la especie, aun cuando no haya parte condenada en costas. Lo anterior, ya que el precepto legal prevé dos supuestos, siendo que en el primero el cual trata del pago de los servicios de un abogado y notario, sí ha lugar a subsumir el caso en concreto. En ese tenor, el aserto de inconformidad es inoperante. Prosiguiendo con el estudio de este primer agravio, el recurrente manifiesta que hoy en día se cuenta con tanta tecnología, por lo que resulta innecesaria la presencia de la albacea o de la abogada para presentar en el Juzgado un simple escrito de mero trámite, por lo que resulta improcedente la condena. Este agravio es infundado, ya que contrario a lo que sostiene el impetrante, aun cuando la tecnología podría permitir una comunicación diversa entre las partes y la autoridad judicial (en particular los jueces civiles de partido), lo cierto es que hoy en día para efecto de hacer llegar una promoción al tribunal, se requiere la entrega del escrito de forma personal y directa sin que se autorice una recepción diversa como podría ser vía electrónica o correo. Siendo que en la actualidad, no puede regir de esta manera, en virtud de que no hay regulación normativa al respecto. Por consiguiente, tal como lo señaló la Resolutora primigenia, sí se justifica la presencia ya sea de la albacea o de la abogada con el sello de recepción de las promociones que obran dentro de autos, dada la forma en que está establecida la presentación de escritos en un tribunal civil. Así las cosas, es infundado esta última parte del agravio. En el segundo agravio, el recurrente sostiene que la Juez se vuelve a equivocar al fundar su condena al pago de honorarios en términos del artículo 15 de la ley arancelaria para el cobro de honorarios profesionales de abogados y notarios y de costas procesales para el Estado de Guanajuato. Lo anterior, ya que esta norma dispone la condena para casos de litigio de naturaleza civil, cuando en la especie se trató de un juicio sucesorio, tan es así que el numeral 17 del citado ordenamiento jurídico regula de forma especial esta clase de asuntos. Las manifestaciones hechas por el disidente son infundadas en atención a las consideraciones siguientes. En primer lugar, le asiste la razón al recurrente en cuanto a la existencia y contenido del numeral 17 de la ley arancelaria para el cobro de honorarios profesionales de abogados y notarios y de costas procesales para el Estado de Guanajuato; ya que efectivamente, ésta se encuentra destinada para el cálculo de los honorarios concerniente a los juicios sucesorios testamentario e intestamentarios (como es en el caso en particular). No obstante, el propio numeral en cita permite complementar la cuantificación de los honorarios con el artículo 15 de dicho ordenamiento. Así, el numeral 17 de la ley arancelaria a la letra dispone: ARTÍCULO 17. En los juicios testamentarios o intestamentarios, los abogados cobrarán: I. De cinco a cien veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, por los escritos en que se promueve el juicio; II. De cinco a cien veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, por la asistencia a la junta en que se haga la declaratoria de herederos y nombramiento de albacea; III. De cinco a cien veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, por la formación de inventarios; IV. De cinco a cien veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, por la cuenta de administración; V. De cinco a cien veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, por el proyecto de partición, y VI. Por los demás escritos y por las notificaciones, procederá el cobro de las tarifas señaladas en el artículo 15 de esta ley. (lo resaltado es propio) De lo anterior se colige que la última fracción del precepto legal invocado, permite a la Juez de la causa el cuantificar los honorarios respecto de aquéllos escritos no especificados en el numeral 17 así como las notificaciones, de conformidad al artículo 15 de la ley arancelaria para el cobro de honorarios profesionales de abogados y notarios y de costas procesales para el Estado de Guanajuato. En esa tesitura, el numeral 17 no excluye el supuesto normativo contenido en el artículo 15 sino que con este último, el primero se complementa, de ahí que queda justificado por qué la Juez de origen asumió su determinación en ambos preceptos legales. Y, por tanto esta parte del agravio es infundada. Por otra parte, el apelante refiere una doble condena, porque la Juez tanto liquidó la misma conforme el artículo 15 como con el numeral 17 de la ley arancelaria para el cobro de honorarios profesionales de abogados y notarios y de costas procesales para el Estado de Guanajuato Esta parte del motivo de discrepancia es infundada, en primer lugar porque de conformidad a la interpretación literal del multicitado numeral 17 y, particularmente de la fracción VI se desprende la posibilidad de cuantificar los honorarios complementando una norma con la otra, por lo que el hecho de que la Juez de primer grado haya atendido a ambos, no implica necesariamente un doble cobro. Además, de la resolución impugnada no se advierte que por algún concepto se haya llevado a cabo una doble cuantificación, sin que tampoco el disidente especifique cómo es que en la especie se actualizó ese perjuicio en su contra, siendo insuficiente lo que refiere en torno a los preceptos legales 15 y 17 de la ley arancelaria para el cobro de honorarios profesionales de abogados y notarios y de costas procesales para el Estado de Guanajuato, pues como quedó evidenciado a lo largo de este aserto de discrepancia, para la cuantificación de honorarios en juicios sucesorios intestamentarios se debe de atender a ambos, además de que cada uno de ellos reguló conceptos distintos. Bajo el panorama expuesto, se estima que es infundado el agravio. Prosiguiendo con el estudio de los agravios, el apelante refiere que resulta inaplicable el criterio jurisprudencial que la Resolutora de origen cita para respaldar la determinación que asume en torno a que no era necesario el acuerdo de los herederos para el cumplimiento del cargo de albacea lo que incluye el derecho de contratar los servicios de un abogado. Esta parte del agravio es infundado por las consideraciones que se exponen a continuación. En primer lugar, dada la naturaleza de la jurisprudencia y el contenido de la misma, se estima que con fundamento en el numeral 217 de la ley de amparo, sí es vinculante para esta autoridad así como para la Juez de la causa y, por ende, tiene el carácter de observancia obligatoria en la especie. Por otra parte, el argumento con el cual el disidente pretende restar esta eficacia obligatoria a la misma, resulta inatendible, dado que el contenido del criterio jurisprudencial y las razones por las cuales la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestiman la necesidad de un acuerdo previo para lo relativo a los honorarios de un abogado; no se encuentran vinculadas a esta situación, esto es, no se condiciona a que entre la persona del albacea y el abogado no exista parentesco para que pueda operar el criterio de jurisprudencia en el juicio. Esto es, con independencia de si entre la albacea y la abogada hay un grado de parentesco, la jurisprudencia y los argumentos que respaldan la misma, son aplicables al caso. Lo anterior, ya que el parentesco no es una condición que determine la aplicación o no del criterio jurisprudencial emitido por la Primera Sala de nuestro más alto tribunal. Y, por el contrario, se estima que sí regula la situación que ahora nos ocupa, ya que expone los motivos por los cuales los gastos generados por el cumplimiento del cargo de albacea incluidos los honorarios no requieren el acuerdo previo de los herederos en términos de lo que dispone el numeral 2954 del Código civil, cuyo contenido es análogo al de los preceptos invocados en el contenido de la jurisprudencia. Por otra parte, en cuanto a que el parentesco entre la albacea y la abogada implica que hay interés directo ajeno a la imparcialidad con la que se debe de conducir aquéllas, pues solo cuidará los intereses jurídicos de la consanguínea es inoperante, ya que constituye una mera especulación. Se sostiene lo anterior, porque el disidente se limita a señalar ese actuar imparcial y cuidado exclusivo de los intereses de la albacea, empero no especifica ni ilustra a esta Alzada cómo es que se encuentra acreditada esta circunstancia, esto es, no menciona cómo es que se actualizó este actuar imparcial en beneficio exclusivo de la albacea, por lo que dicha omisión trae como consecuencia que la manifestación solo puede ser estimada como una especulación al respecto. Sin que de las constancias que integran el testimonio de apelación, tampoco se advierta este actuar impulsado por el beneficio exclusivo de la albacea y, en todo caso, durante el trámite de la sucesión, los herederos tuvieron expedito su derecho para inconformarse del despliegue jurídico llevado a cabo por la licenciada en derecho que orientó la prosecución del procedimiento. De ahí lo inoperante del motivo de afrenta. En el tercer agravio, el apelante sostiene que dado el lazo de consanguinidad que hay entre la albacea y la abogada, se pretende cobrar honorarios exorbitantes en perjuicio de los demás herederos, lo que lo deja en estado de indefensión, causando un agravio de imposible reparación. Este agravio es infundado, toda vez que los honorarios fueron liquidados conforme a las reglas establecidas en la ley arancelaria para el cobro de honorarios profesionales de abogados y notarios y de costas procesales para el Estado de Guanajuato, lo que permite inferir que éstos no están siendo cobrados a contentillo ni de la abogada ni de la albacea, sino que es con base en la legislación que opera en la especie, así como en las actuaciones que obran en el sucesorio intestamentario. Por tanto, el cobro de los honorarios no es por una cantidad convenida exclusivamente entre la albacea y la abogada, sino que atiende a los lineamientos de la multicitada ley arancelaria, de ahí que tampoco el parentesco ni los intereses personales trasciendan en la especie. Y, por el contrario, la cantidad que por honorarios se autorizó atiende más a una cuestión legal que consensual, lo que justifica que los mismos sí son acorde a Derecho. Por consiguiente, el aserto de discrepancia es infundado. Finalmente, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento a las manifestaciones expuestas en el segundo párrafo de la página cinco del escrito de agravios, toda vez que constituyes meras manifestaciones genéricas así como una recapitulación de lo expuesto a lo largo de los tres motivos de afrenta que el apelante hizo valer, de ahí que éste deberá estarse a lo resuelto por esta Alzada a lo largo de esta determinación. Mientras que los argumentos genéricos que obran en dicho párrafo, como lo es que el Resolutor emitió una decisión parcial, incompleta, con un análisis sesgado, que viola la igualdad procesal y la seguridad jurídica e impone un agravio de imposible reparación al no haber realizado un análisis lógico jurídico, conforme a la ley y a cada una de las pruebas aportadas; resultan inoperantes, ya que son meras afirmaciones que no se encuentran encausadas a debatir eficientemente el contenido de la resolución impugnada, sino que son aseveraciones que hace el impetrante sin exponer específicamente como se evidencian y se actualizan aquéllas en la determinación de primer grado. Sirven de fundamento las siguientes tesis de jurisprudencia: AGRAVIOS INSUFICIENTES. AGRAVIOS INATENDIBLES. SON AQUELLOS QUE NO IMPUGNAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL FALLO RECURRIDO. Se sostiene lo anterior, en razón a que la litis segunda instancia derivada del recurso de apelación interpuesto contra la resolución impugnada, en términos del artículo 236 de la ley foral civil, se traduce en determinar si la resolución recurrida fue dictada o no con apego a Derecho. Es así, dado que la resolución de primer grado tiene la presunción de haber sido emitida conforme a la ley, por ende, resulta esencial que el apelante combata dicha presunción mediante una correcta argumentación jurídica, demostrando la ilegalidad que pretende mediante su recurso para que el Tribunal de Alzada confirme, modifique o revoque la decisión apelada. En consecuencia, es objeto de la contienda en segunda instancia determinar si es o no correcta la argumentación jurídica del disidente, de modo que si los agravios no logran desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada, el Tribunal de Alzada puede calificarlos de infundados o de inoperantes para sostener la decisión acorde con los principios de justa composición de la litis y de administración de justicia imparcial. De tal manera que el recurrente tiene la carga procesal de exponer con claridad los argumentos lógico jurídicos tendentes a demostrar de qué manera la resolución que combate lesiona alguna disposición normativa, por su falta o indebida aplicación, siempre atacando los argumentos base de la resolución, para que el Tribunal de segundo grado esté en posibilidad jurídica y material de proceder a su estudio. En ese orden de ideas, el Tribunal de Alzada no puede analizar de oficio la resolución recurrida, pues conforme a lo dispuesto por el artículo 236 del código procesal civil, el recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, modifique o revoque la sentencia o auto dictados en primera instancia, a la luz de los razonamientos jurídicos que realice la parte apelante en su pliego de agravios, atento al principio de estricto derecho que rige al recurso de apelación en esta materia. Así las cosas, ante lo inoperante e infundado de los motivos de divergencia, se confirma la determinación asumida por la Juez primigenia. QUINTO.- No se hace condena en costas, en virtud de la naturaleza jurídica del procedimiento sucesorio en el cual no existen partes, sino simplemente denunciantes de la sucesión, por lo que ninguno de ellos puede identificarse como parte perdidosa, no actualizándose así la hipótesis jurídica prevista por el artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles del Estado." (fojas 46 a 56 del tomo 3 de pruebas). Siendo éste el acto combatido ante esta instancia constitucional. QUINTO. Resolución de la litis constitucional. Son inoperantes los conceptos de violación esgrimidos; sin posibilidad de suplir la deficiencia de dichos motivos de disentimiento, debido a que el quejoso no se ubica en ninguna de las hipótesis comprendidas en el numeral 79 de la Ley de Amparo. Ahora bien, por regla general un concepto de violación es inoperante, cuando: a) los argumentos que lo integran no atacan ninguno de los fundamentos del fallo reclamado; o bien, b) solamente se atacan algunos de los argumentos que rigen la sentencia materia de amparo, pero se dejan intocados otros que por sí solos sean suficientes para seguir rigiendo el sentido del acto reclamado. La inoperancia así materializada se funda en la circunstancia de que los Tribunales de Amparo carecen de facultades legales para decidir -de oficio- acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los fundamentos y razonamientos jurídicos esgrimidos por la autoridad responsable no impugnados por la parte quejosa, ya que de hacerlo suplirían la deficiencia de la queja en un caso donde no se advierta una violación manifiesta de la ley, que haya dejado al quejoso sin defensa, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, que tutela los únicos casos de excepción al principio de estricto derecho imperante en el juicio constitucional. Así, todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia legal indispensable, debe contener los argumentos necesarios tendentes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados en el juicio de amparo. En el caso, se surte el primer supuesto genérico de inoperancia de los conceptos de violación hechos valer, identificado con el inciso a), pues la parte quejosa no controvierte las razones en que se apoyó la autoridad señalada como autoridad responsable para confirmar la interlocutoria de doce de noviembre de dos mil diecinueve. Ello es así, porque de la lectura integral se desprende que los conceptos de violación esgrimidos ante esta instancia constitucional son una reproducción de los agravios formulados ante la responsable en el escrito por el cual se interpuso el recurso de apelación en contra de la interlocutoria de doce de noviembre de dos mil diecinueve, que aprobó la cantidad a cubrir a favor de la albacea con cargo a la masa hereditaria por concepto de remuneración, gastos y honorarios profesionales causados por el desempeño de su cargo; luego, no es factible estimar que a través de dicha reproducción de agravios la parte quejosa combata los aspectos torales en los que la sala responsable sustentó la resolución que ahora se reclama, pues en modo alguno expuso argumentos novedosos, que pusieran de manifiesto la incorrección jurídica a los fundamentos y motivos en que se basó el magistrado responsable para confirmar la interlocutoria materia del recurso de apelación. Se explica, la autoridad responsable concluyó que eran, por un lado inoperantes y, por el otro, infundados los agravios esgrimidos por la apelante, y por esa razón confirmó la interlocutoria de doce de noviembre de dos mil diecinueve. En el caso, el Magistrado de la Sala responsable sostuvo: - Que es infundado el concepto de agravio, consistente en la inexacta aplicación del numeral 8° de la ley arancelaria para el cobro de honorarios profesionales de abogados y notarios y de costas procesales para el Estado de Guanajuato, por el hecho de que se haya autorizado el cobro de los traslados de la albacea o abogada al Tribunal; lo anterior, toda vez que dicha porción normativa sí fue aplicada correctamente por el Juez de origen, porque dicho dispositivo legal sí autoriza además de los honorarios, el cobro de la salidas verificadas por el trámite del juicio. - Que es inoperante el agravio en el que el recurrente señaló que en el caso no aplica la citada norma dado que no hay condena en costas por tratarse de un juicio sucesorio intestamentario; lo anterior, en virtud de que si bien la naturaleza del juicio sucesorio no hay condena en costas procesales; no obstante, resultaba legal el cobro de dicho gasto en la especie, aun cuando no haya parte condenada en costas, ya que el precepto legal que lo prevé establece dos supuestos, siendo que en el primero el cual trata del pago de los servicios de un abogado y notario, sí ha lugar a subsumir el caso en concreto. - Que es infundado el agravio consistente en que resulta innecesaria la presencia de la albacea o de la abogada para presentar en el Juzgado un simple escrito de mero trámite; lo anterior, toda vez que actualmente, para efecto de hacer llegar una promoción al tribunal, se requiere la entrega del escrito de forma personal y directa, sin que se encuentre autorizado una recepción diversa como podría ser vía electrónica o correo. - Que es infundado el agravio atinente a que el juez indebidamente fundó su condena en el ordinal 15 de la ley arancelaria para el cobro de honorarios profesionales de abogados y notarios y de costas procesales para el Estado de Guanajuato, relativo a los litigios de naturaleza civil, cuando en la especie se trató de un juicio sucesorio, por lo que debió regirse en el diverso numeral 17 del citado ordenamiento; lo anterior, toda vez que si bien, le asistía la razón en cuanto a la existencia y contenido del aludido arábigo 17; sin embargo, del mismo se desprende que el propio numeral en cita permite complementar la cuantificación de los honorarios con el artículo 15 de dicho ordenamiento, al complementarse entre ambos. - Que era infundado el agravio consistente en que se impusiera una doble condena, al haberse aplicado tanto el numeral 15 como con el ordinal 17 de la ley arancelaria para el cobro de honorarios profesionales de abogados y notarios y de costas procesales para el Estado de Guanajuato; lo anterior, toda vez que dicha discrepancia se deriva de la posibilidad de cuantificar los honorarios complementando una norma con la otra, por lo que el hecho de que la Juez de primer grado haya atendido a ambos, no implica necesariamente un doble cobro, además de no advertirse algún concepto en la interlocutoria reclamada, que se haya llevado a cabo por doble cuantificación. - Que es infundado el agravio consistente en que resultaba inaplicable el criterio jurisprudencial expuesto para respaldar la determinación de origen; lo anterior, en virtud de que dada la naturaleza de la jurisprudencia y el contenido de la misma, se estimó que con fundamento en el numeral 217 de la ley de amparo, sí es vinculante para el juez de la causa y, por ende, tiene el carácter de observancia obligatoria en la especie; además, resultaba inatendible, el argumento en el mismo sentido, en el cual el disidente pretendía restar eficacia obligatoria a la misma; lo anterior, dado que el contenido del criterio jurisprudencial y las razones que lo explican, sí resultaba aplicable al caso concreto. - Que es inoperante el agravio relativo al hecho de que al haber parentesco entre la albacea y la abogada, implicaba que hay interés directo ajeno a la imparcialidad con la que se debe de conducir aquéllas, pues solo cuidará los intereses jurídicos de la consanguínea; lo anterior, por constituir una mera especulación. - Que es infundado el agravio consistente en que dado el lazo de consanguinidad que hay entre la albacea y la abogada, se pretendiera cobrar honorarios exorbitantes en perjuicio de los demás herederos; lo anterior, toda vez que los honorarios fueron liquidados conforme a las reglas establecidas en la ley arancelaria para el cobro de honorarios profesionales de abogados y notarios y de costas procesales para el Estado de Guanajuato, lo que permitió inferir que éstos no están siendo cobrados a contentillo ni de la abogada ni de la albacea, sino que es con base en la legislación que opera en la especie, así como en las actuaciones que obran en el sucesorio intestamentario. Frente a dichos tópicos, el aquí quejoso únicamente insistió en señalar que el caso concreto resultaba inaplicable el artículo 8° de la ley arancelaria para el cobro de honorarios profesionales de abogados y notarios y de costas procesales para el Estado de Guanajuato, en virtud de que en juicios sucesorios no se hace condenada en costas; sin adicionar algún argumento lógico-jurídico en contra de la postura del magistrado responsable, para calificar de esa manera (inoperantes e infundados) sus agravios, a efecto de rebatir lo expuesto en el sentido de que sí es procedente en el caso cubrir el numerario indicado a favor de la albacea con cargo a la masa hereditaria por concepto de remuneración, gastos y honorarios profesionales causados por el desempeño de su cargo. Sin esgrimir además, cuestiones novedosas directamente dirigidas a controvertir lo dicho por la sala responsable, pues únicamente sostiene que la responsable conculca sus derechos contenidos en los ordinales 14 y 16 Constitucionales; por tanto, no es posible analizar si es jurídicamente correcta tal aseveración o no lo es. De lo que pone de manifiesto que las argumentaciones contenidas en el escrito de demanda de amparo no combaten las consideraciones torales en que la responsable sustentó la resolución reclamada, ya que como se lleva dicho, por un lado, omitió combatir las razones y fundamentos expresados por el magistrado responsable y, por la otra, son en parte, una reiteración de agravios, es decir, una reproducción de la inconformidad que en su momento tuvo respecto de la interlocutoria de doce de noviembre de dos mil diecinueve, pero no de los razonamientos plasmados por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal del Estado de Guanajuato, en el acto que ahora se reclama de veinticinco de febrero del presente año. Luego, ante la ausencia de motivos de inconformidad, este órgano de control constitucional no está en posibilidad de verificar si la resolución de la responsable vulnera sus derechos fundamentales, pues no aporta elemento novedoso susceptible de ser analizado por este tribunal de amparo, lo que torna inoperantes sus motivos de disentimiento. Es ilustrativa la tesis de jurisprudencia proveniente de la antaño Tercera Sala del más Alto Tribunal de la República, consultable en la página 27, Tomo CXXVI, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Sexta Época, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos de fallo no impugnando, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable". Desde luego, no pasa inadvertida la tesis de jurisprudencia P./J. 68/2000, proveniente del Pleno del Máximo Tribunal de Justicia del país, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR", consultable en la página 38, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta a la Novena Época, pues si bien en ella ya se definió que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, según se trate, basta con que se exprese la causa de pedir; empero, también es verídico que ello solo obedeció a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Así llegó a precisarlo la Primera Sala del más Alto Tribunal de la República en la diversa tesis de jurisprudencia 1a./J.81/2002, de la voz: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO", visible en la página 61, Tomo XVI, Diciembre de 2002, Materia Común, de la Compilación Oficial citada; hipótesis que en la especie no se actualiza ya que, además de que la parte quejosa se limitó a realizar meras afirmaciones sin ningún soporte jurídico, no controvirtió las razones expuestas por la responsable en la resolución que se reclama. En este contexto y toda vez que la parte medular del acto reclamado emitido por la autoridad responsable no fue impugnada vía conceptos de violación, con independencia de los diversos motivos de disentimiento que exponga el quejoso; en consecuencia, lo considerado por la mencionada responsable, debe quedar incólume para continuar rigiendo el sentido de la resolución combatida, ante la inoperancia de los motivos de inconformidad aducidos por la parte solicitante del amparo y la imposibilidad jurídica de este órgano jurisdiccional de analizar la legalidad o ilegalidad de los mismos, en virtud de no encontrase frente a ninguno de los supuestos de la suplencia de la queja a que alude el artículo 79 de la Ley de Amparo, por tratarse el presente de un asunto de estricto derecho, por tener a las partes contendientes en el juicio de origen una posición igualitaria. En las relatadas condiciones, al resultar inoperantes los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Rubén Mares Arenas, respecto de los actos que reclamó del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rubén Mares Arenas, contra los actos y autoridad destacados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último punto considerativo del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así, definitivamente juzgando, lo resolvió y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, hasta hoy tres de noviembre de dos mil veinte, fecha en la que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el licenciado Erick Xavier Soltero García, secretario judicial que autoriza y da fe.
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Se deja de tener a *******, *********, ******** y *********** como terceros interesados. Visto el estado procesal de autos, del que se desprende que mediante auto de cinco de agosto de dos mil veinte, se tuvo como terceros interesados a *****, ******, ****** y ******, sin que en el caso les resulte tal carácter, como se expondrá a continuación: Primeramente, resulta necesario apuntar el artículo 5º fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, que regula la figura del tercero interesado en materia civil. Interpretando la porción normativa anterior, se desprende que es parte en el juicio de amparo el tercero interesado que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés en que subsista; la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o bien, tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso. Por tanto, el carácter de tercero interesado deriva de un elemento común, consistente en que encierra un interés contrario al del quejoso; por lo que para determinar a quién le asiste la calidad de parte, como tercero interesado, necesariamente deberá presentar dicha particularidad, al ser ésta el rasgo que unifica los casos expresamente puntualizados por el legislador y, por ende, el que identifica la figura que regula la porción normativa reproducida. Se ordena emplazamiento de la albacea de la sucesión. Ahora bien, no obstante que en auto de cinco de agosto se ordenó el emplazamiento de **********, se advierte que no fue en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de ****************, luego, toda vez que es la representante de la sucesión, se regulariza el procedimiento y en términos de los artículos 26, fracción I, inciso b) y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado para que emplacen a ******, en su carácter de albacea a bienes de la sucesión de ********, en alguno de los domicilios ubicados en ********** de esta ciudad; en la diligencia, se le deberá correr traslado con copia certificada de la demanda de amparo, anexos en su caso, y auto admisorio; asimismo deberá hacer de su conocimiento la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en los artículos 305, 306 y 27, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere a la parte tercera interesada, para que dentro del término legal de tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no cumplir con ello, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal se le realizarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, de conformidad con el numeral 27, fracción II de la Ley de la materia, sin necesidad de realizar pronunciamiento al respecto. Diferimiento de audiencia constitucional. A fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para verificarse hoy y en su lugar se señalan las doce horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de octubre de dos mil veinte.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE EMPLAZA Y NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO HILDA CRISTINA MARES SILVA, EN SU CARÁCTER DE ALBACEA A LA SUCESIÓN A BIENES DE APOLONIA ARENAS VARGAS, LOS PROVEÍDOS DE 17 DE MARZO Y 06 DE OCTUBRE, TODOS DE 2020, CORRIÉNDOLE TRASLADO CON COPIA CERTIFICADA DEL ESCRITO DE DEMANDA Y ANEXOS, ESCRITO ACLARATORIO Y DE LOS AUTOS MENCIONADOS, HACIÉNDOLES SABER LA HORA Y FECHA SEÑALADA PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y REQUIRIÉNDOLES A EFECTO DE QUE DENTRO DEL PLAZO DE TRES DÍAS, CONTADO A PARTIR DEL SIGUIENTE A QUE SURTA EFECTOS LA PRESENTE NOTIFICACIÓN, SEÑALEN DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN ESTA CIUDAD, BAJO APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO ASÍ, LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, SE LES HARÁN POR LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL, SIN ULTERIOR ACUERDO Y PREVIA RAZÓN ASENTADA POR EL ACTUARIO JUDICIAL. 17/03/2020 Parte quejosa. -------------------. II. Autoridad responsable. ---------------------------. III. Registro en el libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 250/2020-V, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Admisión de demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. V. Apercibimiento sobre la denominación de autoridades responsables. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, es obligación de la parte quejosa señalar con precisión a las autoridades responsables. Con base en lo anterior y atendiendo a la práctica de señalar autoridades sin justificación, se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, estará en aptitud de corregir la denominación, hasta antes de la audiencia constitucional. En la inteligencia que deberá precisar bajo protesta de decir verdad, la fuente de tal información. VI. Requerimiento a autoridad responsable y demás partes. Requiérase a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, siguiente al en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el que expresará las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y al que deberá acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, las cuales tendrán que ser completas, legibles y ordenadas en forma secuencial, apercibida de que de no rendir su informe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del referido ordenamiento legal, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario y se le impondrá en la sentencia, una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, la que se graduará de acuerdo a la trascendencia que acarreé su omisión en este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual manera, con la obligación que impone el artículo 64 de la Ley de Amparo, se hace saber a la autoridad responsable y a las demás partes, que deberán informar, de manera inmediata, cuando sobrevenga alguna causa que provoque el sobreseimiento en el presente juicio constitucional y de ser posible acompañar las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá una multa de treinta a trescientas unidades de medida y actualización, según la levedad o gravedad de la omisión, lo anterior de conformidad con el numeral 251 de la ley de la materia; debido a que, por un lado, se continuaría la tramitación de un procedimiento constitucional ocioso en su prosecución, con el gravoso desperdicio de recursos materiales y humanos y, por otro lado, en el supuesto de que se determine conceder la protección de la justicia federal al promovente, el cumplimiento no podría materializarse, lo que contraviene el espíritu del artículo 77 de la Ley de Amparo. VII. Vista al Ministerio Público. Dese vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para los efectos legales de su representación, en términos del artículo 5°, fracción IV de la ley de la materia. VIII. Fecha de audiencia constitucional. Se señalan las diez horas con veinticuatro minutos del veintidós de abril de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional. IX. Vista a la parte quejosa con participación de nueva autoridad. Ahora bien, en atención a la naturaleza del acto reclamado, se advierte que tiene participación en el presente juicio de amparo el juez Quinto Civil de Partido de esta ciudad, en virtud de que fue quién emitió la resolución que fue confirmada por la Sala responsable; por tanto, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, manifieste si es su deseo señalarlo como autoridad responsable. Se apercibe a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna, el trámite del presente juicio continuará únicamente respecto a la diversa autoridad que precisó en su escrito inicial de demanda, con las consecuencias legales que ello implique. X. Requerimiento autoridad responsable. Con fundamento en los artículos 27 fracción III, inciso b) y 244, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que proporcione el nombre y domicilio correcto de las partes que integren el juicio del que emana el acto reclamado, apercibido que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa consistente en cien unidades de medida y actualización vigentes. XI. Se reserva emplazamiento de terceros interesados. Ahora bien, en cuanto al emplazamiento de la parte tercera interesada, resérvese acordar lo conducente hasta en tanto se tengan a la vista las constancias que remita la autoridad responsable relativas al acto reclamado, a fin de estar en posibilidad de determinar a quién o quienes les reviste tal carácter en el presente juicio de amparo. XII. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, en virtud de que no fue solicitado. XIII. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo; como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a--------------------------, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del citado numeral y su correlativo 24, a la diversa persona que refiere, por así solicitarlo. XIV. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. XV. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Luego, resulta un hecho notorio que en el presente circuito generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes obstaculizando con ello el manejo físico y estudio de los mismos; y, debido a que los propios artículos 26, fracción II, inciso a) y b), 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, disponen que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado a través del funcionario adscrito designado, quien recabará recibo del mismo, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Por lo que, a fin de evitar lo anteriormente señalado, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que resulta innecesario que informe cada vez que reciba comunicación proveniente de este juzgado, salvo aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado el acuse de recibo. Por otra parte, conforme a la fracción III del numeral 26 y 29 de la Ley de Amparo, se comunica a las partes, en especial a la autoridad responsable, que la fecha de todo tipo de audiencias (constitucional e incidental) se notificará a través de lista, cuya consulta es fácil por medios electrónicos. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Por último, para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. 06/10/2020. Se deja de tener a *******, *********, ******** y *********** como terceros interesados. Visto el estado procesal de autos, del que se desprende que mediante auto de cinco de agosto de dos mil veinte, se tuvo como terceros interesados a *****, ******, ****** y ******, sin que en el caso les resulte tal carácter, como se expondrá a continuación: Primeramente, resulta necesario apuntar el artículo 5º fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, que regula la figura del tercero interesado en materia civil. Interpretando la porción normativa anterior, se desprende que es parte en el juicio de amparo el tercero interesado que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés en que subsista; la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o bien, tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso. Por tanto, el carácter de tercero interesado deriva de un elemento común, consistente en que encierra un interés contrario al del quejoso; por lo que para determinar a quién le asiste la calidad de parte, como tercero interesado, necesariamente deberá presentar dicha particularidad, al ser ésta el rasgo que unifica los casos expresamente puntualizados por el legislador y, por ende, el que identifica la figura que regula la porción normativa reproducida. Se ordena emplazamiento de la albacea de la sucesión. Ahora bien, no obstante que en auto de cinco de agosto se ordenó el emplazamiento de **********, se advierte que no fue en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de ****************, luego, toda vez que es la representante de la sucesión, se regulariza el procedimiento y en términos de los artículos 26, fracción I, inciso b) y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado para que emplacen a ******, en su carácter de albacea a bienes de la sucesión de ********, en alguno de los domicilios ubicados en ********** de esta ciudad; en la diligencia, se le deberá correr traslado con copia certificada de la demanda de amparo, anexos en su caso, y auto admisorio; asimismo deberá hacer de su conocimiento la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en los artículos 305, 306 y 27, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere a la parte tercera interesada, para que dentro del término legal de tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no cumplir con ello, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal se le realizarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, de conformidad con el numeral 27, fracción II de la Ley de la materia, sin necesidad de realizar pronunciamiento al respecto. Diferimiento de audiencia constitucional. A fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para verificarse hoy y en su lugar se señalan las doce horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de octubre de dos mil veinte.
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